La inversión no prospera en tierra incierta

 La inversión privada —nacional y extranjera— no depende solo de incentivos, discursos o promesas de crecimiento. Depende, sobre todo, de reglas claras, instituciones sólidas y previsibilidad. Allí donde la ley es ambigua, la justicia es errática o las decisiones públicas son discrecionales, la inversión se retrae, espera… o se va.

En esta columna, publicada originalmente en República dentro del espacio Compás Institucional, argumento que el principal obstáculo para el desarrollo económico de países como Guatemala no es la falta de capital, sino la debilidad institucional. Sin certeza jurídica, sin respeto efectivo a los contratos y sin un Estado que se autolimite, el riesgo percibido aumenta y el costo de invertir se vuelve prohibitivo.

La evidencia internacional es contundente: los países que crecen de manera sostenida son aquellos que ofrecen un “terreno firme” para invertir. No se trata de ideología, sino de incentivos. Y mientras no entendamos que fortalecer instituciones es una política económica de primer orden, seguiremos atrapados en un crecimiento mediocre y frágil.

👉 La versión original de esta columna fue publicada en República, como parte del espacio Compás Institucional.

https://republica.com/columna-de-opinion/la-inversion-no-prospera-en-tierra-incierta-20261258012

CRECER EN LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre global no justifica la inacción interna: para crecer más, hay que hacer reformas

Guatemala —siendo una economía pequeña y abierta— no decide los precios internacionales, pero sí puede decidir con qué reglas los afronta. Y esa distinción, que a veces se pierde en medio del ruido geopolítico, es crucial para entender el desafío que hoy plantea el crecimiento económico. Venimos de una secuencia de shocks poco habituales: pandemia, disrupciones logísticas, inflación global y un endurecimiento monetario sincronizado. A ello se suma hoy un mundo más fragmentado, con tensiones geopolíticas crecientes, tentaciones proteccionistas y un “nuevo orden” cada vez menos regido por reglas claras. Para países como el nuestro, que viven de comerciar, atraer inversión y generar confianza, el entorno externo es todo menos cómodo.

Aun así, todo indica que la economía guatemalteca continuará creciendo a un ritmo constante, aunque relativamente moderado, similar al de las últimas décadas. El problema no es tanto ese crecimiento coyuntural, como su techo estructural. Desde hace décadas, el país crece más lento que muchos de sus pares en otras latitudes, invierte menos que sus vecinos y casi no mejora su productividad. Y lo más preocupante es que la agenda de reformas —la única capaz de elevar ese techo estructural— sigue siendo débil, fragmentada o postergada indefinidamente.

En materia de políticas macroeconómicas, el contraste es evidente. La política monetaria ha preservado su disciplina y credibilidad. Hay más dudas con las finanzas públicas que, aquí y en buena parte del mundo, se expanden aceleradamente a fuerza de endeudamiento. Esa expansión del gasto, el deterioro de la calidad presupuestaria y la ausencia de reglas fiscales claras contribuyen a reducir los márgenes de maniobra del Estado. Reequilibrar la combinación de políticas es impostergable: una consolidación fiscal creíble debe reconstruir amortiguadores, sin sacrificar inversión pública prioritaria ni gasto social efectivo. No hacerlo es hipotecar el futuro para comprar tranquilidad presente.

Pero el crecimiento no se decreta desde el presupuesto. Depende, sobre todo, de las instituciones. Mejorar la gobernanza —fortalecer el Estado de derecho, elevar la eficacia del gobierno y enfrentar con seriedad al crimen organizado— no es un lujo moral, sino una condición para un buen desempeño económico. Sin reglas claras y cumplimiento creíble, la inversión se retrae o se encarece. Impulsar la inversión privada requiere, además, mejorar el clima de negocios, fomentar la competencia y abrirnos más al comercio internacional, no cerrarnos tras aranceles que encarecen insumos y castigan productividad. La inversión pública, por su parte, debe ser mejor ejecutada, más transparente y orientada a cerrar brechas reales, no a multiplicar proyectos políticamente rentables pero económicamente estériles.

Finalmente, crear empleos formales y elevar la productividad exige enfrentar la informalidad y modernizar el mercado laboral, incluso para adaptarse a tecnologías como la inteligencia artificial. Proteger el empleo del pasado no garantiza el empleo del futuro. Nada de esto ocurrirá si la clase política sigue atrapada en el cortoplacismo electoral. Las reformas que generan crecimiento no suelen dar réditos inmediatos, pero sí evitan el círculo vicioso de bajo crecimiento, frustración social y populismo. La incertidumbre global no es excusa para postergar reformas. Al contrario: es cuando el mundo se vuelve más incierto que las reglas internas deben volverse más sólidas. Guatemala no controla el nuevo orden mundial, pero sí puede decidir si quiere crecer dentro de él… o resignarse a padecerlo.

SALARIO MÍNIMO: MUCHO RUIDO, POCO DESARROLLO

Como todos los años, el Presidente fijó por decreto el salario mínimo, luego de que la comisión negociadora —empleadores y sindicatos— volviera a fracasar en su mandato legal de alcanzar un acuerdo. No es una anomalía: es la norma. Este año, el aumento fue menor al del año pasado, aunque superior a la inflación, lo que implica un incremento real del costo laboral para las empresas. Y, como todos los años, la decisión desató una avalancha de opiniones técnicas, políticas, ideológicas y sentimentales. En redes sociales, el debate adquiere tonos épicos, como si del salario mínimo dependiera el futuro del país. Y al final gastamos demasiada energía social discutiendo un tema que, aunque relevante, es secundario frente a los verdaderos desafíos del desarrollo económico de Guatemala.

Un dato basta para poner las cosas en perspectiva: cerca del 79% del empleo en Guatemala es informal. Son trabajadores que no reciben salario mínimo, no cotizan al IGSS ni pagan ISR. Para ellos, el salario mínimo es una cifra abstracta, ajena a su realidad cotidiana. El salario urbano promedio no supera los Q2,800 mensuales, precisamente porque una parte significativa del empleo se da fuera de relaciones laborales formales. Incluso dentro de empresas formales abundan esquemas de pago por tarea, por producto o por servicios facturados: construcción, comercio, servicios profesionales. Discutir el salario mínimo como si describiera el “salario típico” del país es, sencillamente, incorrecto.

 Discutir salarios es importante, pero no más importante que discutir productividad. Los salarios en Guatemala no son bajos porque los empresarios paguen “menos de lo justo”, sino porque la economía produce poco valor por trabajador. El salario no sale de un decreto ni de un discurso moral; sale de lo que se produce. La mayoría del empleo se genera en empresas pequeñas, con poco capital, baja tecnología y escasa escala. Cuando una empresa produce poco, no puede pagar salarios altos, aunque quiera. A esto se suma la falta de competencia por los trabajadores: en muchas regiones hay pocas empresas formales y pocas oportunidades reales de cambiar de empleo. Sin competencia, los salarios se estancan.

Subir salarios por decreto puede tener efectos positivos en casos puntuales. No lo niego. Pero cuando se hace sin respaldo en aumentos de productividad, suele traducirse en más informalidad, menos empleo o menor inversión. Un reciente artículo de The Economist fue claro al advertir que insistir en alzas automáticas del salario mínimo desvía la atención de reformas más profundas y efectivas. El problema de fondo no es solo el monto del salario mínimo, sino un mecanismo legal obsoleto, que incentiva decisiones políticas antes que técnicas, y una obsesión colectiva por discutir la distribución del ingreso sin hablar seriamente de cómo se crea.

Si de verdad queremos salarios más altos y sostenibles, la ruta es otra: más inversión, más empresas formales, más capacitación técnica, más competencia por el talento y más movilidad laboral. Primero hay que crear valor; luego se puede repartir mejor. Intentar hacerlo al revés es una ilusión que la región ya probó —y pagó— demasiadas veces. La productividad es difícil de explicar, difícil de medir y, ante todo, difícil de mejorar. Pero es ineludible: la única forma sostenible de elevar el nivel de vida de un país es producir más con los mismos recursos. No hay atajos. Tal vez ya sea hora de bajar el volumen del debate anual sobre el salario mínimo y usar esa energía —escasa y valiosa— para hablar en serio de cómo hacer a Guatemala más productiva.