Nuestra joven democracia es frágil, vulnerable y susceptible
de debilitarse debido a múltiples factores. Por un lado, después de 25 años de
régimen constitucional no existe aún una percepción generalizada de bienestar y
el ciudadano promedio no es capaz de identificar al régimen democrático con una
mejora perceptible en su calidad de vida. Por otro lado, el sistema político
sobre el cual descansa el ordenamiento democrático del país ha ¿evolucionado?
de tal manera que el principal incentivo de participación política parece ser la
búsqueda de rentas por parte de grupos de interés que han penetrado el proceso
político y que, a través de su instrumentalización, producen políticas
socialmente ineficientes.
La democracia y el desarrollo económico son fenómenos
que se refuerzan mutuamente. Un lento desarrollo económico obstaculiza el
progreso de la democracia, y un sistema democrático atrofiado impide el
desarrollo del país. Aunque la construcción de un sistema democrático funcional
es un proceso lento que requiere de mucha paciencia y perseverancia, su gradual
consolidación puede favorecer la formación de capital físico, capital humano,
capital social e instituciones políticas necesarios para lograr el desarrollo
integral del país.
El argumento que sostiene que la democracia promueve
el desarrollo se basa en el hecho de que las instituciones políticas esenciales
para el desarrollo económico tienen más probabilidades de existir y funcionar
efectivamente bajo un régimen democrático. Estas instituciones incluyen: el
imperio de la ley que protege los derechos de propiedad; las libertades
individuales que fomentan la creatividad y el espíritu empresarial; la libertad
de expresión que garantiza la producción y el flujo de la información; y, los
controles y contrapesos institucionales que impiden la malversación del erario público
que suele aquejar a las autocracias.
Claro está que el hecho de que la democracia favorezca
el desarrollo económico (opinión que no es compartida por quienes simpatizan
con los regímenes autoritarios) no debe ser la principal justificación para
apoyar el fortalecimiento del sistema democrático. Una razón más importante es
que la democracia es la única forma viable de gobierno capaz de otorgar a los
ciudadanos garantías de respeto a sus libertades básicas y a la igualdad de derechos
y oportunidades. De manera que la democracia es deseable no sólo porque es
compatible con el desarrollo económico sino que, principalmente, porque
potencia el bienestar a través del respeto de las libertades e igualdad.
En ese contexto, resulta muy oportuno y esperanzador
el proceso iniciado por la Comisión Específica de Asuntos Electorales del
Congreso de la República, que tiene por objeto hacer consultas sobre posibles
reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que, idealmente, deberían
conocerse y aprobarse este año en el Legislativo. Y es que dicha ley es tan
compleja, y toca tantos intereses, que sería muy difícil pensar que sea
reformada cuando las siguientes elecciones estén ya muy próximas.
También es ingenuo (e incluso inconveniente) pensar
que las reformas a esta ley de rango constitucional vayan a ser revolucionarias
y cambien de raíz el sistema político vigente. Mejor habría que aprovechar esta
ventana de oportunidad para lograr un número acotado de modificaciones
puntuales, pero contundentes, que se enfoquen en superar los evidentes
problemas que existen en cuanto a la poca transparencia que exhibe el sistema
político y a la poca representatividad ciudadana en los procesos y resultados
electorales.
Y todo ello teniendo en mente que, con todo y el
desencanto que existe respecto del desempeño reciente de los partidos políticos
y del propio Tribunal Supremo Electoral, las reformas deben dirigirse a
fortalecer estas mismas instituciones, que son claves para el adecuado
funcionamiento del sistema democrático.
La democracia es siempre vulnerable, por lo que las leyes e
instituciones que la sustentan deben fortalecerse y orientarse, por un lado, a
fomentar la educación y la participación ciudadanas y, por otro, a introducir
controles y contrapesos que creen un ambiente propicio para la toma de
decisiones colectivas y la solución de conflictos, que son la mejor garantía de
largo plazo para el desarrollo económico.
No olvide el papel de una clase media fuerte que refuerze el consumo y la inversión en la pequeña empresa y el comercio minorista. En la Europa de los cincuenta y sesenta este papel se encomendó a unos sistemas políticos sanos e incorruptubles, salarios justos y unos seguros médicos estatales y de jubilación suficientes para permitir la emancipación de los mayores. Se pagaban más impuestos que en América, pero éstos revertían a la sociedad. La globalización ha roto estos papeles pasando estos países a ser meros proveedores de tecnología e I+D y rompiendo la clase media, al venir todas las manufacturas de Asia a precios imbatibles.
ResponderEliminarLatinoamérica por su proteccionismo y la particularidad de cada país, debería ser más inmune a esta globalización que ha llenado de desempleo y de incertidumbre económica una Europa de la que actualmente sólo se salva la economía netamente exportadora: Alemania, sometiendo a una disciplina monetaria al resto.