Reforma Institucional: Contraloría de Cuentas

Las autoridades que han dirigido ese ente han incumplido flagrantemente con los mandatos de su Ley Orgánica

La renuncia de la Vicepresidente Baldetti debe ser apenas el inicio de muchas acciones de la sociedad dentro de una guerra total contra la corrupción.  La corrupción, dice el Papa Francisco, es “una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga”. Su combate demanda un esfuerzo social e institucional efectivo. Y una pieza clave de ese esfuerzo debe ser la institución que está llamada a ser la pieza central del fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública y del proceso de rendición de cuentas, como medios de lucha contra la corrupción, el peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos públicos: la Contraloría de Cuentas.

“Nuestro querido país está enfermo de corrupción”, han dicho los obispos guatemaltecos en su reciente comunicado. Si esa enfermedad ha llegado al intolerable nivel que hoy nos indigna, se debe en gran medida a que la Contraloría de Cuentas no ha cumplido con su rol. Y, contrario a la tendencia natural que dice que esos fallos pueden deberse a un marco legal inadecuado, en el caso de la Contraloría el problema no ha sido que su Ley Orgánica tenga defectos, sino más bien el problema ha sido que las autoridades que han dirigido ese ente han incumplido flagrantemente con los mandatos que dicha ley les confiere.

De manera que, más importante que reformar la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas, el esfuerzo inicial de reforma institucional debería centrarse en cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Veamos sólo algunos ejemplos de mandatos contenidos en la ley que, bien sea por desidia o por llana complicidad con los corruptos, son incumplidos impunemente –y desde hace muchos años- por las autoridades de esa institución.

Por ejemplo, la ley manda a la Contraloría auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y de las entidades autónomas y descentralizadas, enviando los informes correspondientes al Congreso de la República. Este manato es incumplido no sólo por la Contraloría, sino que también por el Congreso que ni se da por enterado de esos informes que deberían ser cruciales para la fiscalización del buen uso de los recursos públicos.

La ley también manda a la Contraloría a promover de oficio y ser parte actora de los juicios de cuentas en contra de funcionarios y empleados públicos, así como de representantes legales de ONGs y fideicomisos públicos; en la práctica, tales juicios son prácticamente inexistentes. La Contraloría también debe investigar de oficio cuando por cualquier medio tenga conocimiento de un acto de presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, peculado, malversación, fraude, exacción ilegal, cobro indebido, falsedad material y otros hechos que constituyan delito por parte de funcionarios públicos. En la práctica: casi ninguna denuncia presentada ante el Ministerio Público.

La Contraloría también está facultada por ley a nombrar interventores en los asuntos de su competencia, de carácter temporal, en los organismos, instituciones o entidades sujetas a control, cuando se compruebe que se está comprometiendo su estabilidad económica‐financiera. ¡Cuánto bien habría hecho si la Contraloría hubiese nombrado oportunamente interventores en la SAT, los puertos, el Renap, los hospitales públicos o cualquier otra entidad donde se sabe que la corrupción campea impunemente!

La ley también ordena a la Contraloría realizar evaluaciones de campo y determinar el impacto de los programas y proyectos gubernamentales, así como fiscalizar físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, evaluando la calidad de las mismas. Si la Contraloría cumpliera con ese mandato, el desperdicio del gasto público se reduciría enormemente.

Convendría, pues, encauzar la indignación y las manifestaciones ciudadanas contra la corrupción hacia acciones concretas de auditoría social que obliguen a un rescate de las instituciones que tienen el mandato constitucional de evitar que el Estado se siga enfermando de corrupción. La Contraloría es, por muchas razones, la primera de tales instituciones que debe ser depurada y rescatada de las garras de ese mal que ella misma está llamada a combatir.