NO HAY GASTO MÁGICO SIN INSTITUCIONES FUERTES

Intentar acelerar obras sin reformar el Estado es como inyectarle aire a un globo pinchado

La semana pasada participé en un programa radial de opinión en el que discutimos la situación del gasto del gobierno, incluyendo su transparencia, velocidad y calidad de ejecución. En la entrevista insistí en la idea de que incrementar el gasto público en infraestructura solo impulsará el desarrollo si el aparato estatal está a la altura del desafío. Los datos lo confirman: aunque al primer semestre de 2025 el gobierno alcanzó una ejecución presupuestaria superior a la de los dos gobiernos anteriores en el mismo periodo, ese aumento no se tradujo en inversión real: solo se ejecutó el 30.1% del gasto de inversión. La inversión pública no despega mientras el gasto de funcionamiento absorbe más del 70% del gasto ejecutado.

Es cierto que existen razones legítimas que explican por qué al gobierno le cuesta ejecutar su presupuesto; pero reconocerlas no significa claudicar del compromiso de mejorar la calidad y cantidad de los servicios públicos. El lento ritmo del gasto refleja la persistencia de tres lastres: corrupción enquistada en el aparato estatal, un servicio civil con escasa capacidad y sin incentivos adecuados, y funcionarios paralizados por el temor a una justicia disfuncional y politizada. La tentación de buscar “atajos” para tratar de superar esos obstáculos –como la iniciativa de “Ley de agilización de la inversión pública”— es fuerte, pero equivale a renunciar a reformar los problemas de fondo. Ese es el riesgo: sacrificar la esperanza de una transformación duradera del aparato estatal en nombre de resultados inmediatos que, sin una institucionalidad sólida, nunca llegan a realizarse o, simplemente, se dilapidan.

"No basta simplemente con hinchar el presupuesto del Estado"

Y es que no basta simplemente con hinchar el presupuesto del Estado. Aquí aplica el viejo axioma neoclásico: si la cadena productiva es defectuosa, meter más insumos solamente genera más desperdicio. En el océano de gastos que atraviesa nuestro Estado, sin controles, sin capacitación, sin incentivos y sin supervisión, el dinero se evapora o se convierte en obras incompletas, sobrevaloradas o fuera de tiempo.

Existen, empero, algunas salidas pragmáticas que podrían explorarse para acelerar el gasto y mejorar su calidad sin recurrir a atajos simplistas. A corto plazo, como lo planteamos en una columna anterior, es factible crear fondos específicos de propósito especial enfocados en temas clave (infraestructura, electrificación, nutrición) y diseñados con una gobernanza ágil, transparente y responsable. Esa arquitectura aislaría proyectos estratégicos del ruido burocrático que los retrasa o desvirtúa. También es viable acudir a convenios con actores internacionales —como el acuerdo al que llegó el gobierno con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. para rescatar la actividad portuaria en la Costa Sur— que permitan apalancar capacidades externas y sistemas con resultados probados.

La clave de un gasto público más eficaz está más bien en las reformas estructurales que el país demanda desde hace años: fortalecer el servicio civil, profesionalizar la supervisión de obra pública, modernizar el sistema de contrataciones e institucionalizar la transparencia y rendición de cuentas. Estas reformas no son políticamente fáciles ni ofrecen réditos inmediatos, pero son imprescindibles y eficaces. Hoy, la administración electa por su promesa de cambio y combate a la corrupción enfrenta una encrucijada: tomar el camino fácil del atajo con fines electoreros, o apostar por una reforma con visión de Estado. De lo que decida dependerá si el gasto público deja de ser un globo pinchado y se convierte en trampolín de desarrollo real.

LAS REGLAS DEL JUEGO SÍ IMPORTAN

 Las inversiones no llegan por decreto: se construyen con certeza, instituciones y visión de largo plazo

La semana pasada participé como panelista en un foro organizado por FUNDESA sobre los habilitadores para atraer inversión extranjera directa a Guatemala. Fue una oportunidad valiosa para reflexionar, desde la perspectiva del entorno institucional, sobre por qué Guatemala no crece más rápido, ni recibe los flujos de inversión que su ubicación y estabilidad merecerían. En el panel me tocó comentar dos aspectos clave para la generación de inversiones: el estado de nuestro sistema de justicia y la calidad de nuestras políticas públicas; dos temas que suelen estar en la última página del PowerPoint, pero que deberían ocupar la primera.

Empecemos por lo primero. La inversión, tanto nacional como extranjera, es un acto de confianza. Y esa confianza depende, en buena medida, de la existencia de un sistema de justicia independiente e imparcial, pronta y cumplida, profesional y eficiente. Sin certeza jurídica, no es posible que se produzca una inversión sostenida. Y sin inversión, no hay desarrollo económico ni generación de empleo. No se trata únicamente de combatir la corrupción o despolitizar el sistema. Se trata de rediseñar su arquitectura institucional: de garantizar independencia mediante una mejora sólida y precisa de la forma en que se eligen y permanecen los jueces; de asegurar su profesionalismo con una verdadera carrera judicial; y de blindar al sistema contra capturas e injerencias por parte de grupos de interés externos.

Sin embargo, una reforma estructural puede tomar tiempo en llegar; en el ínterin, urge fortalecer mecanismos alternativos de solución de controversias. Al respecto, existen esfuerzos que han venido promoviendo una reforma integral a la Ley de Arbitraje. Esta modernización se enfoca en adoptar estándares internacionales, acortar los tiempos de resolución de disputas y ofrecer un canal confiable, ágil y menos politizado para resolver conflictos mercantiles y de otra índole. El Organismo Judicial ha manifestado su anuencia para respaldar una iniciativa para reformar y modernizar la vía del arbitraje para la resolución de disputas, lo cual es alentador. Ello no solo contribuirá a descongestionar los tribunales ordinarios, sino que puede enviar una señal positiva a los inversionistas de que en Guatemala hay voluntad de modernizar las reglas del juego.

La inversión no ocurre por decreto. Se construye sobre confianza y reglas claras

Pero no basta con reformar leyes. También es indispensable que las políticas públicas —las decisiones cotidianas del Estado— estén alineadas con los principios de transparencia, participación y responsabilidad institucional. Hoy en día, muchas decisiones públicas en Guatemala aún se toman bajo lógicas clientelares, con escasa planificación, débil rendición de cuentas y mínima evaluación de resultados. Eso limita tanto la calidad del gasto como la efectividad de las inversiones públicas. La inversión no ocurre por decreto. Se construye sobre confianza, instituciones funcionales, reglas claras y una visión de largo plazo. Como lo han reiterado expertos y agencias calificadoras: la debilidad estructural de Guatemala no es macroeconómica, sino institucional.

Si queremos atraer inversión que transforme, necesitamos un Estado que funcione. Y para ello, se requiere algo más que promesas: se necesita continuidad en las reformas, voluntad política para enfrentar intereses enquistados y una ciudadanía que exija resultados. Guatemala tiene potencial. Pero el potencial no basta: hay que liberar su energía productiva con las reglas correctas, instituciones fuertes y una brújula de largo plazo. De eso se trata, al final, la inversión: de apostar por un país donde valga la pena quedarse.

¿DEUDA PARA QUÉ?

No basta con discutir si el endeudamiento fue oportuno. Lo crucial es para qué se usará el dinero

En los últimos días ha cobrado notoriedad mediática una polémica sobre si fue o no adecuada la reciente colocación de bonos del Tesoro por parte del gobierno guatemalteco. Unos alegan que fue inoportuna: ¿para qué endeudarse —y en condiciones no precisamente favorables— si hay una baja ejecución del presupuesto y miles de millones guardados en caja? Otros, en cambio, argumentan que la colocación cumple con lo aprobado por el Congreso y que es sensato aprovechar la buena reputación del país en los mercados internacionales para financiar el déficit a tiempo.

Pero, aunque interesante, este debate es apenas un espejismo que desvía la atención de la pregunta realmente importante: ¿para qué quiere el gobierno un presupuesto tan grande y en qué lo está gastando? La enorme magnitud del endeudamiento público que ahora está en proceso de colocación (y que fue previamente aprobado por el Congreso), solo tendría sentido si el destino del gasto público estuviera alineado con un conjunto de prioridades estratégicas y si su ejecución fuera eficaz, transparente y transformadora.

Desafortunadamente, no es ese el caso. El presupuesto vigente repite los vicios de siempre: excesivas asignaciones para consejos de desarrollo y municipalidades —históricamente opacos y poco eficientes—, transferencias millonarias a entidades como la Universidad de San Carlos sin mecanismos de rendición de cuentas, y una constelación de ONGs beneficiadas con recursos públicos sin una clara justificación ni seguimiento. Más que una hoja de ruta para el desarrollo, el presupuesto parece una herramienta para apaciguar alianzas políticas y repartir favores clientelares.

Lo paradójico es que, pese a tener dinero suficiente, el gobierno lo está ejecutando con una lentitud desesperante: a junio de 2025 el porcentaje de ejecución era incluso más bajo que al mismo mes del año anterior, por lo que el gobierno acumula varios miles de millones “guardados” como saldo de caja sin ejecutar. Y es allí donde, contra toda lógica usual, podría abrirse una ventana de oportunidad: si ya se están colocando los bonos del Tesoro, si se acumulan ingentes saldos de caja, y si el gasto regular avanza a paso de tortuga, podría aprovecharse este impasse para redirigir esos recursos hacia fines verdaderamente productivos, mediante Vehículos Financieros de Propósito Especial -VFPE-.

Estos fondos específicos -VFPE- podrían crearse por ley y ser dotados de un mandato y una gobernanza que les permitiría ejecutar los recursos de una manera eficaz y transparente, alejándolos de los mecanismos tradicionales burocráticos y clientelares del Estado, y destinarlos a programas estratégicos y de impacto en el desarrollo del país, con reglas claras de ejecución y de rendición de cuentas. La experiencia internacional y los propios estudios del FMI señalan que los déficits fiscales son aceptables, únicamente si son temporales, focalizados en inversión estratégica y ejecutados con transparencia. El problema no es, pues, solo cuándo o cómo se colocan los bonos, sino en qué se gasta lo que se percibe.

Guatemala tiene la posibilidad, hoy, de crear estos instrumentos -VFPE- para atender con urgencia al menos tres prioridades de alto impacto económico y social: inversión en infraestructura vial, combate a la desnutrición infantil e inversión en generación y distribución de energía. Esos tres son los frentes donde el dinero público, si se usa bien, puede mover la aguja del desarrollo. Pero si no se aprovecha esta coyuntura, corremos el riesgo de que el endeudamiento termine siendo más de lo mismo: deuda cara para un gasto mediocre.

EL FALSO ENCANTO DEL PROTECCIONISMO

El proteccionismo seduce a los políticos populistas, pero empobrece a sus países

El auge del proteccionismo es uno de los signos más alarmantes de nuestro tiempo. Lo vemos en Estados Unidos, con la guerra arancelaria desatada por su gobierno; en Europa, donde el nacionalismo comercial gana adeptos; y también en América Latina, donde ciertos liderazgos han resucitado viejos prejuicios contra el libre comercio. Guatemala no está inmune a esa tendencia. En este contexto de hostilidad hacia la globalización, debemos recordar por qué el proteccionismo ha sido, históricamente, una receta fracasada.

El proteccionismo parte de una premisa intuitivamente atractiva, pero económicamente equivocada: que un país es más fuerte si produce todo lo que consume, y que al cerrar su mercado protege el empleo local. Esta lógica —heredera del mercantilismo— es la favorita de los líderes populistas, porque simplifica los dilemas económicos y apela al nacionalismo. “Compremos nacional”, “defendamos lo nuestro”, “recuperemos empleos”... son los slogans que suenan bien, pero que funciona mal.

Adam Smith explicó claramente, hace 250 años, que ninguna familia sensata se empeña en fabricar por sí misma todo lo que necesita si puede conseguirlo mejor y más barato mediante el intercambio en el mercado. Si una familia sensata no lo hace, ¿por qué debería hacerlo una nación? Cuando los países comercian libremente, cada uno se especializa en lo que produce mejor y, al final, todos ganan. Por el contrario, las barreras comerciales (aranceles, cuotas y licencias) reducen la eficiencia, elevan los precios y frenan la innovación. La historia presenta ejemplos claros: las Leyes del Maíz en la Inglaterra del siglo XIX encarecieron el pan y empobrecieron a los trabajadores; hoy, los aranceles al acero y al aluminio en los Estados Unidos encarecen la producción de autos y electrodomésticos, destruyen más empleos de los que salvan y hacen que todos —excepto unos pocos productores protegidos— salgan perdiendo. El proteccionismo no crea riqueza: reparte miseria y destruye el futuro.

Los países en desarrollo, como Guatemala, tienen aún más que perder. Nuestro crecimiento depende de que nos integremos a los mercados globales. El proteccionismo de las grandes potencias nos castiga doblemente: limita nuestras exportaciones y encarece nuestras importaciones. Pero, ante la avalancha de proteccionismo en el planeta, sería un error de nuestra parte responder con las mismas armas; levantar muros arancelarios aquí no defenderá nuestra economía: solo empobrecería a los consumidores y aislaría a nuestros productores. Debemos resistir la tentación de responder con represalias. Más bien, es hora de redoblar nuestra apuesta por la apertura económica, por el fortalecimiento institucional y por la competitividad. Eso significa activar una política de apertura comercial, negociar inteligentemente nuestros acuerdos comerciales, mejorar la infraestructura, reducir trámites, atraer inversión y diversificar exportaciones.

El libre comercio no es perfecto, pero es el mejor camino para expandir la prosperidad. Es un camino desafiante que requiere ajustes y políticas compensatorias inteligentes, sí, pero no debe ser abandonado cada vez que sopla el viento del populismo. Guatemala debe estar alerta: el proteccionismo es una enfermedad contagiosa que se disfraza de patriotismo, pero que carcome la productividad, la inversión y el empleo. Hay que decirlo con claridad: el proteccionismo es popular, pero es ignorante. Y si queremos conjurar su amenaza, debemos defender —sin complejos— los principios de la economía abierta. Porque cuando el comercio retrocede, el bienestar también lo hace.

ENTRE RISAS Y REZAGOS

Guatemala sonríe más de lo que progresa… y eso debería preocuparnos

En semanas anteriores, mientras el país celebraba la clasificación de la selección de fútbol a la siguiente ronda, pasaron relativamente desapercibidas dos publicaciones que nos confrontan con una realidad menos festiva. Se trata del más reciente Reporte de Felicidad Mundial y del nuevo Índice de Desarrollo Humano (IDH), que contienen datos reveladores sobre Guatemala y —más allá de su interés técnico— ofrecen pistas valiosas sobre las prioridades que deberíamos adoptar como sociedad.

El primero evalúa el nivel de satisfacción con la vida en 146 países, con base en una encuesta que se realiza a nivel global. Guatemala ocupa el puesto 44 a nivel mundial, y el noveno en América Latina, superada por países como Costa Rica, México y Uruguay. Aunque seguimos ubicados por encima de la media global, lo cierto es que en apenas cuatro años descendimos 14 posiciones, desde el lugar 30 en 2021.

Resulta llamativo que, a pesar de los bajos niveles de ingreso, seguridad o escolaridad, los guatemaltecos seguimos reportando una vida razonablemente satisfactoria. Esto se explica, en parte, por nuestras sólidas redes familiares y comunitarias: comemos juntos, ayudamos al vecino, donamos generosamente. De hecho, Guatemala aparece en el lugar 20 en el subíndice de donaciones. Pero cuando se trata de confiar en extraños, policías o instituciones, nos hundimos al fondo: puesto 127. Esa mezcla de calidez interpersonal y desconfianza estructural es, sin duda, muy chapina.

El segundo informe, el IDH, mide aspectos más tangibles: esperanza de vida, escolaridad y nivel de ingresos. Guatemala aparece en la posición 137 de 193 países, apenas dos puestos mejor que el año anterior. Estamos entre los rezagados de América Latina, por delante solo de Honduras y Haití. Aunque ha habido progreso desde los años noventa, hoy el avance está estancado. Y si se ajusta por desigualdad, nuestro índice cae una cuarta parte.

Somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo

En resumen: somos felices para nuestro ingreso, pero pobres para nuestro nivel de optimismo. Esta paradoja chapina se sintetiza en una frase: sonreímos mucho, pero progresamos poco. Una paradoja que debería alarmarnos pues, si no hacemos algo, podríamos quedarnos atrapados en esa cómoda pero engañosa sensación de optimismo.

Ambos índices apuntan a los mismos nudos: baja inversión en capital humano, servicios públicos de mala calidad y un entorno institucional que genera mucha desconfianza. Romper esa trampa requiere más que crecimiento económico: exige que el Estado invierta mejor en su gente. Tres áreas son prioritarias. Primero, nutrición y primera infancia: se debe duplicar la inversión en los primeros mil días, pues un niño bien nutrido aprende más, gana más y vive mejor. Segundo, educación de calidad: hay que dejar de contar aulas y comenzar a medir aprendizajes, mejorar capacidades docentes, formación continua y evaluaciones serias. Tercero, confianza institucional: cuando las reglas se cumplen y la ley se aplica, florecen la economía y el bienestar.

En la columna anterior destacamos la resiliencia de nuestra economía, pero esa resiliencia no basta si el progreso no se traduce en vidas más largas, más educadas y plenas. No basta con tener amortiguadores macroeconómicos si seguimos condenando a la gente a la informalidad, la malnutrición o la desconfianza crónica. Guatemala se caracteriza porque su gente quiere salir adelante, confía en su círculo cercano, y enfrenta la adversidad con una sonrisa. Pero hace falta que esa sonrisa venga acompañada de capacidades reales y oportunidades efectivas. Solo entonces seremos, al mismo tiempo, felices y desarrollados.

LA APUESTA POR TAIWÁN

 Nuestra relación con Taiwán sigue siendo estratégica, si sabemos cómo aprovecharla

La reciente visita del presidente Bernardo Arévalo a Taiwán ha reavivado un viejo debate: ¿le sigue conviniendo a Guatemala mantener relaciones diplomáticas con Taipéi, en vez de ceder a la seducción —comercial y política— de la China continental?

Cada vez más países han abandonado a Taiwán para alinearse con Pekín. Hoy, solo doce naciones en todo el mundo reconocen a la isla como Estado soberano. Guatemala es, por mucho, la más grande y relevante entre todas ellas. Su PIB más que duplica al de Paraguay —el segundo país en importancia de los que reconocen a Taiwán— y su peso demográfico lo triplica. En ese reducido club, somos la joya de la corona.

Pero Pekín presiona. A cambio del reconocimiento diplomático, ofrece grandes obras —estadios, carreteras, puertos—, promesas de inversión, condonación de deuda, y acceso a su colosal mercado. Muchos de nuestros vecinos ya han sucumbido a esas ofertas; pero los resultados concretos, más allá de las fotos inaugurales y los titulares mediáticos, no han sido tan espectaculares como se esperaba. En algunos casos, las obras prometidas se han demorado, han sido de baja calidad, o han generado nuevas dependencias financieras.

En cambio, Guatemala ha sido un socio leal de Taiwán durante décadas. Sin embargo, no ha sabido capitalizar esa relación como debería. Mientras, por ejemplo, Lituania —que ni siquiera tiene plenas relaciones diplomáticas con Taipéi— ya recibió un fondo taiwanés de inversión por US$200 millones, Guatemala apenas si ha rascado la superficie del potencial de cooperación con la isla. Podríamos aprovechar su experiencia institucional —por ejemplo, en servicio civil, educación tecnológica, y sistemas electorales—, profundizar el comercio, o negociar un fondo de inversión bilateral, administrado con transparencia, para infraestructura productiva o innovación digital.

Y no se trata solo del evidente interés que Taiwán debería tener en mantener a Guatemala de su lado. También Estados Unidos (nuestro principal socio comercial y policía regional), que percibe con alarma la creciente presencia de China en América Latina, valora mucho que Guatemala mantenga esa alianza estratégica. En un tablero geopolítico donde se juegan las tensiones más importantes del siglo XXI —incluyendo el futuro del Indo-Pacífico, la seguridad cibernética, y el control de las cadenas de suministro tecnológicas—, nuestro país puede desempeñar un rol diplomático relevante. No por nuestro peso militar o económico, sino por nuestra ubicación estratégica, nuestra trayectoria y nuestra lealtad diplomática, que es observada con atención desde Washington.

Nuestra relación con Taiwán sigue siendo una apuesta que conviene

Algunos analistas “pragmáticos” aconsejan a Guatemala cambiar de bando y ceder a la seducción y a las amenazas -veladas o explícitas- de China. Pero ¿y si algún día Taiwán y China deciden, a su manera, reencontrarse como partes de una misma nación? Esa posibilidad, aunque quizá no tan cercana, existe. En tal caso, Guatemala no saldría perdiendo si ha jugado el papel de aliado prudente, coherente y respetuoso. China —que valora la continuidad, el honor y la palabra empeñada— sabrá apreciarlo. No sería la primera vez que la diplomacia oriental premia la paciencia y la fidelidad.

Claro que esta ruta entraña riesgos. Pero mientras Taiwán siga existiendo como actor internacional con autonomía, nuestra relación con esa isla comprometida con la democracia, tecnológicamente sofisticada y firmemente aliada de Occidente, sigue siendo una apuesta que conviene —por principios y por estrategia— mantener. Eso sí: es una apuesta que solo vale la pena jugar si la sabemos cobrar bien.

CUANDO EL CRIMEN CAPTURA EL FUTURO

El crimen organizado corroe la economía, captura al Estado y debilita la democracia

El crimen organizado no es ya solo un problema de seguridad, sino que se ha convertido en una amenaza sistémica para el desarrollo económico, la institucionalidad democrática y la convivencia social en Guatemala. Las evidencias son alarmantes. Las organizaciones criminales han extendido su control territorial en regiones sin presencia estatal efectiva, han penetrado redes de financiamiento electoral y han tejido nexos con estructuras políticas que les garantizan impunidad. Tal y como lo vienen advirtiendo diversos analistas y entidades especializadas en la materia, Guatemala corre el riesgo de seguir el camino de otros países latinoamericanos donde las redes criminales se consolidan al amparo de un Estado debilitado, una sociedad fragmentada y una economía capturada. Esta no es una amenaza abstracta: ya estamos viendo abundantes casos de políticos bajo investigación por vínculos con narcotráfico, regiones enteras del país bajo dominio criminal, y un sistema judicial que ha perdido capacidad de respuesta.

La urgencia de actuar es enorme, como lo evidencia un reciente estudio del Banco Mundial (Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe), en el que se estima que el crimen y la violencia pueden costarle a un país hasta 8% de su PIB. La inversión se retrae, los negocios se encarecen por extorsiones y sobornos, y los costos de seguridad privada desplazan recursos productivos. Además, el crimen debilita la legitimidad de las instituciones: socava la confianza en la justicia, favorece la justicia por mano propia y erosiona el Estado de derecho. Pero el impacto más corrosivo del crimen organizado es político: infiltra partidos, financia campañas, captura gobiernos locales y distorsiona las prioridades del Estado. La debilidad institucional —reflejada en una justicia ineficiente, una policía desbordada y un sistema político disfuncional— facilita esa captura. Por eso, la lucha contra el crimen no puede limitarse al ámbito policial: requiere una estrategia nacional de reconstrucción institucional.

Combatir al crimen organizado es una prioridad de desarrollo, no solo de seguridad

¿Qué hacer? Los expertos sugieren, primero, reformar profundamente el sistema de justicia: mejorar la investigación criminal, garantizar independencia judicial y modernizar la gestión de los casos. Segundo, profesionalizar y depurar las fuerzas de seguridad, apostando por modelos de policía comunitaria y prevención basada en evidencia. Tercero, impulsar políticas activas de empleo e inversión en territorios capturados por el crimen, para recuperar el control del Estado. Sin embargo, para un país como Guatemala la estrategia clave está en el ámbito político: sin reformas al sistema de partidos y al financiamiento electoral, la puerta seguirá abierta para que las mafias sigan capturando el poder. Guatemala necesita unas reglas electorales que garanticen más participación y representatividad ciudadana, una fiscalización efectiva y un tribunal electoral independiente y competente.

Combatir al crimen organizado es una prioridad de desarrollo, no solo de seguridad. No podemos seguir actuando “como si todo estuviera normal”. Las mafias no solo trafican drogas o personas: trafican influencias, cooptan instituciones y paralizan la acción del Estado. La historia muestra que la impunidad no se vence con discursos, sino con acción coordinada. El crimen organizado no será derrotado solo por fiscales y policías: será derrotado cuando la ciudadanía y sus líderes (academia, empresarios, partidos y medios) exija y construya instituciones que funcionen. Esta batalla crucial por el futuro de Guatemala debe empezar ahora.