Sorpresas del Presupuesto 2013

Lo verdaderamente malo es que, con las enmiendas que aprobó el Congreso, el déficit fiscal aumenta más allá de lo deseable

El pasado 23 de octubre el Congreso de la República aprobó sorpresivamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013 que asciende a Q66,985 millones, y lo hizo no sólo en tiempo récord (menos de una hora entre su recepción en el Pleno y su aprobación, prácticamente sin discusión), sino con una anticipación récord (ya que lo usual ha sido que se apruebe cerca de la fecha legal límite del 30 de noviembre).

Una aprobación tan expeditiva es prueba irrefutable de que cuando el Ejecutivo desea que se apruebe una ley en la actual legislatura, cuenta con los mecanismos necesarios para lograrlo. Así sucedió también con las leyes de actualización tributaria, la ratificación del Estatuto de Roma, los préstamos de organismos financieros internacionales, y la ley contra en enriquecimiento ilícito. Es una lástima que no haya existido el mismo interés en otras leyes (como las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto o a la Ley Orgánica de la Contraloría) que el propio Ejecutivo envió al Congreso y que podrían tener un efecto muy positivo sobre la transparencia y calidad del gasto público.

Lo malo del presupuesto aprobado para 2013 –contrariamente a lo que algunos analistas han señalado- no radica en la fragilidad de los supuestos en los que se basa (inevitable tratándose de un “pre-supuesto”), ni en que su tamaño sea excesivo. Por ejemplo, el supuesto de crecimiento nominal del PIB de 7.6% no puede calificarse de descabellado si se toma en cuenta que la suma del crecimiento real de la economía (estimado en 3.5%, como máximo) y el crecimiento de la inflación (que se estimó en 3.4%, como punto medio) se aproxima a ese porcentaje

Tampoco su tamaño –medido como porcentaje del PIB- puede calificarse como gigantesco, pues si bien es cierto que representa un 15.8% del PIB, contra un 15.2% en el presupuesto de 2012, no es muy diferente del de otros años (en 2006 alcanzó el 15.9% del PIB). Incluso el monto del presupuesto puede calificarse de razonable si se compara con otros países: los presupuestos de Chile, Perú, Costa Rica u Honduras rondan el equivale a 25% del PIB, mientras que los de Nicaragua, Argentina y Brasil superan el 30%.

Lo verdaderamente malo del presupuesto 2013 es que su proceso de aprobación –apresurado y opaco- implicó una serie de modificaciones al gasto respecto de la propuesta original del Ejecutivo, lo cual produjo que el déficit finalmente aprobado aumentara a un nivel equivalente al 2.5% del PIB. En cambio, el proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo al Congreso en agosto sí contemplaba una reducción del déficit a 2.2% del PIB, en seguimiento a un necesario proceso de ajuste que se inició a partir de 2010.

Las enmiendas clientelares que aprobó el Congreso implican un retroceso en el proceso de corrección gradual del déficit, el cual lo estaba retornando a su nivel crítico de 2% del PIB, nivel que la comunidad financiera internacional considera aceptable para Guatemala; a alejarnos de dicho nivel, el Congreso ha puesto en peligro la calificación de riesgo del país, con todas las consecuencias que ello conlleva.

A ello se añade que en el presupuesto aprobado no se eliminó completamente la posibilidad de que se siga incurriendo en la ilegal deuda flotante, que se repartieron recursos para obras sin base técnica, que está lleno de rigideces debido a las pre-asignaciones de gastos por disposiciones constitucionales o legales, y que se permite el irracional uso de duda para pagar gastos recurrentes.

Lo anterior, aunado a una estimación demasiado optimista en la recaudación de impuesto sobre la renta, el rápido aumento de la deuda pública y la incertidumbre existente respecto de algunas contingencias (como la susodicha deuda flotante, el costo de las consultas populares, o la inminente quiebra del régimen de clases pasivas), hace que el presupuesto del Estado para 2013 sea más una fuente de incertidumbre que una herramienta útil para administrar la política fiscal.

Afortunadamente se trata de un presupuesto, no de una condena ineludible: el Ejecutivo bien puede ejecutarlo con responsabilidad e inteligencia, buscando superar los estándares de calidad del gasto fijados por el Congreso y reducir el déficit fiscal que el Congreso le autorizó, lo cual sería un paso en la dirección correcta para retomar manejo adecuado y sostenible de la deuda pública.