La Excusa de la Parálisis del Gasto

Oscuras fuerzas buscan dar marcha atrás en los avances logrados hasta hoy en materia de regulación de las comparas y contrataciones del Estado, particularmente en las relacionadas con medicamentos y con gastos a nivel municipal

El gasto gubernamental en lo que va de 2016 se está ejecutando con suma lentitud. En el primer cuatrimestre del año se habían gastado unos Q17.6 millardos, lo que representa una reducción del 12% (Q2.4 millardos) respecto de lo que se había gastado en igual periodo del año anterior. La reducción es aún más evidente en el caso de la adquisición de bienes y servicios, así como en el de la inversión física, que se han reducido en más de 30% respecto de lo ejecutado en 2015.

Tres razones explican esta parálisis del gasto. En primer término, hay que recordar que, históricamente, cada vez que hay un cambio de gobierno, los primeros meses de la nueva gestión gubernamental se caracterizan por una baja ejecución del gasto, lo cual resulta lógico al considerar que los nuevos funcionarios no han adquirido aún las destrezas suficientes para agilizar su gestión presupuestaria.

En segundo lugar, es innegable que las recientes acciones del Ministerio Público y de la CICIG en contra de las estructuras de corrupción enquistadas en el aparato estatal han producido una sensación de extremada precaución en todos los niveles funcionariales. Esto se ha traducido en una lentitud fuera de lo común en la toma de decisiones de compras y contrataciones gubernamentales.

La tercera razón es la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado aprobadas (con el apoyo de las manifestaciones populares y en contra de la voluntad de las estructuras corruptas) a finales de 2015. Estas reformas aprobadas mediante el decreto 9-2015 constituyen un avance en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de la eficiencia en el sistema de compras y contrataciones y en la calidad del gasto público. Es inevitable  que tales avances conlleven la aplicación de procedimientos nuevos y más estrictos para realizar el gasto público, lo cual (dada la lentitud burocrática que impera en la mayoría de instituciones gubernamentales) ha generado una gran lentitud en su operación habitual.

Lamentablemente, hay muchos funcionarios (y algunos analistas, quizá bien intencionados) que afirman que las reformas introducidas en la Ley de Contrataciones deben revertirse porque son un obstáculo a la fluidez del gasto. En realidad, mucho de lo que ha sucedido es atribuible, no a las reformas, sino a la incapacidad y negligencia en la aplicación de la ley. Destacan, por ejemplo, el indebido retraso en la emisión del reglamento requerido por las reformas (que fue publicado apenas la semana pasada), o la evidente incapacidad (¿o resistencia?) a levantar los contratos abiertos para la adquisición de medicamentos (quizá con la tenebrosa intención de generar una crisis para justificar una marcha atrás en las reformas).

No es de extrañar que ya hayan surgido en el Congreso un par de iniciativas que, con la excusa de facilitar la compra de medicamentos o la ejecución de obra municipal, pretenden retroceder en lo que se ha logrado hasta ahora y buscan, entre otros aviesos fines, regresar a la nefasta práctica de fraccionar la contratación de bienes y servicios por las entidades estatales, así como a que se elimine el establecimiento técnico de precios de referencia para los procesos de contratación pública.

Es cierto que, como toda ley, la de Contrataciones del Estado aún debe ser perfeccionada y mejorada. Pero sería un error (y hacerle el juego a los corruptos) que, con la excusa de acelerar el lento ritmo del gasto público, se impulse una contra reforma que dé marcha atrás a lo avanzado hasta hoy.