EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

UNA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEBE SER LA BASE PARA LA REFORMA ISNTITUCIONAL QUE EL PAÍS NECESITA

Es innegable que la situación de la inversión pública (especialmente en cuanto a la infraestructura física) es crítica y está empeorando. Cada vez se invierte menos: en 2011 la inversión real directa representaba algo más del 12 por ciento del presupuesto total de gastos del Estado, mientras que diez años más tarde apenas alcanzaba el 4 por ciento. Pero la crisis no solo es de cantidad, sino que también -y sobre todo- lo es de calidad de la obra pública y de la manera en que esta se planifica, se ejecuta y se le mantiene. La cantidad y la calidad de la infraestructura en Guatemala se ubican por debajo de las de casi todos los países latinoamericanos.

En ese contexto, resulta evidente la necesidad de mejorar la inversión pública en todas sus fases (planificación, asignación, ejecución y mantenimiento), así como de reformar su marco regulatorio e institucional. Estudios recientes sobre gobernanza de la infraestructura confirman que, en promedio, los países pierden más de un tercio de los recursos gastados en inversión pública debido a ineficiencia, lo que aconseja fortalecer la institucionalidad a fin sacarle mayor provecho económico y social a la inversión pública. Para Guatemala, aumentar la cantidad y calidad de la infraestructura pública es una condición indispensable para impulsar el crecimiento y el empleo (la inversión en infraestructura puede impulsar el crecimiento al aumentar la productividad y tiene un multiplicador fiscal más alto que otro tipo de gasto, lo que implica un mayor impulso a la demanda agregada).

Pero la inversión pública no podrá acelerarse ni mejorar en calidad si carecemos de instituciones eficaces y de una experticia adecuada que permitan, por un lado, priorizar proyectos y realizar evaluaciones realistas de sus costos y beneficios económicos y, por otro, que tales proyectos puedan ser examinados y aprobados rápidamente sin la interferencia de intereses especiales que buscan beneficiarse de su influencia política, de la búsqueda de rentas o de la corrupción. El desafío de mejorar la cantidad y calidad de la infraestructura pública se complica aún más en nuestro país por la mencionada tendencia del presupuesto a dedicar cada vez más recursos fiscales -de por sí escasos- a gastos de funcionamiento (especialmente pago de salarios y compra de insumos) en detrimento de la inversión, al tiempo que la solución alternativa de las alianzas público-privadas permanece paralizada.

Por eso resulta muy positiva la disposición de las autoridades del Ministerio de Finanzas (según el muy positivo reporte preliminar que dejó el personal del Fondo Monetario Internacional) a que el país participe en el programa de Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA, por sus siglas en inglés), que dicho organismo financiero viene realizando en muchos países a fin de establecer un diagnóstico estandarizado de su marco de inversiones. El diagnóstico que surja del PIMA (que ojalá se haga con carácter de urgencia) debe ser la base sobre la cual se diseñen y ejecuten las reformas institucionales que son indispensables para superar en inmenso atraso que tenemos en materia de infraestructura.