Poca Solidaridad, Poca Responsabilidad

Las pensiones de los jubilados estatales son, ciertamente, bajas. Pero pretender subirlas por arte de magia (sin análisis técnico, sin considerar la situación de las finanzas estatales, sin tener idea de cómo funcionan los sistemas de pensiones) puede ser catastrófico.  Y eso fue justamente lo que recién hicieron el Congreso y los dirigentes sindicales del magisterio.

La semana pasada la dirigencia magisterial y el Congreso de la República le asestaron un golpe artero a la ciudadanía contribuyente, con una decisión que puede descalabrar las endebles finanzas del Estado. Sin oponer resistencia, sin dar explicaciones, sin discusión técnica alguna, sin intercambio de argumentos, el Congreso cedió a la exigencia magisterial de eximir a los empleados públicos de su responsabilidad de financiar parcialmente el aumento de las pensiones que el legislativo había aprobado semanas atrás.

Ambos –magisterio y Congreso- juegan con fuego. No le basta a los dirigentes magisteriales con dejar sin clases a sus alumnos durante dos días de manifestaciones, ni con haber negociado un pacto colectivo ilegítimo que lesiona los intereses del Estado, ni con la insatisfacción de muchos padres de familia con la calidad de la enseñanza pública; ahora exhiben una falta total de solidaridad para con los guatemaltecos menos favorecidos, al obligar al gobierno a desviar recursos (que podrían dirigirse a combatir la desnutrición o la crisis hospitalaria) hacia el pago de las pensiones de los empleados públicos.

Y no le basta al Congreso con los escándalos en los que han incurrido varios diputados, ni con el engaño a la sociedad civil con la aprobación espuria de cambios a la Ley Electoral que no reforma sino que consolida el nefasto sistema político vigente, ni con el chantaje –consagrado en ley- para mantener bajo interrogatorio a los funcionarios públicos bajo pena de cárcel si no acuden al Congreso; ahora llevan su irresponsabilidad al extremo de comprometer la sanidad de las finanzas públicas (y con ella la estabilidad macroeconómica) al cargarle a los ingresos ordinarios del gobierno el costo de la decisión legislativa de aumentar (sin análisis técnicos de respaldo) las pensiones de los empleados públicos.

El costo fiscal de esta ligereza legislativa será de casi Q500 millones este año, y después superará los Q800 millones anuales. Cualquiera sabe que los programas de pensiones, para ser sostenibles, deben ser financiados con los aportes tanto de los empleados como de los empleadores y mantener los montos de sus prestaciones en niveles compatibles con sus flujos de ingresos. De lo contrario, esos programas quiebran, tal como ha sucedido con el de Clases Pasivas del Estado, que ya en el presupuesto de 2016 presentaba un déficit de más de Q2,700 millones.

Estas cifras lloran –literalmente- sangre cuando, por ejemplo, la escasez de recursos tiene al sistema de salud pública en una situación paupérrima. Y todo por la inclinación populista de los legisladores y la ingenua ilusión de los burócratas que, sin análisis previo ni posterior, pensaron que aumentar las pensiones de los jubilados podía lograrse sin que a nadie le costara un centavo.