Crisis e infraestructura

En mi opinón de esta semana me refiero a la relación que existe entre la crisis económica y la inversión pública en infraestructura: el punto es que hay que aprovechar el reto que la crisis plantea en materia de ejecutar obras públicas pertinentes, para hacer las reformas que permitan que en el futuro dichas obras se realicen con eficiencia y transparencia, contribuyendo así al desarrollo económico del país. Un paso fundamental para ello es que se apruebe el marco legal que posibilita las alianzas público-privadas para la inversión en infraestructura. Ahí les va:

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

CRISIS E INFRAESTRUCTURA
Si bien el impacto de la crisis económica mundial sobre la economía guatemalteca será inevitable, existe una serie de fortalezas y herramientas de política pública que pueden ser utilizadas para minimizar sus efectos adversos. Además, es importante tener presente que la crisis debe aprovecharse para hacer las reformas de largo plazo que coloquen al país en una mejor posición para aprovechar la recuperación que, también inevitablemente, vendrá al concluir la crisis. Ello demanda una priorización adecuada de las políticas que deben impulsarse durante la actual coyuntura, dándole prelación a aquellas medidas o sectores que tiendan a promover el empleo y el crecimiento que la economía requiere no solo hoy, sino en el largo plazo.
Uno de esos sectores es el de la infraestructura física, que forma parte esencial de la mayor parte de programas de reactivación económica que se están impulsando en diversos países y que, en el caso de Guatemala, resulta crucial. Recientes estudios identifican a la precaria infraestructura física del país –particularmente en materia de electricidad y carreteras- como uno de los tres principales obstáculos a su crecimiento. También las calificadoras de riesgo apuntan su preocupación a los bajos indicadores de desarrollo de nuestra infraestructura básica. Por ejemplo, Guatemala tiene un índice de 0.47 kilómetros de carreteras pavimentadas por cada mil habitantes, muy inferior al promedio latinoamericano de 1.6 kilómetros; asimismo, tiene un consumo per cápita de electricidad de apenas 361kWh, contra 1330kWh en Latinoamérica.
Es evidente, entonces, que debe priorizarse el desarrollo de la infraestructura básica que permita elevar los retornos que se obtienen de cada quetzal que se gasta en inversión física y que impacte sobre el desarrollo económico y social del país, lo que pasa por atender la inversión en el sector energético, aeroportuario, de agua y saneamiento y, por supuesto, de carreteras que habiliten la productividad a lo largo del territorio nacional. La Agenda Nacional de Competitividad que está vigente como política de Estado incluye varias de tales acciones, pero esos esfuerzos deben intensificarse y ampliarse urgentemente.
Entre las acciones de política que deben impulsarse para superar las debilidades actuales en materia de infraestructura destaca la necesaria mejora en la coordinación interinstitucional, el contar con un inventario de la extensión de la red vial y con un listado actualizado de proyectos viales prioritarios, la mejora en la calidad y enfoque de la inversión pública, un sistema de planeación estratégica y una rectoría clara en la materia, así como una legislación adecuada que regule la participación privada en la infraestructura física. En efecto, el Estado no sólo debe incrementar y focalizar la inversión pública para satisfacer aquellas necesidades que no puede atender la inversión privada, sino que también debe realizar las reformas fundamentales para incrementar la inversión privada en infraestructura básica. Una de esas reformas es la Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura que actualmente se discute en el Congreso de la República y cuya aprobación, en la actual coyuntura económica, sería un aporte significativo para las posibilidades de desarrollo del país.