El caso de Venezuela nos advierte los
riesgos de no proteger la integridad física y la libertad individual de los
ciudadanos. Un análisis desde el punto de vista institucional nos permite aquilatar la gravedad de los actos de desgobierno de Maduro.
Las más recientes decisiones adoptadas por el gobierno
de Nicolás Maduro en Venezuela se dirigen, con paso seguro, hacia la completa
destrucción de la economía y de la democracia de esa alguna vez prometedora
nación. Aunque es aún poco probable que en Guatemala arribemos a semejantes
niveles de degradación, no está demás advertir los riesgos que conlleva
recorrer caminos políticos como el venezolano.
La “guerra económica” anunciada por Maduro para
reducir la inflación de más del 50% anual (una de las más elevadas del mundo),
se basa en dos acciones extremas. Por un lado, se prohíbe por decreto que suban
los precios y, por otro, se mete a la cárcel a decenas de dueños de tiendas
que, en respuesta a la escalada de costos, osaron elevar sus precios de venta e
incurrieron en el delito de “usura”. Mientras tanto, la escasez de bienes
básicos como la leche, arroz, aceite de cocina y papel higiénico se acentúa, la
inflación no cede y las empresas dejan de invertir y generar empleos.
Más allá de las graves consecuencias económicas de
tales medidas, vale la pena destacar sus efectos devastadores para la
democracia y el desarrollo a largo plazo del país. En efecto, las acciones de
Maduro tienen un impacto fatal sobre las instituciones constitucionales y
democráticas que están diseñadas para reducir la arbitrariedad en la toma de
decisiones de gobierno, por lo que su consecuencia inevitable será el
debilitamiento, la desestabilización y la deslegitimación del funcionamiento de
los mercados y de la vida social.
Existe un consenso amplio entre economistas en cuanto
a la importancia de las instituciones para el desarrollo económico y social, aunque
con opiniones distintas respecto de la importancia de las diferentes
instituciones; en todo caso, la protección de los derechos de propiedad siempre
aparece como una institución fundamental. Diversos estudios demuestran que el
crecimiento económico sostenible florece en aquellos países donde existen
instituciones que protegen el derecho a la vida, a la libertad individual y a
la propiedad.
Es decir, en aquellos lugares donde se respetan las
reglas del juego y donde el poder del gobierno está bien acotado, donde se
fomenta la competencia y se combaten las prácticas monopólicas, es donde los
agentes económicos se dedican a actividades productivas y a invertir, lo cual
consecuentemente genera un crecimiento económico estable y sostenido. Esos
lugares suelen ser también democracias consolidadas. El profesor Douglas North
(premio Nobel) sostiene que la democracia y el desarrollo económico se
refuerzan mutuamente a través de un entramado institucional en el que destaca,
como factor catalizador, la existencia de salvaguardias contra la desaparición física,
y contra la privación de la libertad y de la propiedad individuales.
Las acciones adoptadas por Maduro atacan directa y
mortalmente esas salvaguardias. Por un lado, la desaparición física y el
encarcelamiento de opositores al gobierno hacen que, aunque un país tenga
elecciones periódicas y multipartidarias, en la práctica no exista democracia.
En ese caso las elecciones son sólo una farsa que sirve a los gobernantes para identificar
el grado de lealtad (o deslealtad) de los distintos grupos de población y
distritos electorales.
Por otro lado, cuando los propietarios de empresas
(pequeñas, medianas o grandes) pueden ser sumariamente desaparecidos o
encarcelados, entonces la institución de la propiedad privada desaparece para
todo propósito práctico; y eso significa que cualquier esperanza de crecimiento
económico estable de largo plazo también desaparece.
La máxima degradación de cualquier gobierno ocurre cuando éste no sólo
ya no garantiza la libertad y la inviolabilidad de la persona como ciudadano y
como propietario, sino que es el propio gobierno quien viola esos principios.
Con ello devasta la democracia y arruina las posibilidades de desarrollo
económico y social. Venezuela nos presenta un ejemplo de cómo destruir un país.
Ojalá los guatemaltecos tengamos la prudencia de no caer en los mismos errores,
exigiendo a los líderes de todos los sectores del país, especialmente a los
líderes políticos, su compromiso irrestricto con la protección a la integridad
física y a la libertad (de locomoción, de expresión y de emprendimiento) de los
guatemaltecos.