Depurar el Gasto Público

Si bien la debilidad del Estado guatemalteco es un impedimento abrumador para el desarrollo nacional, es necesario que antes de obligar al contribuyente a tributar más el gobierno logre avances significativos en la lucha contra la corrupción y en la eficiencia del gasto público

Tanto los organismos financieros internacionales como las calificadoras de riesgo-país involucradas en el análisis de la economía guatemalteca, coinciden en que el tamaño de nuestro gobierno es muy pequeño, lo cual se manifiesta en la imposibilidad de invertir en la salud, la educación y la infraestructura que son indispensables para mejorar la productividad  y, con ella, las posibilidades de crecimiento económico y bienestar para la población.

En efecto, la debilidad del Estado guatemalteco es un impedimento abrumador para el desarrollo nacional, y la misma tiene bastante que ver –como insisten las calificadoras y los organismos internacionales- con el bajo nivel de recursos tributarios que el gobierno recauda. Y es cierto, para incidir positivamente sobre las posibilidades de desarrollo del país, el Estado necesita contar con más recursos financieros.

Pero también necesita –urgentemente- gastar mejor. El poder del gobierno para recaudar más impuestos, y particularmente su autoridad moral para hacerlo, se verán impedidos hasta que no se logre avanzar significativa y simultáneamente en dos áreas clave: la corrupción y la ineficiencia del gasto. El círculo vicioso de la baja moral tributaria (“no pago impuestos porque el gobierno no me da ningún servicio” y “no doy servicios porque la ciudadanía no paga impuestos”) solo podrá romperse si existen avances concretos y significativos en el combate a la corrupción y en la mejora de la calidad del gasto público.

Afortunadamente, en el campo del combate a la corrupción se están produciendo avances significativos a partir de la caída del gobierno de Pérez-Baldetti. Pero la magnitud de los niveles de corrupción, que se ha venido develando día a día como algo gigantesco, indica que aún queda mucho por hacer. Empezando por el muy esperado (pero nunca producido) rescate de la Contraloría General de Cuentas, institución llamada a ser actor central en la lucha anti-corrupción pero que hasta ahora brilla por su ausencia.

El otro campo, el de mejorar la eficiencia del gasto público –que es un desafío tan imponente como el de la lucha anti-corrupción- muestra muchos menos avances. Casi ninguno. Una de las razones de ello es la falta de prioridades en materia de políticas públicas. Gobierno tras gobierno fracasa en definir un número acotado de áreas de acción en las cuales focalizar el gasto y, en consecuencia, se produce una enorme dispersión e ineficiencia en la elaboración y ejecución del presupuesto estatal. Pareciera que las prioridades que están claras (salud, educación, infraestructura, seguridad y justicia), no se reflejan en el gasto público.

Basta ver el presupuesto vigente del presente año para percatarse de la falta de priorización y del ineficiente uso de los escasos recursos financieros del gobierno. Existe una serie de rubros dudosos y hasta superfluos que evidencian lo anterior; entre ellos pueden mencionarse los descontrolados gastos derivados de las clases pasivas del Estado, el aceleradísimo crecimiento del renglón de salarios (que aumentó 80% entre 2009 y 2013), los programas clientelares de escasa efectividad (como el programa de fertilizantes o el programa de Atención al Adulto Mayor).

El proceso de preparación del presupuesto del Estado para 2017 está apenas comenzando y se presenta como una oportunidad de demostrar algún cambio significativo en cuanto a mejorar la calidad y eficiencia del gasto público en función de un número acotado de prioridades que resultan evidentes a simple vista.