Reforma Institucional: El Congreso de la República

Es urgente y necesario reformar diversos aspectos clave de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo

La modificación profunda de las formas y procedimientos con los que opera el Congreso de la República es parte fundamental de un esfuerzo integral de reforma política del Estado por el que la sociedad está clamando a través de diversas manifestaciones del sentir popular. Tal modificación tendría efectos positivos no sólo en la batalla que el país está empezando a pelear contra las prácticas de corrupción y de uso obscuro e ineficiente de los recursos del Estado (en las que el Congreso juega un papel relevante), sino que constituiría un aporte en el rescate de nuestra incipiente democracia.

Ello requiere de modificaciones al marco regulatorio de las funciones administrativas y sustantivas del Organismo Legislativo para establecer una normativa adecuada y funcional que permita al país alcanzar una gobernabilidad democrática en ese poder del Estado, por lo que es menester reformar en diversos aspectos la Ley Orgánica del Congreso.

Para empezar, es esencial normar la figura de la interpelación. Durante las dos últimas legislaturas, se ha hecho un uso inapropiado y hasta abusivo de herramientas parlamentarias tan valiosas como las interpelaciones y las mociones privilegiadas, entre otras. La falta de una regulación adecuada ha tenido como consecuencia la paralización de la agenda legislativa del Congreso y la obstaculización al trabajo cotidiano de los ministros y funcionarios interpelados.

Una reforma a la figura de la interpelación debe privilegiar su utilidad como mecanismo de control republicano entre poderes, pero sin que ello signifique sacrificar la obligación del Congreso de atender su agenda legislativa. Para el efecto podría aplicarse la práctica utilizada en otros países, según la cual se establece un día a la semana para las interpelaciones, en el que se asigna un espacio de tres horas con exclusividad a ese fin. Esto permite que la agenda legislativa normal continúe avanzando, sin dejar de lado la importancia del control y fiscalización de la interpelación.

También debería agilizarse el desarrollo de la propia interpelación, estableciendo que la etapa inicial (preguntas básicas y complementarias) de la interpelación pueda realizarse en sesiones con quórum reducido (25% del total de diputados), mientras que las etapas de debate, propuesta de voto de falta de confianza y su votación, se lleven a cabo con el quórum normal. Asimismo, establecer plazos claros para que el diputado interpelante comunique las preguntas básicas al Ministro de que se trate y, en caso de que no lo haga, que se entienda que el diputado renunció a la interpelación solicitada.

En adición a lo anterior, en el actuar del Congreso en los últimos años resulta evidente el claro deterioro e ineficiencia en el actuar de las Comisiones Legislativas, que deberían ser un órgano vital para el buen funcionamiento de las actividades parlamentarias no solo en materia de propuesta, análisis y dictamen de las iniciativas de ley, sino también en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento de las leyes por parte del Ejecutivo.

Debe reformarse la Ley Orgánica del Legislativo para hacer obligatorio que los diputados asistan a las sesiones de las Comisiones a las que pertenezcan, y sancionar severamente a aquél que se ausente sin justificación. Además debe fortalecerse la institucionalidad de las Comisiones, quizá aumentando el período de la presidencia de las comisiones de 1 a 2 años, u obligando a que todas las sesiones sean registradas en medios audiovisuales, así como a que los presidentes de comisión salientes entreguen a sus sucesores una memoria de labores y todos los archivos y expedientes a su cargo.

Hace falta también, para poner orden en el manejo del Congreso, mejorar el marco regulatorio de los procesos para la contratación y promoción del personal, diferenciando a los funcionarios de carrera de los asesores temporales de los congresistas, así como actualizar la regulación de faltas al orden dentro de las sesiones plenarias del Congreso.

Estos cambios legales son necesarios y urgentes. La gran duda es si la actual legislatura tendrá la capacidad y la voluntad –ausentes hasta ahora- de discutir y avanzar en este tipo de reformas. El momento político y la presión ciudadana que estamos viviendo en estos días podrían hacer, por fin, la diferencia.

Reforma Institucional: Elecciones y Partidos

La adecuación del marco legal del sistema electoral y de partidos debe ser un proceso gradual y continuo de reforma

La semana pasada vimos que una de las instituciones clave para combatir la corrupción imperante es la Contraloría de Cuentas, que es el ente encargado de la supervisión a posteriori del gasto gubernamental. Pero igual de importante en esta guerra contra la corrupción resultan las instituciones que, a priori, han ido construyendo paulatinamente este sistema en el que el gobierno se convierte en un botín para el enriquecimiento personal: los partidos políticos y el sistema electoral.

En medio del clamor popular por la depuración de las instituciones y el rescate del sistema democrático se ha empezado a identificar, cada vez con mayor claridad, la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-. Se escuchan voces en favor de un cambio radical y completo del sistema, que se antoja deseable. Sin embargo, la dificultad práctica de hacer un borrón y cuenta nueva podría prolongar demasiado el proceso de reforma. Si, en cambio, se emprende un proceso pragmático y gradual de cambios, la velocidad de la reforma y sus posibilidades de éxito pueden incrementarse.

Conviene recordar que el artículo 175 de la Constitución Política establece que la reforma de las leyes calificadas como constitucionales, como la LEPP, requieren de la aprobación del Congreso por mayoría calificada y de un dictamen previo favorable de la Corte de Constitucionalidad. Dado que el sistema electoral constituye la piedra angular de la democracia, la adecuación de su marco legal debe ser un proceso gradual y continuo de reforma. Dicho proceso debe comenzar por introducir aquellas reformas que sean más viables y necesarias, así como que gocen de un adecuado nivel de consensos y claridad técnica, dejando para etapas posteriores aquellos temas que requieran de mayor esfuerzo de negociación y análisis.

Actualmente existe una iniciativa de reformas a la LEPP que ya cuenta con el correspondiente dictamen de la CC. Desafortunadamente la CC incluyó en el dictamen cuatro tipos de opinión: (i) dictamen favorable a algunas reformas (donde la Corte no detectó ninguna contradicción constitucional); (ii) dictamen favorable con comentarios (a ciertos artículos donde no existe una clara contradicción constitucional, pero sobre los que emite comentarios conceptuales o sugerencias); (iii) a otras les dio dictamen favorable con condicionantes (donde la esencia es constitucional pero contienen contradicciones); y, (iv) a otras les dio dictamen desfavorable (preceptos inconstitucionales). En el primer caso no hay duda de su viabilidad; en los tres últimos casos, si el Congreso desea persistir con la reforma, requiere volver a iniciar el proceso legislativo hasta llegar a la etapa en que deberá consultar nuevamente a la CC.

En aras de avanzar en la necesaria reforma y fortalecimiento del sistema electoral y de partidos políticos, resulta necesario que el Congreso proceda de inmediato con la aprobación de aquellos artículos de reforma a la LEPP sobre los cuales la CC emitió dictamen favorable sin comentarios ni condicionantes, que sean más viables, pertinentes y necesarias.

Esas reformas incluyen sanciones por el traslado de votantes; la separación de los conceptos de proselitismo y campaña; mejorar el poder sancionatiorio del TSE sobre el financiamiento de los partidos; mejorar la regulación de los comités ejecutivos y órganos permanentes de los partidos políticos; limitar la reelección del Secretario General de los partidos; establecer que las multas cobren mediante deducción al financiamiento público; fortalecimiento institucional y administrativo del TSE; la publicidad de las sesiones de la Comisión de Postulación para magistrados al TSE; la obligación de los candidatos a  corporaciones municipales estén empadronados en el respectivo municipio; mejorar el trámite de inscripción de candidatos; definir el plazo de cierre del padrón electoral antes de la fecha de elección; mejorar la regulación del procedimientos de revisión de escrutinios; o, mejorar la regulación de las disposiciones para la interposición de amparos.

Estas son sólo algunas de las reformas que pueden aprobarse ya. Quedarían otras muchas por hacer, pero pueden quedar para una segunda fase posterior de discusión con la sociedad civil, la clase política y la propia CC. Lo urgente es empezar cuanto antes.

Reforma Institucional: Contraloría de Cuentas

Las autoridades que han dirigido ese ente han incumplido flagrantemente con los mandatos de su Ley Orgánica

La renuncia de la Vicepresidente Baldetti debe ser apenas el inicio de muchas acciones de la sociedad dentro de una guerra total contra la corrupción.  La corrupción, dice el Papa Francisco, es “una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga”. Su combate demanda un esfuerzo social e institucional efectivo. Y una pieza clave de ese esfuerzo debe ser la institución que está llamada a ser la pieza central del fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública y del proceso de rendición de cuentas, como medios de lucha contra la corrupción, el peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos públicos: la Contraloría de Cuentas.

“Nuestro querido país está enfermo de corrupción”, han dicho los obispos guatemaltecos en su reciente comunicado. Si esa enfermedad ha llegado al intolerable nivel que hoy nos indigna, se debe en gran medida a que la Contraloría de Cuentas no ha cumplido con su rol. Y, contrario a la tendencia natural que dice que esos fallos pueden deberse a un marco legal inadecuado, en el caso de la Contraloría el problema no ha sido que su Ley Orgánica tenga defectos, sino más bien el problema ha sido que las autoridades que han dirigido ese ente han incumplido flagrantemente con los mandatos que dicha ley les confiere.

De manera que, más importante que reformar la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas, el esfuerzo inicial de reforma institucional debería centrarse en cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Veamos sólo algunos ejemplos de mandatos contenidos en la ley que, bien sea por desidia o por llana complicidad con los corruptos, son incumplidos impunemente –y desde hace muchos años- por las autoridades de esa institución.

Por ejemplo, la ley manda a la Contraloría auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y de las entidades autónomas y descentralizadas, enviando los informes correspondientes al Congreso de la República. Este manato es incumplido no sólo por la Contraloría, sino que también por el Congreso que ni se da por enterado de esos informes que deberían ser cruciales para la fiscalización del buen uso de los recursos públicos.

La ley también manda a la Contraloría a promover de oficio y ser parte actora de los juicios de cuentas en contra de funcionarios y empleados públicos, así como de representantes legales de ONGs y fideicomisos públicos; en la práctica, tales juicios son prácticamente inexistentes. La Contraloría también debe investigar de oficio cuando por cualquier medio tenga conocimiento de un acto de presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, peculado, malversación, fraude, exacción ilegal, cobro indebido, falsedad material y otros hechos que constituyan delito por parte de funcionarios públicos. En la práctica: casi ninguna denuncia presentada ante el Ministerio Público.

La Contraloría también está facultada por ley a nombrar interventores en los asuntos de su competencia, de carácter temporal, en los organismos, instituciones o entidades sujetas a control, cuando se compruebe que se está comprometiendo su estabilidad económica‐financiera. ¡Cuánto bien habría hecho si la Contraloría hubiese nombrado oportunamente interventores en la SAT, los puertos, el Renap, los hospitales públicos o cualquier otra entidad donde se sabe que la corrupción campea impunemente!

La ley también ordena a la Contraloría realizar evaluaciones de campo y determinar el impacto de los programas y proyectos gubernamentales, así como fiscalizar físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, evaluando la calidad de las mismas. Si la Contraloría cumpliera con ese mandato, el desperdicio del gasto público se reduciría enormemente.

Convendría, pues, encauzar la indignación y las manifestaciones ciudadanas contra la corrupción hacia acciones concretas de auditoría social que obliguen a un rescate de las instituciones que tienen el mandato constitucional de evitar que el Estado se siga enfermando de corrupción. La Contraloría es, por muchas razones, la primera de tales instituciones que debe ser depurada y rescatada de las garras de ese mal que ella misma está llamada a combatir.

Reforma Institucional: la SAT

Las mafias del contrabando, la defraudación aduanera y la evasión fiscal se han incrustado en la SAT

La corrupción enraizada en las entrañas del Estado está carcomiendo las instituciones gubernamentales, cobrando vidas en las barriadas de las ciudades y en los hospitales públicos, y amenazando con destruir nuestra endeble democracia. La crisis actual puede ser interpretada como el acabose del sistema político que hemos ido conformando desde el fin de los (antiguos) gobiernos militares.

Pero la crisis –y perdón por el cliché- también debe ser interpretada como una oportunidad de rescatar, reconstruir y repensar las instituciones estatales necesarias para que el país tenga viabilidad y eluda la inminencia del estado fallido que lo amenaza desde hace tiempo. Así, la situación actual nos apremia a emprender urgentemente reformas institucionales.

Son muchas las instituciones que, como parte de un esfuerzo nacional para combatir la corrupción, demandan una reforma más o menos profunda: la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público, el Congreso de la República, las cortes de justicia, el sistema de servicio civil, o el sistema electoral. Para empezar, es evidente que existe una tarea que realizar en cuanto a reconstruir la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, epicentro de la actual crisis.

El que las mafias del contrabando, la defraudación aduanera y la evasión fiscal se hayan incrustado en la SAT se debe, claro está, a que las personas equivocadas han estado a cargo de dirigir (o de nominar a quienes dirigen) las operaciones de esa institución. Pero también se debe a que el diseño administrativo y de gobierno interno de la SAT tiene enormes debilidades.

Diversas opiniones (incluyendo el reciente pronunciamiento del G40) coinciden en que es preciso realizar modificaciones legales y operativas a la SAT. Algunas de las principales reformas tienen que ver con una debilidad evidente de la SAT: su gobierno corporativo. Esto se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la institución, y la división de poderes entre sus actores principales (el gobierno, el Directorio, la Alta Administración y los empleados).

Lo primero, pues, es delimitar las responsabilidades de cada órgano interno. El Directorio debe ser quien defina la estrategia institucional y nombre al Superintendente y a los intendentes. El Superintendente debe ser la autoridad administrativa a cargo de la gestión del día a día. Hoy esos roles están confundidos: el Superintendente no responde al Directorio sino a quien lo nombra, el Presidente de la República, lo cual politiza innecesariamente a la institución.

Otras reformas legales incluyen revisar la forma de elección de sus directores y funcionarios, para que los electos sean personas de demostrada capacidad, honradez y probidad, sin conflictos de interés entre su vida privada y la administración tributaria. Y hay que obligar a la SAT a someterse a procesos de auditoría y fiscalización independientes.

Paralelamente hay que aplicar mejoras administrativas para instaurar una verdadera carrera administrativa. Deben además modernizarse y simplificarse los procesos internos de la institución y del sistema tributario existente, para reducir los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios a cargo de la recaudación. Asimismo, urge modernizar, sistematizar e introducir tecnología en los procesos recaudatorios (incluyendo las aduanas), así como en la publicación (rendición de cuentas) de los procedimientos y resultados utilizados.

Para que estas reformas puedan hacerse realidad, es necesario que confluyan tres factores. Primero, debe haber una propuesta técnica realista y bien planteada. Para ello hay ya varias iniciativas ciudadanas en marcha que pueden proporcionar los insumos necesarios. Segundo, debe existir voluntad política para aprobar e impulsar las reformas. Pese a la pérdida de credibilidad de los estamentos políticos, la crisis puede crear el momento político para que las reformas avancen. Y, tercero, se debe producir la suficiente presión social –como la que parece estarse generando en días recientes- para obligar a las autoridades, a los líderes y a los políticos a satisfacer el clamor popular por un Estado más eficiente, más transparente y menos corrupto. Se necesita un esfuerzo unitario de la sociedad para lograrlo.

Percepciones de la Economía

Las percepciones de los consumidores y de los inversionistas influye decididamente sobre el desempeño de la economía. Ante el lento ritmo del crecimiento económico existe una cierta fatiga social respecto de la situación económica. Y el pesimismo empeora ante la crisis generada por la corrupción generalizada.

A pesar de que la economía guatemalteca es una de las más estables, resistentes y adaptables de América (características que el anglicismo de moda unifica en el adjetivo “resiliente”), ante el lento ritmo del crecimiento económico y los elevados indicadores de pobreza existe una especie de fatiga social respecto de la situación económica. Esa fatiga, aunque justificada por la lentitud con la que el país camina hacia el desarrollo y el bienestar, es mala consejera pues induce –tanto a las masas como a los liderazgos- a preferir las soluciones inmediatas, instantáneas, casi mágicas a los problemas nacionales.

En ese contexto, resulta ilustrativo analizar las percepciones de la población sobre el desempeño económico en Guatemala, publicadas recientemente en el Barómetro de las Américas 2014. El primer gran hallazgo de esa encuesta (que se realizó a nivel nacional el año pasado) es que los hogares guatemaltecos no se sienten seguros desde el punto de vista económico.

La encuesta les preguntó a los consultados (en 25 países de América) qué tanto y con cuánta dificultad podían cubrir sus necesidades económicas con sus ingresos. Las respuestas se codificaron en una escala de 0 a 100, donde los valores más altos representan una mayor capacidad de cubrir las necesidades económicas del hogar. Los cuatro países de la región con mejor punteo (es decir, con mejor percepción de seguridad económica en el hogar) en la encuesta fueron, en su orden, Panamá y Trinidad y Tobago (con 58 puntos), seguidos de Canadá (57 puntos) y Costa Rica (56).

Los cuatro países con peor punteo (es decir, mayor percepción de inseguridad económica en el hogar) fueron Haití (27 puntos), Honduras (35), República Dominicana (36) y Guatemala (37). Esa pobre calificación de nuestro país es consistente con otras encuestas que identifican a la situación económica como uno de los principales problemas personales que enfrentan los guatemaltecos. Esos elevados niveles de inseguridad en las finanzas del hogar sugieren que el consumo privado (que es el principal motor del crecimiento económico nacional) se ve muy limitado por las baja capacidad de gasto de los guatemaltecos.

La encuesta del Barómetro de las Américas también preguntó acerca de cómo percibían los encuestados el desempeño reciente de la economía nacional vista en su conjunto. De nuevo, las calificaciones más altas en una escala codificada de 0 a 100 indican que los encuestados perciben una mejora en la situación económica de su respectivo país. Los países con mejor punteo fueron Ecuador (60 puntos), Bolivia (53), Chile (51) y Canadá (47).

Por su parte, los países con más baja percepción de la situación económica nacional fueron Venezuela (11 puntos), Guatemala (17), Argentina (19) y México (20). Si tomamos en cuenta que los venezolanos están sumidos en una crisis económica gigantesca, con graves problemas de escasez y de inflación galopante, vemos justificación para sus percepciones negativas respecto de la economía. Pero en el caso de Guatemala, con un crecimiento estable (aunque reconocidamente insuficiente) y gran estabilidad de precios, el pesimismo imperante no deja de llamar la atención.

De hecho, cuando se correlacionan las percepciones sobre la situación económica con las cifras de crecimiento económico, los guatemaltecos se revelan como los más pesimistas de la región. En contraste, por ejemplo, Ecuador muestra una mejor percepción de la economía por parte de sus ciudadanos, pese a tener una tasa de crecimiento económico similar a la de Guatemala.

Ese pesimismo resulta perjudicial para el desempeño económico del país, no solo porque limita el consumo privado, sino también porque es indicativo de una muy escasa disposición a invertir y a emprender nuevos negocios. Existe, pues, un espacio para las políticas públicas llamadas a revertir las precepciones negativas sobre la economía. Sin embargo, situaciones de escándalo, corrupción e ineficiencia como el reciente caso de defraudación aduanera, que ha puesto en aprietos al gobierno, en nada contribuyen a generar optimismo. En tal sentido, una cruzada nacional de combate a la corrupción y de rescate de las instituciones clave (como la SAT, la Contraloría y los Tribunales) podría ser un gran primer paso para recuperar la esperanza en un mejor futuro económico.

EL G-40 SE PRONUNCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Les comparto el pronunciamiento del G-40, publicado el día de hoy, relacionado con la crisis nacional desencadenada con el descubrimiento de una red de corrupción y defraudación aduanera en la SAT

Defraudación aduanera y la corrupción

Pronunciamiento del G40 

El G40, (grupo independiente de economistas y analistas fiscales), ante las recientes acciones encaminadas a desarticular las redes de defraudación aduanera que operan desde el interior y fuera de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, con el ánimo de que las mismas sirvan para emprender un esfuerzo nacional a favor de la eficacia, eficiencia, probidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, manifiesta:

1 Su beneplácito y apoyo a las acciones dirigidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en coordinación con el Ministerio Público y las fuerzas de Seguridad, para desarticular una de las estructuras criminales de defraudación aduanera que operaba desde el interior y fuera de la SAT.

2 Su indignación porque dicha estructura criminal haya estado conformada y dirigida por funcionarios del más alto nivel a cargo de la administración aduanera, incluyendo al Secretario Privado de la Vicepresidente de la República. Lo anterior ha generado una grave crisis política e institucional que demanda acciones prontas, concretas y contundentes por parte de las autoridades políticas del país.

3 Su demanda al sistema de justicia para que las acciones de sus operadores se apeguen a los más altos estándares éticos que demanda la impartición de justicia, de manera que las investigaciones iniciadas culminen con castigos severos y ejemplares para todos aquellos que resulten implicados. Los Jueces deben recordar que la ciudadanía está observando y demanda que el sistema de justicia actúe efectivamente para castigar a los políticos y funcionarios públicos que abusan de sus cargos y a quienes corrompen.

4 Que la importancia de estas acciones radica, en gran medida, en que las mismas pueden contribuir efectivamente a fortalecer el erario público, en virtud de que –de acuerdo con estudios elaborados por tanques de pensamiento nacionales- el costo que para el fisco representan las actividades ilícitas de contrabando y defraudación aduanera supera el 3% del PIB. Por ello los esfuerzos de combate a estos ilícitos deben extenderse a prevenir y reducir el contrabando.

5 Que el delito de defraudación aduanera –así como la existencia de redes criminales que lo perpetran- es sólo uno de los componentes de los esquemas de corrupción y malversación que operan en las entrañas del Estado, ocasionando costos inmensos para la economía del país, tanto por las pérdidas de eficiencia que genera la corrupción, como por la evidente merma que sufren las arcas estatales y por la competencia desleal que afecta a las empresas que operan en estricto apego a la ley. La corrupción y su impunidad generan también consecuencias graves y nocivas en los ámbitos social (pues erosiona la moral tributaria, la provisión de servicios básicos de salud, educación e impartición de justicia) y político (pues socaba el funcionamiento de las instituciones democráticas y el apoyo ciudadano a las mismas, así como la estabilidad del régimen constitucional), que pueden incluso ser más trascendentes que las consecuencias puramente económicas.  

6 Que la actual crisis institucional plantea al país una oportunidad de emprender acciones profundas, tanto inmediatas como de largo plazo, para rescatar y fortalecer la institucionalidad pública –empezando por la administración tributaria- y, en general, para combatir frontalmente la corrupción y la impunidad generadas por la defraudación aduanera y el contrabando.

7 Que, en tal sentido, resulta imprescindible emprender acciones concretas para rescatar y fortalecer la SAT, a fin de aumentar la capacidad de recaudación y la productividad de los principales impuestos. Entre dichas acciones debe incluirse:

a) La revisión y reforma de la estructura de gobierno interno, especialmente los mecanismos de elección de sus directores y funcionarios superiores (incluyendo los procesos en marcha), con vistas a fortalecer la autonomía y eficiencia institucionales, para lo cual es imprescindible que los electos sean personas de demostrada capacidad, honradez y probidad;

b) La revisión y fortalecimiento de los procedimientos y sistemas de reclutamiento, promoción y disciplina del personal, con vistas a cimentar una verdadera carrera administrativa;

c) Modernizar y sistematizar la publicación y difusión de resultados de la gestión de administración tributaria, con vistas a mejorar significativamente la transparencia y rendición de cuentas de la institución.

d) La creación de herramientas institucionales que procuren la auditoría y fiscalización de la propia SAT, mismas que deberán ser independientes de esta y del gobierno central. De igual manera resulta indispensable un sistema de indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar la mejora de los procesos maestros de la institución. 

e) La modernización y simplificación de los procesos internos de la institución y del sistema tributario existente, de manera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias sea fácil de entender y cumplir para los contribuyentes y se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios encargados de la recolección de impuestos. 

f) La modernización de las aduanas y sistematización de sus procedimientos que permitan la inclusión de tecnologías que reduzcan la discrecionalidad del personal que labora en las mismas y  que los procesos sean más eficaces en la recaudación que se realiza. 

8 Que, más allá de las medidas de rescate de la administración tributaria, la coyuntura actual demanda la participación integrada de todas las fuerzas de la sociedad guatemalteca interesadas en combatir la corrupción y preservar el sistema democrático, incluyendo a los sectores académicos, empresariales y de incidencia social, por lo que el G40 está en disposición de acompañar cualquier esfuerzo de las diversas expresiones de la sociedad civil encaminado a conformar instancias contra la corrupción para analizar, proponer y fiscalizar las medidas y acciones que deben tomarse en los próximos meses en esta materia.

Guatemala, mayo de 2015