El Enemigo Sutil

La corrupción es una de las principales amenazas al desarrollo de Guatemala. Cada año se desvían grandes cantidades de recursos del erario público hacia bolsillos privados. Gran parte del dinero desviado tiene como destino el financiamiento del desquiciado sistema político-partidista, pero otra gran parte se desvía a enriquecer pseudo-empresarios que se han acostumbrado a vivir como millonarios a costa de los impuestos de los guatemaltecos. Esta será un área en la que le nuevo gobierno encontrará enormes retos, pero en cuyo tratamiento descansarán las claves de su gestión en los próximos cuatro años.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL ENEMIGO SUTIL

Los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno parecen ser obvios, y no difieren mucho de lo que debieron hacer gobiernos anteriores: reducir la pobreza, combatir la inseguridad y ordenar las finanzas públicas. Estos retos, evidentes pero descomunales, requerirán de un gran esfuerzo y desgaste político. Existe, sin embargo, otro reto más sutil, menos evidente, aunque igual de omnipresente: el combate a la corrupción. En comparación con la pobreza o la inseguridad, el combate a la corrupción es menos costoso y puede acarrear beneficios más inmediatos y palpables.

Aunque Guatemala ocupa uno de los últimos lugares en el índice de percepción de corrupción que calcula Transparencia Internacional, la ciudadanía parece tolerarla cada día con más facilidad. Los escándalos de corrupción que han estallado en los distintos gobiernos durante las últimas décadas son más frecuentes y, paradójicamente, provocan cada vez menos escándalo, lo que no es de extrañar en un país donde los corruptos no tienen más que perder que –en el peor de los casos- su cargo público y, quizá, su dignidad (la que tiende a recuperarse a una velocidad directamente proporcional al descaro del corrupto).

El que se desvelen frecuentes casos de corrupción se debe, en parte, a que la prensa (y, en general, la opinión pública) están cada vez más activamente vigilando el uso de los recursos estatales, aunque con herramientas aún rudimentarias o mal utilizadas. Por ejemplo, el potencial de escrutinio del SIAF-SAG aún no es empleado con eficiencia por la propia Contraloría de Cuentas, mucho menos por las ONGs supuestamente especializadas en temas de transparencia.

La principal complicación en materia de corrupción es que posiblemente gran parte del dinero desviado de las arcas estatales tiene como destino el financiamiento de nuestro desquiciado sistema político-partidista: las campañas electorales son demasiado caras, su financiamiento es opaco, los límites de gasto son poco realistas y la autoridad del Tribunal Supremo Electoral es débil.

La corrupción cruza transversalmente amplios segmentos del espectro político a nivel nacional y local, lo mismo que del sector empresarial, de la prensa y de la sociedad civil. Su crecimiento está asociado al paulatino deterioro de la actividad política y al menosprecio de las élites hacia la cosa pública y el servicio civil. Una prioridad del nuevo gobierno debe ser revertir esta situación mediante el rescate y la renovación de las instituciones públicas a fin de detener la corrosión del Estado, reducir los conflictos sociales y mejorar la eficiencia gubernamental.

Un paso esencial es concienciar a la ciudadanía: el enorme grado de tolerancia a la corrupción que ahora exhibe la sociedad guatemalteca debe ser revertido. Este relajamiento moral se debe tanto a un deterioro de los valores éticos, como a un desconocimiento de las consecuencias que la corrupción acarrea para el desarrollo económico, social y político de la Nación: diversos estudios demuestran que la corrupción es un grave obstáculo al progreso ya que distorsiona los incentivos del mercado, hace ineficientes los procesos económicos, perjudica gravemente la calidad de la infraestructura física, y daña la estabilidad fiscal.

Pero la pieza central del esfuerzo anti-corrupción debe ser el rescate y fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas (que debiese tener la misma prioridad que está teniendo el rescate del Ministerio Público), para lo cual existen ejemplos exitosos en otros países cuyo ente contralor goza de amplia credibilidad y respeto en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, para que este tipo de reformas tenga éxito es imprescindible que exista una sólida voluntad política de impulsarlas, algo complicado si tomamos en cuenta que dicha voluntad debe surgir del propio sistema político enfermo de corrupción.

Por ello también se requiere fortalecer la capacidad de los ciudadanos y sus organizaciones para dar seguimiento y auditar socialmente el peculio público. La presión social y la vindicta pública pueden convertirse en un instrumento eficaz para controlar la corrupción y para forzar el surgimiento de la voluntad política que procure fortalecer las instituciones de fiscalización.