La Imposibilidad de Crecer Más

La calificadora Standard & Poor’s decidió mantener la calificación de Guatemala en BB, con perspectiva estable

La debilidad de la economía, los elevados niveles de pobreza y la fragmentación del sistema político –que ha sido incapaz de aplicar las políticas y de acopiar los recursos necesarios para acelerar el crecimiento económico- son las tres principales razones por las cuales Guatemala no logra mejorar sus prestaciones ante los ojos de productores, analistas e inversionistas internacionales. Eso al menos es lo que indica la calificadora Standard & Poor’s –S&P-, que en su más reciente evaluación del país (publicada hace algunos días) decidió mantenernos la calificación de BB, con perspectiva estable.

Según S&P, la imposibilidad de crecer más rápidamente a la economía nacional, es decir, los factores que constriñen su potencial productivo, tienen que ver con la escasísima inversión pública en infraestructura (que resta efectividad a la producción y distribución de bienes), la baja calidad del capital humano (que hace ineficientes los procesos productivos) y los elevados niveles de criminalidad (que inhiben la inversión y el intercambio económico).

Estos tres grandes obstáculos al desarrollo podrían superarse si el Estado fuera capaz de acopiar más recursos financieros y de utilizarlos con eficiencia y probidad. Sin embargo, la calificadora hace hincapié en que la disfuncionalidad existente en el sistema político no permite que se generen los consensos necesarios para fortalecer la base tributaria y para mejorar la capacidad, transparencia y efectividad de ejecutar el gasto público en las áreas prioritarias (infraestructura, salud, educación y seguridad).

Como en el caso de otras evaluaciones del país, la reciente calificación de S&P reconoce que la estabilidad de la política monetaria, aunada al nivel moderado y manejable que presentan tanto el déficit externo (balanza de pagos) del país como la deuda pública (interna y externa), son factores que reducen los riesgos económicos y minimizan el peligro de que las debilidades económicas estructurales degeneren en crisis financieras o de gobernabilidad.

Sin embargo, esas fortalezas en materia de estabilidad macroeconómica son claramente insuficientes para generar, por sí mismas, un mayor crecimiento de la producción. Los expertos de S&P enfatizan que las posibilidades de crecimiento a largo plazo de Guatemala dependen de la habilidad del gobierno y del sector privado de alcanzar un consenso sobre las medidas necesarias para aumentar los ingresos tributarios (cuyo nivel actual, inferior al 12% del PIB, es uno de los más bajos de los países a los que califica S&P) y su uso responsable.

En tanto se mantenga esa precariedad en los ingresos gubernamentales (y en su utilización), no será posible proveer los servicios públicos básicos y la infraestructura física que la población demanda, sin incurrir en elevados déficit fiscales. La calificadora reconoce que una mejora en los ingresos del Estado podría darse no sólo con una reforma tributaria, sino también mediante una reforma organizacional que fortalezca a la Superintendencia de Administración Tributaria, en virtud de que han sido las debilidades administrativas de este ente las que más han impedido que se hayan producido los resultados que se esperaban luego de la reforma fiscal aprobada en 2012.

Afortunadamente, ante la inminencia del proceso electoral de 2015, S&P no atisba ningún acrecentamiento de los riesgos políticos o económicos. Debe destacarse la confianza de la calificadora en que durante la contienda electoral no correrá peligro el consenso existente (a lo largo del espectro político y empresarial) en cuanto a mantener la disciplina macroeconómica en aras de mantener la estabilidad alcanzada en los últimos lustros y que ha sido respetada por todos los gobiernos, independientemente de su tinte ideológico (si tal cosa existe).

Pero a pesar de la referida tradición de estabilidad económica, Guatemala sigue siendo percibida como un país vulnerable a los vaivenes de la economía de los Estados Unidos de América y a otros shocks externos. Pero más importante que eso, es que somos vulnerables a nuestra propia incapacidad de ponernos de acuerdo sobre el rol fundamental que tiene el Estado para combatir de manera efectiva a los verdaderos enemigos del desarrollo nacional: la falta de seguridad, de salud, de educación y de infraestructura.