POCA AMBICIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 2025

TANTO EN EL CONGRESO COMO EN EL EJECUTIVO PARECEN DECANTARSE POR OBTENER VICTORIAS FÁCILES

La semana pasada se revelaron las que podrían ser las agendas prioritarias del Congreso y del Ejecutivo para 2025. En el Legislativo trascendió que, por ahora, las principales bancadas acordaron una agenda mínima que incluye la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Cooperativas, una ley de incendios forestales, y las reformas a le Ley de Tarjetas de Crédito. Además, el presidente del Congreso agregó algunas iniciativas cuya inclusión en la agenda está avanzando: una ley de medicamentos, una ley para la portabilidad numérica de los teléfonos celulares, la Ley de Cine, una ley contra la violencia en el sistema educativo, una ley para sancionar la trata de personas en el sistema penitenciario y una ley de acceso a la tecnología educativa. 

Aunque esta agenda incluye alguna ley interesante, la misma dista mucho de ser ambiciosa. Las iniciativas incluidas parecen buscar “quick wins” políticos que signifiquen (o aparenten) logros legislativos a la vista de los votantes; pero no deja de decepcionar que no se estén considerando reformas orientadas a mejorar la eficiencia del Estado y de sus instituciones. La ausencia de propuestas para reformar el sistema de justicia, el sistema de control del gasto público, el sistema de servicio civil, el proceso presupuestario o el propio sistema electoral deja un vacío en la agenda legislativa y muestra una falta de conciencia sobre las transformaciones estructurales que el país necesita.

Por su parte, el Ejecutivo también hizo públicas sus prioridades de política pública al incluir en su informe anual al Congreso un capítulo que describe “la futura cosecha” que pretende impulsar en 2025. En educación, prioriza el mantenimiento de la infraestructura escolar, la contratación de docentes y el programa de alimentación escolar. En salud, ampliar la cobertura de servicios y aplicar un modelo eficiente de abastecimiento de medicamentos. Ofrece profundizar la iniciativa "Mano a Mano" (empleo temporal, vivienda, distribución de alimentos) y fortalecer la agricultura familiar, así como mantener las transferencias monetarias condicionadas.

En política económica ofrece fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la calificación de riesgo-país, al tiempo que se optimiza el gasto público. Asimismo, prioriza el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la modernización del sistema penitenciario. Busca mejorar la eficiencia en la administración pública mediante plataformas tecnológicas e impulsar medidas ambientales centradas en la gestión del agua y la conservación de cuencas. Y en el campo internacional se enfoca en la protección a los migrantes.

Así, también en el caso del Ejecutivo se vislumbra una agenda relativamente poco ambiciosa. En particular, brillan por su ausencia dos cuestiones cruciales en las prioridades de políticas públicas que deberían ser los “buques insignia” del gobierno para 2025: el combate a la desnutrición infantil y una estrategia integral de lucha contra la corrupción. La desnutrición infantil es el elefante en la cristalería del que nadie quiere hablar y que ha sido injustificadamente ninguneado durante décadas por los distintos gobiernos; eso debería cambiar radicalmente. Y el combate a la corrupción es la bandera con la que el actual gobierno hizo campaña y, presumiblemente, la razón por la cual los votantes lo eligieron para gobernar. Los avances en este campo son aún muy pocos. Se necesita una política integral de fomento a la transparencia que no se base solo en la buena voluntad y la ética de los funcionarios públicos, ni solo en la veleidosa apuesta de la persecución penal.

 

REVITALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA QUE NO SIGAN DISPERSAS Y POSTERGADAS, ES NECESARIO FOCALIZARLAS Y PRIORIZARLAS

Al empezar un nuevo año conviene reflexionar sobre la necesidad de focalizar y priorizar las políticas públicas que son indispensables para impulsar el desarrollo y el bienestar, pero que tradicionalmente suelen encontrarse dispersas y postergadas en la agenda gubernamental. En primer lugar, habría que empezar por aquellas políticas centradas en mejorar el ingreso de los más pobres: el elefante en la cristalería (sobre el que pareciera que nos da vergüenza hablar) son los indicadores de pobreza en el país, incluyendo -especialmente- los relacionados con la desnutrición.

El foco aquí pasa tanto por evitar (mediante políticas monetarias y fiscales disciplinadas) que la inflación carcoma los escasos ingresos de los pobres, como por erradicar la desnutrición infantil. Parece mentira que a ningún gobierno se le haya ocurrido establecer un fondo específico (transparente y eficientemente gestionado) contra la desnutrición. Ello sería más eficaz que el manido recurso populista de repartir subsidios y transferencias (que no necesariamente llegan a los más pobres) sin percatarse de que la pobreza no puede combatirse sosteniblemente regalando recursos públicos, sino propiciando las condiciones adecuadas para generar empleo y riqueza.

En segundo lugar, las políticas públicas deberían concentrarse en mejorar los servicios públicos básicos: seguridad y justicia, educación básica, salud preventiva y primaria, e infraestructura pública. Los recursos estatales son escasos y, por lo tanto, no pueden destinarse a satisfacer las infinitas necesidades de la sociedad (ni a los infinitos caprichos de los políticos), sino que deben focalizarse prioritariamente en la provisión eficaz de dichos servicios públicos básicos.

En tercer lugar, las políticas públicas deberían focalizarse en aumentar la productividad sistémica del país; la productividad es la piedra fundamental para lograr un crecimiento económico más acelerado, sostenible y conducente a una mejora en las condiciones de vida de todos los guatemaltecos. Y la base para aumentar la productividad es lograr un orden económico en el que el imperio de la ley dé la certeza necesaria para que las interacciones (económicas, sociales y culturales) se desarrollen con eficiencia.

Lo anterior requiere, a su vez, de gobiernos eficientes (tanto a nivel local como nacional), de manera que, en cuarto lugar, las políticas públicas deberían priorizar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de esos gobiernos, empezando por luchar decididamente contra la corrupción. Para ello no basta con lindos discursos o buenas intenciones; ni siquiera basta con poner a funcionarios probos a cargo de las entidades estatales. El cáncer de la corrupción es tan insidioso, que combatirlo requiere, ante todo, de reformas institucionales (de la Contraloría de Cuentas, de presupuesto, del Servicio Civil, del proceso legislativo, del sector justicia y del sistema electoral) que implican difíciles batallas políticas que deben acometerse con valentía y perseverancia.

Finalmente, las políticas públicas deben mantener un enfoque de apertura y agilidad de cara al resto del mundo, especialmente ahora que a nivel mundial están avanzando de forma amenazadora propuestas proteccionistas, xenófobas, nacionalistas y aislacionistas que pueden repercutir negativamente en nuestra economía. Es menester prepararse para contrarrestarlas y resistirlas, tanto mediante una política exterior audaz y firme, como mediante políticas internas prudentes que preserven la resiliencia y estabilidad que nuestra economía ha logrado construir en las últimas décadas.