Los Tribunales y la Economía

Los problemas de inseguridad que sufre nuestra sociedad actualmente son tan agobiantes que, a veces, perdemos de vista el rol central que corresponde a los tribunales de justicia. El deterioro, corrupción e inoperancia del sistema de justicia guatemalteco es uno de los lastres más pesados que impiden el desarrollo económico y social del país. La columna que publiqué en Siglo XXI esta semana hace hincapié en las consecuencias nefastas que la falta de justicia tiene para el crecimiento económico. Ahí les va...

 POLÍTICAS PÚBLICAS

LOS TRIBUNALES Y LA ECONOMÍA
La inoperancia del sistema de justicia es uno de los problemas que más perjudican el desempeño actual y futro de la nación. En la historia litigiosa del país no es difícil encontrar procesos que han tardado más de una década en resolverse. La lentitud con la que se administra la justicia en Guatemala y la impunidad resultante no sólo tienen consecuencias negativas sobre la moral ciudadana y el tejido social, sino que también perjudican las posibilidades de crecimiento de la economía.
Cuando la justicia no es cumplida se reduce al mínimo la probabilidad de ser castigado o multado por incumplir un contrato mercantil, lo que incentiva a las personas oportunistas a violar sus compromisos después de pactados. En términos financieros, la lentitud judicial reduce el valor presente del castigo, lo que desestimula la cooperación entre las partes contratantes. Por ejemplo, si una empresa debe realizar una inversión para proveer a otra de un activo cualquiera, la probabilidad de que aquélla viole el contrato aumenta una vez los costos están “hundidos” (no pueden ser recuperados). Un sistema de justicia oportuno que haga cumplir los contratos podría limitar este comportamiento oportunista y fomentar la inversión.
La lentitud en la aplicación de la justicia también promueve el comportamiento oportunista de los acreedores, quienes anticipan que sus prestamistas no podrán recuperar su dinero en los tribunales y, por lo tanto, estarán más tentados a caer en mora. Los prestamistas acreedores responderán a este comportamiento estratégico de los deudores reduciendo o encareciendo la oferta de crédito. La ineficiencia judicial causa, entonces, una reducción en la inversión y reduce el acceso a los mercados crediticios, con lo que perjudica el crecimiento económico.
Igualmente dañino es el hecho de que la precaria situación del sistema judicial guatemalteco sea vista desde el exterior como un factor crucial de riesgo-país que afecta su calificación crediticia y encarece el crédito externo. En un reporte reciente de la empresa Control Risks se identifica a la extensa inseguridad y al cuasi-fallido sistema judicial como los principales problemas sociales que mantienen rezagada a nuestra economía y que impiden a los inversionistas aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece el país.
Dicho reporte compara el funcionamiento de los tribunales con un juego de lotería, pues las probabilidades de obtener un veredicto basado en los hechos fidedignos del caso son sumamente bajas. Señala que la corrupción es un problema central: los bajos salarios de los funcionarios implican que los investigadores, los jueces y los magistrados pueden ser fácilmente comprados. Pero el problema, indica el reporte, es más grave que eso: cuando el soborno no funciona, las amenazas y la intimidación sí lo hacen. Además, la falta de coordinación entre las distintas entidades de seguridad y justicia coadyuva al retraso (muchas veces malicioso) de los procesos. Y, por si lo anterior fuera poco, existe una alta politización en el sistema, como lo prueba el vergonzoso impasse en la elección de Presidente de la Corte Suprema.
El desarrollo económico de Guatemala y el aprovechamiento de las oportunidades que el país ofrece pasa, pues, por una profunda y urgente reforma del sistema de justicia.

Opinión del lector

Marwin Eduardo - Guatemala
Comparto la mayoría de sus argumentos, pero creo que su artículo se queda corto y en la superficialidad. En efecto, para que un país pueda funcionar correctamente, debe tener como pilar fundamental un sistema de justicia fuerte y certero que es indispensable. En nuestro caso, la solución debe encaminarse no solo a la reforma del sistema de justicia como usted propone, sino que debe irse más allá, porque desde un principio nuestro modelo de Estado limita a la administración de justicia cuando en la Constitución se asigna un porcentaje rídiculo de recursos económicos para las entidades que deben ejecutar la administración de justicia; recuero que un distinguido jurista indica al respecto de este tema, que se invierte más en el deporte que en la justicia, y por ello nuestro Estado es deportivo y no de derecho