El Directorio de la SAT

Ahora que, atendiendo al llamado de la modernidad, se le estará dando a la SAT la posibilidad de acceder a la información bancaria de los contribuyentes, sería un error garrafal quitarle la poca autonomía funcional que dicha entidad aún posee, dejándola a cargo de un Directorio totalmente alineado con el presidente de turno.

La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- se creó en 1998 como una entidad descentralizada con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. Una de las principales razones de su creación fue la necesidad de contar con una agencia estatal que fuera independiente de las presiones políticas y sectoriales que habían tomado por asalto la antigua Dirección General de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas, entidad donde se enquistaron mafias nefastas (como la tristemente famosa Red Moreno) dedicadas a defraudar al fisco y robar el dinero de los contribuyentes.

Por desgracia, en la medida en que la SAT fue perdiendo paulatinamente la independencia con que había sido originalmente concebida, las mafias (como la de La Línea, dirigida desde la propia presidencia de la República) retornaron a la administración tributaria. Y resulta que ahora quieren olvidarse esas lecciones del pasado ya que, mediante una reforma legal, se pretende despojar al Directorio de la SAT de la escasa autonomía de la que aún goza.

En efecto, mediante la iniciativa número 5056, firmada por un grupo de diputados y presentada públicamente la semana pasada en un acto presidido por representantes de la bancada de la UNE, del Ministerio de Finanzas Públicas y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-, se plantean reformas a la Ley Orgánica de la SAT que implicarían un grave retroceso para la independencia funcional y técnica de la entidad, ya que se busca modificar la integración de su Directorio para dejarlo sin miembros independientes y, con ello, prácticamente sin contrapesos ante los designios del Ejecutivo.

Con ello se estaría caminando en sentido contrario a la buena práctica, de larga data en el ordenamiento jurídico guatemalteco, de fortalecer la institucionalidad pública mediante la creación de agencias descentralizadas a cargo de actividades estatales especializadas –como, por ejemplo, el seguro social, la banca central o la universidad estatal-. Ello, además, se alejaría de buenas prácticas que se observan en las autoridades tributarias de países como Australia o México, donde el comité directivo incluye miembros independientes de la autoridad política.

Cabe señalar que el resto de las reformas incluidas en la iniciativa mencionada –incluyendo la de regular el acceso de la SAT a la información bancaria de los contribuyentes- parecen ir en la dirección correcta, lo cual evidencia aún más lo erróneo que resulta pretender menoscabar la autonomía del Directorio de la entidad. Por lo tanto, es de crucial importancia que la Comisión de Finanzas del Congreso enmiende el rumbo de la iniciativa y dictamine para que el Directorio de la SAT preserve un adecuado grado de independencia respecto de los poderes políticos y sectoriales.