Es sorprendente constatar que algunos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Finanzas Públicas, pese a tener varios lustros laborando para la institución, aún conservan la creencia de que el proceso presupuestario consisten simplemente en definir un techo de gasto y repartirlo en función de la conveniencia política del momento. Ignoran estos funcionarios que el presupuesto del Estado es mucho más que eso: es una herramienta clave de gobierno, pues constituye la declaración explícita de hacia dónde se orienta la política fiscal y refleja sus intenciones frente a los problemas económicos del país.
Las señales que el presupuesto del Estado envía a los mercados -domésticos e internacionales- tienen un efecto trascendental sobre las condiciones que el país enfrenta para obtener recursos frescos para financiar la actividad del sector público y del sector privado. Entre esas señales, la cifra más importante es la del déficit fiscal (no la del techo de gasto). El tamaño y evolución del déficit es parte esencial de los signos vitales de la macroeconomía: cualquier anormalidad es una señal de alerta sobre posibles crisis.
En 2020 el déficit fiscal guatemalteco -a causa de la pandemia de Covid-19- se expandió a una velocidad nunca vista, hasta alcanzar el equivalente al 4.5% del PIB (el más alto en cuarenta años), nivel que los analistas locales e internacionales estiman peligroso y, por ende, debe ser reducido lo antes posible. Este año, el gobierno ha tenido un desempeño doblemente bueno. Por un lado, la recaudación de impuestos está subiendo muy rápidamente, de la mano de la recuperación de la producción nacional. Y, por otro, el nivel de gastos está muy contenido debido no solo a las dificultades que enfrenta el gobierno para ejecutar un presupuesto que no corresponde al año en curso (recordemos que quedó vigente el presupuesto de 2020), sino también a que los programas de emergencia (de apoyo a los afectados por la pandemia) que inflaron el gasto el año pasado, ya no se gastaron este año.
De seguir con ese buen desempeño, el gobierno estima
que el déficit fiscal de 2021 cerrará en un monto equivalente al 2.5% del PIB.
Eso sería un enorme logro de cara a la necesidad de reducir esa cifra en los
próximos años. Sin embargo, al mismo tiempo, esa mejora esperada este año
plantea un desafío de cara al presupuesto del Estado para 2022: el proyecto
recién presentado por el Ejecutivo al Congreso plantea que el déficit fiscal el
año próximo alcance un 2.8% del PIB; es decir, si el Congreso aprueba el presupuesto
tal como le fue presentado, se estaría retrocediendo en el esfuerzo de reducir
el desequilibrio fiscal. Por ello, es menester que el Congreso ajuste el techo
presupuestario del presupuesto de 2022 a fin de que el déficit fiscal no sea
mayor al que se prevé para 2021. Hay que actuar con sentido común y hacer lo
prudente y lo recomendable técnicamente. Pero ya se sabe: el sentido común es
el menos común de los sentidos; aún más, si cabe, en ese laberinto de intereses
que es la negociación del presupuesto en el Congreso.
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