La gente alrededor del mundo (y Guatemala no es excepción) se ve inclinada
a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades. El Estado debe actuar en consonancia con esa inevitable tendencia.
Desde hace cinco años, más de la mitad de los 7
millardos de habitantes del planeta viven en ciudades. Si bien es cierto que la
vida en las ciudades puede ser intimidante (especialmente si se ve a las
grandes urbes como potenciales destructoras de los valores tradicionales y
generadoras de desorden, ruido y contaminación), también lo es que la ciudad
puede constituir una fuente de desafíos y oportunidades para mejorar la calidad
de vida de las personas.
Es por ello que la gente alrededor del mundo se ve
inclinada a abandonar la vida rural y trasladarse a las ciudades, y lo hace por
un sinnúmero de razones. Ya sea por el simple deseo de estar cerca de la acción
y de la modernidad, o simplemente como una apuesta desesperada por la
sobrevivencia pero, en todo caso, la decisión de migrar a la ciudad suele ser
una elección racional: en la medida en que la tecnología avanza y las
aspiraciones humanas evolucionan, se reduce la capacidad de la vida rural de
satisfacerlas y aumenta la promisión de la ciudad.
La tendencia del Siglo XXI es la urbanización: para el
año 2050 más de dos terceras partes de la población mundial vivirán en
ciudades. En vez de oponerse a esta tendencia inevitable –queriendo preservar
artificialmente antiguos sistemas de producción rurales-, corresponde a las autoridades
procurar sacar provecho de la misma y del irreductible potencial humano de la
vida urbana, en la que conviven simultáneamente la armonía y la violencia, la
lucha continua y el éxito irrestricto.
En Guatemala, según el INE, actualmente el 58% de la
población es urbana, mientras que para 2020 Segeplan proyecta que más del 65%
de la población residirá en áreas urbanas, especialmente en ciudades medianas.
Ello aconseja aplicar políticas que eviten que el crecimiento del país continúe
siendo territorialmente desordenado; para ello Segeplan propone el desarrollo
de ciudades intermedias, modernas, conectadas, como nodos de comercio regional.
Para ello, el respeto y cumplimiento de la Ley de
consejos de Desarrollo Urbano y Rural es esencial, no sólo como mecanismo para
que las comunidades participen en la planificación y evaluación de las
políticas y servicios que presten los distintos niveles de gobierno, sino
también como herramienta para exigir a las autoridades de las ciudades que
provean adecuadamente agua, sanidad y mantenimiento de calles.
Por otra parte, la agricultura urbana (es decir, la
producción de cultivos y ganado en las ciudades) puede jugar un rol importante
para atender los temas de seguridad alimentaria en un mundo cada vez más urbano,
por lo que las políticas públicas de cara al futuro deben favorecer este tipo
de producción (desde pequeños plantíos en los jardines, hasta pequeñas granjas
áreas públicas de los vecindarios) que está cobrando auge en otros países.
Pero para aprovechar al máximo las transformaciones
demográficas que conlleva el proceso de urbanización, es menester priorizar
políticas de largo plazo en al menos tres áreas clave: capital humano,
macroeconomía e institucionalidad. En efecto, la creciente población urbana en
edad de trabajar debe convertirse en una fuerza laboral productiva, lo cual
requiere inversión en todos los niveles educativos y de atención en salud.
A su vez, la mayor y mejor capacitada fuerza de
trabajo urbana sólo rendirá beneficios si los nuevos trabajadores pueden
encontrar empleo. Las políticas macroeconómicas tendentes a lograr condiciones
estables y un buen clima de negocios están relacionadas con el crecimiento del
empleo productivo y bien remunerado. La flexibilidad del mercado laboral y la
apertura al comercio también son factores clave, como lo es la protección a las
minorías que puedan resultar perdedoras con tales políticas.
Y, finalmente, el mejor aprovechamiento de la urbanización requiere de
fortalecer el imperio de la ley, una mayor eficiencia del gobierno, la
reducción de la corrupción y el cumplimiento de los contratos. La aplicación de
políticas exitosas en todas estas áreas puede configurar un círculo virtuoso de
crecimiento sostenido en la sociedad urbana de los próximos años. Si, por el
contrario, no se aplican desde ya tales políticas, estaremos condenados a
perpetuar las actuales condiciones de elevado subempleo, criminalidad
generalizada e inestabilidad política.