La Clave es Priorizar

Hay tanto por hacer, y las demandas ciudadanas son tan amplias, que resulta imprescindible priorizar las políticas gubernamentales. Lo mejor sería priorizar la reforma política-institucional y la focalización del gasto público.

Se acabó la Semana Santa (tradicional parteaguas en el año político guatemalteco); las élites del país deberían aprovechar la ocasión para impulsar los cambios profundos que la ciudadanía está reclamando desde hace casi un año. Para hacerlo es esencial priorizar las acciones a emprender.

Lo primero es reconocer que el obstáculo más inmediato a vencer es el propio sistema político, principal fuente de la corrupción, la ineficiencia y el deterioro institucional que nos aquejan. Por eso, las prioridades de gobierno deben incluir un componente de comunicación que envíe señales precisas a la ciudadanía, de manera que esta perciba que sus demandas de cambio institucional están siendo atendidas.

Para ello conviene centrar los esfuerzos en, al menos, cuatro áreas clave. Una es la reforma del servicio civil, pero en un esfuerzo liderado por la nueva política, no por los políticos tradicionales que solo buscan hacer cambios cosméticos que no transformen el ineficiente sistema actual. Esta reforma debe empezar por hacer un inventario de todas las plazas del Estado y por el control electrónico de todos los pagos de planilla.

Segundo, una política de transparencia total y lucha frontal contra la corrupción que incorpore medidas de impacto, tales como la reforma aduanera o la apertura de un observatorio anti-corrupción donde la ciudadanía, con el apoyo de la comunidad internacional, pueda denunciar y ver reflejadas sus demandas. Tercero, una real y profunda reforma de la Ley Electoral que incluya los temas clave que fueron ignorados en las reformas que actualmente discute el Congreso: otorgarle un verdadero rol supremo al TSE, el voto secreto en las asambleas partidarias, el rediseño de los distritos electorales y la posibilidad de elegir a los diputados en listados abiertos. Cuarto, aprovechar el clima de indignación ciudadana para mantener la presión de la opinión pública –y exigir la rendición de cuentas- sobre el centro visible del sistema vigente: el Congreso de la República.

Simultáneamente,  la coyuntura obliga a atender la problemática fiscal. Los recursos financieros son escasos; ello demanda un esfuerzo serio (y visible) de austeridad y focalización del gasto en áreas clave como nutrición, salud, educación primaria, infraestructura vial y seguridad ciudadana,  especialmente si ya cuentan con programas específicos. Esto implica necesariamente la decisión de restarle prioridad (y recursos) a programas que no son eficaces (como los de fertilizantes, bolsas, o fondo de vivienda). Ello requiere de valentía política, pero puede dar réditos importantes si se comunica adecuadamente.

Solo una vez puestas en marcha estas medidas, se estará en posibilidades de proponer reformas que permitan aumentar la recaudación fiscal y expandir los programas de gobierno a otras áreas.

La Devaluación que No Llega

Sabemos dos cosas. La primera es que el quetzal se va a depreciar (devaluar) en algún momento, porque el país tiene un déficit externo estructural y porque las tasas de interés en el exterior van a aumentar La segunda es que ese momento no va a ocurrir en el corto plazo.

Las fluctuaciones del tipo de cambio (quetzales por dólar) suelen ser un tema favorito de las secciones económicas en la noticias y son siempre un tema de discusión, y hasta de polémica, en función de los intereses de los distintos grupos (importadores, exportadores, consumidores, tecnócratas o políticos) involucrados.

Recientemente se levantó la idea de que el gobierno debería propiciar una depreciación de la moneda como una manera fomentar la actividad exportadora, largamente afectada por la caída de los precios en los mercados internacionales. Después de todo, países como México, Perú o Colombia, con sistemas cambiarios similares al nuestro, han registrado en meses recientes depreciaciones fuertes y aceleradas en sus monedas.

Pero resulta que los factores que han generado esas depreciaciones no están ni cerca de ocurrir en Guatemala. No hay que olvidar que el tipo de cambio es simplemente el precio de una moneda con relación a otra y, como cualquier precio, está determinado por la oferta y la demanda: a mayor abundancia de dólares, menor será el precio (tipo de cambio) de la moneda nacional, y viceversa. Mientras que en los países mencionados ha habido una escasez de dólares en los últimos años, en nuestro país ha habido una gran abundancia.

Tal abundancia de dólares en Guatemala se da por diversos factores. Si bien el precio medio de las exportaciones tuvo una caída, el de las importaciones se ha reducido aún más, lo cual provocó en que la balanza comercial del país se redujera el año pasado en más de US$500 millones, lo que implica una menor demanda de divisas para pagar al exterior. A esto se suma un extraordinario flujo de remesas familiares que en 2015 superó los US$6 mil millones. Además continuaron ingresando al país capitales financieros en forma de préstamos (al gobierno y al sector privado) y de inversión directa.

Esa plétora de divisas provocó que el Banco de Guatemala, para evitar una apreciación desordenada del quetzal, comprara a los bancos más de US$375 millones el año anterior, incrementando así sus Reservas Monetarias Internacionales hasta alcanzar casi US$8 millardos, cantidad que hace que los agentes económicos sientan que una devaluación es poco probable en el corto plazo y actúen en consecuencia.

Ciertamente la depreciación del quetzal va a ocurrir en algún momento, cuando los precios internacionales se estabilicen y vuelvan a provocar un incremento en el déficit comercial del país, y cuando el previsible incremento en las tasas de interés externas provoquen que los capitales financieros dejen de acudir hacia el país. Pero eso no va a ocurrir pronto, pues los factores de abundancia de dólares van a persistir este año. De momento, quienes anhelan una depreciación del quetzal deberán armarse de paciencia.

Centroamérica: Desencanto con la Política

Los centroamericanos están desencantados de la política, y se manifiestan muy pesimistas respecto del rumbo y el futuro de nuestros países.  Los líderes sociales tienen ante sí un desafío enorme.

Los países del Istmo son diversos y, a la vez, similares. Todos con importantes diferencias en su desempeño económico y social, pero también con una historia común y una evolución que se refleja en el similar sentir de sus ciudadanos. Así lo muestran diversas encuestas de opinión pública (como las que periódicamente realiza la compañía CID-Gallup en los seis países de la Región), que arrojan resultados ilustrativos del estado de ánimo y de las perspectivas de los centroamericanos respecto de sus gobiernos y del rumbo de sus países.

En Panamá –con todo y su buen desempeño económico en los últimos años- la ciudadanía expresa malestar por la corrupción gubernamental (caso Martinelli), el desempleo, el alto costo de la vida y (sorprendentemente) la inseguridad.  En Costa Rica la encuesta revela preocupaciones ciudadanas centradas en el desempleo, el mal gobierno, la deficiente infraestructura y la creciente inseguridad.

En Guatemala las preocupaciones se centraron sobre el desempleo, la delincuencia, el costo de vida y, crecientemente, la enorme corrupción (caso Pérez-Baldetti). En El Salvador, de manera similar, la encuesta identifica a la violencia, el desempleo y el alto costo de la vida como sus problemas centrales. En Honduras fueron la violencia, el costo de vida y la corrupción los problemas más sentidos; mientras que en Nicaragua lo fueron el desempleo, el tráfico de drogas y el alto costo de la vida (Nicaragua fue el único país donde la corrupción no fue identificada como un problema del país).

Pero lo que más llama la atención es que, sin excepción, todos los países de la Región mostraron a una ciudadanía explícitamente desencantada de la política, hastiada de la ineficiencia gubernamental, y extremadamente pesimista respecto del rumbo que llevan nuestros países. Resulta evidente que los sistemas y el liderazgo político en Centroamérica le han fallado a la población.

La solución pasa por reformar profundamente los sistemas políticos y por fortalecer las instituciones que procuran el imperio de la ley. Los ejemplos están ya a la vista: el Ministerio Público en Guatemala, la Sala Constitucional en El Salvador, o las cortes de justicia en Panamá. Quizá un enfoque regional, que incluyera una estrecha colaboración en materia de diagnósticos y procedimientos, así como un permanente intercambio de experiencias y de información entre estas entidades podría darles un empuje adicional en sus esfuerzos por construir unas repúblicas funcionales.

Pero para que tal esfuerzo dé resultados, es esencial que los líderes de cada país dejen de ahogarse en el pequeño vaso de agua de sus problemas y levanten la mirada a la Región, agobiada por una colección de problemas comunes cuyas soluciones, con un poco de imaginación y voluntad, pueden ser también comunes.

Ley Electoral: Reforma Superficial

Las reformas a la Ley Electoral que se están discutiendo en el Congreso no tocan el fondo del corrompido y disfuncional sistema de partidos políticos que tiene secuestrada a nuestra endeble democracia. Su aprobación solo va a ser un placebo para las demandas de cambio que exige la ciudadanía.

Uno de los principales obstáculos al desarrollo del país es el sistema político, centro generador de corrupción, de mal gobierno y de ineficiencia institucional. De ahí el clamor ciudadano y la coincidencia de las élites en cuanto a la necesidad y urgencia de reformar profundamente dicho sistema, pese a la natural resistencia de los partidos y de las autoridades políticas y electorales.

No se trata de hacer cambios sólo porque sí, o solo para complacer a las multitudes. Se trata de hacer cambios serios, integrales y profundos al sistema electoral y de partidos políticos. En ese sentido, las reformas de la iniciativa 4974 que el Congreso acordó apresuradamente a finales del año pasado (y sobre las que la Corte de Constitucionalidad recién emitió opinión) resultan ser una gran decepción por superficiales, parciales y artesanales.

Vele reconocer que dichas reformas son resultado de una serie de esfuerzos del liderazgo político y de instancias de la sociedad civil por encontrar soluciones viables a los problemas estructurales del sistema. Pero esos esfuerzos se dieron antes de los eventos desencadenados en abril de 2015 y no toman en cuenta las lecciones aprendidas de la dinámica social y del proceso electoral que se derivaron de tales eventos y que claman por otro tipo de reformas, más atrevidas, profundas e integrales.

Si bien las actuales reformas incluyen innovaciones interesantes (como la obligatoriedad de revisar el marco legal después de cada proceso electoral, o la de convertir en vinculante el voto nulo mayoritario), también incluyen crasos errores. Por ejemplo, al fijar el número máximo total de diputados (eso está bien) se incluye la aberración de dejar fijo el número de diputados por distrito electoral, como si la demografía no fuese cambiante, contraviniendo flagrantemente el principio constitucional de representatividad en relación a la cantidad de habitantes por distrito. Otro ejemplo: cargar un costo oneroso al fisco para financiar –sin topes razonables - la propaganda electoral de los partidos políticos.

Pero lo peor es lo que no se incluyó en las reformas: el real fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (en su gobernanza y en su calidad de tribunal supremo), la democratización de los partidos políticos (ni siquiera se discutió la posibilidad –inadmisible para los partidos con dueño- del voto secreto en las asambleas partidarias), o la representatividad del elector (mediante, por ejemplo, listados semi-abiertos para elegir directamente a su diputado).

Sin estas reformas profundas, el sistema político seguirá siendo el principal obstáculo al desarrollo del país, y las reformas que actualmente se discuten en el Congreso no serán más que un parche superficial y una oportunidad perdida; una bocanada de oxígeno para la vieja política.