Los Temas Principales: Ausentes

Las campañas electorales en el Trópico suelen ser superficiales e improvisadas. Los temas de política pública que plantean y discuten los candidatos son aquellos que los permiten ganar la elección; rara vez, por desagracia, tienen algo qué ver con lo que les va a permitir gobernar una vez se han sacado la lotería electoral. Vale la pena, en medio del fragor publicitario de la campaña, reflexionar sobre los temas que realmente serán los que incidan en el futuro del país.
 § POLÍTICAS PÚBLICAS
LOS TEMAS PRINCIPALES: AUSENTES

Es preciso identificar y priorizar las políticas públicas a ser implementadas como políticas de Estado

Salvo el tema de la inseguridad ciudadana (asociado a la debilidad institucional del estado guatemalteco y a la realidad geopolítica regional), la actual campaña electoral se ha caracterizado por la superficialidad e intrascendencia de los temas en que han centrado su atención los medios de comunicación y las propias propuestas de políticas públicas por parte de los partidos políticos en contienda.

El pobre y escaso debate en materia de de acciones y programas gubernamentales se ha dirigido a temas que, aunque puedan ser importantes en términos de campaña electoral, resultan demasiado coyunturales o de muy escaso impacto en cuanto a lograr el desarrollo integral y sostenido del país. A nivel nacional (los temas de política municipal son otra cosa) el grueso de las noticias electorales y de las ofertas de los candidatos (es difícil saber si las noticias siguen a los candidatos, o a la inversa) están relacionadas con la continuidad de los programas asistencialistas (bolsas solidarias y transferencias de efectivo) o con los procesos administrativos y judiciales para la inscripción de los candidatos.

Mientras tanto, la realidad del país –y sus perspectivas de desarrollo- sigue dando pocos motivos para la esperanza. Los índices de violencia permanecen elevados, la infraestructura pública está en franco deterioro, los indicadores de pobreza y desigualdad son injustificablemente altos para una economía de nuestro tamaño, y la desnutrición infantil continúa siendo una vergüenza nacional frente al mundo civilizado.

En este escenario es menester recapacitar sobre los verdaderos problemas de fondo que constituyen los obstáculos más importantes el progreso de Guatemala y el bienestar de sus habitantes, y plantear a partir de allí las líneas generales de política pública que debiesen tener prioridad en cualquier programa de gobierno realista y responsable (características que no suelen encontrarse en la campaña política).

Una tasa de crecimiento económico demasiado lenta, una institucionalidad pública demasiado débil y una marcada desigualdad de la riqueza caracterizan los problemas del proceso de desarrollo de Guatemala desde hace décadas. Superar estas debilidades –o incluso mantener los indicadores en los precarios niveles actuales- será imposible a menos que se acometen acciones enfocadas propiciar el funcionamiento armonioso y equilibrado de los sistemas económico, social, político y ambiental del país.

Para ello no sólo es preciso identificar las principales políticas de Estado a ser implementadas, sino que también priorizarlas en función de la escasez de recursos fiscales, peor que la de la mayoría de países de nuestro mismo nivel de desarrollo. Así, los esfuerzos gubernamentales debiesen concentrarse en tres áreas prioritarias: (1) el capital humano, particularmente en materia de educación, salud y nutrición –que favorecería el buen funcionamiento de los sistemas económico y social-; (2) la infraestructura básica –principalmente en materia de carreteras, energía y sistema portuario-; y, (3) la institucionalidad del Estado –incluyendo la relativa a seguridad y justicia, descentralización y sistema de partidos políticos-.

Lo anterior sin descuidar otras políticas complementarias que apuntalen las áreas prioritarias. Por ejemplo, el sistema social se reforzaría con compensadores sociales (como las transferencias condicionadas en efectivo) que procuren una reducción de la conflictividad social; el sistema económico se vería favorecido por acciones que privilegien la productividad y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica (vía fiscal y monetaria); el sistema ecológico requiere reordenar la institucionalidad y el manejo de los recursos naturales y los territorios (incluyendo las políticas de agua y saneamiento), explotando su potencial turístico; y, el sistema institucional demanda reformas que fortalezcan el estado de derecho y el funcionamiento de los mercados.

Esta apretada síntesis de políticas prioritarias representa un reto monumental para cualquier gobierno. En cuanto pasen las elecciones, el nuevo equipo de gobierno deberá poner cuanto antes los pies sobre la tierra, olvidarse de las líricas promesas electorales y buscar los necesarios consensos nacionales para acometer, cuanto antes, los verdaderos temas principales.