Tendencias en Política Monetaria

Esta semana la Junta Monetaria revisó e introdujo algunos ajustes a la política monetaria. Dichos ajustes son apropiados pero, quizá, demasiado modestos. Las mejoras a dicha política deben enfocarse en adoptar acciones de política macro-prudencial como en otros países y en hacer más efectivas las señales de los precios en los mercados cambiario y monetario.

Hace unas semanas se publicó un trabajo de investigación sobre la situación y efectividad de la política monetaria en los países latinoamericanos que siguen un esquema de metas explícitas de inflación, entre los que se incluye Guatemala. El estudio de Nicolas Magud y Evridiki Tsounta (economistas del FMI) trata de medir si la política monetaria está siendo, o no, demasiado restrictiva, al comparar la tasa de interés líder del banco central con una tasa “neutral” estimada.

Para Guatemala, el referido estudio concluye que la política monetaria es aún “un tanto acomodaticia”, es decir, ligeramente expansiva porque la tasa de interés líder está por debajo de la tasa neutral estimada, ello a pesar de que el ritmo de crecimiento de la economía se ha recuperado luego de la desaceleración de 2009. Pero el estudio también advierte que dicha conclusión debe ser tomada con cautela debido a que la efectividad de la política monetaria en Guatemala puede ser más débil que en otros países con mercados financieros más avanzados.

En efecto, en nuestra economía los mecanismos de transmisión monetaria son débiles (las tasas de interés del mercado responden poco ante cambios en la tasa de interés líder), el esquema de metas de inflación es aún inmaduro, los mercados de liquidez están muy segmentados, las necesidades de liquidez del gobierno distorsionan los precios financieros, el tipo de cambio es muy inflexible, y la profundización financiera (es decir, el uso del sector financiero formal por parte de los agentes económicos) es aún muy baja.

Lo anterior sugiere la conveniencia de profundizar las mejoras que se han venido introduciendo en la política monetaria desde que se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala hace diez años. Pero también sugiere que dichas mejoras no deben enfocarse en medidas simplistas (como reducir arbitrariamente la tasa líder de interés), ni en medidas aventuradas –y, quizá, ilegales- (como despojar el banco central de sus reservas internacionales para que el gobierno las gaste) que, con la excusa de procurar el crecimiento económico, pueden dañar la ya débil efectividad de la política monetaria.

Por el contrario, las mejoras a dicha política deben enfocarse en adoptar acciones de política que se han venido aplicando con éxito en otros países. Destacan entre ellas las políticas llamadas “macro-prudenciales” que complementen el esquema de metas de inflación con medidas que limitan la volatilidad y minimizan los riesgos en las operaciones del sector financiero.

La creciente adopción de medidas macro-prudenciales alrededor del mundo se debe a que la reciente crisis financiera mundial demostró que la regulación financiera tradicional (micro-prudencial, que se enfoca en la situación de instituciones o productos financieros individualmente considerados) no tomaba en cuenta la “foto panorámica” del sistema financiero y su relación con la economía nacional, lo que hacía que los supervisores no vieran el bosque por fijarse en los árboles.

De manera que el establecimiento de una política macro-prudencial (que vele por la seguridad del sistema financiero y capture su interrelación con el sistema económico) debe ser una parte integral de la estrategia general del banco central, en conjunto con su esquema de metas de inflación y los objetivos de estabilidad del sistema de pagos, así como con sus instrumentos de política como las tasas de interés a corto plazo, la intervención cambiaria, la gestión de la liquidez a distintos plazos, los servicios de prestamista de última instancia, y medidas cuantitativas como el encaje o los límites de calce de monedas y plazos en las operaciones bancarias.

El desafío es, pues, establecer las medidas de política necesarias para garantizar que la estabilidad de precios y la estabilidad financiera son consistentes sabiendo que, normalmente, un gran aumento del apalancamiento, del crédito bancario y de los desajustes financieros suelen ocurrir al mismo tiempo que un crecimiento acelerado de la demanda agregada y de las presiones inflacionarias, y viceversa.

En estas medidas debe centrarse la política monetaria y financiera, sin olvidar que el crecimiento de largo plazo pasa más por la eficacia de otro tipo de políticas como la fiscal y, especialmente, las de productividad y fortalecimiento institucional.

Desafíos Tras Cada Tragedia

De qué forma el país podrá superar los desafíos que se han presentado en todos los desastres ocurridos en años recientes

El terremoto del 7 de noviembre, que afectó principalmente al Suroccidente del país, pone en evidencia nuevamente, por un lado, que Guatemala es uno de los países con mayor riesgo de desastres naturales y, por otro, la precariedad de nuestra infraestructura y la vulnerabilidad en la que viven miles de compatriotas.

Además de la tragedia humana, estos desastres acarrean consecuencias económicas negativas. En primer lugar, al producirse la tragedia surgen costos de emergencia (alimentos, medicinas y habilitación de rutas y refugios) que conllevan gastos del gobierno, la iniciativa privada y la comunidad internacional. Luego, siempre en el corto plazo, hay costos asociados a los daños al stock de capital (infraestructura, inventarios y bienes de capital) que implican una pérdida de riqueza nacional. Y luego, a mediano plazo, se puede producir una pérdida de producción e ingresos derivada de la menor capacidad productiva de familias y empresas, la cual, si no es compensada con un importante aumento en la inversión por reconstrucción, se traduce en una reducción permanente de la producción.

Distinguir y estimar el valor de estos diferentes efectos es importante porque permite calcular la magnitud de los daños y pérdidas ocasionadas por la catástrofe, valuar las necesidades de recursos para reconstrucción y elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios económicos de reducir los riesgos asociados a ese tipo de eventos, así como evaluar de qué forma el país supera seis desafíos que se han presentado en todos los desastres ocurridos en años recientes.

El primer desafío es no distorsionar los cálculos de las pérdidas, daños y reparaciones necesarias. Es importante que las autoridades tengan cifras fidedignas a fin de que no se inflen artificialmente los gastos que se requieran para enfrentar los efectos del desastre. Hay que tener presente que el grueso del costo de un desastre natural recae principalmente sobre los ciudadanos y las empresas: el invaluable valor de las vidas afectadas, el costo de oportunidad de las labores productivas perdidas durante la emergencia y la transición, así como las pérdidas de infraestructura, equipo, e inventarios, es algo que no puede ser repuesto ni subsanado por el Estado.

El segundo desafío es no caer en la tentación de esperar (y menos mendigar) recursos a la comunidad internacional: durante el periodo inicial de emergencia toda ayuda externa es necesaria, pero para la reconstrucción el esfuerzo debe ser de los guatemaltecos, tanto en el ámbito privado como en el público. El tercer desafío es manejar transparente y eficientemente los recursos estatales que se destinen a la emergencia y a la reconstrucción.

El cuarto desafío es que se establezcan normas estrictas respecto de la calidad de la obra pública para que no vuelvan a construirse edificios endebles ni puentes de cartón que se caen a la primera llovizna. Esto es clave pues el progreso social y la expansión económica del país dependen en gran medida del nivel de desarrollo de su infraestructura. Puede aprovecharse esta coyuntura para aumentar la inversión en infraestructura para activar la economía y crear empleos, además de prestar servicios a la sociedad durante largo tiempo.

El quinto desafío, fundamental en un país propenso a los desastres, es el de adoptar medidas preventivas duraderas para proteger la vida y la propiedad (previsión, sistemas de alerta temprana, ordenamiento territorial, códigos de construcción, etcétera). Para muchas personas de bajos ingresos los costos de emplear medidas de precaución pueden resultar prohibitivos, por lo que requieren del auxilio del Estado.

El último desafío, el más complejo, es buscar con constancia e insistencia el desarrollo económico y social: la experiencia demuestra que mientras más desarrollado económicamente es un país, menor será su grado de vulnerabilidad ante los desastres naturales (y menores los costos que tales desastres ocasionan). De manera que las políticas que propicien el crecimiento de la producción, mayores niveles de educación y el fortalecimiento de las instituciones son tanto o más importantes que las políticas de mitigación y de prevención para salvar vidas y propiedades ante los inevitables desastres que, como el terremoto de noviembre, nos seguirán afectando en el futuro.

¿Bonos para Pagar Deuda Espuria?

Debe hacerse lo posible por minimizar las consecuencias negativas de emitir bonos para pagar la “deuda flotante”

La anunciada intención de emitir bonos para pagar la llamada “deuda flotante” debe ser analizada cuidadosamente. En primer lugar, por el origen espurio de dicha “deuda”, que se origina por el pago pendiente de obras que el gobierno supuestamente ya recibió, pero que no estaban debidamente presupuestadas. Se trata, pues, de compromisos que surgieron improvisadamente, mediante la decisión de algún funcionario que incumplió con el requisito de solicitar al Congreso que modificara el presupuesto, como la ley manda.

La decisión de colocar bonos para financiar tales pagos podría acarrear consecuencias negativas para la credibilidad institucionalidad, la moral tributaria y, por supuesto, en el ámbito macroeconómico. En el primer caso, resulta evidente que el pago de una supuesta deuda que nunca fue formalmente contraída según las normas legales minaría la credibilidad de las instituciones –como la Contraloría de Cuentas o los ministerios de Comunicaciones y de Finanzas-, que deberían ser las primeras preocupadas por no avalar las prácticas anómalas y opacas que se han venido dando desde hace años y que han dado origen a la “deuda flotante”.

De dichas malas prácticas han sido también responsables las empresas constructoras que durante años han aceptado operar de esa manera poco seria. La perversidad de estas prácticas se manifiesta también en que, por tratarse de obras improvisadas y sin presupuestar, se dificulta fiscalizar que las mismas cumplan con estándares mínimos de calidad.

Para evitar mayores daños a la institucionalidad y a la moral fiscal, debería hacerse pública la auditoría externa que el gobierno anterior contrató en enero de 2011, que se supone se envió a la Contraloría para su análisis en enero de 2012, y con base en la cual el actual mandatario (cuando era presidente electo) se comprometió a determinar si era lícito hacer los pagos y si se deducirían responsabilidades legales a quienes hubieran contratado obras sin partida presupuestaria.

En el ámbito macroeconómico deben prevenirse los impactos negativos sobre las variables monetarias y el déficit fiscal. Es evidente que cualquier colocación de deuda pública tiene efectos sobre la liquidez de la economía, por lo cual es indispensable tener certeza del verdadero tamaño de la “deuda flotante” (con base en la comentada auditoría externa), así como de las condiciones en las que se colocarían los bonos (en qué moneda, en qué mercados y a qué plazos). Una manera de reducir estos impactos sería que, en vez de colocar los bonos en el mercado, se utilicen para pagar directamente (con bonos) a los contratistas que, según la mencionada auditoría, sean acreedores legítimos.

El efecto macroeconómico más importante, sin embargo, sería el impacto sobre el déficit fiscal, por sus repercusiones sobre la calificación de riesgo-país, las tasas de interés y el costo de la deuda pública y de la política monetaria. Y es que para emitir bonos destinados a pagar “deuda flotante” primero debe reconocerse presupuestariamente el gasto, lo cual requiere una probación del Congreso que amplíe el presupuesto y, en consecuencia, un incremento del déficit fiscal del año en que se efectúen los pagos. Si se emitieran bonos por Q3,500 millones como se ha estado mencionando, el déficit fiscal de 2013 subiría del 2.5% del PIB (según el presupuesto recién aprobado) a un 3.3%, cifra que sin dunda preocuparía muchísimo a las calificadoras de riesgo.

En todo caso, si luego de publicar los resultados de la auditoría externa y de efectuar los cuidadosos análisis técnicos y políticos que la situación amerita, resulta inevitable pagar parte de la “deuda flotante”, es menester realizar todos los esfuerzos necesarios para que nunca más vuelva a repetirse este problema, fruto del desorden y la opacidad en el gasto público. Al respecto, vale la pena recordar que el Fondo Monetario Internacional recomendó hace meses (en otro estudio que tampoco se ha hecho público) que se establezcan sanciones legales más fuertes, que se implementen controles administrativos más estrictos, y que se castigue efectivamente a los funcionarios responsables. Además, es necesario que el Congreso apruebe con urgencia las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que el propio Ejecutivo envió en marzo pasado.

Sorpresas del Presupuesto 2013

Lo verdaderamente malo es que, con las enmiendas que aprobó el Congreso, el déficit fiscal aumenta más allá de lo deseable

El pasado 23 de octubre el Congreso de la República aprobó sorpresivamente el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013 que asciende a Q66,985 millones, y lo hizo no sólo en tiempo récord (menos de una hora entre su recepción en el Pleno y su aprobación, prácticamente sin discusión), sino con una anticipación récord (ya que lo usual ha sido que se apruebe cerca de la fecha legal límite del 30 de noviembre).

Una aprobación tan expeditiva es prueba irrefutable de que cuando el Ejecutivo desea que se apruebe una ley en la actual legislatura, cuenta con los mecanismos necesarios para lograrlo. Así sucedió también con las leyes de actualización tributaria, la ratificación del Estatuto de Roma, los préstamos de organismos financieros internacionales, y la ley contra en enriquecimiento ilícito. Es una lástima que no haya existido el mismo interés en otras leyes (como las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto o a la Ley Orgánica de la Contraloría) que el propio Ejecutivo envió al Congreso y que podrían tener un efecto muy positivo sobre la transparencia y calidad del gasto público.

Lo malo del presupuesto aprobado para 2013 –contrariamente a lo que algunos analistas han señalado- no radica en la fragilidad de los supuestos en los que se basa (inevitable tratándose de un “pre-supuesto”), ni en que su tamaño sea excesivo. Por ejemplo, el supuesto de crecimiento nominal del PIB de 7.6% no puede calificarse de descabellado si se toma en cuenta que la suma del crecimiento real de la economía (estimado en 3.5%, como máximo) y el crecimiento de la inflación (que se estimó en 3.4%, como punto medio) se aproxima a ese porcentaje

Tampoco su tamaño –medido como porcentaje del PIB- puede calificarse como gigantesco, pues si bien es cierto que representa un 15.8% del PIB, contra un 15.2% en el presupuesto de 2012, no es muy diferente del de otros años (en 2006 alcanzó el 15.9% del PIB). Incluso el monto del presupuesto puede calificarse de razonable si se compara con otros países: los presupuestos de Chile, Perú, Costa Rica u Honduras rondan el equivale a 25% del PIB, mientras que los de Nicaragua, Argentina y Brasil superan el 30%.

Lo verdaderamente malo del presupuesto 2013 es que su proceso de aprobación –apresurado y opaco- implicó una serie de modificaciones al gasto respecto de la propuesta original del Ejecutivo, lo cual produjo que el déficit finalmente aprobado aumentara a un nivel equivalente al 2.5% del PIB. En cambio, el proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo al Congreso en agosto sí contemplaba una reducción del déficit a 2.2% del PIB, en seguimiento a un necesario proceso de ajuste que se inició a partir de 2010.

Las enmiendas clientelares que aprobó el Congreso implican un retroceso en el proceso de corrección gradual del déficit, el cual lo estaba retornando a su nivel crítico de 2% del PIB, nivel que la comunidad financiera internacional considera aceptable para Guatemala; a alejarnos de dicho nivel, el Congreso ha puesto en peligro la calificación de riesgo del país, con todas las consecuencias que ello conlleva.

A ello se añade que en el presupuesto aprobado no se eliminó completamente la posibilidad de que se siga incurriendo en la ilegal deuda flotante, que se repartieron recursos para obras sin base técnica, que está lleno de rigideces debido a las pre-asignaciones de gastos por disposiciones constitucionales o legales, y que se permite el irracional uso de duda para pagar gastos recurrentes.

Lo anterior, aunado a una estimación demasiado optimista en la recaudación de impuesto sobre la renta, el rápido aumento de la deuda pública y la incertidumbre existente respecto de algunas contingencias (como la susodicha deuda flotante, el costo de las consultas populares, o la inminente quiebra del régimen de clases pasivas), hace que el presupuesto del Estado para 2013 sea más una fuente de incertidumbre que una herramienta útil para administrar la política fiscal.

Afortunadamente se trata de un presupuesto, no de una condena ineludible: el Ejecutivo bien puede ejecutarlo con responsabilidad e inteligencia, buscando superar los estándares de calidad del gasto fijados por el Congreso y reducir el déficit fiscal que el Congreso le autorizó, lo cual sería un paso en la dirección correcta para retomar manejo adecuado y sostenible de la deuda pública.

Asfixiando al IGSS

Entre la PDH y la CC, sin una base técnica coherente, le asestan un terrible golpe al IVS

Producto de la insistencia (rayana en saña) del anterior Procurador de los Derechos Humanos, y a la superficialidad (cercana a ligereza) del análisis de la Corte de Constitucionalidad, la sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia –IVS- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- está ahora bajo una grave amenaza.

Una reciente sentencia de la CC (sobre recursos interpuestos de manera insistente por la PDH), dejó sin efecto varias disposiciones que el IGSS había dispuesto para preservar la sostenibilidad del IVS. En efecto, en diciembre de 2010 la Junta Directiva del IGSS había aprobado el Acuerdo 1257 que contiene, entre otras reformas, modificaciones de los parámetros del Programa IVS relativos a los requisitos para tener derecho al pensionamiento por vejez que, para los nuevos afiliados, subirían a 62 años de edad y a 240 meses de contribución.

Pero entre la PDH y la CC, sin una base técnica coherente, le asestan un terrible golpe al IVS, pues sus acciones –con una superficialidad técnica y jurídica asombrosa- dejaron sin efecto varias de las disposiciones del referido acuerdo, lo que conlleva un grave menoscabo a la autonomía del IGSS, una afectación a la sostenibilidad del IVS y una grave amenaza a esta prestación de los trabajadores afiliados.

Ello es grave porque el IVS no sólo es un pilar importante en la red de protección que ayuda a preservar la armonía social, sino que, desde el punto de vista macroeconómico, es una vertiente importante del ahorro nacional. Además, el IVS es una institución estatal, por lo que cualquier daño a su sostenibilidad financiera puede tener eventualmente repercusiones fiscales.

Valuaciones actuariales del IGSS demuestran que, para preservar el equilibrio financiero del IVS, la edad mínima de jubilación debe ser de 65 años; de lo contrario, se pierde el delicado equilibrio que debe existir entre los ingresos (aportes patronales y laborales) y las obligaciones (pensiones presentes y futuras), con lo que se pone en alto riesgo la sostenibilidad del programa. Cabe recordar que las decisiones en cuanto a edad de jubilación se toman con base en estudios actuariales y no por razones políticas o de beneficencia. Por ello la Ley Orgánica del IGSS lo faculta a modificar las condiciones de los beneficios que otorga, aclarando explícitamente que estos no constituyen “derechos adquiridos”.

La propia Organización Internacional del Trabajo –OIT- recomienda a sus miembros fijar un período de cotización de 30 años (360 contribuciones) y una edad mínima jubilación de 65 años. La resolución de la CC, contraria a estas tendencias mundiales, limita la capacidad de administración del programa IVS y, lo que es peor, precipita la llegada de su punto de equilibrio (al año 2015, según cálculos del IGSS) y el arribo de su quiebra técnica (en 2022).

Aparentemente, la PDH y la CC creen que esta debacle financiera del IVS puede solucionarse si el gobierno central se hace cargo de pagar la factura (con recursos obtenidos de los impuestos de todos los guatemaltecos –no sólo de los trabajadores afiliados-), solución que es a todas luces inviable ya que hasta ahora el Estado ha sido no sólo incapaz de pagar las cuotas que por mandato constitucional debería pagarle al IGSS, sino que ni siquiera puede mantener la sanidad de su propio programa de Clases Pasivas Civiles del Estado (que ya está en quiebra).

La solución es hacer lo que están haciendo los países civilizados alrededor del mundo. El promedio de edad de jubilación en Latinoamérica es de 63 años (en Guatemala es aún, gracias a la CC, de 60) y el promedio de años de contribución es de 24 (en Guatemala, 16). En las economías avanzadas también se está aumentando la edad de retiro: en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se han implementado tales aumentos, debido a que los pensionados viven cada vez más años.

En Guatemala la esperanza de vida al nacer también ha aumentado (54 años en 1970, 63 en 1990, y 72 en 2010, y sigue en aumento). Un jubilado promedio recibe cada vez más años de pensión. Por ello, aunque sea doloroso, es inevitable que los programas de pensión existentes deban aplicar ajustes en sus parámetros para conceder una jubilación. Ojalá que, en el futuro, la PDH y la CC actúan con más responsabilidad y visión de largo plazo.

PAX EUROPAEAE

Europa sigue siendo –pese a sus incoherencias, su antigua arrogancia y su crisis actual- un ejemplo a seguir

Europa está viviendo sus horas más bajas de los últimos 60 años. La crisis económica, en pleno apogeo, amenaza con destruir la unión monetaria, descarrilar el Euro y minar el proyecto de integración económica más exitoso de la historia. Todo ello en medio de grandes desajustes económicos, gigantescos niveles de desempleo en los países mediterráneos, crecientes protestas callejeras, tensión política, y desconfianza entre gobiernos (y entre estos y sus ciudadanos).

En este escenario intimidante, la mano amiga del comité noruego vino a dar una bocanada de oxígeno al otorgarle a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz 2012. Claramente se trata de una medida política bien calculada en apoyo al concepto mismo de la integración económica y política de los países que componen una de las regiones más prósperas del planeta. Pero ello no es nada nuevo ni, necesariamente, criticable.

En años recientes los académicos que otorgan este premio han sido criticados por favorecer a personas o entidades que “hacen el bien”, aunque no promuevan directamente el final de las guerras, como fue el caso de la Cruz Roja o de la Madre Teresa. Se les ha criticado también porque algunos premios han sido, digamos, prematuros, como los casos de Kissinger, Sadat, Aung San, Kim u Obama, que lo obtuvieron antes de lograr algo concreto. También se les ha criticado por dar el premio no al desempeño del premiado sino al símbolo que éste representaba, como a Walesa, Martin L. King o nuestra propia Rigoberta. O, de plano, por dar el premio con la intención puramente política de avergonzar a alguna dictadura, como los casos de Sakharov, Dalai Lama o Liu Xiaobo.

Quienes critican esos parámetros vivirían más tranquilos si aceptaran que, efectivamente, durante las últimas décadas el Premio Nobel de la Paz es más un símbolo, un mensaje, que una recompensa que reconozca logros específicos y concretos. Puede ser que el comité noruego del Nobel se haya equivocado algunas veces, pero hace tiempo que tomó la decisión de considerar que la lucha por la paz no se limitaba a terminar guerras, sino que incluía preservar los derechos humanos y combatir el hambre, la pobreza y el temor a vivir.

Esa visión amplia de la construcción de la paz implica que los laureados no necesariamente tienen que ser gigantes morales o seres perfectos, sino que pueden ser personas o entes que hayan contribuido a la paz mediante acciones que hagan de la vida cotidiana de las personas un asunto más digno y civilizado. Y la Unión Europea cae en esta categoría: el Premio Nobel de la Paz (claro está, no el de Economía) le fue conferido hace unos días «por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia, y los derechos humanos en Europa».

En tal sentido, el Nobel de 2012 tiene la intención de exaltar y recordar lo que la Unión Europea ha logrado en el sentido de transformar Europa de ser un continente de guerra –las Guerras Mundiales de 1914 a 1945 fueron esencialmente europeas- a ser una región de paz y de valores humanos, poniendo en evidencia, de paso, la peligrosa resurgencia en el mundo –también en Europa- de peligrosas corrientes extremistas,  nacionalistas y etnicistas.

El innegable progreso material, cultural y social alcanzado por Europa desde 1945 le debe mucho a la institucionalidad que se fue construyendo alrededor del concepto de una gradual integración económica y política, la cual desembocó en la creación de la Unión Europea. Hoy es impensable, por ejemplo, que el ejército alemán invada Bélgica o Francia. Por su parte, países como España, Portugal y Grecia –pese a su crisis económica- son sólidas democracias que, saliendo de sus respectivas dictaduras, se inspiraron en los ideales de la Europa moderna. Y los países de Europa Oriental transitan rápidamente hacia la modernidad y el estado de derecho teniendo como referente su integración al resto de Europa.

El Nobel de la Paz 2012 está bien concedido. Europa sigue siendo –pese a sus incoherencias, su antigua arrogancia y su crisis actual- un ejemplo (para nuestros países) de cómo una visión de una sociedad pacífica, próspera y civilizada puede ser hecha realidad mediante la construcción de instituciones basadas en reglas, el respecto de esas reglas por todas las partes, la perseverancia y el diálogo.

Exclusión, Diálogo y Capital Social

Sin acuerdos nacionales mínimos sobre temas fundamentales para cualquier sociedad civilizada (como, por ejemplo, los impuestos y su uso transparente y eficiente, o el sistema de partidos políticos, o la convivencia respetuosa entre diferentes etnias), es imposible el progreso del país

Los hechos acontecidos recientemente en Totonicapán son indignos de un país civilizado y nos avergüenzan ante el concierto de las naciones. Resulta inadmisiblemente simplista pensar que sólo hay una persona o un solo bando responsable de las muertes, cuando evidentemente se trata de una confluencia de factores que ponen en evidencia muchas de las fallas de nuestro débil Estado, las cuales deben llamarnos como sociedad a meditar profundamente sobre qué hacer para que una tragedia así no vuelva a repetirse.

Para empezar, podríamos partir de dos realidades que, aunque dolorosas, debemos aceptar para enfrentar el problema. Una es que existe, innegablemente, una dolorosa sensación de marginalidad y exclusión por parte de amplios sectores de la población guatemalteca. La otra es la ausencia de mecanismos de diálogo que permitan canalizar satisfactoriamente las preocupaciones de los distintos grupos sociales respecto de sus conflictos actuales y de su prosperidad futura.

En tal sentido resultó muy oportuna la reciente visita a nuestro país del doctor (en Economía) Álvaro García Hurtado, ministro chileno de Economía (1994-1998) y de Energía (1998) durante la presidencia de Eduardo Frei, y ministro secretario general de la Presidencia (2000-2002) del régimen de Ricardo Lagos. García Hurtado estuvo el Guatemala en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- 2012 para compartir su experiencia en procesos de diálogo y en la potencialidad que para esos fines puede tener el Consejo Económico y Social –CES-.

Mientras no existan mecanismos de diálogo efectivos en una sociedad, no será posible llegar a acuerdos sobre el país al que se aspira, y sin esos acuerdos nacionales no hay progreso posible. De acuerdo con las experiencias de los CES que el doctor García Hurtado ha analizado alrededor del mundo en años recientes, existen al menos tres características que las instancias de diálogo deben tener para conducir a acuerdos sostenibles que orienten el accionar de las partes en conflicto hacia resultados positivos.

En primer lugar, los mecanismos de diálogo deben incorporar a todos los actores relevantes, quienes deben actuar de buena fe, conocerse, respetarse y reconocer su mutua legitimidad como interlocutores. En segundo término, debe haber una interacción igualitaria entre los dialogantes, quienes para el efecto deben manejar un nivel similar de información y análisis. Y, por último, el proceso de diálogo debe ser transparente frente a la ciudadanía y realizarse con autonomía respecto de los factores de poder.

Lamentablemente, las condiciones imperantes en Guatemala dificultan que se configuren las tres características antes indicadas. Para empezar, la enorme debilidad institucional hace que existan muy pocas entidades que puedan considerarse verdaderamente representativas: las organizaciones sindicales, cooperativas, indígenas, estudiantiles, o de consumidores están atomizadas y débiles, sin mencionar el triste caso de los partidos políticos que deberían ser el principal vínculo entre la ciudadanía y los poderes del Estado. Esta débil institucionalidad impide que surjan mecanismos de diálogo confiables.

Lo anterior incide en que la cantidad y la calidad de la información y del análisis que deberían servir de base para cualquier diálogo sea, por lo general, muy pobre. Instancias como el CES necesitan que el Estado patrocine sus actividades (incluyendo las de investigación y análisis independiente de los problemas nacionales), pero ello demanda recursos fiscales de por sí escasos en Guatemala.

La recomendación de García Hurtado ante estos obstáculos fue contundente: los guatemaltecos deben invertir en el capital social indispensable para que se produzcan las condiciones necesarias para un diálogo efectivo. Ello implica construir confianza mutua entre los guatemaltecos, con base en normas efectivas y redes sociales, lo cual pasa por fortalecer la institucionalidad del Estado –en materia de seguridad y justicia, descentralización y sistema de partidos políticos-.

Esperemos que nuestro recién estrenado CES logre sortear estos obstáculos y sea capaz de fomentar la colaboración social entre los diferentes colectivos de la sociedad guatemalteca, para que de ello surjan oportunidades que puedan ser bien aprovechadas por la ciudadanía.

El "Sector Cultural" de la Economía

La cultura y sus actividades generan flujos económicos, rentas y empleos que pueden --y deben- ser cuantificados. Ello nos permitiría tener una conciencia más clara del gigantesco potencial de la cultura en un país como Guatemala y de la consecuente conveniencia de darle un apoyo significativamente mayor.

La economía y la cultura se interrelacionan y afectan mutuamente. La cultura es, de acuerdo con la definición de la UNESCO, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social y abarca, además de las artes y  las letras, los modos de vida, las maneras de convivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

La economía, por su parte, es la rama del conocimiento humano que estudia el fenómeno de la escasez. En la medida en que las manifestaciones culturales (especialmente las artísticas o estéticas) son bienes escasos destinados a satisfacer las necesidades del espíritu humano, dichas manifestaciones pueden y deben ser objeto de análisis económico.

Al respecto, la semana pasada tuve el privilegio de impartir una charla sobre Economía y Cultura en el seminario de formación “Las Industrias Culturales y Creativas en Guatemala: El sector de las Artes Escénicas en Medios Urbanos”, organizado por OIKÓS (Observatorio Andaluz para la Economía de la Cultura y el Desarrollo) y el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Del intercambio con los participantes resultó evidente que la cultura y la diversidad cultural son una fuente de desarrollo, no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de ampliar las opciones de oferta y elección que concede a los ciudadanos acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual más satisfactoria.

Las manifestaciones culturales (libros, música, filmes, artesanías, artes plásticas y escénicas) utilizan recursos para su realización que son valorados y transados en el sistema económico, y generan productos que tienen un valor de uso y de cambio para los que los demandan. Estas actividades tienen una dimensión económica, pues los procesos en los que se desarrollan tienen características de producción, intercambio y consumo. De manera que una parte considerable de la cultura genera un impacto similar al de otros sectores económicos, por lo que las actividades culturales dan lugar a un sector productivo que genera riqueza: el “sector cultural” de la economía.

En la medida en que se ha hecho cada vez más evidente que la cultura y sus actividades producen flujos económicos, rentas y empleos que pueden ser cuantificados, su estudio se ha revelado en años recientes como un campo muy amplio para el desarrollo teórico y aplicado de las ciencias económicas, dando lugar a una especialización conocida como Economía de la Cultura, que es la aplicación de la Ciencia Económica a la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios culturales.

La Economía de la Cultura, que como disciplina académica se está expandiendo principalmente en los países desarrollados, ha estado incursionando en el estudio de, por lo menos, tres aspectos de la cultura. En primer lugar las artes escénicas, como cultura viva en sus diferentes manifestaciones (por ejemplo, mediante estudios sobre el impacto económico que generan los festivales culturales). En segundo lugar, las industrias culturales, como cultura reproducible (por ejemplo, el análisis de la industria editorial o la de la música). Y, en tercer término, el patrimonio histórico o cultura acumulada (por ejemplo, mediante estudios del valor del acervo cultural material o inmaterial).

El tema es de particular relevancia para un país como Guatemala donde, de acuerdo a un estudio técnico elaborado en 2007 por el economista de la cultura Ernesto Piedras, el sector cultura genera el 7.26% del PIB –el triple que en Colombia o Chile-, crece a una tasa anual de 7.3% –más dinámico que la mayoría de sectores- y da empleo al 7.14% de la PEA.

La cultura es un ámbito por excelencia de la intervención pública que requiere instrumentos que la apoyen en la formulación de políticas culturales y económicas. El desarrollo de la Economía de la Cultura, aún incipiente en Guatemala, puede contribuir a generar tales instrumentos y a crear la necesaria conciencia que debe existir en todos quienes participan en la cadena de valor del sector cultural (en las etapas de creación, producción, distribución y consumo de los bienes y servicios culturales) respecto a que la creatividad es capaz de generar actividad económica y bienestar material y espiritual.

Reflexiones Sobre la Crisis Financiera Mundial

La crisis financiera internacional recién cumplió cinco años, y se ha convertido en prueba evidente de que las crisis bancarias no son, después de todo, exclusivas de los países subdesarrollados

La crisis financiera internacional cumplió ya cinco años. Entre julio de 2007 (cuando el banco Bear Sterns cesó el pago de algunos fondos a su cargo) y septiembre de 2008 (cuando quebró el primer gran banco, Lehman Brothers) se puede fechar el inicio de la gran crisis cuyas consecuencias aún están afectando el funcionamiento de la economía mundial.

Las características y duración de la crisis de 2007-2008 puso en evidencia que uno de los mayores retos para la teoría y la política económica es el de entender y prevenir las crisis financieras. También evidenció que las economías de mercado, por muy desarrolladas que estén, son susceptibles de colapsar financieramente. Las crisis bancarias no son, después de todo, exclusivas de los países subdesarrollados

Las crisis financieras ocurren cuando el público acreedor de los bancos –es decir, los depositantes, los poseedores de certificados o bonos bancarios, u otras entidades financieras que le han dado préstamos a los bancos- “huyen” de esos activos financieros y exigen a los bancos que se los cambien por dinero en efectivo, que estos no poseen en la suficiente cuantía. Lo bueno es que tales crisis –de confianza- son sumamente esporádicas, pues deben ser “sistémicas”, es decir, extendidas a todo el sistema bancario.

Lo malo es que es la propia naturaleza de los bancos la que los hace propensos a perder la confianza del público: el “descalce” de plazos que existe entre lo que los bancos le deben al público (que suelen ser activos de corto plazo, como los depósitos monetarios) y lo que el público le debe a los bancos (que suelen ser activos de largo plazo, como los préstamos hipotecarios), los hace vulnerables a eventuales crisis de confianza. 

La gran crisis del último quinquenio confirmó varios aspectos que caracterizan estos fenómenos, pero también develó que existen muchos aspectos que deben clarificarse para comprender qué sucedió. Se confirmó que las crisis financieras ocurren en todas las economías de mercado, ricas o pobres; también se confirmó que, aunque las economías pueden experimentar largos periodos sin crisis, eventualmente serán afectadas por una.

Se confirmó que las crisis financieras son repentinas, inesperadas y siempre se originan en el descalce de plazos que caracteriza a los bancos, aunque en la reciente crisis mundial el epicentro se encontró en los nuevos tipos de deuda bancaria (los reportos y los derivativos). En todo caso, se confirmó también que las crisis están precedidas típicamente de una expansión rápida del crédito al sector privado y que, asociado a ello, suelen ocurrir cuando el ciclo económico marca su mayor apogeo, o sea, cuando las cosas marchan tan bien que las defensas están bajas. Y también se confirmó que las crisis son costosas y que la recuperación puede tomar demasiado tiempo.

Por desgracia, la reciente gran crisis financiera ha dejado muchas dudas por responder: no sabemos cómo funciona la dinámica de las crisis, ni por qué los agentes económicos pierden repentinamente la confianza en la calidad de la deuda de los bancos, ni sabemos cómo las intervenciones del gobierno afectan las expectativas de los agentes económicos. Tampoco sabemos qué políticas son más eficaces para prevenir las crisis, sin reprimir el sistema bancario, ni sabemos cuáles sistemas regulatorios han sido más exitosos para mitigar la ocurrencia de las crisis.

Mientras tales dudas se disipan, las instituciones involucradas deben tomar nota de las características típicas de las crisis financieras y estar alertas para actuar en consonancia. Para empezar, deben vigilar la evolución del crédito bancario y desalentar la existencia de “booms” de crédito que llevan consigo el germen de las crisis.

Los supervisores financieros deberán seguir de cerca las innovaciones en los servicios y productos bancarios, pero no deberían pretender ir detrás de dichas innovaciones mediante regulaciones cada vez más complejas; más bien deben simplificar las regulaciones –ir a lo esencial- para poder aplicarlas con rigor y eficacia. Los bancos son entidades especiales, necesarias para el funcionamiento de la economía de mercado, que están sujetos al sentimiento de confianza del público y que requieren de regulación, pero ésta debe ser equilibrada y permitirles operar con eficiencia.

¿Por Qué Fracasan las Naciones?

La prosperidad se genera mediante la inversión y la innovación, pero éstas sólo se producen si existen los incentivos adecuados

En la columna anterior, relativa al Movimiento por una Economía Positiva que fue lanzado en Le Havre, Francia, comenté que cualquier nuevo enfoque que busque una mayor sostenibilidad social, política y ambiental de la economía solo podrá realizarse sobre la base de instituciones viables. La ponencia en dicho foro del profesor John Tirman, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales del Massachusetts Institue of Tehchnology –MIT-, puntualizó que, para superar la pobreza, un país debe contar con instituciones robustas, funcionales e incluyentes.

La conclusión de Tirman se basa en un reciente libro sobre las causas del fracaso de los estados –Why Nations Fail-, escrito por Daron Acemoglu (de MIT) y James Robinson (de Harvard). Según estos autores, el fracaso de las naciones no radica en la escasez de capital (como los académicos sostenían en los años sesenta), ni en la aplicación de políticas económicas erróneas (como se creía en los años ochenta); tampoco se explica por la cultura, el clima, o la geografía.

Son las instituciones las que determinan el destino de las naciones. Según Acemoglu y Robinson, el éxito llega cuando las instituciones políticas y económicas son incluyentes y pluralistas, creando así incentivos para que los ciudadanos inviertan en el futuro. En contraste, las naciones fallan cuando las instituciones son "extractivas", utilizadas por el poder político para favorecer sólo una pequeña élite que saca provecho económico para sí.

Estos expertos recalcan que las instituciones políticas son tan importantes o más que las instituciones económicas; apoyan su tesis con evidencia histórica, desde el auge y caída de Venecia, pasando por la colonización de América, hasta la reciente exitosa evolución de Botswana. En todos los casos, las instituciones políticas incluyentes produjeron una amplia distribución del poder político, así como límites de dicho poder en forma de elecciones democráticas y constituciones escritas. Por su parte, las instituciones económicas exitosas abarcan los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, la facilidad de iniciar nuevas empresas, mercados competitivos y la libertad de los ciudadanos para elegir su actividad productiva.

Su argumento es que la prosperidad, en el mundo actual, descansa sobre bases políticas. Económicamente, la prosperidad se genera mediante la inversión y la innovación, pero éstas sólo se producen si existen los incentivos adecuados: los inversionistas y los innovadores deben confiar en que, si tienen éxito, no van a ser expoliados por los poderosos. Políticamente, pues, requieren de un sistema de gobierno que reúna dos condiciones: un poder político centralizado, e instituciones de poder incluyentes.

Sin un poder centralizado habrá desorden, que es anatema para la inversión. El que se necesite un Estado fuerte (no necesariamente grande) para prosperar, no es un tema controversial. Pero que se necesiten instituciones incluyentes es algo más polémico, en vista del éxito reciente de la anti-democrática China. Acemoglu y Robinson argumentan que, aunque el orden puede acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza, la ausencia de instituciones incluyentes impedirá el pleno ascenso a la prosperidad moderna. Su explicación es que dicha ausencia empodera a una pequeña élite política para centrarse en satisfacer sus propios intereses, creando "instituciones extractivas" que chocan con, y prevalecen sobre, los de las mayorías.

Los Estados extractivos están atrapados en el círculo vicioso de la cleptocracia, la supresión de la innovación tecnológica y de la libertad económica y personal, lo cual los conduce al fracaso y la pobreza. Los Estados incluyentes, en contraste, tienen pesos y contrapesos al poder, son innovadores y prosperan gracias al empuje de la competencia de intereses en el marco del estado de derecho y de los derechos de propiedad.

Para que un Estado evite ser fallido, las élites políticas deben tomar la decisión de abandonar las instituciones extractivas y ceder el poder a las instituciones incluyentes, aunque sea tan sólo por el temor de que sobrevenga la ingobernabilidad, el caos o el surgimiento de movimientos populistas radicales. Un fundamento clave de la prosperidad es la lucha política contra los privilegios y la corrupción.

¿Una Economía Positiva?

Surgieron propuestas concretas que pueden aportar a la solución de los desafíos que enfrenta la economía

El mes pasado tuvo lugar en Le Havre, Francia, el LH Forum donde se lanzó el Movimiento por una Economía Positiva. El evento, patrocinado por el Grupo Planet Finance –una organización internacional que promociona las microfinanzas entre los más pobres- fue inaugurado por el presidente francés, Francois Hollande, y reunió a un destacado número de académicos, empresarios, políticos, sindicalistas y activistas que compartieron su visión respecto de la manera en que la economía podría trascender su visión utilitarista y contribuir a la solución de los problemas de la sociedad.

En el Foro resultó evidente que el concepto de Economía Positiva no está aun claramente definido, pues aún es una idea en proceso de construcción, alrededor de la cual se busca que la actividad empresarial tenga un impacto positivo en la protección y valoración del capital humano y del capital ambiental de la sociedad. En una secuencia variada de expositores, fueron desfilando en Le Havre una serie de ideas de varios sabores y colores. Si bien es cierto que se repitieron, inevitablemente, los lugares comunes, discursos sentimentalistas y propuestas vagas que suelen presentarse en este tipo de eventos (“hay que cambiar el modelo centrado en el interés particular”, “un nuevo paradigma económico es necesario”, o “impulsemos una economía menos individualista y más solidaria”), también lo es que surgieron ideas y propuestas prácticas y concretas que bien pueden aportar a la solución de los desafíos que enfrenta la economía moderna respecto de la exclusión social y el deterioro ambiental.

Hubo una especie de consenso en torno a la importancia de las empresas como eje en torno al cual gira la economía moderna: es a través de ellas como mejor puede lograrse el impacto positivo que la actividad económica puede tener en la sociedad. Al respecto se presentaron casos inspiradores como el de la Corporación B, una iniciativa empresarial estadounidense que, basada en la convicción de que las empresas son la fuerza más poderosa para el progreso de cualquier sociedad, certifica a aquellas que sobresalen por su compromiso y resultados sociales y ambientales.

El intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes permitió vislumbrar la evolución que habrán de tener conceptos como el de la Responsabilidad Social Empresarial, o el concepto mismo de empresarialidad como una forma efectiva de solventar los problemas sociales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Se hizo claro que el estado de derecho y los marcos regulatorios son esenciales para, entre otros objetivos, potenciar los efectos económicos y sociales de las “empresas sociales” (esas organizaciones que no son ONGs pero que tampoco buscan la maximización de utilidades como su fin principal).

Entre las ideas discutidas en el Foro se recalcó el potencial de las microfinanzas para ayudar a superar la pobreza a través de la empresarialidad. Se presentaron historias inspiradoras sobre el impacto humano y positivo que pueden generar no solo las empresas sociales sino las empresas convencionales (incluyendo transnacionales como Renault, KPMG, Café Illy o GDF-Suez). Se concluyó que el llamado “comercio justo” no puede ser viable si no es a través de empresas económicamente sostenibles. Se identificó a la innovación como un factor clave para un modelo social incluyente, siempre que los innovadores se vuelvan también emprendedores. Se reflexionó sobre las dos claves del éxito empresarial –capital y conocimiento- y sobre cómo la búsqueda de utilidades, sin ser un fin en sí misma, puede apuntalar dicho éxito.

Dos lecciones centrales del Foro: primero, que si se tiene la perspectiva adecuada de largo plazo, no tiene por qué existir contradicción entre la búsqueda de utilidades y el equilibrio del capital humano y del ambiental; segunda, que la existencia de instituciones robustas, funcionales e incluyentes (como la igualdad ante la ley, el estado de derecho, la libertad de empresa y la democracia misma) es una condición necesaria para una Economía Positiva en cualquier país. La nueva Economía Positiva –si llega a materializarse- solo podrá realizarse sobre la base de instituciones viables: las empresas (el agente clave de la economía positiva) no pueden surgir ni progresar en ausencia de instituciones confiables.

La Solidez del Sistema Financiero

Se requerían modificaciones al marco legal que, hasta ahora, habían estado estancadas

Durante los últimos años, el sistema bancario se ha mantenido relativamente sólido y en proceso de gradual fortalecimiento, apuntalado por un récord de prácticas crediticias prudentes e indicadores de solvencia en proceso de mejora. Sin embargo, en opinión de diversas calificadoras de riesgo, aún muestra cierta vulnerabilidad ante factores clave como el mediocre crecimiento de la economía nacional, la fragilidad de la economía internacional y un eventual deterioro de los términos de intercambio.

Por el lado positivo, la estabilidad exhibida por las tasas de interés y el renovado ritmo del crédito bancario en meses recientes son factores que ayudan a mitigar dichos riesgos. Las calificadoras evalúan nuestro sistema financiero de acuerdo con una serie de indicadores de su desempeño: el patrimonio, la calidad de los activos, la eficiencia microeconómica, las utilidades, la liquidez y el estatus de mercado. La mayoría de esos indicadores están en niveles aceptables, y eso lo reconocen las calificadoras y analistas internacionales.

Sin embargo, tal como lo expresa uno de ellos (The Economist Intelligence Unit), “los indicadores de solidez financiera son razonables, pero el escaso progreso en la mejora de la supervisión sigue siendo una debilidad” para el sistema bancario nacional. Ello subraya la conveniencia de consolidar y fortalecer la regulación y supervisión financiera en función de los riesgos cambiantes del entorno interno y externo, para ponerlas más en línea con los estándares que establecen a nivel internacional entidades como la OCDE.

Lo anterior requeriría modificaciones al marco legal que, hasta ahora, habían estado estancadas. Sin embargo, el 28 de agosto el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que fortalece las regulaciones, limita la participación de bancos fuera de plaza (offshore) y norma la asistencia financiera para entidades bancarias en riesgo. La mayoría de las reformas aprobadas se orienta a fortalecer la llamada “red de protección financiera” para casos de insolvencia y cierre de una institución bancaria, pero también se incluyeron algunas regulaciones de carácter más general.

Las reformas del primer establecen límites más estrictos para otorgar créditos a los accionistas de los grupos financieros, incluyendo a las empresas que forman parte de tales grupos; limitan la distribución de dividendos en casos de entidades que necesiten reforzar su patrimonio; limitan los operaciones de las offshore y endurecen las sanciones contra las mismas; e incrementan el monto que el banco central puede aportar como préstamo de última instancia. Sobresalen las disposiciones relativas a fortalecer el Fondo para la Protección del Ahorro –FOPA-, habiéndose incrementado la cuota mensual que los bancos deben aportar para su sostenimiento.

Entre el segundo tipo de reformas (las generales) sobresale la normativa que obliga a los bancos a contar con una calificación emitida por una calificadora de riesgo reconocida, la cual deberá ser evaluada y registrada en la Superintendencia de Bancos. Esta calificación deberá ser pública y servirá de parámetro para determinar el aporte que cada banco debe hacer al FOPA. Además, se establecen nuevos límites de concentración de inversión.

Todas estas reformas pueden tener importantes implicaciones y contribuirán a mejorar la percepción que las calificadoras tienen sobre el marco regulatorio del sistema bancario. Aunque el aumento en la cuota de contribución al FOPA genera un aumento de costos que los bancos podrían trasladar al usuario mediante aumentos en las tasas de interés, ello solamente ocurriría parcialmente en la medida en que la competencia por atraer clientes obligará a las instituciones a absorber parte del referido costo. Finalmente, la disposición que obliga a los bancos a contratar y hacer pública una calificación de riesgo puede tener importantes implicaciones en las percepciones del público sobre la calidad de las instituciones financieras, y generar a partir de dichas precepciones movimientos de activos y pasivos conducentes a una mayor consolidación del sistema bancario.

El nuevo Superintendente de Bancos, Ramón Tobar, tendrá a su cargo vigilar la evolución de estas implicaciones. Le deseamos suerte en el desempeño de tan importante responsabilidad.

Repartiendo el Presupuesto

Si los políticos siguen emitiendo leyes (o reformas constitucionales) en las que se reparte a pedazos el presupuesto de gastos del Estado, no quedará nada para salud, educación ni infraestructura, que son gastos básicos para el desarrollo.

Ante la incapacidad histórica del Estado de asignar sus recursos presupuestarios con base en una adecuada planificación y en función de objetivos de largo plazo, una salida fácil ha sido asignar porcentajes fijos del presupuesto a supuestos gastos prioritarios. Así, en las últimas décadas, se han repartido –cual si fuese un pastel inagotable- los gastos del presupuesto a través de asignaciones establecidas en leyes o en la propia Constitución. Puestos a repartir el presupuesto del Estado, puede resultar interesante hacer un ejercicio de asignación de porcentajes según las prioridades de moda.

El Organismo Judicial tiene asignado actualmente, por disposición constitucional, un 2% del presupuesto del Estado; las reformas constitucionales planteadas por el Organismo Ejecutivo duplican dicho porcentaje; empero, siendo tan fundamental la aplicación de la justicia para el funcionamiento de la República, supongamos que el Congreso deciden elevar dicho presupuesto, ¿por qué no?, al 5% y, así, hacer un aporte políticamente redituable al  atribulado sistema de justicia.

El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, tiene actualmente asignado el 0.5% del presupuesto del Estado, y las reformas a la Ley Electoral que se están planteando en el Congreso proponen duplicar dicho porcentaje; pero, dado el rol trascendental del TSE para la sobrevivencia de la democracia y la conveniencia de que el financiamiento de las campañas electorales sea con dineros públicos, bien podría subírsele quizá a 2%.

La educación pública superior, personificada por la Universidad de San Carlos, tiene el 5% del presupuesto estatal asignado en la Constitución; ante los próximos cambios al texto constitucional, quizá resulte políticamente rentable seguir apoyando la prolífica producción científica, técnica y profesional a que nos tiene acostumbrados la USAC y se aumente dicho porcentaje a, digamos, 7%.

El deporte es otra prioridad política de primer orden, que tiene para sí el 3% del presupuesto del Estado; en los 25 años de vigencia de esta asignación constitucional hemos ganado una medalla olímpica, por lo que las próximas reformas constitucionales podrían duplicar a 6% dicho aporte a fin de reducir a 12 años la obtención de nuestra próxima medalla plateada.

Hasta aquí llevamos repartido apenas el 20% del presupuesto, así que podemos continuar, tal como lo está proponiendo el Ejecutivo en su propuesta de reformas constitucionales, al subir de 10% a 11% el aporte del presupuesto a las municipalidades lo cual, como no tiene más intención que seguir apoyando la transparente ejecución del gasto municipal, bien podría elevar el Congreso, ¿por qué no? a un 15%.

El Gobierno también propone en sus reformas constitucionales asignar un 1% del presupuesto a la Contraloría; vamos, subámosle a 2% para poder combatir mejor la corrupción. También plantea el Ejecutivo asignarle constitucionalmente un 2% del presupuesto al Ministerio Público; quizá el Congreso estime que para combatir el crimen organizado se pueda duplicar dicho porcentaje: 4%.

Con estos cambios habríamos asignado sólo el 41% del presupuesto, de manera que podemos proseguir. La actual asignación constitucional del 1% del presupuesto para alfabetización, bien podría elevarse a un 3% --¿qué más importante que eliminar el analfabetismo?-. Y a la Escuela Nacional Central de Agricultura, que tan crucial ha sido para el desarrollo rural del país, podría subírsele su actual asignación constitucional y dotarla del 1% del presupuesto nacional.

Todavía quedaría un 55% del presupuesto por repartir, lo cual podría hacerse a nivel constitucional aprovechando las próximas reformas: 5% para promover la identidad de los pueblos indígenas; 5% para subsidiar a los adultos mayores; 5% para combatir la desnutrición; 5% para fortalecer los Consejos de Desarrollo; 5% para fomentar el turismo; 5% para el arte; y, un 10% para complementar el altruismo de la sociedad civil (bomberos, fundaciones, hogares de ancianos, etcétera). ¿Quién se puede oponer a tan loables fines?

El restante 15% del presupuesto habrá de usarse para pagar salarios de la burocracia y para servir la deuda pública. Ya no quedaría nada para salud, educación ni infraestructura; pero estos gastos básicos para el desarrollo no parecen ser parte de las prioridades de moda.

Crisis Europea: Impacto en Centroamérica

La situación es cada vez más compleja: la mitad de Europa está ya en recesión o al borde de ella

La tormenta económica en Europa no da señales de amainar. En los últimos meses la incertidumbre ha aumentado ante la ausencia de soluciones claras y definitivas a la crisis fiscal y financiera, lo que ha conducido a un nuevo episodio recesivo en la Eurozona. La subsecuente caída en el comercio mundial significa menos dinamismo para las exportaciones y la producción de las economías en desarrollo. Cuán expuestas están las economías centroamericanas a estos avatares de los mercados mundiales fue tema de análisis en el Seminario Centroamericano organizado por Consultores Para el Desarrollo –COPADES- el mes pasado.

El tema es muy pertinente porque la situación es cada vez más compleja: la mitad de Europa está ya en recesión o al borde de ella, las finanzas públicas continúan débiles,  los indicadores de confianza siguen golpeados, y los problemas de la banca y de la deuda privada no se resuelven. La salida a esta situación requiere de un cambio institucional profundo y de un liderazgo político adecuado que lucen remotos, dado lo difícil que resulta financiar el elevado desequilibrio fiscal en la Eurozona y lograr la necesaria coordinación de políticas fiscales.

Además, los ajustes requeridos para mejorar la competitividad europea se ven limitados por las restricciones propias de una moneda única. La necesidad de mayor flexibilidad en los mercados laborales enfrenta oposición sindical. A su vez, la situación de los bancos y su disperso marco regulatorio claman por la unificación de los sistemas de supervisión financiera. Urge una acción efectiva para revertir la espiral de deterioro de las expectativas y la pérdida de confianza en los mercados.

En este contexto, hace unas semanas los líderes de la Unión Europea alcanzaron importantes acuerdos, entre los que destacan la creación de un esquema de supervisión y resolución bancaria regional, y la definición de algunos aspectos para rescatar la banca española, incluyendo ayuda financiera directa de la Unión a los bancos sin pasar por los gobiernos respectivos. También se avanzó en el establecimiento de mecanismos de financiamiento en caso de requerirse ajustes macroeconómicos, sujetos al cumplimiento de condicionalidades y objetivos en materia fiscal y financiera.

Estas medidas tardarán en rendir frutos y, mientras tanto, la compleja situación fiscal y financiera de Eurozona se traducirá en incertidumbre y mayor aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales, lo que podría afectar los flujos económicos desde y hacia economías como las centroamericanas.

Existen cuatro canales de transmisión a través de los cuales de podrían transmitir estos efectos a nuestra Región. Un canal es el de las remesas familiares, que representan un 9% del PIB regional, las cuales no han disminuido este año, lo que es indicativo de que el crecimiento económico en los Estados Unidos (principal fuente de las remesas), aunque mediocre, aún es suficiente para mantener estos flujos. Un segundo canal es el del turismo, cuyos flujos pesan un 2% del PIB regional, que tampoco han mostrado signos de deterioro en lo que va de 2012.

El tercer canal, el de las exportaciones, cuyos ingresos equivalen al 24% del PIB centroamericano, han sufrido una clara desaceleración asociada más al mediocre crecimiento de la economía estadounidense que al desplome de la economía europea. El cuarto canal es el de los flujos de capital, tanto de inversión financiera como de inversión extranjera directa; esta última ha registrado cierta merma durante 2012 en todos los países centroamericanos, pero por fortuna solamente representa un 4% del PIB.  Por último, los flujos financieros podrían no ser una fuente de contagio sino que, incluso, podrían verse atraídos hacia Centroamérica si los mercados internacionales perciben en esta región, temporalmente, menos incertidumbre que en Europa.

Por ende, en tanto la crisis europea no contagie severamente a los Estados Unidos, la situación de la economía internacional no es completamente adversa para Centroamérica. Sin embargo, el panorama todavía es frágil e incierto, y la crisis en Europa podría profundizarse y contagiarse al resto del mundo. Ante ello, las políticas económicas de los países centroamericanos deben guardar extrema prudencia y evitar la tentación de ponerse creativas.

Economía "Medio-Sana"

No hay que caer en la tentación simplista de culpar a la estabilidad por el escaso dinamismo de nuestra economía
 Hace algunos días un amigo me pidió una explicación, lo más simple que fuera posible, acerca de la situación macroeconómica de Guatemala: ¿tenemos, o no, una economía sana? Una explicación de tal naturaleza debe partir de una definición de lo que puede entenderse como una “economía sana”.

Para evaluar la sanidad macroeconómica de cualquier país hay que enfocarse en dos características fundamentales: su predictibilidad y su dinamismo. En efecto, por un lado, cuando la evolución de la economía es predecible –lo que en gran medida significa que es estable-, será mucho más fácil para los agentes económicos que la conforman (consumidores, empresas domésticas, inversionistas extranjeros, entidades de gobierno) tomar decisiones. El grado de estabilidad y predictibilidad de la economía incide directamente sobre la capacidad de la gente para tomar decisiones de comprar (consumir), construir casas y edificios, o emprender nuevos negocios (invertir).

Por lo tanto, el hecho de que la economía sea predecible es una condición necesaria para que la macroeconomía de un país (no importa que sea rico o pobre) esté sana. La presencia de esta característica –predictibilidad- puede evaluarse mediante la medición del comportamiento de los precios (inflación), así como a través de otras variables que, como el déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno) y el déficit externo (la diferencia entre lo que vendemos y compramos del exterior), nos ayudan a medir los desequilibrios económicos que pueden trastornar la estabilidad y trocarla por caos.

La segunda característica clave de la sanidad económica es su dinamismo, que indica si la misma está creciendo y a qué velocidad lo hace. Esta característica es mucho más importante para los países pobres que para los ricos, ya que mientras más pobre sea un país, más rápido necesita crecer a fin de que los frutos de la actividad económica se traduzcan en bienestar para su población. El crecimiento económico se refiere a la cantidad de bienes y servicios que produce la economía y se mide, principalmente, mediante el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) y de los indicadores que de éste se derivan, como el ingreso per cápita y la productividad.

Tomando en cuenta la situación de ambas características –predictibilidad y dinamismo- en el caso actual de Guatemala, es posible calificar a nuestra economía  como "medio-sana" (o “medio enferma”, si nos ponemos pesimistas). Esto porque, con relación a la característica de predictibilidad, la economía guatemalteca califica muy bien ya que exhibe indicadores de precios relativamente estables y niveles de déficit externo razonablemente manejables en el mediano plazo. En contraste, en la característica de dinamismo nuestra economía muestra, desde hace muchos años, indicadores de crecimiento terriblemente mediocres.

De manera que, si bien la estabilidad es una condición necesaria para tener una economía sana, no resultará suficiente para que dicha sanidad se refleje en un mayor nivel de bienestar para todos los guatemaltecos si no va acompañada de un ritmo de crecimiento más acelerado en la producción de bienes y servicios. El reto esencial que esta situación plantea a la política económica es cómo mejorar la segunda característica sin poner en peligro la primera.

Para ello, lo primero es no caer en la tentación simplista de creer que el escaso dinamismo de nuestra economía ocurre “por causa” de la estabilidad, cuando en realidad ocurre “a pesar” de ella. Por desgracia, algunos sociólogos y politólogos del mundo académico guatemalteco, quizá desencantados con las políticas económicas ortodoxas, caen en el error de creer que abandonando las medidas que han ayudado a consolidar la estabilidad (como, por ejemplo, la prohibición al banco central para que otorgue préstamos al gobierno) se podrá dinamizar el crecimiento económico.

Al contrario, en lo que debe centrarse la política económica es en propiciar las condiciones básicas para el crecimiento entre las que se incluyen, además de la estabilidad económica, la inversión que necesariamente debe hacer el gobierno para mejorar el capital humano (salud y educación), físico (infraestructura) y social (imperio de la ley e instituciones eficientes). Eso lleva tiempo y esfuerzo, pero es ineludible.

Soluciones Instantáneas

No siempre lo que parece fácil y menos fatigoso es lo que, al final de cuentas, funciona y perdura.Conviene aprender y aplicar la lección de Erick Barrondo: caminando con perseverancia podemos alcanzar nuestras metas.

La sociedad guatemalteca, quizá fatigada –con resignación, más que con acedia- por la extrema lentitud con la que camina hacia el desarrollo y el bienestar, da indicios de preferir las soluciones inmediatas, instantáneas, casi mágicas a sus problemas. Esta tendencia puede apreciarse  tanto en la esfera personal y familiar, como los ámbitos institucional y estatal. La virtud de la perseverancia –por la cual las demás virtudes dan su fruto, como dijo Arturo Graf- parece estar fuera de moda.

Impera la cultura del atajo fácil y del mínimo esfuerzo. La cultura de aspirar al home-run aunque nos ponchemos en el intento. Cuánto guatemalteco hay que añora hacer el negocio del siglo que lo saque de pobre de un golpe, aunque ello pase por llevar algún paquete sospechoso a Panamá, o vigilar un aterrizaje clandestino en la finquita de algún pariente, porque “¡qué aburrido!” tomar el camino difícil de estudiar y trabajar durante años y someterse al lento proceso de esperar algún ascenso o un mejor empleo con base en nuestros méritos personales.

Como que es más fácil buscar aquel contrato con el gobierno que de una sola vez haga prosperar a la empresa familiar, aunque ello implique sobrevaluar la obra o acceder a pagar una comisión indebida, en vez de seguir el aburrido camino de cumplir con los requisitos que la ley demanda para participar en un proceso de licitación cuyo resultado es tan incierto.

Parece que resulta más cómodo abogar en favor del equilibrio ecológico exigiendo moratorias radicales a la actividad minera o hidroeléctrica, en vez de comprometerse en la búsqueda de opciones equilibradas y de negociaciones que permitan obtener los frutos que, en materia de producción, empleo e ingresos, puede generar la explotación racional de los recursos naturales (que pertenecen a todos los guatemaltecos) sin comprometer la sostenibilidad ambiental.

Requiere menos esfuerzo abogar por mayores oportunidades para la juventud del país a través de una ley de la juventud que intente abarcar toda la compleja problemática de los jóvenes, que trabajar con tesón para que se diseñe y se cumpla una política nacional sobre el tema, basada en la construcción de las instituciones que la apliquen sin contaminarla con politiquería.

Es presumiblemente más cómodo pretender que el desarrollo rural puede alcanzarse elaborando una lista de deseos y empaquetándola en una ley, que trabajar en poner orden en la miríada de instituciones que, a día de hoy, han sido incapaces de articular e implementar políticas de Estado que trasciendan gobiernos y que atiendan los problemas de pobreza y baja productividad que aquejan al área rural guatemalteca.

Aparentemente es más sencillo fingir que se ayuda al adulto mayor haciéndole la caridad de regalarle un escueto bono mensual (que, de paso, desincentiva a los trabajadores a cotizar en un sistema sostenible de pensiones), en vez de tener que aplicarse en la ardua tarea de construir un sistema de seguridad social que procure integrar cada vez más trabajadores al sistema de pensiones y atención médica que coordina el IGSS.

Aparentemente resulta menos complicado pretender la construcción del tejido social, el combate a racismo y el fomento de la inclusión mediante una declaración formal en la Constitución, en vez de emprender un complejo(y, previsiblemente, prolongado) proceso de diálogo, de mutuo conocimiento entre grupos étnicos y de reconocimiento del pasado (por más doloroso que sea), después del cual surja poco a poco la concordia, la convivencia pacífica, el respeto a las diferencias y el fin de la discriminación.

Pareciera que es más sencillo apuntarle a eliminar los obstáculos y los molestos pesos y contrapesos que impiden gobernar con fluidez mediante una reforma constitucional ad-hoc, en vez de obligar a todas las entidades, funcionarios y servidores públicos a cumplir y hacer cumplir (o –en caso sean insuficientes o anticuadas- modificar) las leyes y reglamentos vigentes.

Pero no siempre lo que parece fácil y menos fatigoso es lo que, al final de cuentas, funciona y perdura. Tanto en el ámbito familiar como en los asuntos del Estado, es la dedicación, la perseverancia y el trabajo cotidianLa búsqueda de soluciones instantáneas a los complejos problemas de la vida nacional genera, por lo regular, un desperdicio de recursos y de esfuerzos que desemboca en un gran desencanto por parte de la ciudadanía y en un debilitamiento de la credibilidad de las instituciones públicas. Las políticas que prometen soluciones instantáneas suelen ser impulsadas a costa de sacrificar otras políticas de largo plazo que, en contraste, requieren de esfuerzo, paciencia y gestión continua, que además han sido exitosas en otras latitudes pero que, para su desgracia, no son políticamente “rentables”.

Desafortunadamente, a la mayoría de políticos se les dificulta aceptar que los cambios graduales, por medio y dentro de las instituciones existentes, son los que en última instancia pueden transformar a la sociedad, sus relaciones económicas fundamentales y sus estructuras políticas. Aunque más lentas y políticamente menos “sexys”, las reformas graduales son, normalmente, más efectivas y sostenibles que las grandes revoluciones: la historia nos ha enseñado, desde la Revolución Francesa en 1789 a la caída del Muro de Berlín en 1989, que un shock brusco no es la mejor manera de producir un cambio constructivo.

En el mundo moderno, China e India son dos ejemplos incuestionables de cómo las reformas graduales –impulsadas con perseverancia y buen juicio- pueden ayudar a los países en desarrollo a prosperar. Ambos países sufrían de elevados índices de pobreza extrema, pero durante las últimas décadas pusieron en práctica las políticas de estado adecuadas que les han permitido crecer a un ritmo vibrante y, lo que es más importante, les ha permitido sacar de la pobreza a millones de sus ciudadanos.

Esa experiencia demuestra que lo que se necesita en nuestros países es menos ingenio y más empeño; menos alquimistas que inventen la piedra filosofal para resolver todos los problemas, y más gestores que trabajen con empeño y perseverancia. Al respecto, resulta providencial la esclarecedora lección dictada por nuestro compatriota Erick Barrondo, ejemplo vivo de lo que el sacrificio,  la constancia y el esfuerzo cotidiano pueden lograr: no es necesario correr, si caminando con perseverancia podemos alcanzar nuestras metas, de manera más eficiente.

En lugar de embarcarse en ambiciosas reformas radicales en búsqueda de cambios instantáneos, los países en desarrollo como Guatemala deben identificar aquellos pocos obstáculos cruciales que impiden el desarrollo de sus economías y enfocarse en resolver primero estos problemas. Una vez las economías empiecen a crecer, entonces habrá espacio, tiempo y dinero para profundizar los cambios graduales y eficaces del sistema. Reformar, por ejemplo, el tamaño y la profundidad del gobierno es, sin duda, algo necesario en el largo plazo, pero una reforma más urgente es superar los graves problemas de corrupción y de pobre gestión e ineficiencia del gasto público. Un gobierno que no vela por el buen uso de los impuestos o que maneja mal el gasto –aunque sea por pura incompetencia-, producirá más pobreza para sus ciudadanos y desalentará la inversión y el crecimiento.

La resolución de estos problemas cruciales no es tarea fácil, ya que en la práctica requieren de un cambio sistémico; pero la realización de dicho cambio necesita del compromiso de la administración pública y del apoyo ciudadano que quizá no se generen espontáneamente, razón por la cual se necesita de la voluntad e impulso políticos para premiar e incentivar el trabajo de los funcionarios que contribuya al referido cambio sistémico, así como para castigar la negligencia y falta de honradez.

Lo anterior es válido para todos los países, pero lo es más para aquellos que exhiben indicadores inaceptablemente bajos de bienestar, como los que presenta el Índice de Desarrollo Humano, publicado por el PNUD, que ubica a Guatemala en una posición inferior al promedio mundial y ocupando el puesto 131 de 184 países evaluados. Ello  pone en evidencia la necesidad de implementar políticas públicas que sean efectivas y que se traduzcan en una reforma gradual que sirva a los ciudadanos y no a los intereses particulares de políticos o grupos de poder. Sólo así los ciudadanos y los inversionistas sentirán que en realidad pueden prosperar, y lo empezarán a hacer.o bien hecho –y no la búsqueda de soluciones instantáneas- lo que produce bienestar perdurable.