LECCIONES REGIONALES PARA ATRAER INVERSIÓN

La región ofrece señales claras sobre qué funciona —y qué no— para atraer inversión extranjera

Guatemala sigue siendo la mayor economía de Centroamérica, pero no la más exitosa atrayendo inversión extranjera directa -IED-. Mientras Panamá y Costa Rica captan cerca de la mitad de toda la IED que viene a Centroamérica, Guatemala apenas rasca los US$1,500 millones anuales. La región centroamericana ofrece lecciones valiosas sobre qué factores impulsan o ahuyentan la inversión.

Panamá, por ejemplo, convirtió su Canal y su plataforma logística en imanes de capital. Durante años recibió montos elevados de IED, atraídos por sus instituciones relativamente sólidas y un sector financiero dinámico y confiable. Sin embargo, la abrupta decisión judicial de cerrar la mina Cobre Panamá en 2023, dañó severamente su credibilidad y certeza jurídica. Desde entonces, la IED no ha recuperado sus niveles previos. El mensaje es claro: incluso un país con reputación favorable puede perder atractivo cuando se daña la certeza jurídica.

Costa Rica, por su parte, construyó un modelo exitoso basado en zonas francas, manufactura avanzada e instituciones creíbles. La estabilidad económica y un marco jurídico confiable han sido sus principales ventajas competitivas. Pero también enfrenta riesgos: la concentración de la IED en nichos muy específicos y la creciente incertidumbre comercial internacional. Aun así, los ticos siguen teniendo el caso más exitoso en cuanto a atracción de inversiones. La lección es contundente: instituciones fuertes y un clima de negocios predecible son activos más valiosos que cualquier paquete de incentivos.

Nicaragua, por su parte, es un caso paradójico: el país atrae montos significativos de IED, pero a un costo elevado. La discrecionalidad política, los privilegios otorgados por razones no técnicas y la concentración de inversiones mineras de cuestionable reputación explican los números aparentemente exitosos, pero también muestran la fragilidad de un modelo basado en los caprichos de su régimen político. No se trata de una estrategia replicable para un país que aspire a un desarrollo sostenido, estabilidad y previsibilidad.

Honduras y El Salvador comparten un problema común: la escasa certeza jurídica. Honduras oscila entre privilegios y regulaciones que cambian como una veleta con los vientos electorales. El Salvador, pese a mejoras recientes en materia de seguridad ciudadana y esfuerzos puntuales por atraer turismo, no despega debido a la debilidad de su marco institucional y su dependencia de la voluntad de su hombre fuerte. El FMI ha sido claro con ambos: sin gobernanza, competencia leal y reglas claras, la inversión no llega.

¿Y Guatemala? Paradójicamente, tiene ventajas que muchos vecinos envidiarían: estabilidad macroeconómica, sistema financiero sólido, economía diversificada y acceso preferencial a mercados. Pero carece de lo esencial: instituciones confiables, infraestructura moderna, protección efectiva de los derechos de propiedad y un marco regulatorio estable. El resultado es previsible: escasea la inversión extranjera.

Las lecciones de la experiencia regional muestran que no existen atajos. La IED responde, crucialmente, a la calidad institucional: certeza jurídica, Estado de derecho, reglas claras para las inversiones, eficiencia pública, infraestructura y capital humano adecuado. Todo lo demás —incentivos fiscales, promoción internacional, tratados comerciales— ayuda, pero no sustituye lo fundamental, que pasa por fortalecer la gobernanza, modernizar el Estado y recuperar la confianza. Es allí donde lograremos atraer la inversión que permita romper nuestro círculo vicioso de bajo crecimiento y lento desarrollo.

PROPIEDAD, INSTITUCIONES Y DESARROLLO REAL

Los derechos de propiedad solo rinden si están protegidos por un marco institucional efectivo

En el reciente evento organizado por el Observatorio de Derechos de Propiedad, tuvimos el privilegio de dialogar con el economista peruano Hernando De Soto, fundador del Instituto para la Libertad y la Democracia, y con Lorenzo Montanari, director ejecutivo de la Property Rights Alliance. Del encuentro pueden derivarse importantes lecciones en torno a un tema central para el desarrollo del país y el ordenamiento del Estado: la relación entre los derechos de propiedad y el fortalecimiento institucional. De Soto ha recordado durante décadas que muchos países en desarrollo están llenos de activos que no “existen” legalmente: viviendas, parcelas, talleres, negocios familiares sin títulos formales. Son —en sus palabras— capitales muertos, riquezas que no pueden servir de garantía, que no se pueden vender ni invertir y que, por tanto, permanecen improductivas.

Montanari presentó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025, en el que Guatemala aparece rezagada en casi todos sus componentes: entorno legal, derechos de propiedad física, protección de la propiedad intelectual y capacidad del Estado para hacer cumplir la ley. Ese rezago no es una simple estadística: se traduce en menor inversión, baja productividad y escasa movilidad social. Los países con instituciones sólidas que garantizan la propiedad tienden a registrar también mayor innovación, menor desigualdad y más oportunidades reales de progreso para sus ciudadanos

Los derechos de propiedad son herramientas esenciales para el desarrollo económico. Saber que lo que uno posee está protegido permite asumir riesgos, emprender, e innovar. En cambio, la incertidumbre sobre la tenencia, la lentitud judicial o la arbitrariedad administrativa generan desconfianza, informalidad y pobreza. Desde una óptica liberal, la propiedad es el punto de partida de la responsabilidad individual y del dinamismo productivo.  Su protección requiere de instituciones capaces de hacer operativa la ley. No se trata de aprobar más normas, sino de lograr que los registros funcionen, los jueces resuelvan con rapidez y las reglas no cambien según el capricho político.

En este contexto, el fortalecimiento institucional resulta clave. El Ejecutivo debe modernizar los registros, digitalizar trámites y reducir burocracia para facilitar la formalización y la transabilidad de los activos. El Organismo Judicial necesita tribunales especializados, independientes y ágiles que garanticen la certeza jurídica. Y el Legislativo debe aprobar un marco estable y previsible que resista la tentación populista de debilitar la propiedad privada.

En la práctica, Guatemala podría avanzar mediante la formalización de activos con programas que combinen titulación, interoperabilidad de registros y acceso al crédito; mediante la medición del desempeño institucional: tiempos registrales, eficacia judicial y capacidad del sistema para convertir títulos en capital transable; y, mediante la promoción de la transabilidad real de los bienes, porque solo cuando la propiedad puede usarse, venderse o servir de colateral se convierte en motor de desarrollo.

El desafío no es solo técnico; es político e institucional. La protección de los derechos de propiedad debe ser una política de Estado, pues donde hay certeza jurídica florecen la inversión, el ahorro y la innovación. Guatemala tiene una gran reserva de capital dormido que solo despertará si el Estado garantiza derechos de propiedad claros, defendibles y transables. La prosperidad no surge de decretos, sino de la certeza de saberse dueño de lo propio y de poder usarlo para construir futuro.