Una Herramienta Contra la Corrupción

Existe un grupo importante de proyectos de ley que se encuentran en discusión en el Congreso. Entre ellas hay una más importantes que otras: unas más necesarias para combatir la corrupción, pero técnicamente muy complejas; otras menos efectivas, pero técnica y políticamente más viables. Hay una que es, al mismo tiempo, muy efectiva para disminuir la corrupción, y relativamente sencilla desde el punto de vista técnico y político: la Ley Orgánica del Presupuesto. Es urgente que se aprueben las reformas que han sido planteadas a dicha ley.

La Ley Orgánica del Presupuesto indica que los presupuestos de ingresos y gastos del gobierno que cada año elabora el Ejecutivo (y que deben ser aprobados por el Congreso) constituyen “la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión”. El presupuesto es, pues, la herramienta central de la política fiscal del país, la que no sólo se refiere al gasto, los ingresos y la deuda, sino que también –y cada vez con mayor relevancia- a la transparencia y calidad del gasto, a fin de que la ciudadanía, en una sociedad democrática, participe de las decisiones, acciones y resultados de las políticas públicas.

Para el efecto, se necesita de un adecuado proceso presupuestario para combatir los severos problemas de corrupción que afectan la ejecución del presupuesto y debilitan la institucionalidad pública. La transparencia y calidad del gasto público requieren de normas presupuestarias claras y efectivas que minimicen la discrecionalidad y el desperdicio de recursos. En este sentido, es necesario actualizar la Ley Orgánica del Presupuesto, pues ella define cómo se lleva a cabo el proceso presupuestario, así como las reglas y procedimientos que lo conforman.

Este proceso consta de varias etapas que se refuerzan mutuamente, entre las que destacan: la formulación del anteproyecto de presupuesto (que coordina el Ministerio de Finanzas, pero en al que participan todas las entidades públicas); la discusión y aprobación en el Congreso, quien finalmente aprueba (o imprueba) el presupuesto; el ejercicio (ejecución) presupuestario, en el que las entidades públicas aplican los recursos del presupuesto, y en la que deben prevalecer sistemas de acceso a la información sobre el gasto y sistemas de transparencia y rendición de cuentas; y, el control y evaluación, a cargo de órganos de control interno (las Unidades de Auditoría Interna de cada entidad) y del órgano de control externo (la Contraloría General de Cuentas).

Aunque en años recientes ha habido algunos avances en materia de normas del proceso presupuestario (que se han incorporado a los presupuestos anuales, pero no a la Ley Orgánica del Presupuesto), sigue habiendo graves deficiencias. La última evaluación del Fondo Monetario Internacional sobre el país señaló que existen rigideces presupuestarias y debilidades en los sistemas internos que han provocado, entre otros efectos, el aumento de una injustificable deuda flotante. Por otra parte, el recientemente publicado Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria arrojó para Guatemala una calificación de 44 sobre 100, que refleja cero avances en el último lustro y nos ubica a la cola de los países calificados.

En marzo pasado, el Presidente entregó al Congreso varias iniciativas de ley que buscan mejorar la calidad y transparencia del gasto, entre las cuales se incluyen reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto. Hasta ahora, su discusión y proceso de aprobación ha avanzado poco. Sin embargo, el tiempo apremia y las reformas a dicha ley deben convertirse en una prioridad de la agenda legislativa. El Congreso tiene en sus manos una oportunidad única para mejorar la gestión del gasto público, lo cual implica, por una parte, consolidar los avances logrados e impedir cualquier retroceso o debilitamiento de lo que ya se ha logrado en las leyes anuales del presupuesto y, por otra, conseguir avances nuevos.  Estas reformas deberían lograrse antes de iniciar la discusión del proyecto de Presupuesto para 2013.

Resultan, pues, urgentes las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, a efecto de que las normas de ejecución presupuestaria anuales sean incorporadas a la ley orgánica, en especial aquellas relacionadas con la transparencia y eficiencia del gasto público y con la administración del financiamiento externo y la deuda pública; así como las que se relacionan con el establecimiento de reglas fiscales, el cumplimiento obligatorio de todas las entidades de utilizar los sistemas electrónicos de gestión de los recursos públicos y las que evitan que se genere la ilegítima deuda flotante.