viernes, 24 de abril de 2015

Así sí, CICIG

El combate a la corrupción debería ser, a estas alturas, parte de la lucha por proteger los derechos humanos

Si Guatemala corre algún peligro de convertirse en un estado fallido, la causa principal es, sin duda, la corrupción, cuya influencia nefasta sobre el funcionamiento del aparato público tiene gravísimas consecuencias económicas, políticas y sociales. De acuerdo a la recién publicada encuesta del Barómetro de las Américas, Guatemala es como uno de los países con mayor incidencia de corrupción: uno de cada cinco guatemaltecos ha sido víctima directa en el último año. La misma encuesta revela que más del 70 por ciento de los guatemaltecos percibe que la corrupción en el país está generalizada.
Los costos para la economía son gigantescos, tanto por las pérdidas de eficiencia que genera la corrupción, como por la evidente merma que sufre el erario público. Apenas un día antes de que estallara el escándalo de la defraudación aduanera la semana recién pasada, se hacía público un estudio elaborado por una red de tanques de pensamiento en el que se estimaba que el costo del contrabando y la defraudación aduanera supera el 3% del PIB. Y si a eso sumamos lo que el fisco pierde por la corrupción o el desperdicio en otras muchas áreas de la gestión gubernamental (compra de medicinas, subsidio al transporte, mantenimiento de carreteras, saneamiento de lagos, y un interminable etcétera), resulta evidente que no existe otra medida de eficiencia fiscal o reforma tributaria que sean más eficientes que el efectivo combate a la corrupción.
Más aún, los niveles actuales de corrupción son tan elevados que se han convertido en un asunto de violación de los derechos humanos fundamentales: la corrupción cuesta vidas.  Cobra vidas de guatemaltecos que acuden a los servicios de salud pública y se encuentran con un sistema de saqueo institucionalizado que va desde el robo de suministros por parte de los empleados del menor nivel, hasta la oscura asignación de millonarios contratos de compra de medicamentos a más alto nivel. Todo ello mientras los ciudadanos más pobres literalmente mueren en las salas de urgencias.
Cobra vidas de trabajadores guatemaltecos dedicados al oficio de pilotos de transporte público, negocio tan absolutamente desnaturalizado por el tenebroso sistema de otorgamiento de subsidios y de sospechosos procesos de compra de autobuses, que ahora es fuero casi exclusivo del crimen organizado.  Cae de su peso, entonces, que el combate a la corrupción no es solamente un asunto de conveniencia administrativa y de buen gobierno, sino que es un tema de interés geopolítico por sus implicaciones en las áreas de derechos humanos y de seguridad regional.
Por eso resulta tan reconfortante y esperanzador el exitoso operativo de la semana pasada, que desarticuló la estructura de defraudadores aduaneros dirigida por los más altos funcionarios gubernamentales en la materia. Es menester reconocer el rol fundamental que la CICIG desempeñó en ese operativo. Resulta positivo que la CICIG haya, por fin, detectado que esas redes de corrupción son centrales en las actividades delictivas de los cuerpos paralelos enquistados en el estado guatemalteco, contra los cuales tiene el mandato de actuar.
Falta ver, eso sí, si el sistema judicial (tanto o más cuestionado que el Ejecutivo por su ineficiencia y opacidad) está a la altura para castigar como corresponde a los delincuentes capturados. Falta  ver también si la CICIG (cuyo mandato ha sido prorrogado hasta 2017) se sigue concentrando en el combate a las actividades de corrupción que están carcomiendo al Estado (ojalá que, en tal sentido, ya hayan pesquisas en torno a los asesinatos de pilotos y el botín del subsidio al transporte, o en torno a los procesos de compras de medicamentos y otros suministros).
Por nuestra parte, toca a los guatemaltecos luchar por fortalecer las instituciones de control que deberían hacerse cargo de tomar la estafeta de la CICIG cuando esta abandone finalmente el país. Para empezar, hay que impulsar reformas que rescaten y fortalezcan a la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero principalmente hay que luchar por el fortalecimiento de las instancias de vigilancia y control: la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Sin ese esfuerzo, el exitoso operativo contra la defraudación aduanera de la semana pasada no pasará de ser una simple llamarada de tusas.

sábado, 18 de abril de 2015

El Imperio de la Ley

El mercado no puede funcionar en medio de un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto

La existencia de instituciones eficientes es un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones. Las instituciones son la manifestación de las reglas, normas, tradiciones y convenios sociales, producto de la interacción de factores culturales, históricos, políticos y económicos que se van consolidando en el tiempo. Entre estas manifestaciones destaca el imperio de la ley, que implica la presencia de una justicia independiente, pronta y cumplida, así como de regulaciones objetiva de las relaciones económicas y sociales.
Sin imperio de la ley no es posible el desarrollo económico y social; el propio mercado no puede funcionar en medio de un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto. Con esto en mente, resulta útil analizar los resultados del Índice del Imperio de la Ley (Rule of Law Index), elaborado por el World Justice Project –WJP, una ONG estadounidense- y publicado hace pocos días, donde se incluye una evaluación del caso de Guatemala (http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index). Este índice busca dar una visión multidimensional del grado en que los países cumplen con aplicar el imperio de la ley.
Para calcular el índice se realizaron más de cien mil encuestas a ciudadanos y expertos en 99 países; para el efecto, utiliza 47 indicadores agrupados en 8 grandes dimensiones del imperio de la ley: (1) las limitaciones a los poderes del gobierno –su sistema de pesos y contrapesos-; (2) la ausencia de corrupción –desde sobornos hasta tráfico de influencias-; (3) la aplicación del gobierno abierto –accesible a las consultas y participación del público-; (4) el respeto a los derechos humanos fundamentales; (5) el orden y la seguridad de las personas y su propiedad; (6) el cumplimiento de las normativas legales y administrativas; (7) la justicia civil; y, (8) la justicia penal.
Los resultados para Guatemala no son nada halagüeños: el país ocupa el puesto 83 (de 99 países calificados) y, a nivel de Latinoamérica, ocupa el lugar 13 (entre 16 países). El puntaje total otorgado a nuestro país fue de 0.44 puntos, en una escala que va de 0.00 a 1.00, lo cual nos pone en la misma categoría de países como Madagascar, Irán, Sierra Leona o Nicaragua.
Guatemala muestra bajas calificaciones en todas las dimensiones evaluadas. En el área de limitaciones a los poderes del gobierno, el país obtuvo 0.52 puntos (ligeramente mejor que el promedio de países de ingresos medios-bajos, como el nuestro) y ocupa el puesto 59 del ranquin, donde aún muestra graves falencias en materia de la efectividad de la Contraloría de Cuentas y de las sanciones a funcionarios. En la dimensión de ausencia de corrupción la calificación fue de 0.37 puntos (puesto 76), denotando malas calificaciones en los indicadores de corrupción en los tres Organismos del Estado. En la aplicación del gobierno abierto la calificación fue de 0.45 (puesto 57). En cuanto al respeto a los derechos fundamentales, la calificación fue de 0.56 (puesto 57), con buenas calificaciones en materia de libertad de expresión y de asociación, pero muy malas en materia de discriminación y derechos laborales.
En la dimensión de orden y seguridad ciudadana, la calificación fue de 0.56 (ocupando el puesto 92 del ranquin) que refleja la situación de criminalidad y violencia imperante. En el área de cumplimiento de la normativa el punteo fue de 0.39 (puesto 85), debido a los problemas de  irrespeto a las normas y al debido proceso. En cuanto a la justicia civil, el punteo fue de 0.36 (puesto 93, de 99), reflejo del poco acceso a la justicia y a la prevalencia de retrasos maliciosos. Y, finalmente, en la dimensión de justicia penal, la calificación fue de 0.30 (puesto 93) que, entre otras falencias, refleja debilidades en la investigación y en el sistema penitenciario.
El estudio de este índice puede constituir una buena guía para una necesaria agenda de reforma al sistema de justicia. De nada sirve a una nación contar con políticas económicas y sociales adecuadas si no cuenta al mismo tiempo con reglas de juego adecuadas y que se hagan cumplir. En este sentido, el imperio de la ley y, en particular, el sistema de justicia, son el fundamento de un sistema que nos brinde seguridad, que resuelva pacíficamente las disputas que surgen en cualquier sociedad, y que nos permita prosperar.

viernes, 10 de abril de 2015

Año Electoral y Estabilidad Económica

La estabilidad de algunas variables clave parece resentirse durante el último año de cada gobierno

Los años electorales suelen plantear desafíos económicos, tanto a los gobiernos (que se ven tentados a gastar más para favorecer su posible reelección) como para el resto de agentes económicos (que deben tomar decisiones de consumo e inversión en un entorno más incierto), lo cual podría afectar negativamente la estabilidad económica. ¿Ocurre esto en Guatemala?
La empresa Consultores Para el Desarrollo (COPADES) ha desarrollado un modelo que permite analizar la gestión política de los últimos gobiernos en función de su efectividad para mantener la estabilidad macroeconómica. Dicho modelo permite también identificar cuán atípicos son los años electorales en Guatemala y qué variables se ven más afectadas por los eventos del último año de cada gobierno.
La buena noticia para Guatemala es que los resultados indican que, en promedio desde 1999, los años electorales (en términos de implicaciones sobre la estabilidad económica) no parecen ser muy atípicos en comparación con el resto de años. Y, si no hay sorpresas desagradables, todo parece indicar que el año electoral de 2015 tampoco será distinto.
Eso sí, la estabilidad de unas pocas variables parece resentirse ligeramente durante el último año de cada gobierno. De las diez variables que integran el modelo, dos muestran un comportamiento un tanto atípico durante la campaña electoral. Una es el tipo de cambio, que en esos años ha tenido una leve tendencia al alza –posible reflejo de la precaución del público que refugia temporalmente sus activos en una moneda dura-; la otra es el crédito bancario al sector privado, que se incrementa levemente más allá de su crecimiento típico –posiblemente en respuesta a la demanda de financiamiento de la campaña política-.
Individualmente, los años electorales 1999 y 2007 fueron relativamente menos estables. El primero de ellos –el último año de gobierno de Álvaro Arzú-  fue testigo de un comportamiento fiscal expansivo (probablemente buscando ganar votos a base de gasto público en infraestructura) que ocasionó un aumento del déficit fiscal (a un nivel superior al 3% del PIB) y un consiguiente aumento acelerado en el endeudamiento público. Además, las tasas de interés activas, por un lado, también aumentaron por encima de su comportamiento normal (debido al efecto desplazamiento ocasionado por la mayor deuda pública); y, por el otro, el déficit externo (en cuenta corriente, que es el déficit gemelo del fiscal) y el tipo de cambio también mostraron aumentos importantes.
Aunque el último año del gobierno de Óscar Berger también se desvía del patrón de estabilidad, ello se debió más a factores exógenos (precios elevados de los productos primarios en los mercados internacionales) que a errores de política internos (como sí fue el caso del gobierno de Arzú). La mala fortuna acaecida en 2007 fue compensada con un desempeño muy responsable en materia de déficit fiscal y endeudamiento público.
En contraste con esos dos periodos, los años electorales 2003 y, especialmente, 2011 fueron relativamente estables macroeconómicamente. Si bien el último año de presidencia de Alfonso Portillo no fue un dechado de virtudes fiscales, al menos mantuvo estables la mayoría de variables incluidas en el modelo. Por su parte, el último año del gobierno de Álvaro Colom, aunque con un nivel de endeudamiento superior a lo normal, logró empezar la corrección del déficit fiscal y mantener la inflación y las tasas de interés bajo control.
Para el presente año electoral se espera que la estabilidad económica no sea significativamente afectada por el proceso político. Esta tranquilidad económica se ve apuntalada por los bajos precios internacionales del petróleo y sus derivados, que se traduce no sólo en la inexistencia de presiones inflacionarias, sino también en un bajísimo nivel de déficit externo y una gran estabilidad cambiaria. La única amenaza es el tamaño del déficit fiscal. Si el gobierno logra mantener bajo control las presiones de gasto que tienden a producirse en los meses previos a las elecciones, el año 2015 podría pasar a la historia como uno de los años electorales de mayor estabilidad macro. Sin embargo, el gasto público al mes de febrero (con las últimas cifras disponibles) ya parece estar muy acelerado. Esa será la variable clave a vigilar este año electoral.

sábado, 4 de abril de 2015

Se Busca un Líder Como Simeone

¿Es posible para un Estado como el guatemalteco extraer lecciones del liderazgo del “Cholo” Simeone?

Aprovechando los aires veraniegos, divaguemos un poco sobre lo que un país como el nuestro, hambriento de liderazgos inspiradores, puede extraer como lecciones desde el lejano ambiente del futbol profesional; ese donde el líder de moda es un hombre que convirtió a una institución fallida y destrozada por dentro, en un ejemplo de resurrección y esperanza.
Bajo el liderazgo de Diego “el Cholo” Simeone, el club Atlético de Madrid no sólo recobró el prestigio perdido, sino que logró obtener más títulos en sus tres años como entrenador que todos los que el club obtuvo en los 25 anteriores. ¿Es posible para un Estado como el guatemalteco, que coquetea con el colapso y el suicidio colectivo, extraer lecciones del liderazgo de Simeone?
Son cinco las claves de ese liderazgo que, si fueran adoptadas por nuestros dirigentes, quizá conjurarían el espectro del Estado fallido. La primera clave es creer que se puede. El Cholo encontró un Atlético de Madrid en decadencia, con una dirigencia corrupta y sin credibilidad, financieramente deficitario y con muy escasos logros (hasta con un descenso breve a segunda división). Algo parecido a nuestro país.
El Cholo, que había conocido otro Atlético distinto (luchador en las adversidades, capaz de hacerle frente a los más grandes –con muchos menos recursos- y orgulloso de su historia), le inyectó a jugadores, dirigentes y afición un espíritu de optimismo, de fe en sí mismos e ilusión compartida. Y les dijo a todos que “el que no crea, que no moleste”. Cuánto bien le haría a Guatemala, sumida en la anomia y el cinismo colectivo, un liderazgo que nos hiciera creer que podemos ser un país exitoso; que podemos ser una sociedad más próspera y solidaria; que podemos decirle al que no quiera compartir esa fe que no moleste.
La segunda clave es el trabajo en equipo. Simeone encontró un club dividido en facciones, donde cada quien se conformaba con dar lo mínimo y nadie confiaba en nadie. Parecido a la Guatemala de hoy. Pero el Cholo, así como inyectó optimismo, también infundió una buena dosis de realismo: sólo el trabajo duro produce frutos; sólo con perseverancia se puede mejorar. Contrario a lo que prometen los políticos tercermundistas, no hay soluciones mágicas. Eso significa, lo mismo para un club de futbol que para una sociedad, que el trabajo en equipo implica que cada quién haga lo que le toca y contribuya con lo que el otro hace.
La tercera clave es la ilusión por ganar. El Atlético que encontró Simeone se arrastraba en la mediocridad de la media tabla; y, ante la frustración generalizada, tenía más de diez años de no vencer a su más acérrimo rival (el otro equipo de Madrid). Como Guatemala, que tiene años de no salir de los peores lugares en los índices de desarrollo humano, de competitividad o de transparencia. Pero el Cholo devolvió la ambición  a su equipo, les inculcó un estilo y unas señas de identidad  a las cuales se aferraron hasta lograr el éxito. Eso sí, con flexibilidad, dispuestos a adecuarse a las circunstancias, sin perder de vista su objetivo: ser tan competitivo como los otros y, de paso, vencer de nuevo –y repetidamente- a su rival histórico.
La cuarta clave es ir partido a partido. Al sumar fe, trabajo y ambición, resulta importante ahuyentar los fantasmas del pasado tanto como los del futuro. Lo que importa es el próximo partido; no el de ayer ni el de mañana. Para Guatemala, eso significaría dejar en el pasado los traumas de la confrontación y no angustiarse porque otros países nos lleven la delantera; concentrarnos en lo problemas de hoy: la corrupción, la desnutrición y la debilidad institucional. Si vamos partido a partido podemos mantener la visión de largo plazo pero centrando los esfuerzos en los temas urgentes del momento.
La quinta clave es pasión y orgullo. Simeone sabía cuando llegó como entrenador que, pese a sus horas bajas, el Atlético de Madrid era un equipo altivo, de arraigo y tradiciones; con un pasado del cual enorgullecerse y con una base social valiosa. Como Guatemala, pues. Y a partir de ese orgullo y de esa base pudo recobrar la dignidad y obtener éxitos, partido a partido. Quizá reflexionando sobre estas trivialidades durante el descanso de Semana Santa, podamos ser capaces de pensar que con un liderazgo de ese estilo tal vez Guatemala tendría un mejor futuro.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...