Para Servir

Con esta columna me despedí como columnista de Siglo.21. Agradezco a los lectores que me favorecieron con su atención durante estos ocho años

En junio de 2007, atendiendo la amable invitación de Siglo 21, empecé a escribir esta columna semanal. Hoy, con mucho sentimiento, debo despedirme de los lectores que durante ocho años me han honrado con su seguimiento. He tomado la decisión de participar como candidato a la vicepresidencia de la República en el próximo evento electoral, aceptando la invitación que me hiciera don Lizardo Sosa para ser su compañero de fórmula.

Esta decisión de incursionar en la política partidista no ha sido sencilla, pues implica renunciar a muchas cosas que componen mi vida cotidiana, tan queridas para mí como mis columnas de prensa, los fines de semana con mis hijos, mis trabajos de consultoría, o mi función de promotor de políticas públicas. Pero habiendo ponderado los riesgos y las posibilidades de emprender esta aventura, encuentro que existen varias razones de peso que me persuaden a emprenderla con ilusión.

El Estado guatemalteco está sumido en una profunda crisis que, en gran medida, es una crisis de valores. El sistema político ha naufragado en un mar de corrupción, dejando tras de sí una estela de frustración y un tufo de pesimismo en el sentir de la ciudadanía. En ese entorno es necesario que cada guatemalteco reflexione sobre el rol que le corresponde jugar para rescatar el quehacer público, orientándolo a la búsqueda del bien común.

La violencia, el hambre, la pobreza, el narcotráfico, el abuso y la corrupción son males presentes a los que nos hemos acostumbrado. La búsqueda de transformación de esas realidades es lo que está moviendo las manifestaciones espontáneas de indignación en las calles de las principales ciudades del país. Esa búsqueda es, pues, un llamado a la acción, un grito para abandonar la pasividad y la búsqueda egoísta de la comodidad personal.

Ha sido precisamente la búsqueda egoísta del bienestar material, instalado en el quehacer político, lo que ha provocado que personas sin vocación política se inserten en el servicio público, de modo que éste se ha pervertido por esa búsqueda maligna de la satisfacción de intereses particulares. Ante este panorama, no es correcto abstenerse de participar en la transformación de la política y mucho menos mantenerse pasivo.

Estoy consciente de que meterse en política –en esta política tercermundista que nos repele y agobia- entraña muchos riesgos. Pero también sé que el ser humano, el guatemalteco promedio, es un ser que aspira al bien, que busca el bien; por ello es válido volver a aspirar a los grandes ideales, como el de buscar el bien común a través del servicio público. El hombre sólo alcanza su plenitud y su libertad en la responsabilidad con el otro, en el servicio constante y sistemático hacia el otro. Si alguna ambición deben tener los políticos, esa es la de servir con celo y pasión a su sociedad. Lo mismo para los funcionarios públicos, burócratas, jueces, grupos de interés y todos los que tienen incidencia en la cosa pública. Tal es lo que diferencia a los hombres de Estado de los vividores de la política.

Y esta es otra de las razones de mi decisión: Lizardo Sosa es un hombre de Estado, a quien conozco desde hace muchos años y de quien estoy convencido que, dadas su integridad, conocimientos y capacidad, puede ser no sólo un candidato capaz de elevar el nivel de propuesta y debate en la contienda electoral, sino que también, con el favor de los electores, un excelente presidente de la República.

Participar en política es, además, un deber cristiano. El Papa Francisco ha dicho que es una obligación del cristiano involucrarse en la política, aunque sea "demasiado sucia", porque al estar en ese ámbito se puede trabajar por el bien común. Para el Papa, "el futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política (…) que es una de las formas más altas de la caridad". Los políticos pueden realizar aportaciones decisivas a la reforma del Estado si son capaces de traducir en políticas públicas la doctrina y la experiencia del cristianismo.

Quiero agradecer a Siglo 21 por haber acogido mis columnas, cada semana, durante estos ocho años. Agradezco a los lectores que me favorecieron con su atención y comentarios. Espero que cuando esta aventura que hoy emprendo llegue a su fin, podamos volver a encontrarnos en estas páginas y pueda presentarme ante ustedes con las tareas hechas.

Reforma Institucional: Jueces Indepedientes

La piedra angular de todo sistema de justicia es la independencia de los jueces a cargo de impartirla

Para que la República y su gobierno cumplan con su propósito de organizar la convivencia ciudadana y el bien común, es indispensable que las leyes se cumplan y que se ejerza efectivamente el principio de separación de poderes. Es evidente que el correcto funcionamiento del Poder Judicial es fundamental para que prevalezca el Estado de Derecho y el sistema de pesos y contra pesos en el poder público. El imperio de la ley (que implica una justicia independiente) es fundamento de un sistema judicial que nos brinde seguridad, resuelva pacíficamente las disputas que surgen en la sociedad, y nos permita prosperar. La piedra angular de todo sistema de justicia es la independencia de los jueces a cargo de impartirla.

El clamor ciudadano que actualmente se expresa en contra de la corrupción y del sistema patrimonialista imperante demanda, ciertamente, una reforma del sistema judicial. Dicha reforma debe partir del principio, fundamental en una democracia, de que los jueces en lo individual, y el poder judicial en general, sean imparciales e independientes de cualquier presión externa e interna, de manera que el ciudadano común pueda tener la confianza de que sus casos serán decididos de manera justa y en apego a la ley. En el desempeño de su función, los jueces deben estar libres de cualquier influencia indebida, sin importar de dónde provenga: de presiones indebidas por el Ejecutivo o el Legislativo, por litigantes particulares, por grupos de presión y medios de comunicación, o por el interés del propio juez o de jueces de mayor jerarquía.

Es, por tanto, de vital importancia que cada juez sea capaz de decidir los casos únicamente con base en la evidencia presentada en el tribunal por las partes y de conformidad con la ley. Solamente los hechos y el derecho pertinentes deben constituir la base de los veredictos judiciales. Sólo así pueden los jueces cumplir con su responsabilidad constitucional de impartir justicia pronta, imparcial y cumplida.

El punto de inicio de cualquier reforma al sistema de justicia debe encontrarse en el principio de independencia judicial y este, a su vez, en un buen sistema de carrera de los jueces y magistrados. Para el efecto, debemos partir del artículo 209 de la Constitución, que instituye la carrera judicial y que establece que los ingresos, promociones y ascensos de dicho personal se deben hacer por medio de oposición. Es, pues, un mandato constitucional el de utilizar los concursos de oposición para todos aquellos que ingresen o pertenezcan a la carrera judicial. Esta carrera, regida por su ley específica, incluye tanto a magistrados (de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y de los demás tribunales colegiados), como a los jueces de instancia y de paz.

Por lo tanto, es necesario reformar las comisiones de postulación a fin de que explícitamente todos los aspirantes a una magistratura que formen parte de la carrera judicial deban haber completado satisfactoriamente el proceso de concurso por oposición que para el efecto convoque el Consejo de la Carrera Judicial. En el caso de los aspirantes que no forman parte de la carrera (que provienen de la práctica liberal de la profesión), estos deberán cumplir con la aprobación del perfil a que hace referencia la ley.

Eso sí, todos los aspirantes (sean o no parte de la carrera judicial) deben aprobar una estricta evaluación realizada por la Unidad de Capacitación Institucional; estas evaluaciones deben ser periódicas y sus resultado deben hacerse públicos. Además, el Consejo de la Carrera Judicial debe convocar a concursos por oposición no sólo para el ingreso a la carrera judicial, sino también para el proceso de elección de magistrados de magistrados a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones y a los demás tribunales colegiados.

Estas mínimas reformas son un primer paso necesario para asegurar una elevación de las calidades profesionales de jueces y magistrados, a fin de fortalecer su independencia. Sólo el buen funcionamiento de las cortes y una eficaz administración de la justicia harán posible que el Estado cumpla con su obligación de preservar la paz y asegurar los derechos de los guatemaltecos, así como la correcta fiscalización y castigo de aquellos que quebrantan la ley, tanto en el ámbito privado como en el ejercicio de la función pública.

Reforma Institucional: El Congreso de la República

Es urgente y necesario reformar diversos aspectos clave de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo

La modificación profunda de las formas y procedimientos con los que opera el Congreso de la República es parte fundamental de un esfuerzo integral de reforma política del Estado por el que la sociedad está clamando a través de diversas manifestaciones del sentir popular. Tal modificación tendría efectos positivos no sólo en la batalla que el país está empezando a pelear contra las prácticas de corrupción y de uso obscuro e ineficiente de los recursos del Estado (en las que el Congreso juega un papel relevante), sino que constituiría un aporte en el rescate de nuestra incipiente democracia.

Ello requiere de modificaciones al marco regulatorio de las funciones administrativas y sustantivas del Organismo Legislativo para establecer una normativa adecuada y funcional que permita al país alcanzar una gobernabilidad democrática en ese poder del Estado, por lo que es menester reformar en diversos aspectos la Ley Orgánica del Congreso.

Para empezar, es esencial normar la figura de la interpelación. Durante las dos últimas legislaturas, se ha hecho un uso inapropiado y hasta abusivo de herramientas parlamentarias tan valiosas como las interpelaciones y las mociones privilegiadas, entre otras. La falta de una regulación adecuada ha tenido como consecuencia la paralización de la agenda legislativa del Congreso y la obstaculización al trabajo cotidiano de los ministros y funcionarios interpelados.

Una reforma a la figura de la interpelación debe privilegiar su utilidad como mecanismo de control republicano entre poderes, pero sin que ello signifique sacrificar la obligación del Congreso de atender su agenda legislativa. Para el efecto podría aplicarse la práctica utilizada en otros países, según la cual se establece un día a la semana para las interpelaciones, en el que se asigna un espacio de tres horas con exclusividad a ese fin. Esto permite que la agenda legislativa normal continúe avanzando, sin dejar de lado la importancia del control y fiscalización de la interpelación.

También debería agilizarse el desarrollo de la propia interpelación, estableciendo que la etapa inicial (preguntas básicas y complementarias) de la interpelación pueda realizarse en sesiones con quórum reducido (25% del total de diputados), mientras que las etapas de debate, propuesta de voto de falta de confianza y su votación, se lleven a cabo con el quórum normal. Asimismo, establecer plazos claros para que el diputado interpelante comunique las preguntas básicas al Ministro de que se trate y, en caso de que no lo haga, que se entienda que el diputado renunció a la interpelación solicitada.

En adición a lo anterior, en el actuar del Congreso en los últimos años resulta evidente el claro deterioro e ineficiencia en el actuar de las Comisiones Legislativas, que deberían ser un órgano vital para el buen funcionamiento de las actividades parlamentarias no solo en materia de propuesta, análisis y dictamen de las iniciativas de ley, sino también en materia de fiscalización y seguimiento al cumplimiento de las leyes por parte del Ejecutivo.

Debe reformarse la Ley Orgánica del Legislativo para hacer obligatorio que los diputados asistan a las sesiones de las Comisiones a las que pertenezcan, y sancionar severamente a aquél que se ausente sin justificación. Además debe fortalecerse la institucionalidad de las Comisiones, quizá aumentando el período de la presidencia de las comisiones de 1 a 2 años, u obligando a que todas las sesiones sean registradas en medios audiovisuales, así como a que los presidentes de comisión salientes entreguen a sus sucesores una memoria de labores y todos los archivos y expedientes a su cargo.

Hace falta también, para poner orden en el manejo del Congreso, mejorar el marco regulatorio de los procesos para la contratación y promoción del personal, diferenciando a los funcionarios de carrera de los asesores temporales de los congresistas, así como actualizar la regulación de faltas al orden dentro de las sesiones plenarias del Congreso.

Estos cambios legales son necesarios y urgentes. La gran duda es si la actual legislatura tendrá la capacidad y la voluntad –ausentes hasta ahora- de discutir y avanzar en este tipo de reformas. El momento político y la presión ciudadana que estamos viviendo en estos días podrían hacer, por fin, la diferencia.

Reforma Institucional: Elecciones y Partidos

La adecuación del marco legal del sistema electoral y de partidos debe ser un proceso gradual y continuo de reforma

La semana pasada vimos que una de las instituciones clave para combatir la corrupción imperante es la Contraloría de Cuentas, que es el ente encargado de la supervisión a posteriori del gasto gubernamental. Pero igual de importante en esta guerra contra la corrupción resultan las instituciones que, a priori, han ido construyendo paulatinamente este sistema en el que el gobierno se convierte en un botín para el enriquecimiento personal: los partidos políticos y el sistema electoral.

En medio del clamor popular por la depuración de las instituciones y el rescate del sistema democrático se ha empezado a identificar, cada vez con mayor claridad, la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-. Se escuchan voces en favor de un cambio radical y completo del sistema, que se antoja deseable. Sin embargo, la dificultad práctica de hacer un borrón y cuenta nueva podría prolongar demasiado el proceso de reforma. Si, en cambio, se emprende un proceso pragmático y gradual de cambios, la velocidad de la reforma y sus posibilidades de éxito pueden incrementarse.

Conviene recordar que el artículo 175 de la Constitución Política establece que la reforma de las leyes calificadas como constitucionales, como la LEPP, requieren de la aprobación del Congreso por mayoría calificada y de un dictamen previo favorable de la Corte de Constitucionalidad. Dado que el sistema electoral constituye la piedra angular de la democracia, la adecuación de su marco legal debe ser un proceso gradual y continuo de reforma. Dicho proceso debe comenzar por introducir aquellas reformas que sean más viables y necesarias, así como que gocen de un adecuado nivel de consensos y claridad técnica, dejando para etapas posteriores aquellos temas que requieran de mayor esfuerzo de negociación y análisis.

Actualmente existe una iniciativa de reformas a la LEPP que ya cuenta con el correspondiente dictamen de la CC. Desafortunadamente la CC incluyó en el dictamen cuatro tipos de opinión: (i) dictamen favorable a algunas reformas (donde la Corte no detectó ninguna contradicción constitucional); (ii) dictamen favorable con comentarios (a ciertos artículos donde no existe una clara contradicción constitucional, pero sobre los que emite comentarios conceptuales o sugerencias); (iii) a otras les dio dictamen favorable con condicionantes (donde la esencia es constitucional pero contienen contradicciones); y, (iv) a otras les dio dictamen desfavorable (preceptos inconstitucionales). En el primer caso no hay duda de su viabilidad; en los tres últimos casos, si el Congreso desea persistir con la reforma, requiere volver a iniciar el proceso legislativo hasta llegar a la etapa en que deberá consultar nuevamente a la CC.

En aras de avanzar en la necesaria reforma y fortalecimiento del sistema electoral y de partidos políticos, resulta necesario que el Congreso proceda de inmediato con la aprobación de aquellos artículos de reforma a la LEPP sobre los cuales la CC emitió dictamen favorable sin comentarios ni condicionantes, que sean más viables, pertinentes y necesarias.

Esas reformas incluyen sanciones por el traslado de votantes; la separación de los conceptos de proselitismo y campaña; mejorar el poder sancionatiorio del TSE sobre el financiamiento de los partidos; mejorar la regulación de los comités ejecutivos y órganos permanentes de los partidos políticos; limitar la reelección del Secretario General de los partidos; establecer que las multas cobren mediante deducción al financiamiento público; fortalecimiento institucional y administrativo del TSE; la publicidad de las sesiones de la Comisión de Postulación para magistrados al TSE; la obligación de los candidatos a  corporaciones municipales estén empadronados en el respectivo municipio; mejorar el trámite de inscripción de candidatos; definir el plazo de cierre del padrón electoral antes de la fecha de elección; mejorar la regulación del procedimientos de revisión de escrutinios; o, mejorar la regulación de las disposiciones para la interposición de amparos.

Estas son sólo algunas de las reformas que pueden aprobarse ya. Quedarían otras muchas por hacer, pero pueden quedar para una segunda fase posterior de discusión con la sociedad civil, la clase política y la propia CC. Lo urgente es empezar cuanto antes.

Reforma Institucional: Contraloría de Cuentas

Las autoridades que han dirigido ese ente han incumplido flagrantemente con los mandatos de su Ley Orgánica

La renuncia de la Vicepresidente Baldetti debe ser apenas el inicio de muchas acciones de la sociedad dentro de una guerra total contra la corrupción.  La corrupción, dice el Papa Francisco, es “una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga”. Su combate demanda un esfuerzo social e institucional efectivo. Y una pieza clave de ese esfuerzo debe ser la institución que está llamada a ser la pieza central del fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública y del proceso de rendición de cuentas, como medios de lucha contra la corrupción, el peculado, el tráfico de influencias, la malversación de fondos y el desvío de recursos públicos: la Contraloría de Cuentas.

“Nuestro querido país está enfermo de corrupción”, han dicho los obispos guatemaltecos en su reciente comunicado. Si esa enfermedad ha llegado al intolerable nivel que hoy nos indigna, se debe en gran medida a que la Contraloría de Cuentas no ha cumplido con su rol. Y, contrario a la tendencia natural que dice que esos fallos pueden deberse a un marco legal inadecuado, en el caso de la Contraloría el problema no ha sido que su Ley Orgánica tenga defectos, sino más bien el problema ha sido que las autoridades que han dirigido ese ente han incumplido flagrantemente con los mandatos que dicha ley les confiere.

De manera que, más importante que reformar la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas, el esfuerzo inicial de reforma institucional debería centrarse en cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Veamos sólo algunos ejemplos de mandatos contenidos en la ley que, bien sea por desidia o por llana complicidad con los corruptos, son incumplidos impunemente –y desde hace muchos años- por las autoridades de esa institución.

Por ejemplo, la ley manda a la Contraloría auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y de las entidades autónomas y descentralizadas, enviando los informes correspondientes al Congreso de la República. Este manato es incumplido no sólo por la Contraloría, sino que también por el Congreso que ni se da por enterado de esos informes que deberían ser cruciales para la fiscalización del buen uso de los recursos públicos.

La ley también manda a la Contraloría a promover de oficio y ser parte actora de los juicios de cuentas en contra de funcionarios y empleados públicos, así como de representantes legales de ONGs y fideicomisos públicos; en la práctica, tales juicios son prácticamente inexistentes. La Contraloría también debe investigar de oficio cuando por cualquier medio tenga conocimiento de un acto de presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, peculado, malversación, fraude, exacción ilegal, cobro indebido, falsedad material y otros hechos que constituyan delito por parte de funcionarios públicos. En la práctica: casi ninguna denuncia presentada ante el Ministerio Público.

La Contraloría también está facultada por ley a nombrar interventores en los asuntos de su competencia, de carácter temporal, en los organismos, instituciones o entidades sujetas a control, cuando se compruebe que se está comprometiendo su estabilidad económica‐financiera. ¡Cuánto bien habría hecho si la Contraloría hubiese nombrado oportunamente interventores en la SAT, los puertos, el Renap, los hospitales públicos o cualquier otra entidad donde se sabe que la corrupción campea impunemente!

La ley también ordena a la Contraloría realizar evaluaciones de campo y determinar el impacto de los programas y proyectos gubernamentales, así como fiscalizar físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, evaluando la calidad de las mismas. Si la Contraloría cumpliera con ese mandato, el desperdicio del gasto público se reduciría enormemente.

Convendría, pues, encauzar la indignación y las manifestaciones ciudadanas contra la corrupción hacia acciones concretas de auditoría social que obliguen a un rescate de las instituciones que tienen el mandato constitucional de evitar que el Estado se siga enfermando de corrupción. La Contraloría es, por muchas razones, la primera de tales instituciones que debe ser depurada y rescatada de las garras de ese mal que ella misma está llamada a combatir.

Reforma Institucional: la SAT

Las mafias del contrabando, la defraudación aduanera y la evasión fiscal se han incrustado en la SAT

La corrupción enraizada en las entrañas del Estado está carcomiendo las instituciones gubernamentales, cobrando vidas en las barriadas de las ciudades y en los hospitales públicos, y amenazando con destruir nuestra endeble democracia. La crisis actual puede ser interpretada como el acabose del sistema político que hemos ido conformando desde el fin de los (antiguos) gobiernos militares.

Pero la crisis –y perdón por el cliché- también debe ser interpretada como una oportunidad de rescatar, reconstruir y repensar las instituciones estatales necesarias para que el país tenga viabilidad y eluda la inminencia del estado fallido que lo amenaza desde hace tiempo. Así, la situación actual nos apremia a emprender urgentemente reformas institucionales.

Son muchas las instituciones que, como parte de un esfuerzo nacional para combatir la corrupción, demandan una reforma más o menos profunda: la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público, el Congreso de la República, las cortes de justicia, el sistema de servicio civil, o el sistema electoral. Para empezar, es evidente que existe una tarea que realizar en cuanto a reconstruir la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, epicentro de la actual crisis.

El que las mafias del contrabando, la defraudación aduanera y la evasión fiscal se hayan incrustado en la SAT se debe, claro está, a que las personas equivocadas han estado a cargo de dirigir (o de nominar a quienes dirigen) las operaciones de esa institución. Pero también se debe a que el diseño administrativo y de gobierno interno de la SAT tiene enormes debilidades.

Diversas opiniones (incluyendo el reciente pronunciamiento del G40) coinciden en que es preciso realizar modificaciones legales y operativas a la SAT. Algunas de las principales reformas tienen que ver con una debilidad evidente de la SAT: su gobierno corporativo. Esto se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la institución, y la división de poderes entre sus actores principales (el gobierno, el Directorio, la Alta Administración y los empleados).

Lo primero, pues, es delimitar las responsabilidades de cada órgano interno. El Directorio debe ser quien defina la estrategia institucional y nombre al Superintendente y a los intendentes. El Superintendente debe ser la autoridad administrativa a cargo de la gestión del día a día. Hoy esos roles están confundidos: el Superintendente no responde al Directorio sino a quien lo nombra, el Presidente de la República, lo cual politiza innecesariamente a la institución.

Otras reformas legales incluyen revisar la forma de elección de sus directores y funcionarios, para que los electos sean personas de demostrada capacidad, honradez y probidad, sin conflictos de interés entre su vida privada y la administración tributaria. Y hay que obligar a la SAT a someterse a procesos de auditoría y fiscalización independientes.

Paralelamente hay que aplicar mejoras administrativas para instaurar una verdadera carrera administrativa. Deben además modernizarse y simplificarse los procesos internos de la institución y del sistema tributario existente, para reducir los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios a cargo de la recaudación. Asimismo, urge modernizar, sistematizar e introducir tecnología en los procesos recaudatorios (incluyendo las aduanas), así como en la publicación (rendición de cuentas) de los procedimientos y resultados utilizados.

Para que estas reformas puedan hacerse realidad, es necesario que confluyan tres factores. Primero, debe haber una propuesta técnica realista y bien planteada. Para ello hay ya varias iniciativas ciudadanas en marcha que pueden proporcionar los insumos necesarios. Segundo, debe existir voluntad política para aprobar e impulsar las reformas. Pese a la pérdida de credibilidad de los estamentos políticos, la crisis puede crear el momento político para que las reformas avancen. Y, tercero, se debe producir la suficiente presión social –como la que parece estarse generando en días recientes- para obligar a las autoridades, a los líderes y a los políticos a satisfacer el clamor popular por un Estado más eficiente, más transparente y menos corrupto. Se necesita un esfuerzo unitario de la sociedad para lograrlo.

Percepciones de la Economía

Las percepciones de los consumidores y de los inversionistas influye decididamente sobre el desempeño de la economía. Ante el lento ritmo del crecimiento económico existe una cierta fatiga social respecto de la situación económica. Y el pesimismo empeora ante la crisis generada por la corrupción generalizada.

A pesar de que la economía guatemalteca es una de las más estables, resistentes y adaptables de América (características que el anglicismo de moda unifica en el adjetivo “resiliente”), ante el lento ritmo del crecimiento económico y los elevados indicadores de pobreza existe una especie de fatiga social respecto de la situación económica. Esa fatiga, aunque justificada por la lentitud con la que el país camina hacia el desarrollo y el bienestar, es mala consejera pues induce –tanto a las masas como a los liderazgos- a preferir las soluciones inmediatas, instantáneas, casi mágicas a los problemas nacionales.

En ese contexto, resulta ilustrativo analizar las percepciones de la población sobre el desempeño económico en Guatemala, publicadas recientemente en el Barómetro de las Américas 2014. El primer gran hallazgo de esa encuesta (que se realizó a nivel nacional el año pasado) es que los hogares guatemaltecos no se sienten seguros desde el punto de vista económico.

La encuesta les preguntó a los consultados (en 25 países de América) qué tanto y con cuánta dificultad podían cubrir sus necesidades económicas con sus ingresos. Las respuestas se codificaron en una escala de 0 a 100, donde los valores más altos representan una mayor capacidad de cubrir las necesidades económicas del hogar. Los cuatro países de la región con mejor punteo (es decir, con mejor percepción de seguridad económica en el hogar) en la encuesta fueron, en su orden, Panamá y Trinidad y Tobago (con 58 puntos), seguidos de Canadá (57 puntos) y Costa Rica (56).

Los cuatro países con peor punteo (es decir, mayor percepción de inseguridad económica en el hogar) fueron Haití (27 puntos), Honduras (35), República Dominicana (36) y Guatemala (37). Esa pobre calificación de nuestro país es consistente con otras encuestas que identifican a la situación económica como uno de los principales problemas personales que enfrentan los guatemaltecos. Esos elevados niveles de inseguridad en las finanzas del hogar sugieren que el consumo privado (que es el principal motor del crecimiento económico nacional) se ve muy limitado por las baja capacidad de gasto de los guatemaltecos.

La encuesta del Barómetro de las Américas también preguntó acerca de cómo percibían los encuestados el desempeño reciente de la economía nacional vista en su conjunto. De nuevo, las calificaciones más altas en una escala codificada de 0 a 100 indican que los encuestados perciben una mejora en la situación económica de su respectivo país. Los países con mejor punteo fueron Ecuador (60 puntos), Bolivia (53), Chile (51) y Canadá (47).

Por su parte, los países con más baja percepción de la situación económica nacional fueron Venezuela (11 puntos), Guatemala (17), Argentina (19) y México (20). Si tomamos en cuenta que los venezolanos están sumidos en una crisis económica gigantesca, con graves problemas de escasez y de inflación galopante, vemos justificación para sus percepciones negativas respecto de la economía. Pero en el caso de Guatemala, con un crecimiento estable (aunque reconocidamente insuficiente) y gran estabilidad de precios, el pesimismo imperante no deja de llamar la atención.

De hecho, cuando se correlacionan las percepciones sobre la situación económica con las cifras de crecimiento económico, los guatemaltecos se revelan como los más pesimistas de la región. En contraste, por ejemplo, Ecuador muestra una mejor percepción de la economía por parte de sus ciudadanos, pese a tener una tasa de crecimiento económico similar a la de Guatemala.

Ese pesimismo resulta perjudicial para el desempeño económico del país, no solo porque limita el consumo privado, sino también porque es indicativo de una muy escasa disposición a invertir y a emprender nuevos negocios. Existe, pues, un espacio para las políticas públicas llamadas a revertir las precepciones negativas sobre la economía. Sin embargo, situaciones de escándalo, corrupción e ineficiencia como el reciente caso de defraudación aduanera, que ha puesto en aprietos al gobierno, en nada contribuyen a generar optimismo. En tal sentido, una cruzada nacional de combate a la corrupción y de rescate de las instituciones clave (como la SAT, la Contraloría y los Tribunales) podría ser un gran primer paso para recuperar la esperanza en un mejor futuro económico.

EL G-40 SE PRONUNCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Les comparto el pronunciamiento del G-40, publicado el día de hoy, relacionado con la crisis nacional desencadenada con el descubrimiento de una red de corrupción y defraudación aduanera en la SAT

Defraudación aduanera y la corrupción

Pronunciamiento del G40 

El G40, (grupo independiente de economistas y analistas fiscales), ante las recientes acciones encaminadas a desarticular las redes de defraudación aduanera que operan desde el interior y fuera de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, con el ánimo de que las mismas sirvan para emprender un esfuerzo nacional a favor de la eficacia, eficiencia, probidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, manifiesta:

1 Su beneplácito y apoyo a las acciones dirigidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en coordinación con el Ministerio Público y las fuerzas de Seguridad, para desarticular una de las estructuras criminales de defraudación aduanera que operaba desde el interior y fuera de la SAT.

2 Su indignación porque dicha estructura criminal haya estado conformada y dirigida por funcionarios del más alto nivel a cargo de la administración aduanera, incluyendo al Secretario Privado de la Vicepresidente de la República. Lo anterior ha generado una grave crisis política e institucional que demanda acciones prontas, concretas y contundentes por parte de las autoridades políticas del país.

3 Su demanda al sistema de justicia para que las acciones de sus operadores se apeguen a los más altos estándares éticos que demanda la impartición de justicia, de manera que las investigaciones iniciadas culminen con castigos severos y ejemplares para todos aquellos que resulten implicados. Los Jueces deben recordar que la ciudadanía está observando y demanda que el sistema de justicia actúe efectivamente para castigar a los políticos y funcionarios públicos que abusan de sus cargos y a quienes corrompen.

4 Que la importancia de estas acciones radica, en gran medida, en que las mismas pueden contribuir efectivamente a fortalecer el erario público, en virtud de que –de acuerdo con estudios elaborados por tanques de pensamiento nacionales- el costo que para el fisco representan las actividades ilícitas de contrabando y defraudación aduanera supera el 3% del PIB. Por ello los esfuerzos de combate a estos ilícitos deben extenderse a prevenir y reducir el contrabando.

5 Que el delito de defraudación aduanera –así como la existencia de redes criminales que lo perpetran- es sólo uno de los componentes de los esquemas de corrupción y malversación que operan en las entrañas del Estado, ocasionando costos inmensos para la economía del país, tanto por las pérdidas de eficiencia que genera la corrupción, como por la evidente merma que sufren las arcas estatales y por la competencia desleal que afecta a las empresas que operan en estricto apego a la ley. La corrupción y su impunidad generan también consecuencias graves y nocivas en los ámbitos social (pues erosiona la moral tributaria, la provisión de servicios básicos de salud, educación e impartición de justicia) y político (pues socaba el funcionamiento de las instituciones democráticas y el apoyo ciudadano a las mismas, así como la estabilidad del régimen constitucional), que pueden incluso ser más trascendentes que las consecuencias puramente económicas.  

6 Que la actual crisis institucional plantea al país una oportunidad de emprender acciones profundas, tanto inmediatas como de largo plazo, para rescatar y fortalecer la institucionalidad pública –empezando por la administración tributaria- y, en general, para combatir frontalmente la corrupción y la impunidad generadas por la defraudación aduanera y el contrabando.

7 Que, en tal sentido, resulta imprescindible emprender acciones concretas para rescatar y fortalecer la SAT, a fin de aumentar la capacidad de recaudación y la productividad de los principales impuestos. Entre dichas acciones debe incluirse:

a) La revisión y reforma de la estructura de gobierno interno, especialmente los mecanismos de elección de sus directores y funcionarios superiores (incluyendo los procesos en marcha), con vistas a fortalecer la autonomía y eficiencia institucionales, para lo cual es imprescindible que los electos sean personas de demostrada capacidad, honradez y probidad;

b) La revisión y fortalecimiento de los procedimientos y sistemas de reclutamiento, promoción y disciplina del personal, con vistas a cimentar una verdadera carrera administrativa;

c) Modernizar y sistematizar la publicación y difusión de resultados de la gestión de administración tributaria, con vistas a mejorar significativamente la transparencia y rendición de cuentas de la institución.

d) La creación de herramientas institucionales que procuren la auditoría y fiscalización de la propia SAT, mismas que deberán ser independientes de esta y del gobierno central. De igual manera resulta indispensable un sistema de indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar la mejora de los procesos maestros de la institución. 

e) La modernización y simplificación de los procesos internos de la institución y del sistema tributario existente, de manera que el cumplimiento de las obligaciones tributarias sea fácil de entender y cumplir para los contribuyentes y se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios encargados de la recolección de impuestos. 

f) La modernización de las aduanas y sistematización de sus procedimientos que permitan la inclusión de tecnologías que reduzcan la discrecionalidad del personal que labora en las mismas y  que los procesos sean más eficaces en la recaudación que se realiza. 

8 Que, más allá de las medidas de rescate de la administración tributaria, la coyuntura actual demanda la participación integrada de todas las fuerzas de la sociedad guatemalteca interesadas en combatir la corrupción y preservar el sistema democrático, incluyendo a los sectores académicos, empresariales y de incidencia social, por lo que el G40 está en disposición de acompañar cualquier esfuerzo de las diversas expresiones de la sociedad civil encaminado a conformar instancias contra la corrupción para analizar, proponer y fiscalizar las medidas y acciones que deben tomarse en los próximos meses en esta materia.

Guatemala, mayo de 2015

Así sí, CICIG

El combate a la corrupción debería ser, a estas alturas, parte de la lucha por proteger los derechos humanos

Si Guatemala corre algún peligro de convertirse en un estado fallido, la causa principal es, sin duda, la corrupción, cuya influencia nefasta sobre el funcionamiento del aparato público tiene gravísimas consecuencias económicas, políticas y sociales. De acuerdo a la recién publicada encuesta del Barómetro de las Américas, Guatemala es como uno de los países con mayor incidencia de corrupción: uno de cada cinco guatemaltecos ha sido víctima directa en el último año. La misma encuesta revela que más del 70 por ciento de los guatemaltecos percibe que la corrupción en el país está generalizada.

Los costos para la economía son gigantescos, tanto por las pérdidas de eficiencia que genera la corrupción, como por la evidente merma que sufre el erario público. Apenas un día antes de que estallara el escándalo de la defraudación aduanera la semana recién pasada, se hacía público un estudio elaborado por una red de tanques de pensamiento en el que se estimaba que el costo del contrabando y la defraudación aduanera supera el 3% del PIB. Y si a eso sumamos lo que el fisco pierde por la corrupción o el desperdicio en otras muchas áreas de la gestión gubernamental (compra de medicinas, subsidio al transporte, mantenimiento de carreteras, saneamiento de lagos, y un interminable etcétera), resulta evidente que no existe otra medida de eficiencia fiscal o reforma tributaria que sean más eficientes que el efectivo combate a la corrupción.

Más aún, los niveles actuales de corrupción son tan elevados que se han convertido en un asunto de violación de los derechos humanos fundamentales: la corrupción cuesta vidas.  Cobra vidas de guatemaltecos que acuden a los servicios de salud pública y se encuentran con un sistema de saqueo institucionalizado que va desde el robo de suministros por parte de los empleados del menor nivel, hasta la oscura asignación de millonarios contratos de compra de medicamentos a más alto nivel. Todo ello mientras los ciudadanos más pobres literalmente mueren en las salas de urgencias.

Cobra vidas de trabajadores guatemaltecos dedicados al oficio de pilotos de transporte público, negocio tan absolutamente desnaturalizado por el tenebroso sistema de otorgamiento de subsidios y de sospechosos procesos de compra de autobuses, que ahora es fuero casi exclusivo del crimen organizado.  Cae de su peso, entonces, que el combate a la corrupción no es solamente un asunto de conveniencia administrativa y de buen gobierno, sino que es un tema de interés geopolítico por sus implicaciones en las áreas de derechos humanos y de seguridad regional.

Por eso resulta tan reconfortante y esperanzador el exitoso operativo de la semana pasada, que desarticuló la estructura de defraudadores aduaneros dirigida por los más altos funcionarios gubernamentales en la materia. Es menester reconocer el rol fundamental que la CICIG desempeñó en ese operativo. Resulta positivo que la CICIG haya, por fin, detectado que esas redes de corrupción son centrales en las actividades delictivas de los cuerpos paralelos enquistados en el estado guatemalteco, contra los cuales tiene el mandato de actuar.

Falta ver, eso sí, si el sistema judicial (tanto o más cuestionado que el Ejecutivo por su ineficiencia y opacidad) está a la altura para castigar como corresponde a los delincuentes capturados. Falta  ver también si la CICIG (cuyo mandato ha sido prorrogado hasta 2017) se sigue concentrando en el combate a las actividades de corrupción que están carcomiendo al Estado (ojalá que, en tal sentido, ya hayan pesquisas en torno a los asesinatos de pilotos y el botín del subsidio al transporte, o en torno a los procesos de compras de medicamentos y otros suministros).

Por nuestra parte, toca a los guatemaltecos luchar por fortalecer las instituciones de control que deberían hacerse cargo de tomar la estafeta de la CICIG cuando esta abandone finalmente el país. Para empezar, hay que impulsar reformas que rescaten y fortalezcan a la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero principalmente hay que luchar por el fortalecimiento de las instancias de vigilancia y control: la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Sin ese esfuerzo, el exitoso operativo contra la defraudación aduanera de la semana pasada no pasará de ser una simple llamarada de tusas.

El Imperio de la Ley

El mercado no puede funcionar en medio de un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto

La existencia de instituciones eficientes es un elemento fundamental para el desarrollo de las naciones. Las instituciones son la manifestación de las reglas, normas, tradiciones y convenios sociales, producto de la interacción de factores culturales, históricos, políticos y económicos que se van consolidando en el tiempo. Entre estas manifestaciones destaca el imperio de la ley, que implica la presencia de una justicia independiente, pronta y cumplida, así como de regulaciones objetiva de las relaciones económicas y sociales.

Sin imperio de la ley no es posible el desarrollo económico y social; el propio mercado no puede funcionar en medio de un sistema de justicia atrasado, atrofiado y corrupto. Con esto en mente, resulta útil analizar los resultados del Índice del Imperio de la Ley (Rule of Law Index), elaborado por el World Justice Project –WJP, una ONG estadounidense- y publicado hace pocos días, donde se incluye una evaluación del caso de Guatemala (http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index). Este índice busca dar una visión multidimensional del grado en que los países cumplen con aplicar el imperio de la ley.

Para calcular el índice se realizaron más de cien mil encuestas a ciudadanos y expertos en 99 países; para el efecto, utiliza 47 indicadores agrupados en 8 grandes dimensiones del imperio de la ley: (1) las limitaciones a los poderes del gobierno –su sistema de pesos y contrapesos-; (2) la ausencia de corrupción –desde sobornos hasta tráfico de influencias-; (3) la aplicación del gobierno abierto –accesible a las consultas y participación del público-; (4) el respeto a los derechos humanos fundamentales; (5) el orden y la seguridad de las personas y su propiedad; (6) el cumplimiento de las normativas legales y administrativas; (7) la justicia civil; y, (8) la justicia penal.

Los resultados para Guatemala no son nada halagüeños: el país ocupa el puesto 83 (de 99 países calificados) y, a nivel de Latinoamérica, ocupa el lugar 13 (entre 16 países). El puntaje total otorgado a nuestro país fue de 0.44 puntos, en una escala que va de 0.00 a 1.00, lo cual nos pone en la misma categoría de países como Madagascar, Irán, Sierra Leona o Nicaragua.

Guatemala muestra bajas calificaciones en todas las dimensiones evaluadas. En el área de limitaciones a los poderes del gobierno, el país obtuvo 0.52 puntos (ligeramente mejor que el promedio de países de ingresos medios-bajos, como el nuestro) y ocupa el puesto 59 del ranquin, donde aún muestra graves falencias en materia de la efectividad de la Contraloría de Cuentas y de las sanciones a funcionarios. En la dimensión de ausencia de corrupción la calificación fue de 0.37 puntos (puesto 76), denotando malas calificaciones en los indicadores de corrupción en los tres Organismos del Estado. En la aplicación del gobierno abierto la calificación fue de 0.45 (puesto 57). En cuanto al respeto a los derechos fundamentales, la calificación fue de 0.56 (puesto 57), con buenas calificaciones en materia de libertad de expresión y de asociación, pero muy malas en materia de discriminación y derechos laborales.

En la dimensión de orden y seguridad ciudadana, la calificación fue de 0.56 (ocupando el puesto 92 del ranquin) que refleja la situación de criminalidad y violencia imperante. En el área de cumplimiento de la normativa el punteo fue de 0.39 (puesto 85), debido a los problemas de  irrespeto a las normas y al debido proceso. En cuanto a la justicia civil, el punteo fue de 0.36 (puesto 93, de 99), reflejo del poco acceso a la justicia y a la prevalencia de retrasos maliciosos. Y, finalmente, en la dimensión de justicia penal, la calificación fue de 0.30 (puesto 93) que, entre otras falencias, refleja debilidades en la investigación y en el sistema penitenciario.

El estudio de este índice puede constituir una buena guía para una necesaria agenda de reforma al sistema de justicia. De nada sirve a una nación contar con políticas económicas y sociales adecuadas si no cuenta al mismo tiempo con reglas de juego adecuadas y que se hagan cumplir. En este sentido, el imperio de la ley y, en particular, el sistema de justicia, son el fundamento de un sistema que nos brinde seguridad, que resuelva pacíficamente las disputas que surgen en cualquier sociedad, y que nos permita prosperar.

Año Electoral y Estabilidad Económica

La estabilidad de algunas variables clave parece resentirse durante el último año de cada gobierno

Los años electorales suelen plantear desafíos económicos, tanto a los gobiernos (que se ven tentados a gastar más para favorecer su posible reelección) como para el resto de agentes económicos (que deben tomar decisiones de consumo e inversión en un entorno más incierto), lo cual podría afectar negativamente la estabilidad económica. ¿Ocurre esto en Guatemala?

La empresa Consultores Para el Desarrollo (COPADES) ha desarrollado un modelo que permite analizar la gestión política de los últimos gobiernos en función de su efectividad para mantener la estabilidad macroeconómica. Dicho modelo permite también identificar cuán atípicos son los años electorales en Guatemala y qué variables se ven más afectadas por los eventos del último año de cada gobierno.

La buena noticia para Guatemala es que los resultados indican que, en promedio desde 1999, los años electorales (en términos de implicaciones sobre la estabilidad económica) no parecen ser muy atípicos en comparación con el resto de años. Y, si no hay sorpresas desagradables, todo parece indicar que el año electoral de 2015 tampoco será distinto.

Eso sí, la estabilidad de unas pocas variables parece resentirse ligeramente durante el último año de cada gobierno. De las diez variables que integran el modelo, dos muestran un comportamiento un tanto atípico durante la campaña electoral. Una es el tipo de cambio, que en esos años ha tenido una leve tendencia al alza –posible reflejo de la precaución del público que refugia temporalmente sus activos en una moneda dura-; la otra es el crédito bancario al sector privado, que se incrementa levemente más allá de su crecimiento típico –posiblemente en respuesta a la demanda de financiamiento de la campaña política-.

Individualmente, los años electorales 1999 y 2007 fueron relativamente menos estables. El primero de ellos –el último año de gobierno de Álvaro Arzú-  fue testigo de un comportamiento fiscal expansivo (probablemente buscando ganar votos a base de gasto público en infraestructura) que ocasionó un aumento del déficit fiscal (a un nivel superior al 3% del PIB) y un consiguiente aumento acelerado en el endeudamiento público. Además, las tasas de interés activas, por un lado, también aumentaron por encima de su comportamiento normal (debido al efecto desplazamiento ocasionado por la mayor deuda pública); y, por el otro, el déficit externo (en cuenta corriente, que es el déficit gemelo del fiscal) y el tipo de cambio también mostraron aumentos importantes.

Aunque el último año del gobierno de Óscar Berger también se desvía del patrón de estabilidad, ello se debió más a factores exógenos (precios elevados de los productos primarios en los mercados internacionales) que a errores de política internos (como sí fue el caso del gobierno de Arzú). La mala fortuna acaecida en 2007 fue compensada con un desempeño muy responsable en materia de déficit fiscal y endeudamiento público.

En contraste con esos dos periodos, los años electorales 2003 y, especialmente, 2011 fueron relativamente estables macroeconómicamente. Si bien el último año de presidencia de Alfonso Portillo no fue un dechado de virtudes fiscales, al menos mantuvo estables la mayoría de variables incluidas en el modelo. Por su parte, el último año del gobierno de Álvaro Colom, aunque con un nivel de endeudamiento superior a lo normal, logró empezar la corrección del déficit fiscal y mantener la inflación y las tasas de interés bajo control.

Para el presente año electoral se espera que la estabilidad económica no sea significativamente afectada por el proceso político. Esta tranquilidad económica se ve apuntalada por los bajos precios internacionales del petróleo y sus derivados, que se traduce no sólo en la inexistencia de presiones inflacionarias, sino también en un bajísimo nivel de déficit externo y una gran estabilidad cambiaria. La única amenaza es el tamaño del déficit fiscal. Si el gobierno logra mantener bajo control las presiones de gasto que tienden a producirse en los meses previos a las elecciones, el año 2015 podría pasar a la historia como uno de los años electorales de mayor estabilidad macro. Sin embargo, el gasto público al mes de febrero (con las últimas cifras disponibles) ya parece estar muy acelerado. Esa será la variable clave a vigilar este año electoral.

Se Busca un Líder Como Simeone

¿Es posible para un Estado como el guatemalteco extraer lecciones del liderazgo del “Cholo” Simeone?

Aprovechando los aires veraniegos, divaguemos un poco sobre lo que un país como el nuestro, hambriento de liderazgos inspiradores, puede extraer como lecciones desde el lejano ambiente del futbol profesional; ese donde el líder de moda es un hombre que convirtió a una institución fallida y destrozada por dentro, en un ejemplo de resurrección y esperanza.

Bajo el liderazgo de Diego “el Cholo” Simeone, el club Atlético de Madrid no sólo recobró el prestigio perdido, sino que logró obtener más títulos en sus tres años como entrenador que todos los que el club obtuvo en los 25 anteriores. ¿Es posible para un Estado como el guatemalteco, que coquetea con el colapso y el suicidio colectivo, extraer lecciones del liderazgo de Simeone?

Son cinco las claves de ese liderazgo que, si fueran adoptadas por nuestros dirigentes, quizá conjurarían el espectro del Estado fallido. La primera clave es creer que se puede. El Cholo encontró un Atlético de Madrid en decadencia, con una dirigencia corrupta y sin credibilidad, financieramente deficitario y con muy escasos logros (hasta con un descenso breve a segunda división). Algo parecido a nuestro país.

El Cholo, que había conocido otro Atlético distinto (luchador en las adversidades, capaz de hacerle frente a los más grandes –con muchos menos recursos- y orgulloso de su historia), le inyectó a jugadores, dirigentes y afición un espíritu de optimismo, de fe en sí mismos e ilusión compartida. Y les dijo a todos que “el que no crea, que no moleste”. Cuánto bien le haría a Guatemala, sumida en la anomia y el cinismo colectivo, un liderazgo que nos hiciera creer que podemos ser un país exitoso; que podemos ser una sociedad más próspera y solidaria; que podemos decirle al que no quiera compartir esa fe que no moleste.

La segunda clave es el trabajo en equipo. Simeone encontró un club dividido en facciones, donde cada quien se conformaba con dar lo mínimo y nadie confiaba en nadie. Parecido a la Guatemala de hoy. Pero el Cholo, así como inyectó optimismo, también infundió una buena dosis de realismo: sólo el trabajo duro produce frutos; sólo con perseverancia se puede mejorar. Contrario a lo que prometen los políticos tercermundistas, no hay soluciones mágicas. Eso significa, lo mismo para un club de futbol que para una sociedad, que el trabajo en equipo implica que cada quién haga lo que le toca y contribuya con lo que el otro hace.

La tercera clave es la ilusión por ganar. El Atlético que encontró Simeone se arrastraba en la mediocridad de la media tabla; y, ante la frustración generalizada, tenía más de diez años de no vencer a su más acérrimo rival (el otro equipo de Madrid). Como Guatemala, que tiene años de no salir de los peores lugares en los índices de desarrollo humano, de competitividad o de transparencia. Pero el Cholo devolvió la ambición  a su equipo, les inculcó un estilo y unas señas de identidad  a las cuales se aferraron hasta lograr el éxito. Eso sí, con flexibilidad, dispuestos a adecuarse a las circunstancias, sin perder de vista su objetivo: ser tan competitivo como los otros y, de paso, vencer de nuevo –y repetidamente- a su rival histórico.

La cuarta clave es ir partido a partido. Al sumar fe, trabajo y ambición, resulta importante ahuyentar los fantasmas del pasado tanto como los del futuro. Lo que importa es el próximo partido; no el de ayer ni el de mañana. Para Guatemala, eso significaría dejar en el pasado los traumas de la confrontación y no angustiarse porque otros países nos lleven la delantera; concentrarnos en lo problemas de hoy: la corrupción, la desnutrición y la debilidad institucional. Si vamos partido a partido podemos mantener la visión de largo plazo pero centrando los esfuerzos en los temas urgentes del momento.

La quinta clave es pasión y orgullo. Simeone sabía cuando llegó como entrenador que, pese a sus horas bajas, el Atlético de Madrid era un equipo altivo, de arraigo y tradiciones; con un pasado del cual enorgullecerse y con una base social valiosa. Como Guatemala, pues. Y a partir de ese orgullo y de esa base pudo recobrar la dignidad y obtener éxitos, partido a partido. Quizá reflexionando sobre estas trivialidades durante el descanso de Semana Santa, podamos ser capaces de pensar que con un liderazgo de ese estilo tal vez Guatemala tendría un mejor futuro.

Prosperidad y Globalización

Aunque la globalización ha reducido la desigualdad entre países, la ha incrementado al interior de las sociedades

La semana pasada, la inauguración de la suntuosa sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemana, fue objeto de agresivas manifestaciones anti-capitalistas. Una prueba más de que la globalización y el capitalismo están bajo ataque ideológico. La crisis financiera de 2008, el estancamiento de las clases medias en muchos países industrializados y las evidentes inequidades en los países pobres han sembrado dudas sobre la capacidad del sistema de crear una sociedad más funcional y justa.

Aunque esa sea la percepción generalizada, la realidad incontestable –basada en evidencia numérica- es que el capitalismo ha generado aumentos masivos en los niveles de prosperidad, especialmente en Occidente, durante los siglos XIX y XX. En décadas recientes, el sistema capitalista ha sacado rápidamente a cientos de millones de personas de la pobreza en muchos países emergentes.

La principal virtud del capitalismo no es tanto que sea el sistema más eficiente para asignar los recursos escasos (tal como los economistas lo vemos), sino que ha sido un sistema capaz de generar innovación y de producir soluciones concretas a problemas humanos (desde transporte veloz, hasta antibióticos que salvan vidas). Si se entiende por prosperidad el cúmulo de soluciones disponibles para resolver problemas humanos, entonces el capitalismo (y sus episodios recurrentes de globalización) ha hecho un gran trabajo en favor de la prosperidad. Ningún otro sistema económico ha logrado generar más soluciones a los problemas materiales de la humanidad en tan corto tiempo.

Y lo  ha logrado creando un entorno donde los incentivos generan una oferta abundante de soluciones a los problemas cotidianos, donde se seleccionan las mejores soluciones mediante la competencia y donde las mejores soluciones se multiplican a la vez que las peores soluciones se eliminan. Ese es el proceso generador de soluciones al que el gran economista Joseph Schumpeter denominó “destrucción creadora”.

Pero el mercado libre, que es el plasma en el cual flota el capitalismo, suele tener fallas; y cuando éstas surgen, el Estado (la sociedad y sus pactos) entra a regular el mercado para que funcione bien, favoreciendo a los procesos económicos que resuelven problemas. Esa intervención estatal en pro del mercado contribuye a construir confianza y cooperación (capital social) que también contribuyen a la prosperidad.

Las olas recurrentes de globalización, que profundizan y esparcen el capitalismo, han sido acusadas de muchas falencias económicas y sociales. Pero un gran número de estudios ha comprobado la influencia positiva que la globalización ha tenido sobre muchas variables clave. Varios de esos estudios, que están basados en el Índice de globalización (un indicador que mide la conectividad, integración e interdependencia global de los países en las esferas cultural, ecológica, económica, política, social y tecnológica), recopilado y procesado por el Instituto de investigación económica KOF de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, demuestran que la globalización ha incrementado el crecimiento económico, ha promovido la igualdad de género, y ha mejorado el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, dichos estudios revelan un aspecto negativo: aunque la globalización ha reducido la desigualdad entre países, la ha incrementado al interior de las sociedades. Este resultado indeseable es contrario a lo que la teoría de la ventaja competitiva (formulada por David Ricardo, uno de los padres de la ciencia económica) habría predicho. La teoría de Ricardo sostenía que el libre comercio tendería a elevar los salarios de los trabajadores de menores ingresos (tal como ocurrió en la globalización del siglo XVIII). Pero no se replicó en la globalización actual.

Una explicación a este enigma ha sido esbozada por el premio Nobel Eric Maskin: la era de la informática ha hecho que sean las clases medias de los países pobres las que se beneficien más al igualarse, a través de la conectividad, con las clases medias de los países ricos. Los más pobres de los países pobres, en cambio, han quedado aislados y rezagados. Si esa teoría es válida, Maskin plantea un desafío esencial a quienes creemos en la globalización: ¿cómo aprovechar sus innegables beneficios sin condenar al rezago a los más pobres entre los pobres?

Rotondas Trágicas

Ni autoridades, ni conductores, parecen estar preparados  para aprovechar las ventajas que ofrecen las rotondas

La semana pasada ocurrió un terrible accidente, de unas dimensiones realmente trágicas. Ingrid Batén, una joven de 15 años recién venida a la capital desde Momostenango, murió cuando se dirigía a bordo de la palangana de un picop rumbo a su primer día de trabajo. En la rotonda del monumento a la Guerra Nacional contra los Filibusteros, donde convergen la Avenida de la Reforma y calle Mariscal Cruz, el picop fue embestido por otro vehículo, Ingrid salió despedida y murió al caer al pavimento. Sus sueños de superación se truncaron en un segundo.

Es paradójico que esto haya ocurrido una rotonda pues, en teoría, estos mecanismos de distribución vial son más seguros que otros sistemas (como los semáforos). Pero acontece que en Guatemala ni las autoridades ni los conductores parecen tener los conocimientos y actitudes necesarias para aprovechar adecuadamente las ventajas que ofrecen los redondeles.

Las rotondas (redondeles o glorietas) son mecanismos para distribuir el tránsito de vehículos en una intersección de dos o más calles, que la convierte en un círculo –en cuyo centro suele haber un monumento- donde los vehículos circulan en un solo sentido (contrario a las agujas del reloj). La glorieta debe tener dos carriles y regirse por unas sencillas reglas: el vehículo que ya está incorporados tiene derecho de vía; quien quiera incorporarse puede hacerlo en la vía externa del círculo, cediendo el paso a quien ya venga (a su izquierda) incorporado; quien circule en el carril interno puede hacerlo continuamente, pero deberá trasladarse al carril externo para cruzar hacia alguna de las calles que convergen a la rotonda.

Cuando autoridades y conductores conocen y aplican esas reglas, las glorietas tienen múltiples ventajas. Reducen la congestión de vehículos pues no exigen que se hagan paradas completas (a menos que sea necesario) o prolongadas (lo cual los hace menos contaminantes); son más baratos de operar (una vez construidos) que los semáforos; y ofrecen mayor seguridad: según el Departamento de Transporte de Estados Unidos,  al sustituir encrucijadas por rotondas se reducen los accidentes en 35%, el consiguiente número de heridos en 76% y el de fallecidos en 90%.

Por eso, y por su estética, las glorietas han proliferado desde que se construyó la primera en Letchworth, Inglaterra, en 1909. Hace 20 años habría unas 30 mil rotondas en el planeta; hoy debe haber más de 60 mil. Los franceses son particularmente aficionados a las glorietas, que se apegan a su visión estético-monumental; pero también en Estados Unidos están cobrando popularidad: en la última década se han construido más de 2 mil de ellas. En Australia hay más de 8 mil, y también abundan en Hong Kong, Israel  y Jordania.

Lo malo es que en países con menos cultura vial que aquellos (es decir, en países subdesarrollados) las rotondas pueden ocasionar más problemas que beneficios. Si los conductores y autoridades no saben –o no respetan- las reglas, las glorietas son garantía de caos, congestionamientos y accidentes. Muchas rotondas en ciudades como Nairobi, Bagdad, Guatemala o Quetzaltenango han tenido que ser descongestionadas mediante la permanente presencia de policías de tránsito.

Además de la ignorancia de las reglas, las glorietas generan problemas cuando están mal diseñadas o se ubican en intersecciones de tránsito pesado. Por ejemplo, la rotonda de Mariscal, en la zona 11 capitalina, sólo tiene un carril de ancho; o las de Cayalá, que fueron construidas sin considerar la enorme densidad del tránsito que albergarían. Al final, muchas glorietas citadinas han debido ser eliminadas (en su concepción original), como lo atestiguan muchas exrotondas a lo largo de las avenidas de las Américas y Reforma.

Pero para las rotondas sobrevivientes, bien vale la pena tratar de rescatar sus virtudes estéticas y de facilitación del tráfico. Ello requiere de voluntad y compromiso de parte de los conductores; pero también demanda esfuerzo de las autoridades municipales para construir adecuadamente las glorietas, señalizarlas y educar a los usuarios; también de las autoridades de Tránsito, para que las licencias de conducir no se otorguen corruptamente al mejor postor, sino a quien llene los requisitos indispensables. Así se evitarían tragedias como la que le costó la vida a Ingrid Batén.

Viento de Cola Desperdiciado

Las economías de Centroamérica difícilmente estarán en capacidad de aprovechar el ambiente internacional favorable

Este año el ambiente económico externo luce favorable para Centroamérica. Pese a las debilidades en Europa y a la desaceleración en China, el mayor dinamismo del empleo y del comercio en los Estados Unidos (principal destino de las exportaciones de la Región) y los bajos precios de los combustibles auguran un entorno positivo para la actividad productiva en los países centroamericanos. La gran duda es si estos sabrán aprovechar este viento de cola favorable para navegar hacia un horizonte de mayor crecimiento económico y bienestar material para sus habitantes.

En efecto, el sólido desempeño de la economía gringa incidirá positivamente en los flujos de dólares de las exportaciones y de las remesas familiares hacia el Istmo. Por otra parte, los términos de intercambio tendrán  un giro favorable para nuestros países, merced a los bajos precios del petróleo y a la caída en los precios de otros bienes primarios en los mercados internacionales. Esto significa una mayor capacidad de compra para los centroamericanos, lo cual favorece sus niveles de consumo y de demanda agregada.

Por su parte, la inflación mundial está bajo control, lo cual otorga importantes grados de holgura a la política monetaria interna que puede estar en posibilidad de reducir las tasas de interés como lo hizo el Banco de Guatemala hace algunos días. Además, aún hay una abundante liquidez monetaria en el mundo que redunda en tasas de interés bajas para financiar la actividad productiva.

Sin embargo, diversas falencias podrían impedir que nuestros países saquen provecho de esos vientos favorables, empezando con que, a medida en que el dólar estadounidense se está fortaleciendo y las monedas de otros países (en Latinoamérica, Asia y Europa) se deprecian, las monedas centroamericanas se están apreciando, lo que significa una pérdida de competitividad respecto del resto del mundo. Pero eso es sólo un problema temporal.

Los problemas más graves de nuestras economías son las rigideces estructurales que se manifiestan de múltiples formas. Así lo refleja, por ejemplo, el bajo nivel del Índice de Desarrollo Humano (especialmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua) que desnuda la debilidad estructural del capital humano, lo que se convierte en un obstáculo para competir en el mundo y nos condena a apostar por líneas de producción basadas en mano de obra barata.

Asimismo, los bajísimos niveles de ahorro doméstico y, por ende, de inversión (que en El Salvador y Guatemala están por debajo de 15% del PIB, cuando en varios países de Asia supera el 30%) que le ponen un tope a nuestra capacidad de producción. Lo que es peor, el clima de negocios no ofrece un entorno atractivo para nuevas inversiones (locales o foráneas), como lo demuestran las bajas calificaciones de nuestros países en el Índice de Competitividad Global y en el Doing Business, y lo confirman nuestros pobres resultados en el Índice de Percepción de Corrupción (en los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua). A eso se agregan los problemas de violencia y criminalidad que claramente perjudican el clima de negocios (especialmente en el Triángulo Norte).

Y lo peor es que la capacidad de los estados centroamericanos para enfrentar esta problemática se ve seriamente mermada por la debilidad de las instituciones gubernamentales y su raquitismo fiscal que se refleja en un muy elevado endeudamiento (los países centroamericano, excepto Guatemala, tienen deudas públicas mayores al 40% del PIB) e incapacidad para invertir en capital físico y humano (especialmente en el caso guatemalteco).

De manera que aunque los vientos de cola de la economía internacional son favorables, las economías de Centroamérica –todas ellas gobernadas por élites políticas acomodadas a un esquema cortoplacista de búsqueda de réditos inmediatos- difícilmente estarán en capacidad de aprovecharlos para emprender las reformas estructurales necesarias para acelerar su desarrollo económico y hacerlo sostenible en el tiempo. En el próximo Seminario Centroamericano de Consultores para el Desarrollo –COPADES-, que tendrá lugar el jueves 19 de marzo en esta ciudad de Guatemala, podrán analizarse y discutirse a profundidad estos temas con un grupo de expertos provenientes de cada país de la Región venga a presentar las perspectivas de sus economías para 2015.

Sin Productividad, No Hay Prosperidad

Al gobierno gringo le preocupan tanto los niños migrantes como los carteles criminales del Triángulo Norte. Si nos quieren ayudar a combatir esos problemas, deben tener claro que cualquier “Alianza para la Prosperidad” tiene que apuntar a un aumento sensible en la productividad

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita a Guatemala para definir y priorizar la agenda del Plan Alianza para la Prosperidad que su gobierno impulsa en el Triángulo Norte de Centroamérica con el fin de reducir las amenazas que para la los norteamericanos representan la pobreza, las migraciones y la criminalidad de nuestros países. Resulta evidente que la prosperidad es la vía más adecuada para combatir tales problemas, pues la mejora en el bienestar material de los centroamericanos es una condición indispensable para la viabilidad de la Región. Para lograrlo, es indispensable que los esfuerzos se centren en aumentar la productividad de nuestras economías.

En efecto, lo que ha permitido que los países desarrollados sean lo que son, es el acelerado aumento que la productividad de sus trabajadores logró en los últimos siglos. Hoy un relojero en una fábrica en Suiza produce mil veces más relojes que los que producía su ancestro hace trecientos años. Similarmente, la productividad (es decir, la cantidad de bienes producidos por cada hora de trabajo) de un operario en la industria estadounidense se ha multiplicado por siete en el último siglo, lo que significa que ese obrero pude disfrutar de siete veces más ropa, aparatos domésticos o bienes suntuarios que el típico obrero estadounidense del siglo diecinueve.

Por desgracia, y en contraste con lo anterior, el aumento de la productividad en los países del Triángulo Norte centroamericano ha crecido a ritmos muchísimo más lentos. Un estudio que el economista chileno Felipe Larraín realizó hace pocos años para Guatemala, encontró que del (ya de por sí magro) crecimiento promedio del 4% anual que registró el PIB guatemalteco entre 1950 y 2002, la productividad apenas contribuyó con un miserable 0.2% anual. Trágico.

Aunque los temas económicos de la inflación, el déficit fiscal o el tipo de cambio son importantes y reciben gran atención de las políticas económicas y de los medios de comunicación, en el largo plazo ningún otro fenómeno económico tiene más impacto sobre la prosperidad y sobre la capacidad de la sociedad para gastar en hospitales, escuelas y servicios sociales, que el crecimiento de la productividad. La experiencia de los países desarrollados demuestra que crecimientos relativamente modestos de la productividad (digamos, de un 2% anual) pueden multiplicar por más de diez –en el transcurso de un siglo- la cantidad de bienes y servicios disponibles para cada ciudadano.

Las diferencias de productividad entre los países avanzados y los del Triángulo Norte se deben, fundamentalmente, a diferencias en las capacidades de los trabajadores, por una parte, y a diferencias en el entorno económico, por la otra. Las diferencias en las capacidades tienen que ver con la educación y la salud de los ciudadanos –el “capital humano”, que le dicen-. Un trabajador alemán, generalmente mejor educado, nutrido y con acceso a servicios de salud de mucha mejor calidad en comparación con un guatemalteco, va a ser claramente más productivo que éste. Y las diferencias en el entorno también son cruciales: está demostrado que el mismo trabajador guatemalteco es mucho más productivo en California (donde se respetan los contratos, el transporte es confiable, la tecnología es accesible y los criminales son perseguidos y castigados) que en Guatemala.

De manera que cualquier Alianza para la Prosperidad debe apuntar a un aumento sensible en la productividad y, para ello, debe enfocarse en que el gasto público (complementado con el apoyo de los países cooperantes) se utilice eficientemente, por un lado, en mejorar la educación, la salud y la nutrición de los ciudadanos; y, por el otro, en mejorar el entorno económico, lo cual implica aumentar la infraestructura física y el acceso a la tecnología, así como invertir en las instituciones que propicien la seguridad ciudadana y la efectiva impartición de justicia.

Sólo aumentando la productividad pueden elevarse la prosperidad social y los niveles de vida en el largo plazo. Ningún otro factor económico contribuye más a reducir la pobreza y a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, así como a potenciar la capacidad del país para financiar la educación, la salud pública, la preservación del medio ambiente y el fomento de la cultura.