PACTOS COLECTIVOS

ES NECESARIO REGLAMENTAR LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL GOBIERNO

La negociación colectiva es una institución noble que, mediante el diálogo, busca que empleadores y sindicatos acuerden condiciones de trabajo adecuadas, incluyendo salarios, horarios, capacitación, seguridad y salud ocupacional, e igualdad de trato. Esas condiciones se plasman en pactos colectivo que propician que imperen condiciones armoniosas y productivas de beneficio tanto para trabajadores como para patronos. Por desgracia, desde hace años, estos nobles propósitos se han tergiversado y desnaturalizado en los pactos colectivos firmados entre el gobierno guatemalteco y sus sindicatos.

Los pactos, negociados de forma desordenada y desinstitucionalizada, aunados a la anarquía con la que funciona el servicio civil, están generando un grave problema para las finanzas públicas. La masa salarial del Estado ha estado creciendo incontrolablemente, sin que exista mejora alguna en la calidad de los servicios públicos. Esto se debe en buena medida a los pactos colectivos: entre 1998 y 2019, la participación del Ministerio de Educación en la masa salarial del gobierno pasó de un 29.7 por ciento, a un 44.5. Esos pactos se han suscrito sin contar con las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos que generan. Para 2022, el presupuesto del Ministerio de Educación tendrá un incremento de Q2.4 millardos respecto a 2021, y su principal destino será el pago de salarios, con la aberración adicional de que una parte del gasto será financiado con deuda. Este problema no es exclusivo del Ministerio de Educación, ya que en otros ministerios (como el de Salud) sucede algo similar.

Es necesario detener la sangría financiera y el desorden institucional que están causando los pactos colectivos en el gobierno y evitar que los mismos se utilicen como freno a la movilidad laboral o para modificar las normas generales de administración del recurso humano al margen de una carrera en el servicio civil. La negociación colectiva debe hacerse respetando la capacidad financiera del Estado y no según la disponibilidad de cada ministerio que comprometa las finanzas futuras.  Debe hacerse entre los sindicatos y el Estado, representado por el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo y la ONSEC. Los sindicatos deben disponer de la información sobre la disponibilidad real de recursos financieros para este fin a nivel nacional, para ajustar el conjunto de sus solicitudes. Además, las condiciones en los pactos deben incluir incentivos que respondan a criterios medibles de desempeño, a fin de alinear los presupuestos a un enfoque por resultados.

Para incorporar estas correcciones a la negociación colectiva en el Estado no es necesario modificar ninguna ley: es suficiente con que se emita un acuerdo gubernativo que regule tales disposiciones e imponga orden y cordura en la administración pública. Si no se corrigen pronto, las crecientes distorsiones que los pactos colectivos están causando seguirán constituyendo un creciente riesgo para la sostenibilidad de las finanzas pública y el Estado seguirá convirtiéndose en un rehén de los poderosos sindicatos estatales y de sus irrealizables demandas.