Institucionalidad del Sector Público

El injustificable y burdo ataque que en estos días está sufriendo la autonomía del IGSS debe hacernos reflexionar sobre la importancia del fortalecimiento institucional. Dicho fortalecimiento no es tarea para líderes populistas, sino para estadistas que lo ven como un proceso esencial para el desarrollo del país, que demanda perseverancia y visión de largo plazo

Para que un país se desarrolle se necesitan tanto políticas públicas duraderas y eficaces, como un aumento sostenido de la inversión en infraestructura, equipo y capital humano. Pero, además, también se necesitan instituciones capaces de llevar a cabo tales políticas e inversiones. Douglas North (historiador económico y Premio Nobel) es una de las muchas mentes ilustres que han subrayado que, a lo largo de la historia, las instituciones eficientes han sido un elemento fundamental en el desarrollo de las naciones y que, por ende, cualquier agenda de desarrollo debe contener acciones para construir y preservar la calidad de instituciones.

Éstas son la manifestación de una serie de reglas –leyes y normas-, así como de tradiciones y convenios sociales informales, de manera que las instituciones de un país son el producto de una compleja interacción de factores culturales, históricos, políticos y económicos que se van consolidando en el tiempo. En la práctica, estas manifestaciones pueden ser, por ejemplo, las normas mediante las cuales la sociedad vela por los derechos básicos (incluyendo el derecho a la propiedad); la calidad del servicio civil; el combate a la corrupción; la rendición de cuentas por parte de las entidades y funcionarios públicos; la sucesión democrática de las autoridades civiles; el imperio de la ley y el orden; la justicia independiente, pronta y cumplida; y la regulación objetiva de las relaciones económicas y sociales.

Diversos estudios científicos han puesto de manifiesto la importancia de ciertas instituciones primordiales para que las políticas y la inversión en capital físico y humano sean exitosas. Incluso existen investigaciones que indican que el crecimiento económico puede mejorarse significativamente a través del fortalecimiento institucional (que, a su vez, se traduce en mayor productividad) en áreas tales como la efectividad administrativa gubernamental, el control de la corrupción, la seguridad pública, la disminución de los costos regulatorios, la democracia, la rendición de cuentas de las entidades públicas, y la implantación del imperio de la ley.

Hace un par de años se publicó un estudio según el cual, si un país como Guatemala lograra elevar el funcionamiento de tales instituciones a niveles similares a los de Chile, ello representaría para el país un aumento en el ritmo de crecimiento económico de alrededor de 3 puntos porcentuales cada año.

Por lo tanto, el gobierno debe dar prioridad al fortalecimiento de aquellas instituciones que contribuyen crucialmente a la eficiencia del sistema económico y social, las cuales podemos clasificar en cuatro grupos: (i) las instituciones que contribuyen a crear y desarrollar los mercados, tales como las (leyes y entidades) que regulan los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos; (ii) las instituciones que se encargan de regular los mercados, tales como las agencias reguladoras gubernamentales (tipo las superintendencias o la Contraloría de Cuentas); (iii) las instituciones que buscan estabilizar los mercados, entre las que destacan las entidades de estabilización macroeconómica (como el banco central y las normas fiscales o del presupuesto); y, (iv) las instituciones que dan legitimidad a los mercados, haciéndolos útiles y aceptables para todos los grupos de población (como el Seguro Social, o las estructuras para el manejo de conflictos).

En Guatemala, muchas de estas instituciones no son funcionales, sea porque se han construido de forma inadecuada o porque se han desnaturalizado con el transcurso del tiempo, por lo que resulta imprescindible y urgente reformarlas y fortalecerlas. Pero ello no puede hacerse de la noche a la mañana. Y como el fortalecimiento institucional es un proceso que demanda perseverancia y visión de largo plazo, hay acciones de corto plazo que deben estarse tomando permanentemente: por un lado, actualizar y mejorar el marco normativo para mejorar su efectividad (por ejemplo, mediante reformas a la ley de la Contraloría o la del Presupuesto) y, por otro, cumplir con el marco regulatorio de las entidades clave (respetando el marco legal para el nombramiento de los funcionarios y autoridades del IGSS o del Banguat, por ejemplo). Todo lo que se haga en contrario será en detrimento del desarrollo de largo plazo del país.