El tema de la competencia en el sector de
las telecomunicaciones es complejo y depende de varios factores. Lamentablemente, la ley aprobada recientemente por el Congreso perjudica gravemente las competencia en dicho sector y, con ello, las posibilidades de acceso a la información para la población.
El acceso a las tecnologías de comunicación y de
información es un factor capaz de desencadenar el desarrollo de un país.
Cualquier obstáculo (natural, social, legal o gubernamental) al acceso que
millones de personas y empresas puedan tener a estas tecnologías (básicas para el
crecimiento económico, el desarrollo social y el incremento de la participación
ciudadana), no sólo es perjudicial al bienestar social, sino que pone a
Guatemala en una situación de mayor desventaja en materia de competitividad y
de acceso a tecnología.
La existencia de un entorno competitivo es una
condición necesaria –aunque no suficiente- para que cualquier actividad
económica se desarrolle. En el caso de las empresas que integran la industria
de telecomunicaciones en Guatemala, puede decirse que hasta ahora, operando en
un marco de competencia, han logrado incrementar su oferta de servicios,
reducir sus costos e incrementar su cobertura, manteniendo al mismo tiempo una
tendencia creciente de sus ingresos. Se trata de un sector clave: con base en
cifras oficiales, se estima que las comunicaciones, como actividad económica,
aportan más del 7% del PIB del país y generan una producción (valor bruto) de
más de Q26 millardos al año. Han sido también el sector productivo más dinámico
de la última década: su valor agregado (nominal) ha aumentado en más de 250% de
2003 a 2013.
Antiguamente, las redes de telecomunicaciones eran
concebidas pensando que únicamente podían soportar una cantidad limitada de
servicios para sus usuarios. Pero de un tiempo a esta parte han experimentado un
proceso de migración hacia nuevas estructuras que permiten canalizar cualquier
tipo de servicio simultáneamente. A este proceso que integra múltiples
servicios en una sola red se le conoce como Convergencia, el cual puede darse
tanto en redes (acceso a Internet a través de distintas redes), de servicios
(múltiples servicios en una sola red) y de dispositivos (acceso al mismo
servicio a través de diversas redes fijas, móviles, alámbricas o inalámbricas).
La Convergencia va más allá de la infraestructura en
sí, y genera cambios importantes en la economía en su conjunto que deben
materializarse en beneficios para el usuario. Para que dichos beneficios se
produzcan, es necesario contar con un adecuado marco regulatorio y de políticas
públicas que permita que las nuevas tecnologías se aprovechen en mejores
productivas y se logre en una mayor competitividad para el conjunto del aparato
productivo.
Por ello resulta lamentable la súbita y opaca
aprobación en el Congreso de la República, la semana pasada, de la engañosamente
intitulada Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación
de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de
Datos. En sus escasos 17 artículos incluye al menos uno que atenta claramente contra
la competencia. El Artículo 4 dispone que solo aquellos que ya tengan
instalados al menos 6 mil kilómetros de fibra óptica y los operadores de red
local y comercial que tengan más de 100 mil líneas de acceso, podrán solicitar
a la Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT- autorización para la
instalación de antenas para transmisión inalámbrica para la instalación de
cableado, fibra óptica, postes o cualquier otro elemento o medio para
transmisión de datos, o para la instalación de equipos de telecomunicaciones en
bienes públicos municipales.
El objetivo de cualquier regulación de comunicaciones debería
ser maximizar el bienestar del usuario a través de la difusión de tecnologías
que permitan personalizar y expandir el acceso y uso de la información. La
legislación aprobada, por el contrario, desincentiva la competencia y la
inversión de nuevos operadores, lo cual es particularmente peligroso en un
sector que (por razones de escala y de historia) tiende a la concentración.
Es cierto que el tema de la competencia en este sector es complejo y
depende de varios factores pero, en todo caso, es deber de las autoridades
fomentar la competencia impidiendo prácticas monopólicas que imposibiliten a nuevos
operadores ofrecer servicios de telecomunicaciones de calidad y, con ello, permitir
que el consumidor acceda a la conectividad tan necesaria para reducir la brecha
digital que como país sufrimos frente a nuestros principales socios
comerciales.
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