§ POLÍTICAS PÚBLICAS
EL DILEMA
DE LA TRANSPARENCIA
La semana pasada el presidente Pérez Molina presentó
personalmente ante el Congreso dos iniciativas de ley que buscan el
fortalecimiento de la transparencia y la calidad del gasto público, así como de
las instituciones que tienen a su cargo dicha responsabilidad. La iniciativa
del Ejecutivo es muy meritoria por, al menos, dos razones fundamentales.
Primero, porque cualquier reforma fiscal no está
completa si no se cierra rápidamente la enorme fuga de recursos derivada de la
ineficiencia, la corrupción, el tráfico de influencias, la falta de
planificación y la inexistente evaluación que infestan al sector público
guatemalteco. Tras la reciente aprobación del paquete de “actualización
tributaria” se hacía imprescindible atajar con urgencia el tema de la
transparencia y calidad del gasto, a fin de romper el arraigado círculo vicioso
del “no pago porque se lo roban” y “no gasto bien porque no pagan”.
En segundo lugar, la iniciativa es meritoria porque,
en un esfuerzo relativamente veloz y efectivo (inusual en la operatoria
cotidiana del aparato gubernamental), el equipo técnico del gobierno logró
estructurar un paquete de normas legales muy completo y ambicioso sobre la
materia, que no busca solamente remedios rápidos a la rigidez y obsolescencia
de las leyes vigentes, sino que pretende introducir reformas duraderas e
integrales al marco regulatorio del gasto público.
La aprobación de la propuesta del gobierno debe superar
un trascendental dilema. Por un lado, como toda iniciativa de ley, contiene
errores y debilidades que, idealmente, deberían corregirse antes de su
aprobación en el Pleno. Por otro, se trata de un asunto de suma urgencia que,
en aras del futuro macroeconómico y de la gobernabilidad del país, no debería
tomar más de un par de meses. En otras palabras, las reformas planteadas deben
aprobarse pronto, pero también deben aprobarse bien: hay que correr, pero no
tanto como para restarle legitimidad y eficacia a la propuesta.
Es aconsejable que el Ejecutivo coadyuve a que el
Congreso pueda analizar y mejorar su propuesta, dentro de un plazo razonable que
no olvide que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto implica concentrarse en
lo sustantivo, no sólo para no distraerse en las minucias formales, sino
también para evitar que una discusión indebidamente prolongada sirva de excusa a
los enemigos de la transparencia para bloquear y descarrilar la reforma.
Por ejemplo, podría aprovecharse esta ocasión para
redefinir el mandato y blindar la elección de las autoridades de la Contraloría
de Cuentas, ya que ésta es la institución clave del sistema de integridad gubernamental.
También podría mejorarse la propuesta en materia de fideicomisos si se les establece
un plazo improrrogable luego del cual deban ser liquidados. O introducirse
normas para limitar y regular las compras del Estado mediante el mecanismo de
excepción.
Pero lo más importante es que con esta iniciativa se
presenta una ocasión para construir un movimiento de unidad nacional en torno a
la integridad, el combate a la corrupción, la transparencia y la mayor
eficiencia en el gasto gubernamental. Es importante que el gobierno vislumbre
que el éxito de su propuesta (y, eventualmente, de su gestión) requiere que su
proceso de aprobación le dé la legitimidad política y social necesaria para su
efectiva aplicación. Un buen primer paso sería apoyar que el dictamen lo
prepare una comisión legislativa ad-hoc,
conformada por un grupo selecto de diputados con demostrada experiencia en la
materia o, en su defecto, que se elabore un dictamen conjunto por parte de dos
de las comisiones legislativas existentes que sean representativas de las
distintas fuerzas políticas y que sean capaces de conducir un proceso expedito
de consultas con expertos independientes para enriquecer la propuesta.
Todo esto debe hacerse con prontitud: los enemigos de la transparencia,
los poderosos intereses que han vivido de la opacidad, del tráfico de
influencias y de la debilidad institucional se van a oponer a las reformas. Es
menester que los líderes nacionales (en los ámbitos político, económico y
social) unan sus esfuerzos para que la propuesta del Ejecutivo sea analizada, mejorada,
aprobada e implementada con razonable celeridad.
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