Las metas y compromisos planteados en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, aunque excesivamente ambiciosos, eran loables. La debilidad institucional y la corrupción generalizada los hicieron imposibles de lograr.
Este mes se cumplen 20 años de la firma de los
Acuerdos de Paz en Guatemala, ocasión propicia para evaluar no solo su
cumplimiento, sino su validez actual y si deberían replantearse a la luz de los
cambios ocurridos en el entorno durante cuatro lustros. En particular es
oportuno referirse al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria –ASSA- del que, entre otras implicaciones, se desprendió el Pacto
Fiscal de 2003.
El ASSA planteaba, esencialmente, adoptar políticas
económicas para alcanzar un crecimiento del 6% anual; también aplicar una
política social con prioridad en salud, nutrición, educación y capacitación,
vivienda, saneamiento ambiental y acceso al empleo productivo; y, proponía como
prioridad el fortalecimiento del papel rector del Estado en las políticas
económicas y sociales. Puede afirmarse que estos planteamientos han sido
ampliamente incumplidos.
Las razones de tal incumplimiento tienen que ver, en
primer lugar, con el hecho de que ni uno solo de los sucesivos gobiernos que ha
tenido el país desde que se firmaron los Acuerdos de Paz ha planteado una
agenda de Estado que le ponga Norte a las políticas públicas que debieron
emprenderse para cumplir con los compromisos adquiridos. Ello ha implicado una
patética ausencia de prioridades que contribuye al desorden de la gestión
pública y a una lamentable dispersión e ineficiencia del gasto gubernamental.
A esto se suma, por un lado, la progresiva
degeneración del sistema político que ha mutado hasta convertirse en un sistema
de saqueo del erario público y, por otro lado, el progresivo debilitamiento del
Estado que se ha centrado en ser un mero gestor de la coyuntura, en vez de convertirse
en el rector estratégico de las políticas de desarrollo nacional. De tal suerte
que ni el sistema político, ni las élites nacionales, ni la ciudadanía en
general se apropiaron nunca de los Acuerdos de Paz, que quedaron huérfanos casi
desde su nacimiento.
La corrupción, por su parte, dañó la mayoría de
medidas planteadas en el ASSA y comprometió el pacto fiscal: la exigua moral
tributaria fue destruida paulatinamente, lo cual derivó en una dramática
insuficiencia de recursos para las prioridades planteadas en el ASSA
(educación/capactación, salud, nutrición, etcétera); instituciones como el Fondo
de Tierras y Registro de Información Catastral, ideadas para lidiar desde una
lógica de mercado con la problemática agraria, fueron desnaturalizadas y
cooptadas por grupos de interés, al igual que el sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural; y, en general, la administración pública se tornó
cada vez más disfuncional.