CENTROAMÉRICA: EL SANTO GRIAL DE LA INVERSIÓN

Si Guatemala y El Salvador no logran generar más inversiones, su crecimiento seguirá siendo modesto

En Centroamérica la inversión —es decir, el gasto en infraestructura, planta y equipo para producir más y mejor— se ha convertido en una especie de Santo Grial: todos la buscan, la veneran, pero pocos la encuentran. Los números no mienten: ni Guatemala ni El Salvador logran generar ni atraer suficiente inversión para sostener un crecimiento robusto. Ambos países, con fortalezas evidentes —estabilidad macroeconómica en Guatemala, mejoras en seguridad e infraestructura en El Salvador— siguen exhibiendo tasas de inversión crónicamente bajas.

La inversión —la parte del PIB que no se consume, sino que se transforma en capital productivo— permanece anémica en nuestros países. En Guatemala, ronda el 15% del PIB; en El Salvador, la cifra es similar. Son porcentajes que nos condenan a un crecimiento mediocre, a una economía que no despega y a una generación de empleo insuficiente. Y mientras nosotros seguimos en el letargo, Nicaragua y Costa Rica, dos vecinos con perfiles muy distintos, sí logran atraer flujos de capital importantes. El año pasado, Guatemala atrajo apenas US$1.6 millardos de inversión extrajera directa -IED- y El Salvador apenas US$0.6 millardos. En contraste, Nicaragua y Costa Rica, con modelos radicalmente distintos, sí están logrando captar capitales. En 2024 ingresaron US$3 millardos de IED a Nicaragua, y US$4 millardos a Costa Rica. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?

Nicaragua lo logra con un modelo de atracción de inversiones controvertible: ofrece prebendas, exenciones y tratos preferenciales a ciertos inversionistas —muchos provenientes de países “no convencionales”— a cambio de convertirse en socios del régimen de Ortega. Se trata de una inversión de alto riesgo político, que saca del país cada año casi tantos recursos como los que ingresa, con escasa sostenibilidad en el largo plazo. Costa Rica, en cambio, ofrece un modelo más convencional. Con su régimen de zonas francas, una democracia funcional, estabilidad jurídica y paz social, ha logrado posicionarse como un destino confiable para inversiones de largo plazo; y una proporción importante de las utilidades generadas por esa inversión permanece y se reinvierte en el país. Es un modelo que, con todos sus retos, ha dado frutos.

"Para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica"

La comparación revela que, para atraer inversión, no basta con tener estabilidad macroeconómica ni con reducir la criminalidad. Tampoco es suficiente abrir las puertas al capital extranjero sin un marco normativo sólido que garantice derechos, reglas claras y certidumbre a largo plazo. La inversión —sobre todo la inversión seria, productiva, de largo aliento— no busca únicamente incentivos fiscales. Busca institucionalidad.

En Guatemala seguimos atrapados en un círculo vicioso: escasa inversión genera bajo crecimiento, lo que a su vez impide mejorar las condiciones estructurales para atraer más inversión. La falta de certeza jurídica, la debilidad del Estado de derecho, la ineficiencia del sistema judicial, la corrupción y la ausencia de infraestructura básica son los verdaderos cuellos de botella.

No podemos aspirar a replicar el caso costarricense si nuestra institucionalidad se asemeja más a la de Nicaragua. Tampoco podemos seguir creyendo que con "marca país" o buena imagen internacional bastará. El inversionista ve más allá del eslogan: mide el riesgo, sopesa el retorno, evalúa la gobernanza. ¿La lección? La inversión no se decreta ni se maquilla. Se cultiva con paciencia institucional. Costa Rica lo entendió hace décadas. Nicaragua, aunque capta capitales, juega con fuego. Guatemala y El Salvador aún parecen no haber decidido qué modelo seguir.

LA MADRE DE LAS REFORMAS ELECTORALES

 LO MÁS IMPORTANTE ES FORTALECER EL TSE, QUE HOY VIVE SU HORA MÁS OSCURA

Si el Tribunal Supremo Electoral -TSE- ya venía arrastrando un deterioro paulatino y una crisis de credibilidad, la reciente suspensión de varios de sus magistrados titulares por acusaciones del Ministerio Público lo ha llevado al borde de un colapso institucional sin precedentes. La máxima autoridad electoral de Guatemala, que debería ser garante de la legalidad, de la transparencia y de la efectividad del proceso democrático, hoy se tambalea bajo el peso de su fragilidad estructural y de los errores acumulados durante los últimos años.

El problema de fondo, sin embargo, no es solo la coyuntura actual. El gradual debilitamiento y la consecuente inestabilidad del TSE son los síntomas más visibles de una enfermedad más profunda: su fragilidad institucional y su falta de independencia respecto de la clase política (sobre la que está llamado al ejercer autoridad). La forma en que actualmente se eligen, organizan y ejercen su mandato los magistrados, permite que profesionales con insuficiente formación técnica, influenciables políticamente y sujetos a intereses ajenos a la democracia, lleguen a dirigir el destino electoral del país. Esta crisis no es un accidente: es el desenlace predecible de un sistema que se ha venido adulterando para hacerlo frágil, vulnerable y fácilmente cooptable.

El TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia

Mientras tanto, en el Congreso, las iniciativas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- avanzan, pero con un enfoque superficial. Las reformas en discusión se centran principalmente en aspectos procedimentales (que podrían ser resueltos por la vía administrativa o reglamentaria si existiera un TSE fuerte y creíble) y en ajustes cosméticos, sin tocar los problemas estructurales que realmente ponen en peligro la democracia guatemalteca. Se discute sobre tecnicismos de financiamiento y propaganda, pero se elude el verdadero tema de fondo: el TSE necesita una reconfiguración profunda para garantizar su independencia y eficacia.

El fortalecimiento del TSE pasa por al menos tres reformas cruciales: (1) prolongar el período de los magistrados y establecer su renovación de forma escalonada, a fin de evitar que una sola legislatura concentre la potestad de elegir a todo el pleno; (2) separar claramente las funciones jurisdiccionales de las administrativas, de modo que los magistrados se dediquen a impartir justicia electoral sin verse absorbidos -o, incluso, tentados hacia la corrupción- por gestiones puramente operativas; y, (3) garantizar mecanismos de selección de magistrados que se basen en las capacidades, méritos y trayectoria de los postulantes, y no en negociaciones políticas entre las mismas fuerzas a las que esos futuros magistrados deben fiscalizar.

El colapso del sistema de partidos es una crisis paralela que preocupa y amerita atención, pero el colapso de la autoridad electoral es una amenaza aún más grave. Sin un TSE fortalecido, independiente y profesional, Guatemala corre el riesgo de perder lo que aún queda de su frágil democracia. La clase política debe entender que no se trata de preservar privilegios o de seguir administrando la crisis, sino de evitar que el país entre en una espiral de desconfianza institucional de la que difícilmente podrá salir.

El tiempo para parches y reformas electorales tibias ya pasó. Si la democracia guatemalteca quiere sobrevivir y robustecerse, necesita un TSE con una renovada autoridad moral que esté a la altura del desafío. La pregunta es si la clase política (dentro y fuera del Congreso) y la ciudadanía organizada están dispuestos a asumir ese reto antes de que sea demasiado tarde.

LA “AMENAZA” DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 HAY QUIEN CREE QUE LA IA HARÁ INNECESARIOS MUCHOS EMPLEOS. LO MÁS PROBABLE ES QUE CREARÁ MUCHOS MÁS

Un creciente número de profesionales ve con preocupación cómo el futuro de sus empleos parece amenazado por la irrupción de la Inteligencia Artificial -IA-. Abogados, médicos, auditores, oficinistas y -¡oh, no!- economistas temen por sus ingresos. Las profesiones que se basan en conocimientos, en procesar información y en determinar cursos de acción a partir de esos conocimientos y análisis, ven cómo muchas de estas funciones las realiza ahora casi cualquier persona con acceso a una aplicación (gratuita) de IA.

Que no cunda el pánico. La IA genera también fuerzas en el sentido contrario: reduce barreras de entrada al mercado y eleva las remuneraciones. Ciertamente la IA hará más difícil que unos pocos privilegiados acaparen la información; eso, sin embargo, abrirá oportunidades para que más personas puedan acceder al conocimiento, procesar la información y determinar cursos de acción. El resultado previsible será una mayor competencia y el surgimiento de más profesionales especializados que competirán, ya no en función de quién tiene más información privilegiada, sino de quién agrega más valor a sus servicios.

Y lo más importante de la IA es que reduce el costo de obtener, procesar y transmitir información, aumentando así la productividad de la economía como un todo, incrementando el nivel de ingresos y el valor del tiempo de los profesionales. La teoría económica sugiere que, ante esto, las personas responderán del mismo modo que lo han hecho durante siglos: demandando más servicios a los profesionales.

Eso sí, el desafío de los profesionales y de las organizaciones es el de adaptarse pronto al cambio:  desarrollar habilidades complementarias utilizando la IA para mejorar su productividad; especializarse en áreas que requieran creatividad y juicio humano; e incursionar en nuevos roles asociados a la profesión. Y las organizaciones (empresariales o sociales, pequeñas o grandes) deben innovar sus procesos productivos y administrativos para capturar plenamente los beneficios que ofrece la IA. 

"La IA no reemplaza, sino que potencia a los profesionales"

Es inevitable que la IA deje sin trabajo a algunos profesionales (los que no se adapten a ella), pero seguramente generará más trabajo y empleos para los demás, no solo para quienes con ella mejoren la calidad de sus servicios, sino para una nueva estirpe que haga de la IA su principal herramienta. La IA no es un peligro absoluto para el empleo, sino más bien un factor de evolución en el mercado laboral: históricamente, la tecnología ha creado más empleo del que ha destruido; toda revolución tecnológica desplaza ciertos tipos de empleo, pero genera muchas más oportunidades laborales nuevas. De manera que la IA no reemplaza, sino que potencia a los profesionales. Además, las habilidades humanas (como la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad) seguirán siendo insustituibles… por ahora.

Ante la irrupción de la IA, el rol de las políticas públicas es el de adoptar, facilitar, fomentar y acelerar su uso para aprovechar su potencial en materia de productividad, crecimiento económico y bienestar material. La adopción de la IA puede tener un impacto crucial tanto en la calidad de los servicios públicos, como en la economía nacional. Aunque eventualmente habrá necesidad de alguna regulación estatal respecto de la IA, esta debe mantenerse en un mínimo que no afecte los beneficios que ofrece la nueva tecnología. El Estado debe más bien potenciar esos beneficios para mejorar la productividad, las instituciones públicas, la solidez macro-fiscal y la gestión de riesgos (naturales, políticos, económicos y sociales), y apoyar así el desarrollo del país.