Depurando la Interpelación

Un paso concreto para robustecer la institucionalidad del Legislativo es el rescate y fortalecimiento de la interpelación

La palabra “depuración” se asomó la semana pasada como un fantasma sobre los pasillos del Congreso de la República. Más de algún diputado incluso la mencionó, quizá en tono de amenaza, quizá en tono de esperanza. En todo caso, la aparición del tema no es buena para el país, ni para la democracia o sus instituciones, ya que no es posible “depurar” el Congreso sin violar la ley y romper el orden constitucional.

El solo hecho de que personas inteligentes y con buenas credenciales democráticas lleguen siquiera a considerar semejante solución para resolver los problemas institucionales del Legislativo no solo es indicativo de cierto grado de inconciencia respecto de la importancia de la división de poderes en una República, sino que, más grave aún, es una señal de desesperación, frustración y desencanto con las instituciones democráticas, que en nada contribuye a generar un clima favorable al desarrollo ordenado de la vida política, económica y social del país.

Antes de pensar en soluciones desesperadas convendría recordar en todo momento que el Estado guatemalteco se organiza bajo un régimen republicano en procura de lograr el bien común y la prosperidad para todos. La República se fundamenta en el imperio de la ley y la igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de los poderosos, de los gobernantes y de las mayorías, a fin de proteger los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas. En ese sentido, un pilar fundamental de la República es la división de poderes y su control recíproco, razón por la cual un Organismo Legislativo disfuncional e ineficiente se convierte en un obstáculo a la realización del régimen republicano. Lejos de buscar eliminar el Congreso, el logro del bien común y de la prosperidad de los guatemaltecos como fin supremo de la República, requiere que el Legislativo sea fortalecido como institución clave en el sistema de pesos y contrapesos del Estado.

Una de las razones principales que han exacerbado el desencanto ciudadano con el Congreso es el abuso y desnaturalización que ha sufrido en los últimos años la figura de la interpelación; por lo tanto, un paso urgente para robustecer la institucionalidad del Legislativo debería ser el rescate, depuración y fortalecimiento del proceso de interpelación de los ministros de Estado. La interpelación es, en esencia, una herramienta noble, consagrada en la Constitución, que permite al poder legislativo interrogar a un miembro del Gabinete de gobierno acerca de un tema específico, con el fin de evidenciar la eventual responsabilidad política de dicho funcionario en un tema determinado. En un país con régimen presidencial como el nuestro, la interpelación debería ser un mecanismo excepcional, por lo que debería estar regulada de manera especial, con amplias facultades que permitan a los diputados ejercer un contrapeso contra la autoridad presidencial mediante un juicio político, pero con limitaciones para que no se preste a abusos (como los ocurridos en el Congreso guatemalteco) que llegan a desnaturalizar y debilitar la propia figura de la interpelación.

Por todo lo anterior, y para detener cuanto antes la caída en picada de la imagen del Congreso ante la ciudadanía, es preciso que se aprueben las necesarias reformas a la Ley Orgánica del Legislativo para rescatar, mediante su adecuada regulación, la herramienta de la interpelación. Los ajustes legales que deben realizarse no son para nada complejos, y deben enfocarse en evitar que el sagrado derecho de los diputados a interpelar a un ministro no sea utilizado como un arma política para entorpecer el avance de la agenda y del debate parlamentarios. Se trata, por un lado, de permitir que las etapas de preguntas básicas y adicionales durante las interpelaciones puedan desarrollarse con la figura de quorum reducido (prevista en  el artículo 70 de la ley). Y, por otro lado, de permitir que las interpelaciones se realicen un día específico a la semana, dejando otro día de sesiones reservado a los asuntos ordinarios del debate legislativo (modificando el artículo 142). Si los diputados quieren empezar a revertir las críticas y rumores en contra del Congreso, bien pueden empezar por apartar un espacio en sus ocupadas agendas para hacer estas necesarias reformas a la Ley Orgánica del Legislativo.