Por Qué se Depreció el Quetzal en 2018

El valor del dólar no es solamente una decisión de las autoridades del banco central, sino el resultado de una confluencia de factores que determinan su cotización en el mercado de divisas

Después un lustro en el que el tipo de cambio (quetzales por dólar) se redujo, en promedio, un 1.5 por ciento cada año, en lo que va de 2019 ha aumentado un 5.3 por ciento. Esta depreciación de nuestra moneda, aunque modesta cuando se compara con las que son habituales en otros países con regímenes cambiarios similares al nuestro (como Colombia, Perú o México), resulta contrastante y significativa respecto de la tendencia a la apreciación que el quetzal ha registrado durante varios años.

En un sistema cambiario como el nuestro (que es un régimen de tipo de cambio flexible, pero administrado mediante intervenciones del banco central comprando o vendiendo dólares), el valor del dólar no es una decisión de las autoridades del banco central, sino el resultado de una confluencia de factores que determinan su cotización en el mercado de divisas. Cuatro son los factores que determinaron el aumento del tipo de cambio en 2018.

El primero es la enorme expansión del déficit comercial de Guatemala con el resto del mundo. Hasta septiembre, el valor de las exportaciones era menor respecto del registrado el año anterior, mientras que las importaciones estaban creciendo fuertemente; como resultado, el déficit comercial del país (la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos) ha crecido en más de 27 por ciento sobre el del año previo. Esto implica que el intercambio comercial del país ha demandado unos US$1.5 millardos más que en 2017.

El segundo factor es la (leve) desaceleración que registra el ingreso de remesas familiares al país: mientras que a octubre del año pasado este flujo crecía a una tasa de más del 16 por ciento anual, este año lo hacía a un 12.5 por ciento. Esto, combinado con el comentado déficit comercial, redujo sustancialmente el excedente de dólares que inundó el mercado el año pasado. El tercer factor es la reducción en la diferencia entre las tasas de interés domésticas y las internacionales. El año pasado dicho diferencial superaba los 3 puntos porcentuales, mientras que en 2019 no llega ni al medio punto porcentual, lo cual quiere decir que es cada vez menos atractivo mantener inversiones financieras en el país, ante los mejores rendimientos en el extranjero.

El cuarto (y, quizá, más importante) factor que hizo que el tipo de cambio aumentara es la continua intervención del Banco de Guatemala comprando divisas en el mercado. Estas compras eran normales en años previos cuando la tendencia del tipo de cambio era hacia la baja y el banco central buscaba moderar esa tendencia. En cambio, este año esas compras se hicieron incluso cuando el tipo de cambio iba subiendo, lo cual contribuyó a acelerar la depreciación cambiaria. En la medida en que estos cuatro factores (aumento del déficit comercial, desaceleración de las remeses familiares, menores diferenciales de tasas de interés y continuas intervenciones del banco central) prosigan en lo meses subsiguientes, no es nada descartable que el quetzal vuelva a registrar una moderada depreciación en 2019.

Por Qué Triunfan las Naciones

No existen soluciones mágicas para salir del subdesarrollo. Las naciones que han tenido éxito en las últimas décadas han sido perseverantes en privilegiar el crecimiento económico a través de una agenda coherente de políticas públicas que aumentan la productividad

Hace poco más de un lustro dos economistas del MIT y de Harvard escribieron un exitoso libro (Por Qué Fracasan las Naciones) que mostraba cómo los países que carecen de instituciones económicas incluyentes –que resguarden los derechos de propiedad, creen igualdad de oportunidades y fomenten la inversión en nuevas tecnologías- son aquellos que fracasan en sus intentos de aumentar el crecimiento económico y lograr el bienestar para sus habitantes.

Sabemos que la carencia de instituciones conduce al fracaso de las naciones; pero, ¿cómo hace para triunfar los países exitosos? Un reciente reporte (Otuperformers: High-growth emerging economies and the companies that propel them)del McKinsey Global Institute identifica los factores comunes que caracterizan a los países que han logrado mayores crecimientos de su ingreso per cápita en los últimos años. Siete economías (China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur y Tailandia) han registrado tasas de crecimiento del PIB por habitante mayores al 3.5 por ciento anual durante 50 años, mientras que otras 11 (entre las que se incluyen Azerbaiyán, Bielorrusia, Camboya y Vietnam) lo han logrado durante 20 años, sacando así de la pobreza a cientos de millones de sus habitantes. En contraste, el crecimiento del PIB por habitante de Guatemala ha crecido en menos de 1 por ciento anual en promedio durante la última década.

Es posible establecer un patrón en el comportamiento de esas naciones exitosas: ha existido en todas ellas un consenso respecto a la prioridad de fomentar el crecimiento económico y de alinear la agenda pública en torno al objetivo de elevar la productividad (producir más, con menos recursos), centrándose para ello en tres aspectos que se refuerzan mutuamente: productividad (para permitir mejores decisiones en la asignación de los recursos), ingresos (para que esa inversión productiva retorne a la gente que la creó), y demanda (para reinvertir ese ingreso en nueva productividad).

La mejora en la productividad requiere inversión en infraestructura, en tecnología y en talento humano, así como promover la competencia y la eficiencia de los mercados. Trasformar la productividad en un mayor ingreso de las personas requiere flexibilidad de los mercados (incluyendo el laboral) y paz social. Y aumentar la demanda requiere de políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) ágiles y adaptables, mercados financieros sanos y apertura al exterior. Y todo ello con base en un estado institucionalmente eficiente. Tal es la receta de los países que han triunfado.

La lección para Guatemala es que no existen soluciones mágicas para salir del subdesarrollo. Lo que se necesita es un liderazgo (político, empresarial, social y sindical) capaz no solo de construir un consenso alrededor del objetivo de aumentar el crecimiento y la productividad, sino también capaz de guiar y aplicar con perseverancia una agenda integral de políticas públicas que conduzca a ese fin.

Riesgos Para la Economía

Los desafíos del entrono para la economía guatemalteca son muchos y muy complejos. Lo interesante es que, para el corto plazo, existen espacios para tomar medidas que aceleren el crecimiento económico en 2019

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional -FMI- visitó hace pocos días nuestro país para evaluar el despeño de la economía. Este año, el personal del FMI encontró que, pese a la solidez del marco macroeconómico de Guatemala (merced a sus políticas fiscal y monetaria ortodoxas), el crecimiento de la producción en 2018 apenas registrará una tasa anual de 3 por ciento debido a la pérdida de dinamismo sufrida por algunos importantes rubros de exportación, a la escasísima inversión en infraestructura y al desplome de la actividad minera. Y la cosa a penas si mejorará en un 2019 sujeto a las tensiones del sistema político y a los desafíos del entorno económico mundial.

La declaración oficial de los técnicos del FMI destaca la presencia de riesgos importantes para la economía nacional, tanto en el frente internacional como a nivel doméstico. En el frente externo, la escalada de la guerra comercial iniciada por los Estados Unidos contra sus principales proveedores (particularmente China) pueden afectar el comercio mundial y, con él, nuestro desempeño exportador; y, simultáneamente, las políticas antimigratorias del gobierno estadounidense pueden mermar los flujos de remesas familiares sobre los que descansa gran parte del consumo de los hogares guatemaltecos. Por su parte, en el frente doméstico destacan los riesgos de un año electoral que se anuncia políticamente fragmentado y lleno de incertidumbres.

En ese escenario, el principal desafío a mediano plazo para Guatemala continúa siendo el de colocar al desarrollo económico y a la reducción de la pobreza como las prioridades de la política pública, a través de acelerar el crecimiento de la producción, aumentar la productividad sistémica y mejorar la cohesión social. Para ello, el FMI vuelve a insistir en la necesidad de reformar las instituciones del Estado y mejorar el enfoque, cantidad y calidad de los servicios públicos de salud, educación e infraestructura vial y sanitaria, lo cual pasa por una reforma fiscal integral que logre mejorar la ejecución y provisión de tales servicios públicos esenciales. Pero eso -el propio FMI lo reconoce- será para el mediano plazo.

Lo interesante es que para el corto plazo el equipo técnico del Fondo reconoce que existe espacio para tomar medidas que aceleren el crecimiento económico en 2019. Por el lado fiscal, la expansión del gasto (incluyendo infraestructura) prevista en el presupuesto del Estado recientemente aprobado es visto como una oportunidad para la recuperación económica (lo que convierte a Guatemala en un caso excepcional pues el FMI suele, al contrario, recetar austeridad a los gobiernos).

Y por el lado monetario también sorprende que la opinión de los técnicos fondomonetaristas sea que la baja inflación esperada proporciona un espacio para la “acomodación monetaria”, es decir, un relajamiento de dicha política. De manera que, aunque los riesgos internos y externos están allí presentes, las autoridades fiscales y monetarias del país tienen en sus manos la posibilidad de tomar medidas prontas que ayuden a revertir la desaceleración económica que estamos viviendo.

El Reparto del Prespupuesto

Hace mucho tiempo que el Presupuesto dejó de ser la herramienta de planeación y control del gasto público que está llamado a ser; hoy se ha convertido en un desordenado regateo de recursos para satisfacer a quien más grita o extorsiona, no a quien más lo necesita

En los últimos días, las discusiones en el Congreso sobre el Presupuesto del Estado para 2019 se han tornado muy similares a un regateo de mercado, en donde se trasladan montos de un rubro de gasto a otro en función de qué grupo es el que más grita para obtener más recursos. Ya sea que se le quiten fondos al Ministerio de Desarrollo para asignárselos al aumento salarial de los salubristas, o que se reduzca el presupuesto de las jubilaciones militares para aumentarle el rubro de sueldos a la universidad estatal, las consideraciones en torno al presupuesto guardan cada vez menos relación con los objetivos de política pública trazados en la exposición de motivos que supuestamente inspiró la propuesta original.

Por desgracia, hace mucho tiempo que el Presupuesto dejó de ser la herramienta de planeación y control del gasto público que está llamado a ser y, como resultado, el gobierno central gasta los recursos anuales sin ningún orden, ni prioridad, ni efectividad. La debilidad del sistema de servicio civil y la descomposición del sistema político se han combinado durante años hasta convertir al Estado en una agencia de empleos, no para los mejores servidores públicos, sino para los correligionarios y simpatizantes partidarios.

Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estima que en los países latinoamericanos, en promedio, el 16 porciento del gasto gubernamental (equivalente al 4.4 porciento del PIB) es un absoluto desperdicio, debido a la ineficiencia en las compras, a la corrupción generalizada y al nivel relativamente elevado de las remuneraciones de los burócratas (en comparación con sus pares en el sector privado). En Guatemala, casi uno de cada tres quetzales del presupuesto se gasta ahora en salarios y remuneraciones, lo cual ha reducido cada vez más el gasto en inversión (especialmente la que se necesita en la ruinosa red vial del país).

Este año ya no será posible rescatar el proceso presupuestario (ya es muy tarde para ello) y quizá haya que conformarse con que, en aras del orden y la transparencia, se apruebe un presupuesto como guía del gasto para 2019. Pero en algún momento los gobiernos y los políticos deben entender que es absolutamente necesario (y urgente) gastar con más eficiencia y cambiar sus prioridades en función de las demandas de la población por servicios públicos esenciales: educación, salud, nutrición, seguridad, justicia e infraestructura.

La clave está en que los líderes políticos comprendan que la función básica del Estado es la de satisfacer de forma directa e inmediata el bien común y las necesidades de los ciudadanos, y no las de los empleados públicos. Esto, claro está, es más fácil decirlo que hacerlo, porque detrás de las absurdas ineficiencias del gasto público suele haber siempre un grupo de interés (el sindicato de médicos, los piquetes de Joviel o el Consejo Superior Universitario) que tiende a estar más organizado y a hacer más ruido que la mayoría ciudadana que clama silenciosa por los servicios públicos esenciales.

Y los Brazaletes ¿Para Cuándo?

El (ab)uso de la prisión preventiva está tan extendido que se estima que más del 48% de la población carcelaria aún no ha sido condenada. El uso de los brazaletes electrónicos podría (como lo hace en los países avanzados) paliar el cuasi colapso del sistema penitenciario. Pero con todo y que existe una ley vigente, los brazaletes brillan por su ausencia

No hace falta ser un gran jurista para comprender el principio de presunción de inocencia que debe privar en cualquier proceso penal. Ni siquiera hace falta haber estudiado Derecho para entenderlo. Basta con haber visto alguna noticia sobre un litigio en algún país desarrollado o, incluso, con haber visto alguna película estadounidense o europea en la que se escenifica un juicio para saber que cualquier acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales.

Por ello, lo normal debe ser que el acusado permanezca en libertad (con algunas restricciones razonables de movilidad) durante la realización del juicio. Solamente dos razones justifican que el juez envíe a un acusado (que, no lo olvidemos, se presume inocente) a prisión preventiva: una es que exista un claro peligro de que el acusado se fugue y, la otra, que exista un riesgo de que el acusado pueda obstaculizar o perjudicar las pesquisas. En ningún caso la prisión preventiva debe usarse para castigar a un sospechoso por presunciones o por sus antecedentes.

No obstante lo anterior, en toda Latinoamérica (y Guatemala no es la excepción) los jueces (presionados por una opinión pública desesperada con los elevados índices delincuenciales) parecen estar abusando del recurso de la prisión preventiva. Se estima que su uso es tan extenso que el 40 por ciento de la población carcelaria en la región se encuentra en prisión preventiva. Ese porcentaje, según algunos expertos, se eleva a un 48 para el caso de Guatemala, lo cual complica aún más la precaria situación de un sistema penitenciario desbordado que ofrece condiciones inhumanas a los reclusos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso excesivo de la prisión preventiva no solo es violatorio de los derechos fundamentales, sino que es contrario a la esencia del Estado democrático de derecho.

Para revertir esta situación es necesario trabajar en tres ámbitos. El primero es el marco legal para asegurar que los procesos judiciales y sus plazos se cumplan en respecto del principio de presunción de inocencia. El segundo es el ámbito cultural, que incluya un cambio en la mentalidad de los juzgadores y de la opinión pública (para que cobren conciencia del carácter excepciona de la prisión preventiva). Y el tercer ámbito es el operativo, que incluye la provisión de recursos adecuados al sector justicia y la aplicación de mecanismos tecnológicos que minimicen los peligros de fuga y de obstaculización de las investigaciones.

Entre estos mecanismos destaca el uso de brazaletes electrónicos por parte de los acusados. Resulta inadmisible que habiendo sido aprobado el uso de tales brazaletes mediante una ley emitida hace dos años (Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal), aún no se esté utilizando en nuestro país. La desidia e ineficiencia de las autoridades correspondientes (que, hasta hoy, han sido incapaces de contratar y reglamentar el servicio de brazaletes electrónicos) está contribuyendo al colapso del sistema penitenciario y ocasionando verdaderas tragedias humanas entre las personas (inocentes, hasta que sean vencidos en juicio) privadas preventivamente de su libertad.

El Imperativo del Crecimiento Económico

La mejor política de protección social y de combate a la pobreza, es una buena política económica que propicie la creación de empleos y el aumento de la productividad sistémica

Generar empleos, reducir las desigualdades sociales, o mejorar los niveles de bienestar se han vuelto temas recurrentes tanto en las ofertas de los partidos políticos como en las agendas de propuestas de las múltiples ONGs y tanques de pensamiento en el país, lo cual es totalmente razonable a la luz del pobre desempeño de Guatemala en sus múltiples indicadores de desarrollo socio-económico. Lo que no es razonable es que, en su afán por enfocarse en esos temas, dichas organizaciones (especialmente las más “progresistas”) menosprecien el factor más determinante del desempeño económico de cualquier país: la tasa de crecimiento del ingreso nacional (que es un reflejo de su producto interno bruto).

El objetivo de acelerar el crecimiento económico se ha desprestigiado en gran medida porque, muchas veces, sus proponentes han planteado estrategias cortoplacistas, inconsistentes y buscadoras de atajos a través de subsidios o de privilegios fiscales para favorecer a una determinada actividad económica (que arbitrariamente se ha elegido como “el verdadero motor del crecimiento”) en detrimento de las demás. Esto desvía la atención del incuestionable hecho de que solo mediante un mayor crecimiento de la producción es posible generar más empleos y mejorar el bienestar.

El crecimiento económico, al generar una mayor demanda por trabajadores, beneficia especialmente a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo y a las minorías, por lo que se constituye en el mejor programa de bienestar social que pueda haber. Un mayor crecimiento de la producción generará mayores ingresos estatales, incluyendo los del seguro social. Además, un entorno de dinamismo económico es más propicio para reducir la criminalidad, incentivar la protección del medio ambiente y contribuir al optimismo sobre el futuro del país, el cual es importante para conjurar el peligro de que surjan ofertas políticas populistas que amenacen nuestro incipiente sistema democrático.

Por desgracia, mientras nuestro crecimiento económico no logre rebasar el techo del 4 porciento anual, será imposible obtener todos esos beneficios. Debemos tener claro que la casi totalidad de la generación de empleos sostenibles solo puede provenir del sector empresarial. La clave es, pues, aplicar políticas públicas que incentiven la creación de nuevas empresas y mejoren el desempeño de las existentes. Para ello no se necesita “sobornar” a las empresas con subsidios o privilegios temporales para que hagan inversiones que hoy no son rentables.

Lo que se requiere es un ambiente para hacer negocios que dé certeza, mejore la productividad y aumente la demanda para lo que produzcan las empresas. Ello requiere de una política económica integral que incluya, por un lado, una reforma institucional que permita al Estado proveer los servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, infraestructura, educación básica, nutrición y salud primaria) y, por otro, una coordinación de medidas macroeconómicas (monetaria y fiscal) que incentiven ordenadamente la demanda agregada, especialmente en estos tiempos de desaceleración. Para luego, es tarde.

Empleados Públicos: un Agujero Negro

La reforma del sistema de servicios civil es complementaria de la reforma del sistema electoral y de partidos políticos. Ambas reformas son imprescindibles para que nuestro país sea viable en el futuro.

El costo de los salarios de los empleados públicos es una carga cada vez más pesada para el presupuesto del Estado. Este renglón aumentó dramáticamente en un 80 por ciento entre 2009 y 2013; eso equivale al doble del crecimiento registrado por los ingresos tributarios en el mismo período. Una gran parte de la explicación de tal aumento subyace en la proliferación de pactos colectivos suscritos sin ninguna directriz durante los últimos 20 años.  En 1998, la masa salarial de los empleados públicos representaba un 24 por ciento del presupuesto, mientras que en la Administración Pérez Molina llegó a representar el 37 por ciento. En el proyecto de presupuesto para 2019, dicho porcentaje del presupuesto ascendería a 37.2 por ciento.

Esta carga se está saliendo de control y ya resulta impostergable encontrar maneras de corregir estructuralmente el problema, entre las que se cuenta el saber con certeza el número de empleados públicos por dependencia y renglón presupuestario al que pertenecen, la revisión integral de la legislación relacionada con el servicio civil y las clases pasivas, así como regular adecuadamente la suscripción de pactos colectivos de condiciones de trabajo en entidades públicas.

Es bien sabido que los puestos en la administración pública han sido utilizados desde hace años con fines políticos –las plazas de trabajo en el gobierno se usan como prebendas para los correligionarios políticos-, lo cual ha pervertido simultáneamente el sistema electoral y de partidos políticos y el sistema del servicio civil. Ambos sistemas necesitan ser reformados profunda y prontamente.

El primer paso es conocer con exactitud el número de empleados públicos que laboran en el Estado, así como bajo qué renglón se encuentran nominalmente y en qué entidad prestan sus servicios. Sin un inventario completo de toda la planilla de empleados del gobierno resulta imposible saber cuál es el verdadero costo que significan los salarios y prestaciones para el erario público.

Una de las ofertas del actual gobierno, que se plasmó en el proyecto de presupuesto del Estado para 2017 (pero no en el de 2019), era la de hacer un censo de los trabajadores del sector público. El censo lo realizarían el INE, el RENAP y la ONSEC, y sería financiado por medio de una cooperación de la Unión Europea. Por su parte, el MINFIN señaló hace meses que hacían los últimos ajustes para publicar la nómina del personal permanente de las entidades de Gobierno Central.

Por desgracia, hasta hoy el referido censo no ha sido realizado y se ha incumplido con el Decreto 29-2016, “Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado”. Sin saber cuántos empleados públicos existen, el rubro de remuneraciones para empleados públicos (que supera los Q25 millardos presupuestados para 2019)  seguirá siendo un agujero negro que se tragará insaciablemente todos los recursos de los contribuyentes.

¿Qué Buscan los Emigrantes?

Detrás de las migraciones de centroamericanos hay un problema esencialmente económico; y, detrás de este, la fallida institucionalidad de unos Estados incapaces de generar un ambiente propicio para la actividad económica, la inversión y el empleo

El continuo éxodo de centroamericanos, amplificado por la marcha de miles de catrachos que comenzó hace unos días, recorre como un escalofrío la espina dorsal de la Sierra Madre, desde Honduras hasta Arizona, afectando la vida política de la región -incluyendo las elecciones legislativas en los Estados Unidos- y poniendo en entredicho sus políticas públicas -incluyendo el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte-. Independientemente de si la marcha de los emigrantes hondureños fue provocada por intereses políticos o si, por el contrario, fue espontánea, el hecho es que esta no podría haber sucedido sin el factor de desesperación que induce a los refugiados económicos a huir en busca de mejorar su nivel de vida.

Está demostrado que los ingresos económicos que una persona puede generar dependen grandemente del lugar donde vive. Una persona de clase media en los Estados Unidos es mucho más rica que un clasemediero centroamericano y supremamente más que un pobre que no encuentra siquiera oportunidades de obtener un empleo por estos lares. Los habitantes de los países desarrollados ganan más dinero debido, en parte, a que sus mejores niveles de nutrición y de educación los hacen más productivos. Pero la productividad también depende, y crucialmente, de las condiciones del entorno, como lo demuestran los hechos y los datos.

Un estudio del Centre for Global Development mostró que, después del terremoto de Haití en 2010, el ingreso monetario de un grupo de campesinos haitianos que pudo viajar con visas de trabajo a los Estados Unidos se incrementó rápidamente en más de 1,400% respecto del ingreso de quienes se quedaron en la isla. Simplemente el haberse trasladado a un país donde impera la ley, con buena infraestructura y servicios públicos esenciales, con instituciones fuertes, y con mercados funcionales y empresas sofisticadas, hizo que los haitianos se tornaran dramáticamente más productivos. Y lo mismo pasa, seguramente, con los emigrantes centroamericanos que, en cuanto llegan a los Estados Unidos, envían remesas por montos que superan con creces los magros ingresos que generaban cuando vivían acá.

La tragedia humanitaria de la que estamos siendo testigos en tiempo real no puede ser abordada adecuadamente si no se reconocen las causas económicas subyacentes a la desesperada decisión de emigrar. El gobierno estadounidense debe reconocer que mientras las diferencias del entorno sean tan abismales entre su país y el nuestro, no habrá muros ni batallones que detengan a los atribulados emigrantes centroamericanos. Y los gobiernos del Triángulo Norte deben admitir el fracaso estatal en proveer las condiciones básicas que impulsen la productividad de nuestros conciudadanos: imperio de la ley, instituciones eficientes, y servicios públicos esenciales (seguridad, justicia, educación básica, nutrición infantil, salud primaria, infraestructura esencial). Hacia estas prioridades debería enfocarse los esfuerzos (los de Estados Unidos y los nuestros) en una verdadera Alianza para la Prosperidad.

Sin Capital Humano No Hay Desarrollo

La baja calificación de Guatemala en materia de capital humano refleja los paupérrimos indicadores en nutrición y calidad educativa

El capital humano (concepto difuso que se refiere al conjunto de conocimientos, capacidades y salud que las personas acumulan a lo largo de su vida) ha sido un factor clave para lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en muchos países, pero, por desgracia, no tanto en el caso de Guatemala. Nuestra incapacidad de invertir en la nutrición, la salud y la educación de nuestros niños ha puesto en peligro de estancamiento la productividad sistémica y el crecimiento del PIB per cápita del país.

El jueves pasado, el Banco Mundial publicó su nuevo Índice de Capital Humano -ICH- que intenta medir esta variable para 157 países, incluyendo Guatemala. El ICH combina cinco indicadores de salud y educación, incluyendo tasas de mortalidad, desnutrición y años de escolaridad que se espera sean completados por los niños, con base en los cuales se mide cuánto capital humano será capaz de acumular un infante que nazca hoy.

De los 157 países evaluados, Guatemala se ubica en el puesto 109, con un ICH que no solo es más bajo de lo que cabría esperar dado el nivel de ingresos del país, sino que es el peor de todo el continente (con excepción, claro, de Haití). En comparación, Honduras ocupa el puesto 103, El Salvador el 97, Nicaragua el 92, Panamá el 91 y Costa Rica el 57. El mejor ubicado de Latinoamérica es Chile (46), mientras que los mejor calificados del mundo son Singapur, Corea del Sur y Japón.

Aunque nuestro indicador de mortalidad infantil no está mal (en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo), la baja calificación de Guatemala se debe a los indicadores de escolaridad y de nutrición, en los que mostramos unas brechas escandalosas. En educación, si bien un niño guatemalteco puede esperar completar 9.7 años de escolaridad, cuando este indicador se ajusta por la calidad del aprendizaje (medida mediante pruebas de conocimiento) la expectativa de años de escolaridad de un niño guatemalteco se reduce a 6.3 años. Pero lo más grave está en el indicador de nutrición: 47 por ciento de los niños guatemaltecos sufren de desnutrición, cifras subsaharianas que implica un grave riesgo de que nuestros niños sufran limitaciones físicas y cognitivas que afectarán de por vida su capacidad productiva.

Resulta, pues, urgente que las políticas públicas prioricen la mejora en la calidad educativa y la reducción de la desnutrición crónica infantil, pues de ello depende crucialmente la posibilidad de mejorar el capital humano y la capacidad de crecimiento económico del país. Los índices como el ICH no deben ser solo ejercicios académicos, sino que deben servir de herramientas que motiven al gobierno a priorizar acciones urgentes, concretas y medibles para reducir la desnutrición y mejorar la calidad educativa. Cuanto más nos tardemos, mayor será el atraso en el desarrollo económico de Guatemala.

Retrocesos Electorales

Las reformas de 2015 a la Ley Electoral fueron chapuces. Las pocas buenas reformas de 2017 recién las mató la CC. No queda más que insistir y presionar a la próxima legislatura para que haga una verdadera reforma a la LEPP de cara a las elecciones de 2023

 El sistema político del país no está funcionando. En medio de negros nubarrones en el entorno político y en el ambiente económico, los liderazgos están ausentes, sin posiciones ni propuestas, y los partidos políticos incumplen con su rol fundamental de ser intermediarios entre la ciudadanía y los poderes del Estado. La evidente necesidad de una reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos se convirtió en una oportunidad desperdiciada con las apresuradas reformas a la Ley Electoral (de “primera generación”) aprobadas por el Congreso en octubre de 2015 y las igualmente precipitadas reformas (de “segunda generación”) dictaminadas por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso en diciembre de 2017, sobre las cuales recientemente emitió opinión la Corte de Constitucionalidad -CC-.

Como resultado de las reformas “de primera generación”, el TSE se encuentra ahora mismo dando palos de ciego sin encontrar cómo aplicar la normativa legal ni cómo reglamentar materias tan importantes como ¿pueden los dirigentes y partidos políticos expresar opiniones sobre temas de trascendencia nacional -como ocurre en cualquier país civilizado- sin incurrir en campaña anticipada?, ¿cómo impedir que un contratista del Estado puede postularse como candidato?, ¿cómo regular la propaganda política en las redes sociales?, o ¿cómo distribuir equitativamente los espacios publicitarios durante la campaña?.

Si eso es preocupante, más desalentador resulta aún que, como resultado de las reformas “de segunda generación”, la Corte de Constitucionalidad haya emitido una serie de opiniones que ponen en entredicho la posibilidad de que en un futuro podamos aplicar una verdadera reforma del sistema. Por un lado, al hacer su análisis  los magistrados se excedieron de la estricta revisión de la constitucionalidad de las reformas e introdujeron consideraciones que, independientemente de su validez o pertinencia, son de carácter político, materia que no es propia de la función jurisdiccional de la CC.

Por otro lado, y más grave aún, la opinión de la CC entraña un grave retroceso en la modernización del sistema electoral, al avalar el aumento de los requisitos mínimos de afiliados para la creación de los partidos políticos, lo cual implica una barrera adicional a la participación política de los ciudadanos. Y, por si no fuera suficiente, la CC se trae al suelo dos de las pocas reformas positivas que planteaba el dictamen de 2017, al no dar opinión favorable a la creación de subdistritos electorales, ni a la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer un voto directo, preferente o por medio de los listados cerrados desbloqueados, con lo cual la CC condena al sistema electoral a seguir siendo poco representativo y a alejar cada vez más a los electores de sus representantes electos.

Así, las próximas elecciones se vislumbran llenas de incertidumbre y con pocas posibilidades de un cambio positivo en la forma en que elegimos a nuestras autoridades. Habrá que insistir y perseverar para impulsar las reformas a la Ley Electoral que de verdad aseguren un mejor sistema electoral en 2023, siempre que los futuros magistrados constitucionales tengan más luces en este tema que los actuales.

Es el Hambre, No la Violencia

Los desafíos más urgentes de Guatemala (tanto para nosotros mismos como para los Estados Unidos) tienen que ver con la creación de empleos y oportunidades. Precisa que nos sentemos a trabajar en un proyecto de Estado para el desarrollo económico

Históricamente, Guatemala nunca había sido una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos (salvo, quizá, por el episodio de la Liberación en el lejano 1954). Pero en los últimos años nuestro país se fue convirtiendo paulatinamente en una amenaza a la seguridad nacional de aquel país, por tres motivos: la expansión del narcotráfico, el desafío del terrorismo (particularmente el islámico) y el creciente flujo de migrantes ilegales (incluyendo es especial el de menores de edad). Este último aspecto ha adquirido tales connotaciones políticas en aquel país, que se ha convertido en un tema de campaña electoral de relevancia para las próximas elecciones de medio término.

En ese contexto, llaman poderosamente la atención las declaraciones de funcionarios de la CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense), en las que señalan que la principal causa detrás del creciente flujo de familias guatemaltecas que migran ilegalmente hacia ese país es el hambre, no la violencia. La evaluación de la CBP señala que son factores de "empuje" tradicionales -pobreza y falta de oportunidades- los que impulsan la ola migratoria, en vez de un aumento en el crimen, lo cual sugiere que las causas de la emigración podrían aliviarse mediante la reducción del hambre y la creación de empleos en Guatemala.

Siendo ese el caso, la generación de oportunidades de empleo formal y el combate contra la pobreza deberían marcar las prioridades de la agenda estadounidense hacia nuestro país. En ese sentido, la estrategia para el involucramiento de los Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica (vigente desde hace varios años) contiene tres ejes que podrían ser retomados (quizá dentro del Plan Alianza para la Prosperidad) para re enfocar los esfuerzos de ambos países hacia tales prioridades.

El eje de seguridad (que incluye el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad) es necesario para favorecer un clima de negocios adecuado a la inversión. El eje de gobernabilidad (que incluye la reforma del servicio civil y del sector justicia, así como el combate a la corrupción) es fundamental para que el Estado prevea eficazmente los servicios públicos esenciales para mejorar la productividad sistémica. Y el eje de prosperidad (que incluye la inversión -transparente y eficiente- en infraestructura y en educación) es clave para la crear oportunidades de emprendimiento y empleo.

No se trata de que los Estados Unidos nos imponga su agenda. Se trata más bien de que los guatemaltecos, con pragmatismo, nos demos cuenta de que sobre esos ejes es posible construir una agenda de nación. No debemos sentarnos a esperar que los gringos nos vengan a resolver la vida, ni a que en las próximas elecciones surja mágicamente el líder preclaro que improvisará las soluciones a todos nuestros problemas. Necesitamos trabajar en un proyecto de Estado.

La Desnutrición No Es un Tema (Solo) de Salud

La desnutrición crónica infantil es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral (una política nacional), no con programas parciales

El Congreso está analizando la aprobación de un préstamo del Banco Mundial por US$100.0 millones, para la ejecución del proyecto “Crecer Sano (proyecto de nutrición y salud en Guatemala)”. Desde el punto de vista puramente financiero, este préstamo, cuyos desembolsos se harían de forma escalonada en el transcurso de 5 años, no entraña mayores problemas ni impactos macroeconómicos. Sin embargo, desde el punto de vista de su ejecución presenta algunas importantes debilidades que vale la pena puntualizar, ya que ilustran el por qué el Estado guatemalteco ha sido tan ineficaz en atender el gravísimo problema de la desnutrición crónica.

La principal debilidad del préstamo es que su diseño y gobernanza no parecen estar alineados con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, ni con su correspondiente política nacional que, por ley, deben regir en este tema. El proyecto de préstamo le confiere el rol central de ejecución al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, cuando este se ha caracterizado por su bajo grado de ejecución presupuestaria y su proclividad a politizar sus proyectos. Ante la desconfianza que inspira el MIDES, en el Congreso se discute la opción de otorgarle la ejecución del préstamo al Ministerio de Salud, lo cual tampoco remediaría el problema.

La desnutrición crónica es un problema multicausal que debe ser enfrentado con un enfoque integral. La desnutrición (que, por mucho, debiese ser la prioridad número uno de las políticas públicas) es no sólo una consecuencia de la pobreza, sino una causa de la misma pues torna a los niños en seres débiles física y mentalmente, limitando de por vida su capacidad productiva. Su atención involucra no solo medidas en el área de salud (que solamente atienden los síntomas del problema), sino principalmente temas de educación alimenticia (especialmente la ausencia de proteína animal en la cultura dietética nacional) que deben complementarse con políticas que generen capacidades y le devuelvan a la población las herramientas necesarias para lograr generar riqueza por sus propios medios, así como con políticas agrarias, comerciales y laborales. Se debe apostar por soluciones integrales y de largo plazo.

Es necesario recordar que ya existe un marco legal vigente en el país, específico para el SINASAN, que establece el marco institucional y de políticas para coordinar acciones de entidades gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales, en tres niveles de acción: el nivel de decisión política (con el Consejo Nacional -CONASAN-), el nivel de coordinación y planificación técnica (con la Secretaría -SESAN-) y, el nivel de ejecución (que debe ser llevado a cabo por los ministerios y organismos que tengan responsabilidades operativas. Para minimizar el riesgo de que los US$100 millones del préstamo del Banco mundial se conviertan en un nuevo desperdicio de recursos, su ejecución debería enfocarse en fortalecer este sistema de coordinación institucional, en vez de crear nuevas instancias que lo debilitan.

A Más Confrontación, Menos Inversión

Vivimos tiempos difíciles. La transición de una cultura de impunidad y corrupción a otra donde imperen la ley y el estado de derecho es complicada. Se requiere de madurez y disposición a dialogar, cualidades sociales muy escasas estos días.

El clima de polarización y confrontación en el país se ha acentuado peligrosamente. La comunicación entre personas de distinta opinión está rota. Esas son malas noticias para la economía porque un clima de negocios enrarecido por la hostilidad y la desconfianza entre diversos sectores de la sociedad es muy adverso para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, aspectos que, según varias encuestas, son los que más angustian al guatemalteco promedio.

Es preocupante también la forma en que los eventos políticos nacionales se están percibiendo en el exterior, según se recoge en medios tan diversos como el New York Times, The Economist o, incluso, el reciente comunicado de la calficadora Fitch Ratings que alerta sobre los efectos negativos que dichos eventos pueden tener sobre la calificación de riesgo-país. Todo ello perjuicio de los potenciales flujos de inversión (financiera y directa) hacia Guatemala.

Conviene recordar que en la década de los ochenta (la década perdida de nuestra economía) fueron precisamente el conflicto interno y el rompimiento del tejido social las causas principales que incidieron en el desplome de la inversión, la pérdida de la estabilidad económica y la ralentización severa de la actividad productiva.

En este momento crítico, y en aras del bien superior de la Nación, es imprescindible reducir la intensidad del enfrentamiento y restablecer la comunicación entre los grupos en conflicto. Ello requiere madurez por parte de los distintos liderazgos para ceder y aceptar compromisos que eviten el agravamiento de la crisis. Ceder y aceptar.

Aceptar, por ejemplo, que la salida y relevo del comisionado Velásquez (mejor si pronto y voluntario) aliviaría las tensiones (y daría una salida viable a las resoluciones que la Corte de Constitucionalidad tiene que emitir respecto de su expulsión del país). Aceptar que la CICIG es un experimento clave para la ONU y que su continuidad es necesaria para transferir capacidades y reformar el sector justicia (esencial para la eficiencia económica); pero aceptar también que debe ser reformada (en cuanto a la definición de su mandato, su gobernanza y su obligación de rendir cuentas) para fortalecer su credibilidad y eficacia.

Aceptar que el país estaba podrido de corrupción y que quienes cometieron faltas o delitos deben reconocerlos y redimir el daño causado. Aceptar que se necesitan herramientas jurídicas transicionales para viabilizar tal reconocimiento. Aceptar que si todos los transgresores fueran encarcelados, no alcanzarían todos los estadios de futbol del país convertidos en prisión para albergarlos.

El sistema político corrompió y debilitó al Estado, sus instituciones y sus relaciones con la ciudadanía. La transición necesaria para revertir esa situación no es fácil, pero sin una disposición a ceder y a aceptar madura y responsablemente por parte de los distintos liderazgos nacionales, no habrá una base para plantear la agenda mínima de reformas institucionales que el país y su economía necesitan desesperadamente.

Así no Aguanta el Presupuesto

La solución de fondo pasa por emprender reformas profundas al presupuesto del Estado y al sistema del Servicio Civil

En los últimos días se han dejado sentir las demandas de aumento presupuestario por parte de varias entidades del Estado. El sindicato de maestros y el propio gobierno central presionan al Congreso para que apruebe una ampliación de más de Q960 millones para pagar el aumento de salarios y prestaciones contenido en el pacto colectivo acordado entre ambos. Los médicos del Ministerio de Salud Pública iniciaron una huelga para exigir un incremento salarial que podría significar un aumento de más de Q2 mil millones en el presupuesto de esa cartera. Y la Universidad de San Carlos solicitó al Congreso una ampliación presupuestaria de más de Q700 millones para solventar la enorme crisis financiera que se origina en los crecientes compromisos salariales de la entidad.

Es probable que, como estas, existan demandas similares en otras entidades públicas y, por legítimas que puedan ser, constituyen una carga financiera insoportable para el fisco. El presupuesto del Estado guatemalteco es especialmente rígido y no permite este tipo de aumentos casuísticos: casi la tercera parte del total de gastos presupuestados se destinan al pago de remuneraciones a los empleados públicos y casi la mitad de ese total ya está comprometida para el pago de las obligaciones que el gobierno central tiene para transferir recursos a otras entidades y para pagar la deuda pública. Así, el fisco no puede aguantar incrementos presupuestarios desarticulados e improvisados como los que ahora se solicitan.

La solución de fondo pasa por emprender reformas profundas que toquen temas tan álgidos como las asignaciones (muchas de ellas a nivel constitucional) que obligan a pre-asignar porcentajes del gasto público a ciertas entidades o destinos específicos, así como por establecer una política salarial integral que, como parte de la reforma del servicio civil, regule adecuadamente la forma en que pueden acordarse pactos colectivos de condiciones de trabajo en el Estado. Por ejemplo, debería existir la obligación legal de que todo pacto colectivo de las entidades que operan con fondos del presupuesto deba contar con la no objeción expresa del Ministerio de Finanzas Públicas.

En el corto plazo solo podría accederse (parcialmente) a las múltiples demandas de aumentos presupuestarios a cambio de en los sistemas de control y eficacia del gasto en las entidades solicitantes. Por ejemplo, el incremento de recursos para los maestros debería darse solamente si se implementan sistemas de control de asistencia y de evaluación periódica de sus capacidades docentes. El aumento para los médicos debería condicionarse a la adopción de un sistema de contrataciones y promociones acorde con los grados de especialización de los profesionales. Y los recursos adicionales para la Universidad deberían sujetarse a que esta se comprometa a adoptar de inmediato los sistemas estatales de control del gasto (como el SICOIN y el SIAF) y se someta anualmente a una auditoría externa de sus estados financieros. Cualquier entidad que quiera más recursos del erario debe estar dispuesta a mejorar sustancialmente su rendición de cuentas ante los contribuyentes que la mantienen.

La Desaceleración y Sus Causas

No todas, pero sí la mayoría de esas causas son responsabilidad de los guatemaltecos

Lo normal en las últimas décadas era que la economía nacional (medida por el Producto Interno Bruto) creciera a un ritmo algo arriba del 3.5% anual. Desde hace tres años ese ritmo se ha venido reduciendo y ahora estamos creciendo a uno de solamente 2.5%. Aparentemente no es para tanto, pero en realidad la situación se asemeja a la de un carro que avanzaba a 80 km por hora y, de repente, desacelera a 40: si no tienes puesto el cinturón, te darás un fuerte golpe en la cara.

Hay varias causas que explican esta desaceleración. Se ha producido un choque de términos de intercambio (nuestras principales exportaciones han bajado de precio en los mercados internacionales, mientras que las importaciones han subido) que ha reducido la capacidad de consumo de toda la economía. Nuestra moneda se ha apreciado en relación con las de los países vecinos, lo cual hacer perder competitividad y desincentiva la producción local. Algunas actividades que en años previos solían ser dinámicas se han ralentizado (como la del sector eléctrico) o, incluso, se han desplomado (como la actividad minera, afectada por el retraso de las decisiones judiciales que la tienen paralizada). Además, el gasto público, tanto de funcionamiento como de inversión, se ha mantenido muy restringido desde mediados de 2015, ante el temor y falta de capacidad del aparato gubernamental para ejecutar las compras y contrataciones conforme a las reglas de transparencia que ahora se exigen.

No todas, pero la mayoría de esas causas son culpa nuestra. Quizá la principal causa de la desaceleración económica que es atribuible al propio país, es el generalizado clima de falta de confianza que se refleja en varias encuestas. Las decisiones económicas se ensombrecen en un entorno en el que proliferan las invasiones, las protestas y la conflictividad social; donde se percibe una ausencia de políticas públicas priorizadas; con una agenda legislativa de reformas institucionales paralizada; y, con una peligrosamente creciente polarización política. El pesimismo prevaleciente entre empresarios, inversionistas y consumidores configura un escenario en que los “espíritus animales” generan una profecía que se auto-cumple: si auguro que el escenario económico empeorará, así será.

La situación es difícil, aunque hay salidas. Existen medidas que pueden tomarse para atenuar los efectos de la desaceleración desde el ámbito de las políticas fiscal y monetaria, con las que podría estimularse la demanda agregada de la economía. Pero quizá más importante que eso sería tratar de revertir esa sensación de pesimismo que está imperando en los espíritus animales, lo que implica transfigurar el ambiente de polarización política, de confrontación social y de ausencia de políticas públicas priorizadas.

Superar el bache de la desaceleración es el reto de hoy, el de corto plazo. Sin embargo, el verdadero desafío, el de largo plazo, es el de lograr un crecimiento económico que sostenidamente supere el 5% anual, lo cual implica un esfuerzo mayúsculo en materia de reformas institucionales, aumento de la productividad y eficiencia del gasto público. Palabras mayores.

Se Nos Escapa la Oportunidad

La economía de los Estados Unidos -el principal socio comercial de Centroamérica- está boyante. Pero los países de la Región (con sus comunes debilidades institucionales) hemos desperdiciado la oportunidad de engancharnos a ese carro

La economía estadounidense está en pleno auge, merced al estímulo fiscal y las desregulaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump, así como a un dinámico optimismo de los consumidores y al creciente nivel de empleo que llevará a alcanzar tasas de crecimiento del PIB de 2.9% y 2.7% en 2018 y 2019, respectivamente. Esta bonanza debería ser aprovechada por los países que, como los centroamericanos, tienen un vínculo económico cercano con los Estados Unidos tanto por la vía de las exportaciones y de las remesas familiares, como por la vía de la inversión extranjera directa.

Sin embargo, según se vio en el Seminario de Pronósticos Para las Economías de Centroamérica -organizado por Consultores para el Desarrollo, COPADES, la semana anterior-, ninguno de los cinco países centroamericanos (Panamá es un caso aparte) está aprovechando adecuadamente la oportunidad. Por diversas razones, las economías de la Región registrarán una desaceleración en su producción de bienes y servicios durante el presente año. El Triángulo Norte, con una demanda agregada hiper-dependiente de las remesas familiares –que empiezan a decelerarse- y con una inversión pública muy limitada. Costa Rica, bajo unas estrictas medidas de austeridad fiscal que son un amargo remedio a los previos años de derroche fiscal. Y Nicaragua, sumida en una grave crisis política que tiene paralizada la economía.

Lo peor es que las medidas de estímulo económico del gobierno de Trump tienen -por naturaleza- un efecto temporal que pronto llegará a su fin y la ventana de oportunidad para Centroamérica se cerrará: la economía estadounidense está alcanzando el pleno empleo, el déficit fiscal y la inflación están en aumento, en respuesta a lo cual la política monetaria se está endureciendo y, con ello, las condiciones financieras empezarán a restringir el crédito y la inversión. Además, las tendencias débiles de productividad y la reducción del crecimiento de la fuerza de trabajo debido al envejecimiento de la población limitan las perspectivas a mediano plazo en las economías avanzadas.

Aunque disímiles en muchos aspectos, los países centroamericanos comparten dos características comunes que explican su incapacidad de aprovechar de mejor manera el buen entorno económico internacional. Por un lado, los cinco países muestran una debilidad fiscal estructural asociada a una institucionalidad pública obsoleta e ineficiente. Y por otro, todos padecen de un sistema electoral y departidos políticos frágil, propenso a crisis de gobernabilidad e incapaz de generar propuestas viables de desarrollo a largo plazo. El diagnóstico que las calificadoras de riesgo-país dan para cada país de Centroamérica es, básicamente, el mismo: si no fortalecen sus instituciones, mejoran su capacidad fiscal y renuevan sus sistemas políticos no podrán generar oportunidades de inversión, crecimiento económico y bienestar material para sus habitantes. Un consejo recurrente que, aparentemente, a los centroamericanos nos cuesta asimilar.

Puentes, Corrupción e Instituciones

Cuando las instituciones de control del gasto público no funcionan, el combate a la corrupción solo puede venir (como última instancia) del ámbito penal; pero ello resulta casi siempre insuficiente. Así pasó, hace algunos años, en Italia

La semana pasada colapsó el puente Morandi en Génova, Italia, con la cauda de 38 fallecidos. Los dedos acusadores contra los posibles responsables de la tragedia apuntan a diversas direcciones: unos dicen que fue culpa del deterioro propio de las estructuras de concreto reforzado con acero (que alrededor del mundo han estado demostrando que son más vulnerables de que lo que se creyó cuando empezaron a construirse a mediados del siglo pasado); otros, que los responsables son las autoridades y empresas encargadas del mantenimiento de los puentes; y, otros, que fue culpa de la corrupción que afectó la calidad de la construcción desde su inicio en 1967.

Este hecho, inevitablemente, evoca similitudes (y despierta alarmas) con casos más cercanos a nosotros, como el del puente Belice (que ojalá sea reparado pronta, eficaz y oportunamente) o los muchos otros puentes y demás infraestructura vial del país que colapsan cada invierno con la caída de las lluvias habituales. Y las similitudes con Italia no quedan en eso.

A inicios de los años noventa se desarrolló allí el proceso conocido como Manos Limpias (en italiano Mani Pulite), llevado a cabo por el poder judicial italiano para combatir la arraigada corrupción, involucrando una intrincada red de los principales partidos políticos del momento y de diversos grupos empresariales, y ocasionando una enorme convulsión en la vida política italiana, que acabó con el Partido Socialista Italiano y con la carrera política de su Primer Ministro Bettino Craxi (quien murió en Túnez, prófugo de la justicia).

Manos Limpias surgió en el momento cúspide de la corrupción gubernamental italiana, en la que una perversa simbiosis entre la clase política y las contrataciones del Estado pervirtieron a las administraciones públicas, lo cual se manifestó en la desnaturalización y total inoperancia de las instituciones encargadas del control y la supervisión del gasto gubernamental. La degeneración de ese sistema de controles y prevención ocasionó un vacío que llevó a los jueces a asumir (por la vía penal) un rol de suplencia de lo que las instituciones de control (por la vía administrativa) no pudieron hacer en materia de combate a la corrupción.

Dos lecciones se derivan para Guatemala de ese episodio de la política italiana (que se describe lúcidamente en el ensayo “Aspectos de la Corrupción en Italia”, por Giovanni Salvi; Estudios Públicos No. 56, 1994). La primera es que resulta simplemente natural que en un Estado de derecho la persecución penal surja, como última ratio, cuando las instituciones de prevención y control (el sistema de contrataciones públicas, las auditorías internas y la Contraloría de Cuentas) han fracasado. Y la segunda -y más importante aún-, que el rescate y reconstrucción de dichos sistemas de prevención y control es absolutamente crucial (tanto o más que la persecución penal) para combatir efectivamente el cáncer de la corrupción. Y esa es una reforma esencial que tenemos aún pendiente de iniciar.

Nuevos Riesgos para la Inversión

Los inversionistas y las calificadoras de riesgo están poniendo cada día más atención sobre estos temas: riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Para que aumente la inversión, convendría también que los encargados de las políticas públicas les concedan la prioridad que merecen.

La economía guatemalteca no podrá crecer de forma más rápida e incluyente si no ocurre un aumento en la inversión (es decir, en la generación de bienes de capital como las carreteras, las fábricas y la infraestructura). Alrededor del mundo, los grandes inversionistas, bien sean nacionales o extranjeros, tanto los que invierten en el sector real (inversión directa) como en el sector financiero (otorgando préstamos o invirtiendo en bonos), conceden una creciente importancia a los riesgos medio-ambientales, sociales y de gobernanza que puedan afectar el rendimiento y recuperabilidad de sus inversiones. Por tanto, para fomentar la inversión es necesario que las políticas públicas les asignen la necesaria atención a estos tres factores que, directa o indirectamente, inciden en el desempeño económico, la calidad institucional y la salud financiera del país.

Los riesgos medio-ambientales pueden afectar las decisiones de los inversionistas por diversas vías. Por ejemplo, pueden tener un impacto en las cuentas fiscales en el corto plazo como producto de desastres naturales inducidos por el cambio climático (de manera que la creciente probabilidad de que el fenómeno de El Niño nos impacte a finales de este año debe ser una fuente de preocupación). También pueden tener un efecto sobre el clima de negocios en la medida en que haya un impacto medio-ambiental sobre, por ejemplo, el acceso a agua potable o sobre la contaminación urbana. A largo plazo, los factores medio-ambientales pueden perjudicar las perspectivas de crecimiento económico.

Los riesgos sociales incluyen, entre otros aspectos, los efectos económicos y políticos que se derivan de aspectos tales como la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, el nivel educativo, la oferta de vivienda asequible, la capacidad de alcanzar acuerdos políticos y las tendencias demográficas. Todos estos aspectos inciden también en las decisiones de inversión de los grandes inversionistas internacionales.

Y los riesgos de gobernanza tienen que ver fundamentalmente con la calidad, transparencia y efectividad de las instituciones del Estado. Estas incluyen aquellas instituciones responsables de diseñar y aplicar las políticas económicas (fiscal, monetaria, comercial) y sociales del país, así como aquellas que se enmarcan más ampliamente en las tareas de dar certeza jurídica, propiciar el imperio de la ley y dar transparencia a los actos y datos públicos (es decir, las instituciones de control, seguridad y justicia) a fin de combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto público.

Los inversionistas y las calificadoras de riesgo están poniendo cada día más atención sobre estos temas. De manera que cualquier diseño de política pública que busque atraer inversiones y generar mayor crecimiento económico para Guatemala pasa, inevitablemente, por reformar y fortalecer el marco político e institucional que atienda estas preocupaciones que determinan las decisiones de inversión (de calidad) en todo el mundo.

Presupuesto Público sin Control

El Congreso puede (y debe) aprobar (o improbar) la ejecución del presupuesto anual del Estado, tal como lo ordena la Constitución. Si no lo ha hecho es, simplemente, porque no ha querido hacerlo

En nuestro modelo republicano de separación de poderes, al poder Legislativo le corresponden tres cruciales funciones: la de representación (de los ciudadanos votantes), la de legislación (producción de leyes y decretos) y la de control (analizar, comprobar, verificar el funcionamiento de los otros dos poderes -Ejecutivo y Judicial-). Esta última función está siendo incumplida desde hace varios años por el Congreso, pues ha faltado al mandato constitucional de aprobar (o improbar) la liquidación del presupuesto que deben remitirle anualmente el Ministerio de Finanzas Públicas y las entidades descentralizadas o autónomas del Estado.

Esta injustificable omisión se debe a que el Congreso no ha sido capaz de establecer y sistematizar un procedimiento que, como está preceptuado en el artículo 141 de la Constitución, debería ser de lo más simple: primero, el Ministerio de Finanzas envía (al Congreso y a la Contraloría de Cuentas) el informe de liquidación del presupuesto anual dentro de los primeros tres meses de cada año; segundo, la Contraloría emita el dictamen correspondiente y lo envía al Congreso en un plazo no mayor de dos meses (es decir, al 31 de mayo); tercero, la Comisión de Finanzas del Congreso debe emitir dictamen sobre la liquidación presupuestaria en, digamos, un plazo de un mes (30 de junio); y, cuarto, el pleno del Congreso aprueba o imprueba la liquidación presupuestaria en un plazo que también podría ser de un mes, de manera que todo el proceso de control de la liquidación del presupuesto debería estar concluido el 31 de julio de cada año.

Algunos diputados en el pasado han esgrimido la excusa de que el Congreso carece de las capacidades técnicas para hacer el análisis de los informes de liquidación presupuestaria y que, en tanto no exista una unidad especializada en el Legislativo (con muchos empleados, se entiende), los diputados no pueden evaluar apropiadamente tales informes. Esta excusa no se sostiene: el órgano especializado que debe hacer la referida evaluación es la Contraloría de Cuentas (y así lo establece la Constitución). Lo que corresponde al Congreso es tomar como base el dictamen de la Contraloría y verificar que cumpla, como mínimo, con que se haya presentado en tiempo y que, especialmente, contenga un análisis de la evaluación de la ejecución presupuestaria establecida en la Ley Orgánica del Presupuesto, que se refiere tanto a la medición de los resultados físicos y financieros, como a las variaciones observadas, sus causas y la recomendación de medidas correctivas.

Por supuesto que, en este proceso, el Congreso debe vigilar, por una parte, que el Ministerio de Finanzas y las entidades autónomas tengan los reglamentos, procedimientos y manuales necesarios para la adecuada realización de los informes de ejecución presupuestaria y, por otra parte, que la Contraloría de Cuentas fortalezca su capacidad de evaluar dichos informes, tanto con un enfoque puramente contable, como con un enfoque de evaluación de los procesos en los servicios públicos. Con un poco de voluntad, el Congreso puede (y siempre ha podido) cumplir con su función fundamental de control del presupuesto público.

Economía: Prepararse para el Chubasco

Algunos riesgos se ciernen sobre el panorama económico internacional y el panorama electoral nacional, que pueden afectar el desempeño de nuestra economía, que ya se encuentra desacelerada. Es momento de plantear una estrategia de política económica

El desempeño de la economía guatemalteca en los últimos cuarenta años ha sido mediocre si se le compara con el de otros países de similar tamaño e ingresos. Las principales causas de tal mediocridad son los bajos niveles de inversión y de productividad que se derivan de un ambiente de negocios turbio y de una institucionalidad pública débil e incapaz de proveer a la sociedad de los bienes públicos que son esenciales para que una economía sea funcional. Como resultado, el ingreso per cápita del país ha estado estancado por décadas. En adición a estos problemas estructurales, ahora resulta que la economía está más desacelerada de lo habitual. El Banco de Guatemala ha revisado a la baja su predicción de crecimiento económico para 2018.

Las causas de esta desaceleración se encuentran en los bajos niveles de confianza de los consumidores y de los inversionistas (según lo muestran diversos índices) ante la aparente ausencia de una agenda priorizada de desarrollo económico, así como la caída en la producción de ciertas actividades que solían ser las más dinámicas (como la producción minera o la generación hidroeléctrica) pero que se han visto afectadas por la falta de certeza en los casos judiciales en que se han visto envueltas. A ello se agrega la ralentización que desde 2015 afecta el gasto gubernamental y la inversión pública, así como la desaceleración que han empezado a experimentar las remesas familiares (que son el combustible que activa el consumo de los hogares, principal motor histórico de la producción nacional).

Encima de esto, se avizoran nubarrones en el horizonte económico. Las tasas de interés están subiendo en los mercados internacionales, encareciendo el crédito hacia los países en vías de desarrollo. La guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios empezará a entorpecer los flujos comerciales y, eventualmente, la producción mundial. Los precios de nuestros productos de exportación están más bajos que los de los insumos que importamos, lo que deteriora nuestros términos de intercambio y reduce nuestro poder de compra. Y, previsiblemente, las remesas familiares seguirán desacelerándose.

A todos estos elementos se agrega la previsión de un año electoral turbulento, con lo que se configura un elevado riesgo de tormentas económicas para 2019. Las señales de alertan están claras y lo que procede es tomar las medidas económicas preventivas que aminoren los riesgos. Esto implica la adopción de un plan económico con componentes de corto plazo (política fiscal y monetaria) que generen una reactivación de la demanda agregada, y con medidas de largo plazo (reformas institucionales y estructurales) que aumenten la inversión y la productividad en nuestra economía para que el crecimiento sea más sólido. Es importante que los hacedores de la política económica empiecen cuanto antes a reparar el tejado, antes de que empiecen a caer los aguaceros.

El Censo y Sus Circunstancias

Es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE

Con seis años de retraso, hoy por fin empieza el Censo Nacional de Población y Vivienda, cuyos resultados deben proveer información específica sobre las características de los habitantes de Guatemala (incluyendo su edad, sexo, educación, ocupación y actividad económica, así como el lugar y condiciones de su residencia). En teoría, los censos permiten trazar la progresión de un país y definir su posición respecto de otras naciones. Para los gobiernos central y municipal, la información generada debe ayudarles a tomar decisiones con respecto a la planificación, monitoreo y evaluación de sus políticas. Y para las empresas la información puede servir para fines de planificación y estrategia (desarrollar de nuevos productos o hacer proyecciones de demanda de productos y servicios).

Debería, pues, existir un consenso respecto de que el censo (y, en general, las estadísticas) aportan un insumo esencial para la toma de decisiones y el diseño de buenas políticas públicas y empresariales. Pero, por desgracia, ese consenso parece no existir. Por un lado, en el ambiente de crispación y desinformación de las redes sociales, comenzaron a aparecer “advertencias” de que no se deje entrar a nadie a las colonias pues “grupos organizados de delincuentes” se harán pasar por encuestadores para cometer fechorías. Por otro lado, algunos pensadores libertarios han anunciado que no están dispuestos a colaborar con el censo por considerarlo violatorio de la privacidad individual.

Ambas “advertencias” tiene poco fundamento: el supuesto peligro de delincuentes disfrazados de encuestadores se elimina con exigir las credenciales correspondientes a los encuestadores, y el supuesto peligro de invasión de la privacidad se elimina rehusándose a responder solamente aquellas preguntas que el encuestado libertario considere inapropiadas. Lamentablemente, este tipo de boicots nos retrata como la sociedad desconfiada y tribal en la que nos estamos convirtiendo, pero también, en parte, es culpa de la debilidad institucional del Estado en materia de generación de estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadística -INE- tiene ante sí el enorme desafío de llevar a feliz término el censo en medio del generalizado escepticismo y falta de conciencia ciudadana respecto de su utilidad y de su neutralidad. La labor habría sido más fácil, sin duda, si el INE hubiese desarrollado en los últimos años un vínculo más cercano con los usuarios de las estadísticas, con organizaciones de la sociedad civil, con los agentes económicos y con la prensa, que creara una masa crítica de usuarios que confiaran en la transparencia, calidad y no-politización de las estadísticas oficiales.

Por todo ello es imprescindible el fortalecimiento de la independencia, la calidad técnica y la transparencia del INE –como el que se plantea en la iniciativa de ley número 5329 que el Congreso está pendiente de empezar a discutir-. No se pudo para este censo; ojalá se logre para el siguiente.

Nubarrones Electorales 2019

El proceso electoral del año próximo enfrentará, además de los desafíos habituales de cualquier elección, un ambiente de incertidumbre asociado al nuevo -y confuso- marco regulatorio. Un débil TSE tiene en sus manos muchas brasas operativas y, sobre todo, el reto crucial de inspirar confianza en un electorado escéptico.

Hace cuatro años el proceso electoral se desarrolló en un clima de efervescencia social, con una plaza que exigía cambios profundos a un sistema secuestrado por la corrupción. El sistema electoral y de partidos políticos reflejaba tres debilidades fundamentales. La primera, su falta de legitimidad, según diversas encuestas que calificaban al Congreso de la República y a los partidos políticos como las instituciones que menos confianza generan en la población. La segunda, su falta de representatividad, con un electorado que abiertamente manifestaba no sentirse identificado con (y hasta ignorar quiénes son) sus representantes electos. Y la tercera, la debilidad institucional, con un Tribunal Supremo cada día menos supremo y con complejas responsabilidades a enfrentar con escasos recursos y débiles procedimientos (incluyendo la forma de elección de los magistrados).

Por desgracia, los cambios a la ley electoral aprobados en 2016 fueron un desperdicio de energía social y de esfuerzos legislativos, pues culminaron en una reforma que no solo no resuelve esos problemas sino que, en gran medida, los agrava. Por ejemplo, aumenta requisitos para formar nuevos partidos (en lugar de reducirlos); introduce una fórmula repartidora de escaños que favorece al partido, no al individuo (lo que debilita la representatividad); y, asigna escaños fijos por distrito electoral (lo que contraviene precepto constitucional de criterio poblacional).

Por otro lado, no hay claridad sobre cómo se realizará en voto en el extranjero o la misma inscripción de candidatos, que anuncia una andanada de recursos legales durante el proceso. Además, las nuevas disposiciones de control sobre el financiamiento electoral y la propaganda son ambiguas y de muy difícil aplicación. La falta de claridad a este respecto ahuyentará a los financistas sanos y, por defecto, quedará la cancha libre para los financistas “contaminados” -que no tienen controles fiscales ni contables, es decir, criminales-, máxime si el Congreso no cumple cuanto antes con modificar el segundo párrafo del Artículo 407 N del Código Penal, relativo al delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

De manera que las elecciones de 2019 se perfilan con grandes nubarrones de incertidumbre. El principal desafío de la autoridad electoral será transmitir un mensaje de confianza. Pero ello será particularmente difícil para un tribunal que ya va de salida, arrastrando el desgaste de dirigir dos elecciones consecutivas y tratando de aplicar nuevas (y muy confusas) reglas del juego. Quizá lo que más convenga sea bajar las falsas expectativas respecto a que estas elecciones traerán un cambio al sistema y concentrarnos, como sociedad, en exigir las verdaderas reformas, hasta hoy postergadas, que le den legitimidad, representatividad e institucionalidad a nuestra democracia, antes de que colapse.

Estados Unidos-Guatemala: las prioridades

Las prioridades de la agenda de los EE.UU. en Guatemala: creación de oportunidades (economía), combate a la criminalidad (seguridad) y a la corrupción (institucionalidad). No es para que ellos hagan algo, es para que NOSOTROS tomemos la responsabilidad en nuestras manos

La reciente visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Guatemala tiene  similitudes con la que, en junio de 2014, realizó el entonces vicepresidente Joseph Biden. Ambas fueron precipitadas por los flujos de niños guatemaltecos que, al ingresar ilegalmente al territorio estadounidense, generaron una crisis humanitaria que, inadecuadamente manejada, se convirtió en una crisis de opinión pública que perjudica la imagen de los gobernantes, lo cual resulta particularmente inconveniente previo a las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

Más allá del contundente mensaje de pedirle a los tres presidentes de los países del Triángulo Norte y a todos sus habitantes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos sin una visa, la misión de Pence no fue distinta de la de Biden cuatro años atrás: existen tres causas de la migración ilegal que deben ser atendidas. Primera, nuestra economía no genera oportunidades de empleo, por lo que es una fábrica de pobres cuya única y desesperada esperanza es la migración. Segunda, nuestro Estado es incapaz de proveer la seguridad pública necesaria para reducir la criminalidad y el tráfico de drogas. Y, tercera, nuestras instituciones gubernamentales son débiles y propicias a ser infectadas por la corrupción y la ineficiencia.

La posición de los gobiernos estadounidenses (lo mismo el de Obama que el de Trump) es que los responsables de atacar esos tres problemas somos nosotros. Las herramientas que Estados Unidos tiene a su alcance para persuadir a los gobiernos centroamericanos son variadas, pero no necesariamente contundentes. La más obvia es la ayuda económica contenida en el Plan Alianza para la Prosperidad que, francamente, es demasiado pequeña como para volverse un verdadero incentivo para actuar. Otra herramienta, más ruda, es la amenaza de cerrar a piedra y lodo la frontera y, con ello, eliminar la válvula de escape social que para la gobernabilidad de Guatemala significan los migrantes; pero esa amenaza ha sido históricamente imposible de llevar a la práctica.

Quizá las herramientas más efectivas de que disponen los estadounidenses es la aplicación de sanciones individuales, al amparo de normas como las leyes Fatca o Magnitsky, o la cancelación de visas como la anunciada recientemente por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Mientras tanto, nuestros gobernantes podrán pedirle a Trump que se dé un mejor tratamiento a nuestros migrantes, que se desentierren programas como el TPS, o que se aumente la ayuda económica; sin embargo, si no mostramos algún avance significativo en cada una de las tres áreas prioritarias (creación de oportunidades económicas; reducción de la corrupción y de la debilidad institucional; y, combate al crimen organizado) cualquier petición será en vano. El riesgo de no avanzar en esas tres áreas –por nuestra propia conveniencia- es el de convertirnos en países parias.