¿Bonos para Pagar Deuda Espuria?

Debe hacerse lo posible por minimizar las consecuencias negativas de emitir bonos para pagar la “deuda flotante”

La anunciada intención de emitir bonos para pagar la llamada “deuda flotante” debe ser analizada cuidadosamente. En primer lugar, por el origen espurio de dicha “deuda”, que se origina por el pago pendiente de obras que el gobierno supuestamente ya recibió, pero que no estaban debidamente presupuestadas. Se trata, pues, de compromisos que surgieron improvisadamente, mediante la decisión de algún funcionario que incumplió con el requisito de solicitar al Congreso que modificara el presupuesto, como la ley manda.

La decisión de colocar bonos para financiar tales pagos podría acarrear consecuencias negativas para la credibilidad institucionalidad, la moral tributaria y, por supuesto, en el ámbito macroeconómico. En el primer caso, resulta evidente que el pago de una supuesta deuda que nunca fue formalmente contraída según las normas legales minaría la credibilidad de las instituciones –como la Contraloría de Cuentas o los ministerios de Comunicaciones y de Finanzas-, que deberían ser las primeras preocupadas por no avalar las prácticas anómalas y opacas que se han venido dando desde hace años y que han dado origen a la “deuda flotante”.

De dichas malas prácticas han sido también responsables las empresas constructoras que durante años han aceptado operar de esa manera poco seria. La perversidad de estas prácticas se manifiesta también en que, por tratarse de obras improvisadas y sin presupuestar, se dificulta fiscalizar que las mismas cumplan con estándares mínimos de calidad.

Para evitar mayores daños a la institucionalidad y a la moral fiscal, debería hacerse pública la auditoría externa que el gobierno anterior contrató en enero de 2011, que se supone se envió a la Contraloría para su análisis en enero de 2012, y con base en la cual el actual mandatario (cuando era presidente electo) se comprometió a determinar si era lícito hacer los pagos y si se deducirían responsabilidades legales a quienes hubieran contratado obras sin partida presupuestaria.

En el ámbito macroeconómico deben prevenirse los impactos negativos sobre las variables monetarias y el déficit fiscal. Es evidente que cualquier colocación de deuda pública tiene efectos sobre la liquidez de la economía, por lo cual es indispensable tener certeza del verdadero tamaño de la “deuda flotante” (con base en la comentada auditoría externa), así como de las condiciones en las que se colocarían los bonos (en qué moneda, en qué mercados y a qué plazos). Una manera de reducir estos impactos sería que, en vez de colocar los bonos en el mercado, se utilicen para pagar directamente (con bonos) a los contratistas que, según la mencionada auditoría, sean acreedores legítimos.

El efecto macroeconómico más importante, sin embargo, sería el impacto sobre el déficit fiscal, por sus repercusiones sobre la calificación de riesgo-país, las tasas de interés y el costo de la deuda pública y de la política monetaria. Y es que para emitir bonos destinados a pagar “deuda flotante” primero debe reconocerse presupuestariamente el gasto, lo cual requiere una probación del Congreso que amplíe el presupuesto y, en consecuencia, un incremento del déficit fiscal del año en que se efectúen los pagos. Si se emitieran bonos por Q3,500 millones como se ha estado mencionando, el déficit fiscal de 2013 subiría del 2.5% del PIB (según el presupuesto recién aprobado) a un 3.3%, cifra que sin dunda preocuparía muchísimo a las calificadoras de riesgo.

En todo caso, si luego de publicar los resultados de la auditoría externa y de efectuar los cuidadosos análisis técnicos y políticos que la situación amerita, resulta inevitable pagar parte de la “deuda flotante”, es menester realizar todos los esfuerzos necesarios para que nunca más vuelva a repetirse este problema, fruto del desorden y la opacidad en el gasto público. Al respecto, vale la pena recordar que el Fondo Monetario Internacional recomendó hace meses (en otro estudio que tampoco se ha hecho público) que se establezcan sanciones legales más fuertes, que se implementen controles administrativos más estrictos, y que se castigue efectivamente a los funcionarios responsables. Además, es necesario que el Congreso apruebe con urgencia las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que el propio Ejecutivo envió en marzo pasado.