A PASO DE TORTUGA

CARRETERAS LENTAS (COMO LAS NUESTRAS) IMPLICAN UN LENTO CRECIMIENTO ECONÓMICO (COMO EL NUESTRO)

La calidad de las carreteras es esencial para el desarrollo de cualquier país. A mejores carreteras, mayor el acceso a bienes y servicios económico-sociales, más empleo la productividad, y mayor integración del mercado interno y externo. En mayo pasado, el Fondo Monetario Internacional -FMI- publicó un estudio con una medida novedosa de la calidad de las carreteras, basada en la velocidad con que se conectan las principales ciudades, según Google Maps. Con una muestra de más de 160 países, se encontró que las velocidades medias oscilan entre 40 km/h (en los países pobres) y 100 km/h (en los países ricos).

Para Guatemala la velocidad de circulación estimada es de las más bajas del mundo: apenas 53 km/h. En Latinoamérica, solo superamos a Haití, Bolivia y Nicaragua. Y, en comparación con el resto del mundo, países como Senegal (71 km/h), Angola (78) o Pakistán (86) tienen carreteras mucho más veloces que las nuestras. Este nuevo indicador corrobora lo que otras mediciones sobre infraestructura han indicado desde hace tiempo: que carreteras lentas -como las nuestras- implican un lento crecimiento económico -como el nuestro- y que necesitamos cambiar con urgencia el modelo de construcción de infraestructura pública.

El último reporte del FMI sobre la economía guatemalteca reconoce que el poco avance en mejorar el clima de negocios (incluyendo la gobernanza y la lucha contra la corrupción) ha limitado la capacidad de generar mejor inversión pública, por lo que es menester reformar la gobernanza de la infraestructura para impulsar inversiones de alta calidad que generen desarrollo a largo plazo. Tal reforma pasa por modernizar las instituciones a cargo de las tres etapas del ciclo de inversión pública: la de planificación de inversiones públicas sostenibles; la de asignación de inversiones a los sectores y proyectos correctos; y, la de implementación de proyectos para generar activos públicos productivos y duraderos.

Por más evidente que resulta dicha reforma, el disfuncional ambiente político del país ha impedido tan siquiera discutir -constructiva, desideologizada y técnicamente- el proyecto de Ley de Infraestructura Vial que el Congreso tiene en sus manos desde hace un par de años. Las opiniones nihilistas (que dicen que la reforma de la infraestructura no es prioritaria, que primero hay que cambiar el sistema político y el modelo de desarrollo) o las ingenuas (que dicen que mejor sustituyamos el Ministerio de Comunicaciones por otro de Infraestructura) o las ideologizadas (que dicen que ninguna reforma que apoye el sector empresarial puede ser buena) no contribuyen al debate. Enemigo de lo bueno es lo perfecto, decía mi abuela. Quizá un primer paso para articular el debate e impulsar la reforma podría ser que el gobierno haga realidad su ofrecimiento de someterse al programa de Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA) del FMI, con base en el cual se establezca el diagnóstico del marco de inversión pública y las recomendaciones concretas que de ahí se deriven para cumplir con los mejores estándares internacionales en materia de infraestructura.