La Madre de las Reformas

La reforma del sistema electoral y de partidos políticos es tan importante que, si ocurriera, podría lograr varios de los fines que se persiguen hoy con la reforma constitucional al sector Justicia, particularmente en lo referente a la independencia de jueces, magistrados, fiscales y contralores respecto del poder político.

Este año se han producido algunas reformas institucionales importantes que, meritoriamente, el Congreso ha logrado aprobar (por ejemplo, a la Ley Orgánica del Congreso, a la Ley de la SAT o a la Ley de Contrataciones). Y actualmente está en discusión una trascendental reforma constitucional al sector Justicia. Pero aún están pendientes muchas reformas institucionales imprescindibles; la madre de todas ellas debe ser la reforma del sistema electoral y de partidos políticos.

Porque resulta que la “vieja política” está vivita y coleando. Esa que, a lo largo de muchos años, se ha configurado para buscar el poder con políticos que –como dijo un analista- “roban para llegar, y llegan para robar”. Esa vieja forma de hacer política está golpeada por los acontecimientos desencadenados por la CICIG y el Ministerio Público en abril del año pasado. Pero aún está activa y reponiéndose rápidamente de sus dolencias.

Para constatarlo basta ver la forma en que, con toda desfachatez, proliferaron las propuestas de enmiendas al Presupuesto del Estado 2017 que buscaban, por ejemplo, quitar controles al manejo de la planilla de empleados, o incrementar el aporte fiscal a oscuras ONGs, o aumentar el presupuesto del ineficiente y sospechoso Registro de Información Catastral o de la oscura unidad de edificios estatales. Algunas de estas enmiendas, lamentablemente, se aprobaron y costarán al fisco cerca de Q100 millones.

Basta ver también cómo, en el marco de la reforma constitucional, el artículo que endurecía el recurso del antejuicio fue rápidamente desaprobado, sin debate y sin explicaciones en medio de una sesión desordenada y pésimamente conducida en la que emergieron muchas de las prácticas sucias de la vieja política que habían estado adormecidas durante meses. De hecho, ahora toda la reforma al sector justicia corre peligro de fracasar al haber quedado en manos de una clase política carente de credibilidad, visión de estado y elegancia.

Algunas de las más importantes reformas propuestas para el sector justicia tienen que ver con la relación entre ésta y el estamento político. Se quiere reformar el método de elección de las principales autoridades de justicia (los magistrados de la Corte Suprema y de la de Constitucionalidad, o el jefe del Ministerio Público) y de otros entes de control (el Contralor de Cuentas), tratando de aislar dicha elección de cualquier injerencia político-partidista, debido a la desconfianza y el rechazo que la política y los políticos generan en nuestra sociedad. Esto es una anomalía: en los países avanzados precisamente son los parlamentos y los jefes de Estado –es decir, los políticos democráticamente electos- quienes (mediante mecanismos con controles y balances) eligen a tales autoridades.

Lo que esto nos dice es que lo que en el fondo está mal en el Estado de Guatemala es, precisamente, el sistema electoral y de partidos políticos, que clama por cambios profundos que mejoren la representatividad de los funcionarios electos, la democracia interna de los partidos políticos, y la autoridad del tribunal electoral. Urge una reforma de verdad, no como la muy timorata reforma aprobada a las carreras el año pasado por un Congreso plagado de representantes de la vieja política que, con aparente reticencia, accedieron a introducirle tímidos cambios a la ley electoral sabiendo que, en el fondo, nada cambiaría realmente. La reforma pendiente, la más difícil, para cambiar el país quizá no sea la del sistema de justicia, sino la del sistema electoral y de partidos políticos. Quizá la CICIG debería enfocar esfuerzos en este frente.