Los Desafíos del Presupuesto 2020 (II)

Todo endeudamiento público debe explicitarse transparentemente en las cifras del presupuesto -en vez de ocultarse en las normas presupuestarias-

La semana pasada comentamos algunos problemas estructurales del presupuesto cuya corrección es casi imposible en la ley anual que aprobaría el presupuesto del Estado para 2020. Hoy, y la próxima semana, nos referiremos a otros aspectos del proyecto de presupuesto que sí es factible corregir en el dictamen que va a emitir la Comisión de Finanzas del Legislativo.

Uno es que los ingresos previstos en el referido proyecto están evidentemente sobrestimados: supone que los ingresos tributarios de 2019 cerrarán en Q64 millardos (cuando difícilmente alcanzarán los Q61 millardos) y, de allí, supone que en 2020 llegarán hasta Q67 millardos, incluyendo un “bolsón” de ingresos por Q1.5 millardos de fuentes inciertas y no especificadas. La sobrestimación de ingresos, con un techo de gasto presupuestado de Q91.9 millardos, significaría que el déficit fiscal en 2020 superaría los Q17.7 millardos, equivalente a un 2.6% del PIB.

Este déficit conllevaría un aumento equivalente en el saldo de la deuda pública que la haría exceder los parámetros de prudencia y pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. En efecto, de materializarse tal déficit, la deuda pública equivaldría a más del 166% de los ingresos tributarios (superior al 150% que expertos internacionales señalan como un límite tolerable), lo cual enviaría un mensaje de alarma a la banca internacional y podría perjudicar la calificación de riesgo-país, afectando el acceso (público y privado) al crédito internacional.

Encima de esto, en las normas presupuestarias presentadas al Congreso se incluyen montos importantes que pre-aprobarían endeudamiento adicional (no revelados en las cifras del presupuesto) hasta por Q8 millardos para cubrir una serie de gastos (incluyendo infraestructura). De aprobarse esas normas y de colocarse toda esa deuda en 2020, el déficit superaría el equivalente al ¡3.6% del PIB! Algunos de los proyectos previstos en dichas normas son muy loables y necesarios, pero el mecanismo planteado para financiarlos (endeudamiento público masivo, no explicitado en las cifras del presupuesto) es, cuando menos, anómalo.

Es de esperar que un ministro de finanzas conocedor de la materia (como el nominado por el gobierno entrante) evitaría prudentemente utilizar todo el cupo que se pide “pre-ampliar” en las normas presupuestarias presupuestas. Sin embargo, aunque solo se endeudara por cien quetzales, el procedimiento propuesto de autorizar “pre-ampliaciones” sentaría un peligroso precedente: el día que el ministro de finanzas sea alguien propenso a gastar irresponsablemente, podría recurrir a este anómalo mecanismo para inflar desmedidamente el gasto público y el déficit fiscal. Todo endeudamiento público debe explicitarse transparentemente en las cifras del presupuesto, y no esconderse en las normas presupuestarias.

Lo que corresponde al Congreso es recortar el techo del gasto previsto para 2020 (de manera que el déficit fiscal no exceda del equivalente a un 2% del PIB –porcentaje considerado como un máximo tolerable por el Fondo Monetario Internacional- y eso implica, lamentablemente, no aprobar las normas que autorizarían “pre-ampliaciones presupuestarias”, por más loables que sean los proyectos que se pretenden financiar con las mismas.