El Presupuesto del Estado es la herramienta más importante de la política económica y el Congreso juega un rol fundamental no solo en su aprobación, sino también en su seguimiento y fiscalización. El Congreso debería vigilar permanentemente que el presupuesto no sobreestime los ingresos tributarios, que el déficit fiscal no ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica, que no se financie gasto corriente con deuda, que se cuente con información fidedigna y sistemática del número de empleados públicos y del gasto de las municipalidades y de otras entidades.
El Congreso debería vigilar que la Contraloría de Cuentas ejerza eficientemente sus funciones y, al mismo tiempo, también cumplir con sus propias obligaciones de analizar y aprobar (o improbar) el informe anual de liquidación presupuestaria que le presenta el Ejecutivo, velando porque el mismo cumpla con las especificaciones de ley. Además, el Congreso debería evaluar el impacto que sobre la sostenibilidad fiscal tenga cualquier iniciativa de ley que implique el uso de recursos públicos. Para cumplir con estas responsabilidades, el Congreso únicamente descansa en el trabajo de la Comisión de Finanzas Públicas que, evidentemente, se ve desbordada con la complejidad de tales tareas. En la práctica, el respaldo técnico de la referida Comisión es casi nulo.
Para corregir las evidentes debilidades del Congreso en materia fiscal, es necesario que cuente con una institucionalidad capaz de realizar los análisis y emitir las recomendaciones para que las decisiones legislativas no pongan en riesgo las finanzas el Estado. Para el efecto, valdría la pena replicar el establecimiento en Guatemala de una entidad similar, por ejemplo, a la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos. Este tipo de entes técnicos -común en muchos parlamentos- se encarga de proporcionar la información, análisis y estimaciones objetivas, no partidistas y oportunas, relacionadas con las decisiones que el Legislativo debe tomar en materia fiscal. En los Estados Unidos, dicha oficina está establecida por la ley del presupuesto como la entidad independiente encargada de asesorar a las comisiones de trabajo del Congreso en materia fiscal y de producir sistemáticamente estimaciones y cálculos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El establecimiento en Guatemala de una oficina como esa requeriría de un delicado diseño institucional que la preserve del -inevitable- riesgo de que los partidos políticos le resten independencia y tecnicidad, pero su creación, por muy complicada que resulte políticamente, significaría un enorme avance en materia de diseño y ejecución del presupuesto (y de toda la política fiscal), que contrastaría con las precarias y artesanales formas con que actualmente el Congreso desempeña sus funciones presupuestarias. Si no se moderniza y tecnifica la forma en que analiza, aprueba y fiscaliza el Presupuesto del Estado, continuaremos presenciando el reparto desordenado y arbitrario que, año con año, se escenifica en el Congreso con los escasos recursos del erario nacional.
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