El debate entre el presidente del Congreso y el Presidente de la República no tiene sentido, ya que vetar o sancionar las reformas a la Ley Electoral tendrá muy poco efecto real sobre el sistema político. Lo verdaderamente importante será que en el corto plazo se discuta, impulse y apruebe una segunda –profunda y seria- fase de reformas
“Es la economía, tonto” fue un exitoso lema de campaña
que Bill Clinton utilizó en 1992 para vencer en las elecciones al entonces
presidente estadounidense George Bush (padre). Esa simple frase resumía el
problema clave que había que resolver en ese momento para sacar adelante a ese
país. Hoy, en Guatemala, la frase equivalente debería ser: “es la política,
tonto”.
Repetidamente he sostenido que, actualmente, el
principal obstáculo para la prosperidad nacional es, en efecto, el fracasado
sistema político imperante. El Índice de Calidad Institucional 2016 (de
reciente publicación) señala que Guatemala ocupa el lugar 24 dentro de 35
países del Hemisferio Occidental; lo curioso es que de los dos componentes que
integran dicho índice, en el subíndice de instituciones de mercado nuestro país
se ubica bien en el puesto 15; pero en el subíndice de instituciones políticas
lo hace muy mal en el puesto 31, sólo mejor que Cuba, Honduras, Haití y
Venezuela.
El principal culpable de este sistema fallido es la
propia clase política en su conjunto, que ha defraudado a todo el país mediante
una combinación de corrupción y negligencia. El liderazgo político no volverá a
contar con la confianza de la ciudadanía –y los problemas del Estado no
empezarán a solucionarse- sino hasta que se produzca una reforma a profundidad.
Lo preocupante es que quienes tienen en sus manos la reforma del sistema son
los mismos que lo llevaron al fracaso y que están comprometidos con las
prácticas oscuras de la vieja forma de hacer política.
Las raíces de dicho fracaso están en la
desnaturalización que gradualmente infestó la política nacional desde el
principio de la era democrática, cuando se empezó a buscar el poder ya no con
el fin de ejercerlo para aplicar medidas y acciones de gobierno, sino con
propósitos de enriquecimiento personal mediante el desfalco del erario público.
Por desgracia, las reformas a la Ley Electoral, recientemente aprobada por el
Congreso y que en realidad no introducen cambios significativos, no va a
solucionar la situación de fondo.
Por eso es importante que el Presidente Jimmy Morales
haya puesto públicamente en duda la utilidad de tales reformas y planteado la
posibilidad de vetarlas. Ciertamente las referidas reformas incluyen algunos
cambios positivos, pero incluyen también algunos retrocesos importantes y no modifican
problemas fundamentales como la ausencia de democracia interna en los partidos
o la falta de representatividad en los listados de elección popular.
Es oportuno que se exponga la insuficiencia de esa
reforma antes de que se disipe la estela de demandas de cambio profundo que la
plaza pública planteó el año pasado, y en tanto prosperan los procesos
judiciales contra diversos escándalos de corrupción que son un signo de que
algunas instituciones estatales –particularmente en el área de la persecución
penal- están madurando y consolidándose. La clase política no debe dejar de
sentir la presión y el reclamo ciudadano para que auto-depuren y reformen el
sistema político.
En tal sentido, independientemente de si el Presidente
Morales veta o sanciona las reformas a la Ley Electoral, lo verdaderamente
importante será que se discuta, impulse y apruebe una segunda –profunda y
seria- fase de reformas al sistema político. De lo contrario, Guatemala estará
condenada a seguirse hundiendo en el fango de un sistema diseñado con aviesos
fines por la generación de líderes de la vieja política. Este es el momento en
que la presión ciudadana debe mantenerse.
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