El Imperativo del Crecimiento

Ninguna política redistributiva o de combate a la pobreza es sostenible si no se acompaña de un crecimiento económico robusto. Urge rescatar el enfoque de las políticas públicas para este fin

En tiempos recientes, el impulso del crecimiento económico como una prioridad de las políticas públicas parece haber caído en descrédito. Algunos académicos y ciertos organismos internacionales han intentado mover el centro de atención hacia otros temas arguyendo, por ejemplo, que la desigualdad debe reducirse para viabilizar la sostenibilidad social, que el crecimiento del PIB es una medida incompleta y errada del bienestar, o que el verdadero desarrollo humano tiene más dimensiones que la simple producción de bienes materiales.

Todo eso es cierto, pero no debe desviarnos de una realidad evidente: el principal problema económico y social de Guatemala es la excesiva pobreza, y ésta no puede reducirse sin crecimiento económico. El combate a la pobreza es insostenible, incluso efímero, si no está sustentado en un sólido crecimiento de la producción de bienes y servicios. El reciente reporte del PNUD sobre la pobreza en Latinoamérica lo dice con claridad: en ausencia de un crecimiento económico robusto, las políticas que ayudaron a reducir la pobreza y la desigualdad (como las transferencias condicionadas de efectivo) pueden ser insuficientes para evitar que las familias beneficiadas caigan de nuevo en la pobreza.

Por desgracia, el crecimiento potencial del PIB guatemalteco es, según diversos estudios, de entre 3.5% y 4% anual, insuficiente para reducir significativamente los niveles de pobreza en una población que continúa aumentando a un ritmo superior al promedio mundial. El principal obstáculo que impide que el crecimiento se acelere ha sido siempre la baja productividad del aparato económico nacional. La pobreza es, a fin de cuentas, una medalla de dos caras: la cara vista son los bajos niveles de ingreso y bienestar material de la mayoría de la población; la cara oculta es la baja eficiencia (productividad) del factor trabajo y del factor capital en nuestra economía.

Lo peor de todo es que, en el corto plazo, no se avizoran mejoras en el desempeño económico del país. Por un lado, la economía internacional (que determina el dinamismo de nuestro sector exportador), aunque no está en crisis, tampoco mostrará una bonanza significativa en los próximos meses. Por otro lado, aunque las acciones del Ministerio Público y CICIG -reportadas muy favorablemente en medios como The Economist o The New York Times- tendrán a mediano plazo un impacto positivo en la atracción de inversión y en la mejora del sistema de justicia, en el corto plazo pueden estar ocasionando parálisis en los inversionistas locales. Y por si ello fuera poco, el portafolio de grandes inversiones (especialmente en sectores como los de electricidad o minería) parecen haberse agotado.

Lo que corresponde, entonces, es trabajar en mejorar el potencial de crecimiento en el mediano plazo. Ello requiere de perseverancia y de afrontar decisiones complejas como, por ejemplo, la necesidad de aumentar los niveles de ahorro para poder invertir (ello implica aumentar el ahorro privado y el público lo cual significa, inevitablemente, más impuestos). Requiere también de profundizar la lucha contra la corrupción y avanzar significativamente en mejorar la focalización y eficiencia del gasto público. Y, sobre todo, requiere de mejorar la productividad integral de nuestra economía, lo cual implica mejorar la infraestructura, los niveles educativos, la calidad y eficacia de las instituciones públicas (empezando por el sistema de justicia) y todo cuanto contribuya a optimar el clima para hacer negocios, emprender iniciativas y generar empleos en el país.