La Verdadera Reforma Fiscal

Se necesita una profunda reforma centrada en mejorar la eficacia del gasto público y en combatir la corrupción. Tal reforma podría generar más de Q15 millardos anuales para el Estado guatemalteco.

El presupuesto del Estado aprobado recientemente por el Congreso ha puesto en evidencia, palmariamente, la necesidad de emprender urgentemente una profunda reforma fiscal. Pero en esta ocasión resulta claro que lo que urge no es una reforma tributaria. No. Cada nuevo gobierno intenta emprender una reforma a los impuestos, y cada vez que lo hace el aumento en la recaudación es menor que en la reforma previa. Este rendimiento marginal decreciente de las reformas tributarias es una indicación de que ese no es el recurso más eficiente para fortalecer las finanzas públicas.

No hay que olvidar que la política fiscal tiene dos caras: no sólo se trata del lado de los ingresos (impuestos), sino que cada vez más se trata del manejo de los gastos. La política fiscal del gasto público es tanto o más importante que la política tributaria, pues tiene repercusiones sobre la equidad fiscal, sobre la productividad de la política gubernamental, sobre la provisión de capital físico (infraestructura) y humano (salud y educación) para propiciar mayor productividad del aparato económico nacional.

Entonces, la verdadera reforma fiscal, en las actuales circunstancias, es la del gasto público: se necesita una profunda reforma que esté centrada en mejorar la eficacia del gasto público y en combatir el despilfarro y la corrupción. Esa necesidad ha sido puesta de manifiesto en el presupuesto del Estado para 2015, el cual está plagado de gastos cuya rentabilidad social es francamente negativa (por ejemplo, el demostradamente ineficiente programa de fertilizantes, los programas clientelares del Ministerio de Desarrollo Social, o el monstruoso subsidio al transporte urbano).

El presupuesto aprobado para 2015 está también plagado de gastos financieramente insostenibles (como el bono para el adulto mayor financiado con deuda pública, los incrementos salariales a maestros y salubristas sin que paralelamente se evalúe su desempeño, o el creciente agujero negro del sistema en bancarrota de clases pasivas del Estado). Y se trata, asimismo, de un presupuesto plagado de gastos opacos y de dudosa calidad (como el traslado de dineros públicos a ONGs, o las obras de infraestructura que se dejan a cargo de dichas organizaciones, o el abuso en el uso de fideicomisos públicos, o los gastos oscuros e ineficientes de las municipalidades y de los consejos de desarrollo).

El desafío central de la reforma fiscal que debe emprender el estado es, pues, el de priorizar el gasto público. Y esa priorización debe arreglarse en orden a las prioridades de desarrollo del país. De acuerdo a innumerables diagnósticos que existen al respecto, lo anterior significa que los temas prioritarios del gasto público deben incluir el combate a la desnutrición infantil, mejorar significativamente la calidad de la educación primaria y acrecentar la cobertura de los servicios esenciales de salud y saneamiento; todos estos rubros contribuirían a elevar la calidad de vida de la población y del capital humano del país.

Las prioridades también deben incluir una mejora en la cantidad y calidad de la infraestructura pública, particularmente en las áreas de comunicaciones y electrificación, a efecto de potenciar la capacidad productiva de los guatemaltecos. Y también debe incluirse el fortalecimiento de las instituciones que garanticen la seguridad pública y la impartición de justicia como pilares de una fructífera convivencia ciudadana.

Para que la priorización descrita sea efectiva, la reforma del gasto público debe incorporar acciones decididas para combatir la corrupción y la dilapidación del erario público. Ello pasa por emprender la difícil, pero insoslayable, reforma profunda de las entidades relacionadas con este esfuerzo: la SAT, la Contraloría de Cuentas y la fiscalía y tribunales contra la corrupción.

Si no queremos estar dentro de pocos meses enredados en una nueva discusión bizantina acerca de qué impuestos, en qué montos y sobre cuáles contribuyentes aplicar en una nueva reforma tributaria, el desafío de la sociedad guatemalteca y de su liderazgo político, social y empresarial en los próximos meses debe centrarse en la verdadera reforma fiscal: una reforma del gasto público que atienda la necesidad de mejorar su calidad y de reducir la nefasta corrupción que cada vez lo hace más insuficiente.