Evaluación del "Pacto Fiscal"

Una cosa es plantear bien las prioridades y otra muy distinta implementar las acciones de gobierno que permitan lograrlas

Hace algunos días fui invitado a participar como panelista en un foro para evaluar los primeros dieciocho meses del “Pacto Fiscal para el Cambio” que el Presidente Pérez Molina anunció a principios del año pasado como uno de sus tres pilares de gobierno. Me acompañaron como panelistas el diputado Mario Taracena y el analista Ricardo Barrientos del ICEFI (organizador del evento), quienes plantearon sus opiniones desde sus respectivas ópticas. Las mías las resumo a continuación.

En primer lugar, resulta positivo que el gobierno haya focalizado su agenda en tres grandes pilares: el Pacto Hambre Cero, el Pacto por la Seguridad y la Justicia, y el Pacto Fiscal. No todos los gobiernos logran identificar desde el principio de su mandato las prioridades sobre las cuales se plantean concentrar sus esfuerzos y sus metas y, con ello, tener una guía ordenada para sus decisiones  de política pública.

Dicha identificación de una agenda prioritaria fue, además, bien estructurada. Por un lado, la desnutrición es el problema más grave, la herida más lacerante, para el Estado guatemalteco, lo cual justifica plenamente el Pacto Hambre Cero. La inseguridad ciudadana, por su parte, es el problema número uno para la ciudadanía, según todas las encuestas de opinión, lo cual justifica el Pacto por la Seguridad. En consecuencia, para emprender los esfuerzos en esos dos campos prioritarios es indispensable que el Estado cuente con los recursos financieros y con el marco regulatorio que permita que dichos recursos se gasten de forma efectiva, todo lo cual justifica claramente la inclusión del Pacto Fiscal como tercer pilar prioritario.

Por desgracia, una cosa es plantear bien las prioridades y otra muy distinta implementar las acciones de gobierno que permitan lograrlas, sin desvíos ni distracciones. Mucho tiempo y esfuerzo utilizado en otras iniciativas inciertas (como la despenalización de las drogas, la reforma magisterial, le ley de desarrollo rural o las reformas constitucionales) distrajo al gobierno y a la ciudadanía, desviándolos de las prioritarias acciones requeridas por los pactos anunciados. Solamente de forma tardía (y discreta) fueron lanzadas la Política de Seguridad (que daría consistencia al Pacto por la Seguridad) y la Política de Nutrición (al Pacto Hambre Cero), mientras que –como veremos a continuación- el Pacto Fiscal sólo avanzó muy parcialmente.

El único componente del Pacto Fiscal para el Cambio que tuvo avances fue la Actualización Tributaria, impulsada con celeridad y aprobada en tiempo récord por el Congreso a inicios de 2012. Ningún gobierno en la historia democrática había logrado tal efectividad en sentar las bases del flujo de ingresos tributarios requeridos para i sus programas. Los resultados de la reforma tributaria han sido, sin embargo, mixtos. Por un lado, ha habido un aumento en la recaudación de impuestos sobre la renta (en los que se centró la reforma), pero al mismo tiempo se ha producido una caída en la recaudación de impuestos asociados a las importaciones, la cual puede explicarse por la descoordinación que hubo todo el año entre las autoridades del Ministerio de Finanzas y las de la SAT, así como por una gran evasión en las aduanas.

Los otros componentes del Pacto Fiscal para el Cambio son el combate al contrabando y a la evasión; la transparencia y calidad del gasto público; la asignación prioritaria de los recursos; y, el crecimiento económico. Respecto de los tres primeros es muy difícil ver algún avance positivo, a no ser por la presentación por parte del gobierno de una propuesta de leyes de transparencia, las cuales aún claman por ser aprobadas en el Congreso, pero que no han recibido el necesario espaldarazo del Ejecutivo.

Entonces, si por el lado del aumento de los ingresos solamente hay avances parciales, y por el lado de la calidad del gasto los avances son nulos, resulta improbable que ocurran avances en al último componente del Pacto Fiscal: el crecimiento económico. Este requiere no sólo de esfuerzos por mantener la disciplina fiscal y monetaria y la estabilidad macroeconómica, sino también (y principalmente) de acciones concretas en materia de inversión efectiva en salud, nutrición, educación, seguridad, justicia e infraestructura que, como van las cosas, se ven muy difíciles de alcanzar.