sábado, 21 de julio de 2012

El Numerito Clave


¿Está el gobierno muy endeudado, o aún hay espacio para adquirir más préstamos? ¿Está mal que los bancos privados le compren bonos al gobierno? ¿El tamaño del gobierno es un problema? La gravedad de la situación sólo puede aquilatarse si se centra la atención en un numerito clave: el déficit fiscal

El tamaño del déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno) es la variable clave para analizar las finanzas del Estado. Hace un par de semanas tocamos este punto y hoy se hace necesario reiterarlo, pues resulta esencial para poner en perspectiva un par de temas alrededor de los cuales se están generando sendas polémicas que bien vale la pena intentar esclarecer.
Un primer tema que se está poniendo de moda es el de la prohibición constitucional vigente que impide al Banco de Guatemala concederle crédito al Gobierno. Al respecto han surgido opiniones que abogan por eliminar la referida prohibición, con el argumento de que resultaría sano que el banco central pueda entrar a competir con los bancos del sistema a fin de que el crédito al gobierno no sea tan caro para éste y se evite que los bancos obtengan ganancias indebidas aprovechándose del “monopolio” que les concede la prohibición constitucional.
La opinión antes descrita está llena de errores y falacias. Es falso que exista un “monopolio” pues los bancos compiten entre sí para otorgarle financiamiento al gobierno. También es falso que los bancos estén volviéndose millonarios a costa de prestarle dinero al gobierno, ya que el crédito concedido por los bancos al gobierno representa menos del 10% de sus activos.
Lo peor de tal argumento es que no sólo es conceptualmente pobre, sino que además desvía la atención del verdadero asunto de fondo: el déficit fiscal. Si no existiera déficit (o si dicho numerito clave estuviera permanentemente bajo control), el problema del crédito del banco central (o de los bancos privados) al gobierno sería inexistente; dado que en Guatemala los ingresos tributarios son estructuralmente bajos, el gobierno debe endeudarse para financiarlo. Eliminar la prohibición al banco central para darle crédito al gobierno no soluciona este problema, sino que solamente lo opaca, lo disfraza y pospone su solución.
Los intelectuales de izquierda y los líderes populistas que abogan por revivir el crédito del banco central al gobierno no se dan cuenta de que con ello se invisibilizaría el auténtico talón de Aquiles de las finanzas públicas (la precariedad de ingresos) y se debilitaría sustancialmente eñ argumento a favor de aumentar la carga tributaria. Y, mientras tanto, el dinero sin respaldo que emitiría el banco central para prestarle al gobierno iría minando gradualmente la estabilidad económica que se ha venido construyendo a pulso en los últimos lustros y que es una de las pocas fortalezas del país ante los ojos de la comunidad financiera internacional.
El segundo tema es el de la infame deuda flotante que, supuestamente, el gobierno debe pagar por obras de infraestructura que fueron comisionadas en años anteriores sin que existieran recursos para pagarlas. Al respecto, será importante dilucidar si la contratación de dicha obra fue legal o ilegal, así como verificar si tal obra realmente existe, si era necesaria y si cumple con los estándares mínimos de calidad.
Una vez verificado lo anterior, podrá saberse a cuánto asciendo el monto que el gobierno va a pagar por concepto de obras de infraestructura realizadas en el pasado, monto que, inevitablemente, impactará en el numerito clave: el déficit fiscal.
En efecto, en el instante en que el gobierno reconozca que se ejecutó obra pública que no estaba presupuestada o que, habiéndolo estado, no se pagó durante el período en que correspondía hacerlo, en ese instante se reconocerá también que el déficit fiscal fue mayor de lo que oficialmente se había calculado.
De manera que si, por ejemplo, se decide reconocer y pagar una deuda flotante de, digamos, Q4 mil millones, habrá que aumentar en ese mismo monto el déficit fiscal: si, por ejemplo, se pagara dicho monto en 2012, el déficit fiscal de este año ya no será equivalente al 2.5% del PIB, sino que alcanzará un 3.5%, el nivel más alto en más de una década, que excedería por mucho los niveles de déficit considerados como sostenibles e implicaría un aumento alarmante en el endeudamiento público.
La gravedad de estos asuntos sólo puede aquilatarse en su justa dimensión si se centra la atención en ese numerito clave, el déficit fiscal, que nos dice tanto pero que, consciente o inconscientemente, preferiríamos no tener que ver.

sábado, 14 de julio de 2012

Las Opiniones del FMI


En lugar de criticarlo por las medidas de austeridad que recomienda, deberían quemar cohetillos pues ¡por fin! el FMI está sugiriendo medidas de ajuste a los países desarrollados

Con la crisis económica europea, el Fondo Monetario Internacional –FMI- ha recobrado un protagonismo que, hace una década, estaba casi desaparecido. En un par de curiosos editoriales publicados la semana pasada, un matutino local ha emitido agrias críticas al FMI por sus opiniones y sugerencias de política económica relativas a los problemas de la deuda y el desempleo en el Viejo Continente.
Las diatribas contra las “inútiles burocracias internacionales” y sus “recetas que no toman en cuenta las realidades de los pueblos” son reminiscentes, por un lado, de las reacciones que, en los años ochenta, abundaron en contra de los programas de ajuste que el FMI impulsó y que posteriormente derivaron en los movimientos anti-globalización; por otro lado, las críticas también replican las posturas contra el supuesto gobierno mundial que caracterizan a los libertarios radicales estadounidenses –ya se ve que, paradójicamente, las ideologías extremas comparten sentimientos de antipatía hacia los organismos financieros internacionales-.
Estas posturas ignoran el hecho de que tales organismos, lejos de ser oscuras sectas diabólicas que complotan para esquilmar a los países que padecen problemas económicos, son organizaciones dirigidas por los propios gobiernos en las que, al menos, las decisiones se toman por votación de todos los países aunque, claro está, el poder de voto depende del monto de las contribuciones o “cuotas” de los miembros, en virtud de las cuales los países ricos tienen mayor poder de voto, mientras que los países en desarrollo se quejan de un "déficit democrático" que los deja con poca influencia sobre las políticas del FMI.
Por lo tanto, los editorialistas del Tercer Mundo, en vez de defender a los gobiernos europeos y a sus erráticas políticas económicas contra las recomendaciones del FMI, deberían estar quemando cohetillos porque --¡por fin!- los organismos multilaterales, cumpliendo con su mandato, están sugiriendo a los países ricos las duras medidas de ajuste que, por años, han recomendado a los países subdesarrollados.
Conviene recordar que el FMI fue fundado en 1947 con el encargo de rescatar (cual médico de urgencias) a las economías moribundas mediante la prescripción de medidas (casi siempre dolorosas) de ajuste económico y reforma financiera que se traduzcan en un compromiso de países con problemas (como ahora Grecia o España) para corregir el rumbo a cambio de recobrar el acceso a los mercados financieros internacionales. Para ello el FMI se organiza como una tecnocracia especializada en temas económico-financieros, gobernada por los ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales de los países miembros.
Lo prudente no es, pues, desechar a priori sus recomendaciones con descalificaciones superfluas sino, con criterio propio, tomarlas en cuenta para poner en orden y perspectiva la política económica de los países. Y esto es tan válido en Europa como en Guatemala, por lo que conviene, por ejemplo, ponerle mucha atención al más reciente reporte sobre Guatemala (basado en la llamada “Consulta de Artículo IV”) emitido por el FMI hace algunos días.
En el corto plazo, el FMI advierte que si las condiciones globales se deterioran, la política económica de Guatemala debería reaccionar con una mayor flexibilidad cambiaria, con un relajamiento moderado de la política monetaria, y con estabilizadores fiscales automáticos (es decir, una reducción en los ingresos tributarios). Más importante aún, los retos a medio plazo se centran en las reformas que impulsen el crecimiento económico para reducir la pobreza, incluyendo el fortalecimiento de los ingresos fiscales para lograr mayores niveles de inversión en capital físico (infraestructura) y humano (salud, educación y seguridad). El FMI también recomienda fortalecer el marco de política macroeconómica y actualizar la regulación del sector financiero para que la economía nacional pueda adaptarse mejor a los vaivenes de la economía mundial.
Por más tirria que los anti-globalizadores-anti-capitalistas o los libertarios radicales tengan contra los organismos financieros internacionales, las advertencias y recomendaciones vertidas por el FMI para el caso de Guatemala son razonables y coherentes, al menos para ser discutidas, en vez de rechazarlas de entrada.

domingo, 8 de julio de 2012

Trabajar Más Años


En los países de economías avanzadas se está produciendo una ola de aumentos en la edad de retiro

El empresario mexicano Carlos Slim se pronunció hace algunos días, en la sede de la ONU en Ginebra, a favor de aumentar la edad de jubilación y reducir la semana laboral a fin de incentivar el empleo. Su razonamiento se basa en que décadas atrás, cuando se estableció el límite actual de edad de retiro, el trabajo era más físico y la gente se moría mucho más joven,  mientras que hoy vivimos en la edad del conocimiento, donde la experiencia y sabiduría de los adultos resulta más valiosa y debe aprovecharse al máximo.
Estas razones suenan lógicas y pueden ser dignas de consideración. Pero hay, alrededor del mundo, otras razones más apremiantes y pragmáticas que están llevando a muchos países a aumentar la edad mínima de jubilación: los crecientes costos que para los gobiernos de muchos países representan los pagos de pensiones a los jubilados. Estos costos se han elevado en los últimos años por razones puramente demográficas.
La población mundial aumentará de unos 7 millardos de habitantes actualmente a unos 9 millardos en 2050, y continuará cambiando su composición: la tasa de personas mayores de 65, como proporción de las personas en edad de trabajar (entre 15 y 65 años) en el mundo se ha elevado de 17 en 1970, a 24 en 2010, y se espera que aumente a 48 en 2050. Esto quiere decir que cada vez habrá menos personas activas sosteniendo con su trabajo el consumo de los jubilados.
Diversos análisis y experiencias demuestran que el aumento gradual de la edad de jubilación puede ayudar no sólo a contener el gasto en pensiones sino, como sostiene Slim, a aumentar el empleo y el crecimiento económico. Claro que, si de reducir los costos de las pensiones se trata, también están las opciones de disminuir el monto de los beneficios para los pensionados o de aumentar las cuotas laborales y patronales, opciones que, evidentemente, son más difíciles desde el punto de vista político y social.
Por tal razón, en los países de economías avanzadas se está produciendo una ola de aumentos en la edad de retiro: en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se están implementando tales aumentos (la excepción notable es Francia, cuyo nuevo presidente, François Hollande, prometió revertir la decisión de aumentar la edad de jubilación a 62 años). Ello se debe a que la OCDE proyecta que el gasto de los gobiernos en pensiones aumentará de un 8% a un 11% del PIB entre 2010 y 2050, debido a que en la mayoría de países los pensionados viven cada vez más años: por ejemplo en 1970 un jubilado francés vivía, en promedio, diez años pensionado; ahora vive 23 años.
En Guatemala la esperanza de vida al nacer también ha aumentado. Según el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en 1970 el guatemalteco promedio vivía 54 años. En 1990 su esperanza de vida había aumentado a 63 años (tres más que la edad de jubilación para los afiliados al IGSS); para 2010 era ya de 72 años, y sigue en aumento. Un jubilado promedio recibe cada vez más años de pensión.
Estos cambios tienen implicaciones clave tanto para las autoridades como para los contribuyentes, ya que el consumo de las personas mayores que ya no forman parte de la fuerza laboral debe ser financiado por los ciudadanos más jóvenes, ya sea por medio de las pensiones públicas o privadas, de subsidios del Estado, del apoyo de sus familias o de los ahorros que los adultos mayores hayan podido acumular durante su vida productiva. A medida que aumenta la proporción de personas mayores respecto de personas en edad de trabajar, se vuelve más costosa su financiación a través de transferencias públicas o privadas.
Por ello, aunque sea doloroso, es inevitable que los programas de pensión (públicos y privados) existentes en el país deban aplicar ajustes en sus parámetros que implican elevar la edad de jubilación. Una de las decisiones más importantes de toda sociedad, a medida que aumentan sus miembros de la tercera edad, es cómo financiar su consumo en una forma sostenible: ya sea retrasando la edad de la jubilación, apoyándose más en la familia, aumentando las transferencias públicas, o acumulando más activos. Cualquier de estas opciones tiene sus costos. El reto consiste en reformar los sistemas de apoyo a los mayores sin afectar la sostenibilidad financiera de dichos sistemas a fin de evitar la pobreza en la vejez.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...