Frágil Democracia

Para quienes, como Churchill, creemos que la democracia "es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás" que conocemos, es motivo de preocupación el enorme desencanto que existe entre los Guatemaltecos respecto del sistema democrático. La más reciente encuesta de Latinobarómetro nos coloca como el país cuya opinión pública menos apoya la democracia en el Continente. Eso es peligroso, pues abre las puertas a los aprendices de mesías y de dictadorzuelos para que aspiren a ejercer el poder. Nuestro sistema democrático, por más frágil e imperfecto que sea, es la base sobre la que debemos construir y por cuya mejora debemos luchar continuamente si es que aspiramos a ser, algún día, un país próspero y respetable en el concierto de las naciones. Aprovecho para desear a todos una navidad muy feliz!

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

FRÁGIL DEMOCRACIA

Guatemala puede ser el país latinoamericano donde la democracia goza de menos apoyo entre la población. Según los resultados de la más reciente encuesta de Latinobarómetro, solamente el 41% de los guatemaltecos prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno, lo cual coloca a nuestro país en el último lugar de todo el subcontinente, superado por México (42%) y Ecuador (43%), y muy por detrás de Costa Rica (74%), Uruguay (82%) y Venezuela (84%) donde la democracia goza de la mayor simpatía popular. Lo que es peor, si se promedian los resultados que dicha encuesta ha arrojado desde 1995, el apoyo que los guatemaltecos muestran a la democracia, a lo largo de los últimos años, es el más bajo de todos los países latinoamericanos. La publicación de Latinobarómetro 2009 destaca que Guatemala es, además, el país que más se auto clasifica como vulnerable a un rompimiento del orden constitucional, de acuerdo a las respuestas a tres preguntas específicas: un tercio de la población cree probable un golpe, apoya el golpe en Honduras, y una holgada mayoría apoyaría un gobierno militar según las circunstancias.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que los guatemaltecos no crean en la democracia, pues el 72% de los encuestados afirma que, pese a sus problemas, es el mejor régimen que existe (más o menos en línea con el promedio latinoamericano). El problema es que este apoyo a la democracia como concepto teórico no se refleja en un apoyo a la manera en que el régimen se practica en el país (sólo un 11% de los encuestados cree que hay plena democracia). Guatemala es también el país donde menos se cree en los partidos políticos: solamente el 40% cree que dichas instituciones son esenciales para que exista democracia (el promedio latinoamericano es 60%).

La debilidad de nuestra democracia, de sus instituciones y del apoyo popular hacia la misma es muy preocupante, entre otras razones, porque puede tener implicaciones negativas sobre el desempeño de los mercados y de las políticas públicas conducentes al desarrollo. En efecto, los procesos de debate, negociación, aprobación y ejecución de las políticas son tan importantes para el progreso de país como el contenido específico de las propias políticas. Si esos procesos se dan en un ambiente de ingobernabilidad, de confrontación o de irrespeto a los derechos ciudadanos, las políticas públicas serán un fracaso aunque estén teóricamente bien formuladas.

Si, además, la precaria confianza que la población tiene en la democracia se mina por la confrontación, real o inventada, entre ricos y pobres, mayas y ladinos, o capitalinos y provincianos, más riesgo existe de que las medidas de política pública sean ineficaces. Las políticas guiadas por, o que buscan fomentar, la lucha de clases suelen generar desaciertos económicos a medida que el estado se distorsiona, el gasto público se hace más ineficiente y los inversionistas, nerviosos, reducen sus inversiones. Ojalá que el espíritu de reflexión y de paz de las fiestas navideñas inspire a los líderes nacionales a trabajar porque el próximo año dejen de aumentar las divisiones sociales, las suspicacias mutuas se disipen y el contrato social que debe regir nuestra convivencia se fortalezca.

El Profesor Moderado

El sostener posiciones intelectuales moderadas (en el sentido de que son equidistantes entre dos o más posiciones extremas) no significa defenderlas con tibieza. Las opiniones moderadas puden ser defendidas, predicadas y difundidas con ahínco y firmeza. Esta es una de las muchas lecciones que el economista Paul Samuelson nos legó. Rindo hoy un pequeño homenaje a este gran maestro (autor del libro me inicié en el conocimiento de la Economía), en reconocimiento a su trascendental obra por la que Kenneth Arrow, otro Nobel de Economía, le consideró "el mejor economista de la Historia".

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL PROFESOR MODERADO

Noventa y cuatro años debe ser una buena edad para morir, especialmente si se hace con lucidez, elegancia y habiendo dejado un rico legado intelectual que incluye la obtención de un premio Nobel y la educación de muchas generaciones de estudiantes que, como yo, aprendieron el a-b-c de la Economía en sus libros. Paul Samuelson publicó la primera edición de su texto de introducción en la Economía en 1948; yo tuve la fortuna de adquirir en mi primer año universitario la sexta reimpresión (1979) de la de la novena edición del libro, traducido por el economista español (hoy también nonagenario) José Luis Sampedro y publicado por la editorial Aguilar, que hizo las veces de mi biblia referencial durante los primeros años carrera.
Samuelson, fallecido este domingo, fue profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos) y representó lo más granado de la escuela keynesiana que sostiene que el libre mercado es la manera más eficiente de asignar los recursos de una economía, pero que ocasionalmente sufre de fallas que generan desempleo y que requieren del estímulo del gobierno mediante la política fiscal (no la monetaria). Calificado a sí mismo como un moderado incurable, Samuelson buscó mantenerse equidistante entre el estatismo y el liberalismo, lo que le ganó la animadversión de los unos –que tildaron de “bastarda” su síntesis keynesiano-neoclálsica- y de los otros –que no le perdonaron sus duras críticas a las teorías de Friedman y de Hayeck-.
Participó de forma influyente en muchos de los grandes debates de políticas públicas de los últimos 60 años. Fue asesor económico del presidente Kennedy, a quien convenció de la utópica idea de que mediante la adecuada combinación de estímulos fiscales se podría alcanzar el pleno empleo, la tasa de inversión y el grado de distribución del ingreso que la sociedad deseara. Para escándalo de los keynesianos radicales, también recomendó reducciones temporales de impuestos. Luego de ganar el Nobel de Economía en 1970 "por el trabajo científico a través del cual ha desarrollado la teoría económica estática y dinámica, y contribuido activamente a elevar el nivel de análisis en la ciencia económica", Samuelson continuó influyendo durante años en las políticas de gobierno en su país: en 2000 advirtió sobre los riesgos de un gobierno irresponsablemente dispendioso y belicista como el de George W. Busch; hace pocos meses recomendó al presidente Obama posicionarse como un centrista para contrarrestar los efectos de la crisis financiera mundial.Con la humildad que dan la sabiduría y los años, Samuelson reconoció sus propias limitaciones y errores. En uno de sus últimos escritos indicaba que “muchas veces, a lo largo de siete décadas de enseñanza de la economía y de creación de libros de texto, me he equivocado. Aún así, recuerden dónde leyeron todo esto antes. Como decían los griegos clásicos, no maten al mensajero que les trae malas noticias”. Se refería a su visión de un futuro en que el poder emergente de China hará tambalear la economía estadounidense mediante un ataque masivo contra el dólar. En los próximos años veremos si su última predicción estuvo, como muchas otras, acertada.

"Sueldos de Príncipes"

Es muy común y popular opinar que los sueldos de los funcionarios públicos son muy elevados y que sería una buena idea reducirlos. Por más común y popular que sea esta opinión, está equivocada y plantear la reducción de salarios de los funcionarios públicos es muy mala política pública. El Cardenal Quezada Toruño emitió su opinión, común y popular, al respecto. Me ha parecido pertinente plantear mi opinión contraria y dar las razones por las cuales, al contrario, debería de tenerse cuidado de remunerar adecuadamente a los servidores públicos: un servicio civil de carrera y bien pagado es antídoto contra la corrupción y el despilfarro.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
“SUELDOS DE PRÍNCIPES”
Hace un par de domingos el Arzobispo Metropolitano, Rodolfo Quezada, dedicó parte de su homilía a hacer un llamado en contra del mal uso, la ineficiencia y el desperdicio de los recursos financieros del Estado. Entre sus argumentos el prelado mencionó los (supuestamente) excesivos salarios de los altos funcionarios públicos que, según su criterio, se asemejan a “sueldos de príncipes”. Aunque no es fácil calcular los emolumentos de la nobleza (de eso sabe más, quizá, un príncipe de la Iglesia), y por más que uno esté absolutamente de acuerdo en criticar el derroche y la malversación del erario, el dirigir los reproches hacia los sueldos de los funcionarios puede resultar no sólo inapropiado, sino contraproducente a lo que realmente se desea, que es combatir la corrupción y el despilfarro.
Cuando los sueldos de los funcionarios públicos no son competitivos en relación con lo que se paga en el sector privado –en puestos de similar responsabilidad-, existe el riesgo de que surjan incentivos perversos para que tales funcionarios busquen complementar sus ingresos acudiendo a fuentes poco transparentes o incluso ilegales que comprometen su independencia de criterio y su honorabilidad, a menos que se trate de personas que ya acumularon suficiente riqueza antes de convertirse en servidores públicos, o de jubilados que ya tienen una pensión que complementa su sueldo, o de jóvenes solteros que no tienen compromisos familiares y que pueden vivir decorosamente con ingresos menores que un padre de familia.
Es un error creer que los salarios de los altos funcionarios pueden mantenerse bajos sin que ello influya sobre las decisiones de personas talentosas que, de otra manera, podrían estar considerando iniciar una carrera como servidores públicos o como políticos profesionales. El sueldo actual de un ministro o de un diputado está alrededor de los Q30 mil mensuales, lo que tal vez le pueda parecer al Arzobispo y a muchas otras personas un pago generoso si se compara, digamos, con el salario mínimo legal. Sin embargo, ese no es el caso si se le compara con los ingresos de US$5 mil que, de acuerdo con algunas firmas consultoras internacionales, recibe un gerente de recursos humanos en el país, o los US$6 mil de un gerente financiero, o los US$10 mil de un gerente general.Seguramente que sueldos de esa magnitud le parecerán demasiado a la mayoría de los contribuyentes, pero conviene recordar que normalmente el consumidor obtiene la calidad de producto que está dispuesto o puede pagar. Si los sueldos de los diputados o de los ministros son mediocres, existe una alta probabilidad de que el Congreso y el Gabinete estarán poblados por mediocres. Si realmente se quiere combatir la corrupción y el dispendio de los recursos fiscales, antes que ensañarse con los sueldos de los funcionarios (que son, o deben ser, de conocimiento público, transparentes y fiscalizables), la opinión pública debería ser más acuciosa y combatir con más ahínco las coimas, los sobresueldos ocultos, las artimañas, el tráfico de influencias, la falta de controles sobre la obra pública y la precariedad de los sistemas de compras y contrataciones del gobierno. Es allí, y no en los sueldos, donde está el verdadero desperdicio y el trágico desangramiento de los escasos recursos de un Estado famélico.

Noticias Celulares

Por pura ley de probabilidades yo sabía que habría de llegarme el día en quesería asaltado en algún lugar de esta ciudad, una de las más violentas (e impunes) del planeta. Afortunadamente, el robo de teléfono celular del que fui víctima la semana pasada se efectuó siguiendo el protocolo establecido para tales hechos, de manera que no hubo daños físicos que lamentar. En el pasado he escrito varia columnas relativas al tema de (in) seguridad, pero desde una perspectiva de políticas públicas; esta semana escribo sobre el tema pero desde un punto de vista vivencial. La lección más clara que saco de los acontecido, es que todos nos hemos acomodado a vivir en medio de la delincuencia y a nadie (ni a las autoridades) parece importarle.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

NOTICIAS CELULARES

La semana pasada trajo malas y buenas noticias relacionadas con el teléfono celular. La primera mala noticia es que dos individuos en una moto me robaron el mío; el tripulante de atrás tocó con su pistola la ventanilla de mi vehículo exigiéndome que le diera el aparato. La buena noticia es que, de tanto leer y comentar sobre el procedimiento a seguir en estos casos, y en virtud de que me encontraba en un embotellamiento al final de la calle Montúfar (territorio libre de los roba-celulares), seguí al pie de la letra las instrucciones que recién había leído en internet y el atraco se perpetró con fluidez, casi civilizadamente. La única ofensa fue que el ladrón, luego de haberme quitado también mi bolígrafo, me lo despreció y devolvió de forma descortés.

La buena noticia es que los conductores y transeúntes que atestaban la calle a la hora del crimen, lo presenciaron con absoluta naturalidad y calma, por lo que no se alteró el orden público. La mala noticia es que tanto la policía de tránsito como la nacional también parecen considerar como algo normal y cotidiano este tipo de hurtos, pues los unos ni siquiera se inmutan ante la continua (pero ilegal) circulación de motocicletas con dos tripulantes, mientras que los otros deciden ignorar lo que casi todos los capitalinos saben: que el sector Montúfar-Liberación es un escenario donde habitualmente se asalta a peatones y vehículos a plena luz del día y en total impunidad.

La buena noticia es que acudí de inmediato a la agencia de la compañía telefónica a tramitar el bloqueo de la línea, lo cual se realizó prontamente pues existe un servicio al cliente dedicado a este tipo de operaciones, dada su recurrencia. La mala noticia es que, para desactivar completamente el aparato robado y poder recuperar la línea en uno nuevo, era necesario hacer la denuncia correspondiente ante al Ministerio Público. La buena noticia es que me encontré con que la Oficina de Atención Permanente del MP es muy amplia y ordenada, y brinda al público una atención rápida y cortés, siguiendo procedimientos específicos para el robo de celulares, dado lo habitual del hecho. La mala noticia es que la denuncia no tiene el propósito de iniciar ninguna acción de investigación penal (pues no preguntan ningún detalle del asalto), sino un simple trámite para “dejar constancia de lo ocurrido” (según reza el formulario correspondiente) y para liberar de responsabilidad a la empresa telefónica durante el trámite de reposición.

La mala noticia es que, después de cumplidos los trámites y el papeleo, la empresa telefónica no tenía existencias (ni intención de tenerlas) del modelo que me fue robado, pese a tenerlo conspicuamente en exhibición, presumiblemente con el propósito de atraer a ingenuos consumidores (como yo), para luego salir con el consabido “fíjese que se nos agotó”. La buena noticia es que, después de verter varios mililitros de bilis, y alguna que otra lágrima, la compañía tuvo la graciosa magnanimidad de concederme un aparato sustituto (de menor calidad) a precio especial, a cambio de prolongar el contrato que me amarra con la empresa otros dieciocho meses. La mala noticia es que, ahora que he recuperado mi móvil, existe la probabilidad de que tenga que pagar más impuestos por llamada. La buena notica es que, con la sicosis de que me vuelvan a asaltar, reduciré al mínimo su uso; al menos en público.

Una Agencia Anticorrupción

En los países civilizados, los actos de corrupción se combaten, se previene y se desincentivan mediante la operación de las instituciones que velan por la integridad la transparencia de los actos de gobierno: un servicio civil motivado y basado en el mérito, una Contraloría de Cuentas profesional y autónoma, unos tribunales eficaces, etcétera. En los países donde lo anterior no existe, requiere de esfuerzos extraordinarios para combatir el cáncer de la corrupción que está carcomiendo las estructuras del Estado y, con ello, socavando los fundamentos de la convivencia social. Uno tales esfuerzos extraordinarios puede ser la creación de una oficina específica encargada de las labores anticorrupción.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

UNA AGENCIA ANTICORRUPCIÓN

Si tuviésemos que hacer un ranking de los obstáculos que enfrenta Guatemala para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico, una democracia más plena y un mejor nivel de vida para todos los ciudadanos, la corrupción seguramente ocuparía uno de los primeros lugares. La necesidad de combatir ese flagelo es tan evidente que los tres últimos gobiernos han intentado hacerlo (o al menos han buscado dar la impresión de que tienen la intención de hacerlo) mediante la creación de comisiones específicas (por ejemplo, la que en el actual gobierno coordina el Vicepresidente), sin que hasta ahora se hayan visto resultados dignos de mencionarse.

La sociedad civil tampoco ha sido muy exitosa en vigilar ni en prevenir el uso ilegal de los recursos públicos. Ni siquiera las ONGs nacionales que tienen el respaldo y experticia de entidades como Transparencia Internacional han logrado plantear apropiadamente mecanismos para evaluar la transparencia de negocios gubernamentales de gran magnitud (como, por ejemplo, la concesión de la construcción de la Franja Transversal del Norte); tampoco ha logrado integrarse a esfuerzos prometedores (pero finalmente frustrados) como el reiteradamente anunciado y nunca instalado Observatorio del Gasto Público.

Las instituciones que tienen el mandato legal de ejercer la vigilancia y fiscalización del gasto público (es decir, la Contraloría y el Congreso) están rebasadas por la creciente cantidad y grado de sofisticación de los actos corruptos y, con un sistema de justicia sumamente débil, son cada vez menos capaces de detectar y perseguir complejos casos de corrupción. Es más, en un sistema donde la coima y el cohecho son endémicos, los mecanismos convencionales de fiscalización pueden estar ellos mismos infectados del germen de la corrupción.

Lo anterior evidencia la complejidad que entraña el diseño de programas anticorrupción que sean efectivos. La experiencia exitosa de otros países incluye medidas que van desde la reforma del Organismo Judicial hasta el control y reingeniería de los procesos de compras y adquisiciones. Pero la medida concreta que más resultados inmediatos reporta es la creación de un agencia anticorrupción independiente. En una situación como la que enfrenta el país actualmente valdría la pena considerar la posibilidad de establecer urgentemente tal agencia.

Para que la misma dé resultados, es necesario contar con la voluntad y el apoyo político de las autoridades ejecutivas y legislativas, que la doten de los recursos necesarios (que más que un gasto serían una inversión por los ahorros que la agencia podría generarle al fisco) y de un marco legal que la proteja de cualquier interferencia política a fin de poder investigar a cualquier funcionario, sin importar su jerarquía. Evidentemente la agencia también debe contar con personal profesional, íntegro, adecuadamente remunerado y bien dirigido.

Por supuesto que no debe esperarse que una agencia anticorrupción pueda, por sí misma, acabar con ese flagelo: debe contar con el soporte de las demás autoridades de fiscalización y de justicia (la Contraloría, el Ministerio Público, las cortes), así como el apoyo de la sociedad civil y la confianza de la ciudadanía. Tal agencia no es panacea contra la corrupción, pero puede ser un importante primer paso.

Gobernabilidad y Prosperidad

El desorden social, la violencia, la delincuencia, la corrupción, el saqueo del erario público, el irrespeto a la autoridad, son todos síntomas de un proceso de ingobernabilidad. En un entorno así, resulta imposible propiciar la inversión y la generación de empleos lo cual, a su vez, contribuye al desorden social, a la violencia, a la delincuencia, a la corrupción, etcétera, configurando un círculo vicioso en el que la falta de prosperidad y la ingobernabilidad se refuerzan mutuamente. Es menester romper ese círculo vicioso fortaleciendo el capital humano y el capital social del país, tomando en cuenta, especialmente, que la crisis económica mundial puede esta llegando a su fin y no puede encontrarnos, otra vez, sin estar preparados para aprovechar los frutos de la recuperación económica.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

GOBERNABILIDAD Y PROSPERIDAD

Durante más de un año la crisis financiera mundial ha sido el tópico central de los debates sobre políticas públicas. Hoy, a medida que la recuperación económica empieza a vislumbrarse, vale la pena trasladar el foco de la discusión hacia un tema que para Guatemala parece tener cada vez mayor pertinencia: la relación entre la gobernabilidad y la prosperidad económica. La existencia de un mínimo de gobernabilidad en el país es necesaria para que, una vez superada la crisis mundial, los negocios florezcan, el crecimiento económico tome lugar y, en consecuencia, la prosperidad material se produzca. De manera recíproca, cuando existe prosperidad económica resulta mucho más fácil mantener la gobernabilidad del país.

El espectro de una gran depresión mundial, que amenazaba hace algunos meses con convertirse en una pavorosa realidad, parece estar descartado, en gran medida gracias a las agresivas decisiones que en materia de estímulos fiscales y monetarios adoptaron los gobiernos en las economías avanzadas. En el caso nuestro, hemos logrado capear el temporal de mejor manera que en crisis anteriores, merced a los esfuerzos que se vienen realizando desde hace varios años en materia de mejora en los fundamentos macroeconómicos: el tipo de cambio flexible puede estar sirviendo como un amortiguador de la crisis; la disciplina fiscal ha mantenido (al menos hasta hace algunos meses) la deuda pública en montos manejables; y, el sistema bancario ha logrado financiarse con recursos líquidos del mercado doméstico.

No obstante lo anterior, aún existen riesgos que pueden dar al traste con la incipiente recuperación. Uno de ellos es la tentación en la que pueden caer los políticos de abandonar las políticas macroeconómicas prudentes (como mantener bajo control el déficit fiscal y el endeudamiento público), lo cual puede derivar en inestabilidad económica y ésta, a su vez, en ingobernabilidad. Por ello resulta crucial, por ejemplo, que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2010 sea aprobado con los montos reducidos que sugiere el Ministerio de Finanzas Públicas, en vez de pretender simplemente repetir durante el próximo año el presupuesto aprobado para 2009; ello constituiría una enorme irresponsabilidad de insospechadas consecuencias en términos de ingobernabilidad y, por ende, de falta de prosperidad económica.

Este es el momento de insistir en que las políticas públicas no deben desenfocarse. Para que la recuperación económica nos encuentre en una posición tal que podamos beneficiarnos de ella, es menester recalcar que las claves de la prosperidad continúan siendo las mismas que antes de la crisis: capital humano y capital social. El primero demanda invertir cada vez más, y mejor, en educación, servicios de salud, conocimiento científico y oportunidades para las mujeres. Por su parte, el capital social requiere que se mantenga la gobernabilidad, que se garanticen los derechos de propiedad y el imperio de la ley a fin de favorecer la inversión y el empleo. El futuro del país está en una encrucijada histórica y, querámoslo o no, la elección del derrotero está en gran medida en manos de los políticos. Que Dios los ilumine.

85 Años de Vuelo

Nuestra moneda, el Quetzal, nació hace 85 años, como parte de una profunda reforma monetaria, bancaria y fiscal llevada a cabo durante el gobierno del General Chema Orellana. Al igual que las otras dos reformas monetarias y bancarias subsiguentes (la de 1945-46 y la de 2001-02), la reforma de 1924-26 se gestó en medio de notables esfuerzos técnicos, de intrigas políticas y de extrañas coincidencias. En cada una de esos procesos existió un equipo de técnicos guatemaltecos de alto nivel, asesorado por expertos internacionales de enorme prestigio. En 1924 el equipo guatemalteco estuvo liderado por Carlos O. Zachrisson, y los expertos internacionales por el "Doctor Dinero", Edwin Kemmerer. He aquí la historia resumida.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

85 AÑOS DE VUELO

En 1926 gobernaba Guatemala el General José María Orellana. Las condiciones de la economía eran adversas debido, entre otras razones, a las graves limitaciones financieras que tenía el fisco (¿les parece conocido?), agobiado por la falta de financiamiento y la dificultad de obtener empréstitos del exterior. Lo anterior se concatenaba con un sistema monetario y bancario caótico en el que seis diferentes bancos privados emitían billetes de distintas denominaciones de peso y a quienes el gobierno debía también importantes sumas de dinero.

Para entonces los países de Europa y Norteamérica gozaban ya de los frutos de la Revolución Industrial que se hacían evidentes en la provisión de servicios públicos tales como el transporte ferroviario, las carreteras, los servicios telefónicos y eléctricos, que eran la envidia de los gobiernos de países como el nuestro que, para aspirar a acortar la distancia que los empezaba a separar cada vez más de aquellas realidades, tenían que buscar fuertes empréstitos. Pero con su escasa vocación de ahorro, su reputación de ineficiencia y corrupción, así como su historial de incumplimiento de sus obligaciones financieras, los gobiernos latinoamericanos encontraban muy difícil que los capitalistas extranjeros (los decentes, claro está) estuvieran dispuestos a arriesgarse a darles préstamos. Y no había Banco Mundial que entrara al rescate.

En tales circunstancias el gobierno de Orellana sólo tenía dos opciones. Una era continuar en el desorden financiero y seguir cautivo de los financistas que también agobiaron al gobierno de Estrada Cabrera con préstamos onerosos y asfixiantes. La otra era reformar el sistema monetario, modernizar el fisco y fortalecer los sistemas contables del gobierno, con el propósito de reconstruir la reputación financiera del país y mejorar así la calificación crediticia a fin de tener acceso a préstamos en condiciones razonables; cuánto mejor si tales reformas las lideraba algún connotado académico estadounidense que diera credibilidad al proceso y que tuviera buenos contactos en Washington, D.C.

Orellana se decantó por la segunda opción y contrató al profesor Edwin Walter Kemmerer, a la sazón profesor de la Universidad de Princeton, quien se estaba ganando a pulso el sobrenombre de “Doctor Dinero” por sus labores de asesor estrella en los procesos de reforma monetaria y bancaria en varios países de Latinoamérica. Según se narra en su interesante biografía (escrita por su hijo Donald y cuyo ejemplar de la edición de 1993 llegó a mis manos gracias a la amabilidad de Mauricio Zachrisson, nieto del Ministro de Hacienda de Orellana que lideró la reforma), el profesor Kemmerer encontró en Guatemala un ambiente de intriga política y de lucha de intereses económicos muy poderosos (¿les parece conocido?), que con dificultad, perseverancia y argumentos técnicos logró superar. El plan de Kemmerer para reformar el sistema monetario y financiero del país, mediante el cual se adoptaba el patrón oro, se creaba una moneda a la par del dólar estadounidense, se limpiaba la deuda pública y se creaba una nueva moneda, fue finalmente aprobado por el gabinete de Orellana y devino ley de la República en noviembre de 1926. El Quetzal, nuestra moneda, cumple este mes 85 años y aún revolotea, causando de cuando en vez alguna polémica en círculos académicos, políticos y empresariales.

Lo Primero es Cumplir la Ley

En las sociedades desarrolladas, cuando se presentan problemas o surgen crisis que deben enfrentarse, lo primero que cruza la mente de quienes están a cargo de las políticas públicas es consultar el marco legal para guiar sus decisiones. En Guatemala, en cambio, parece que lo primero que se cruza por la mente de los dirigentes es inventarse una solución grandiosa, o por lo menos chilera, que les permita dar la impresión de estar haciendo un histórico aporte al progreso de la humanidad, todo ello sin importar qué marco legal exista para regir su accionar. Esta semana presento cuatro ejemplos que evidencian cuánto se recurrre a este expediente en nuestro país.
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LO PRIMERO ES CUMPLIR LA LEY
Las crisis tienden a despertar el ingenio y la inventiva de los humanos, lo cual suele resultar positivo para el progreso de la civilización. Empero, cuando se trata de políticas públicas, la reacción inicial ante cualquier crisis debería ser la de ubicarse en el marco legal vigente y sólo a partir de allí poner a trabajar le inventiva y el ingenio. De lo contrario, las decisiones que se adopten pueden conducir a la arbitrariedad o a la ineficiencia de la gestión pública. Para ilustrar el punto pensemos, por ejemplo, en la crisis alimentaria cuya solución, independientemente de las medidas paliativas y asistencialistas, debe empezar por alinear todas las acciones en función de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la que establece al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- como ente rector de todo lo relativo al tema y lo integra por el Vicepresidente de la República (quien lo debe coordinar), ocho ministerios, tres Secretarías de la Presidencia y representantes de la sociedad civil. Uno de los mandatos del CONASAN es diseñar y ejecutar un Plan Estratégico que ordene las distintas iniciativas en la materia; de manera que en el tema alimentario ya hay directrices establecidas en ley y no debería haber dónde perderse.
Igualmente, ante la crisis de seguridad han surgido múltiples propuestas y se han revelado incontables necesidades que deben ser atendidas por el Estado y que, siendo los recursos escasos, requieren de una priorización. Como primer punto de las agendas de seguridad debe figurar el estricto cumplimiento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad cuya máxima autoridad, el Consejo Nacional de Seguridad, está presidido por el Presidente de la República e integrado por el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de Defensa, el Secretario de Inteligencia Estratégica y el Procurador General de la Nación; el Consejo debe coordinar el diseño y aplicación de la Política Nacional de Seguridad donde se definen los cursos de acción para prevenir y combatir las amenazas que se presenten sobre las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones.
Una crisis más recientes es la emergencia ambiental suscitada en el lago de Atitlán, la cual debió haberse evitado si tan solo se hubiese cumplido con el mandato legal otorgado desde 1996 a la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago –dependiente de la Vicepresidencia de la República- que tenía a su cargo planificar, coordinar y ejecutar las medidas de preservación de la cuenca de acuerdo con un plan de manejo integrado.
Otra crisis actual que puede mencionarse es la falta de recursos financieros líquidos que, por múltiples razones, está afectando las arcas gubernamentales y que está generando un intenso debate en el Congreso respecto de reorientar el uso de algunos préstamos externos para cubrir gastos corrientes. Tal debate es innecesario pues la Ley Orgánica del Presupuesto especifica claramente que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.Estos son sólo algunos ejemplos que dejan en claro que, para enfrentar cualquier crisis, las políticas públicas deben empezar por cumplir lo que la ley manda.

OPINIÓN DEL LECTOR
Buenas tardes Mario, solo queria unirme a esta opinion que ilustras en tu columna del martesDonde el Aplicar las Leyes ya existantes, bastaria para un funcionamiento correcto del Pais y en varios casos permitiria resolver Grandes problemas actuales.Hasta la VistaCordiales Saludos Eric Malbrun

Otra Vez el Tipo de Cambio

En Guatemala hay una desmesurada preocupación por las fluctuaciones del tipo de cambio. Cuando éste sufre variaciones que en otros países serían de lo más normales y corrientes, aquí se publican titulares de prensa, editoriales, campos pagados, etcétera. Llega a ocurrir incluso, que entidades que tradicionalmente han defendido el libre mercado, como la Cámara de Comercio, aparecen pidiéndole al Estado que interfiera en el libre juego de la oferta y la demanda para detener la supuestamente exagerada depreciación cambiaria. El estimado colega Fernando Carrera, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) publicó la semana pasada una columna sobre el tema que invitaba a una discusión más profunda sobre el tema. Le tomé la palabra y escribí estas reflexiones que hoy les presento.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OTRA VEZ EL TIPO DE CAMBIO

La tendencia acelerada al alza que ha mostrado el tipo de cambio en varios episodios del presente año ha generado diversas reacciones, a favor y en contra del accionar de las autoridades monetarias ante dichos movimientos cambiarios. Las reacciones van desde las críticas más acerbas del gremio de comerciantes (que, curiosamente, pide la intervención del banco central para que impida que las fuerzas del mercado cambiario operen libremente), hasta la complacencia silenciosa de los exportadores, pasando por diversos comentarios vertidos en las páginas de opinión de los medios escritos.

Entre estas últimas merece la pena mencionar la columna del colega Fernando Carrera del jueves pasado en elPeriódico, en la que describe las ventajas que la depreciación cambiaria tiene para los recipiendarios de remesas familiar, así como para los exportadores y la actividad del turismo receptor, a la vez que deja planteado el debate respecto del régimen monetario vigente, al sugerir que se sustituya el sistema de metas explícitas de inflación por un régimen de mini-devaluaciones.

Al respecto, es menester reconocer que la depreciación del valor del quetzal puede resultar muy conveniente en este momento, ya que en la coyuntura actual (con la demanda interna deprimida, con las limitaciones –o imposibilidades- históricas de la política fiscal para estimular la economía, y con el rezago con el que actúa la política monetaria), dicha depreciación es una bendición y una bocanada de oxígeno temporal para los exportadores, los recipiendarios de remesas y los empresarios del turismo. También vale la pena reiterar que los agentes económicos guatemaltecos se han malacostumbrado a un tipo de cambio muy estático por muchos años y, equivocadamente, creen que una moneda fuerte es el reflejo de una economía sana. Como sociedad, deberíamos entender que, si tenemos un régimen de tipo de cambo flexible, es evidentemente para que éste fluctúe (para arriba y para abajo) y los importadores y exportadores deberían hacer uso de los instrumentos que el mercado de futuros les ofrece para protegerse de dichas fluctuaciones.

Dicho esto, lo que resulta más polémico y arriesgado en la propuesta de Carrera es la creencia en que una política de devaluación permanente es una solución viable para estimular la actividad económica nacional. Ello implicaría tirar prematuramente al cesto de la basura el actual régimen de metas de inflación, que apenas está en las etapas iniciales de su aplicación. Más osado aún es plantear que dicho régimen se sustituya por el de mini-devaluaciones que ya ha sido probado desde hace décadas en muchos países, con mayor pena que gloria y que, inevitablemente (por definición y naturaleza), ha conducido en esos países a perder el control de la oferta monetaria y a perpetuar el aumento del nivel general de precios

El mayor riesgo que entraña este tipo de propuestas es que distraen la discusión de la agenda de políticas públicas, alejándola de las cuestiones que son verdaderamente claves para el desarrollo sostenible: cómo hacer que nuestra economía sea más productiva, más competitiva y más eficientes, pero con base en una mejora real de las capacidades de producción de los guatemaltecos, no mediante espejismos monetarios. En todo caso, el interesante debate propuesto por Fernando Carrera da, seguramente, para más.

Más Importante que el Petróleo

Pocas cosas hay peores que tomar una decisión sin contar con la información necesaria. Recientemente, el gobierno tomó la decisión de retirar el modestísimo apoyo que había ofrecido otorgar para el desarrollo del festival cultural denominado Fiestas de Octubre. Evidentemente, tal decisión la tomó sin saber que, además de cuanto la cultura puede aportar al perfeccionamiento del espíritu humano o a la consolidación del tejido social, las actividades culturales tienen una dimensión económica concreta, que se traduce en producción y consumo de bienes y servicios, así como en generación de empleos e ingreso. En el caso de Guatemala, el aporte de las industrias culturales a la economía es muy significativo pero, lamentablemente, muy pocas personas (incluso vinculadas al quehacer cultural) y casi ningún funcionario están conscientes de ello. La columna de esta semana es un llamado a que los guatemaltecos abramos los ojos a esta realidad que es, también, un gran oportunidad hasta ahora desaprovechada.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

MÁS IMPORTANTE QUE EL PETRÓLEO

El arte y las expresiones culturales producen placer. Se lo producen al creador de las obras, al artista, al genio. Pero también se lo producen al observador, al apreciador, al público. Éste llega a valorar tanto el gozo que le brindan tales expresiones, que está dispuesto a pagar por el privilegio de recibirlo. La expresión cultural tiene, pues, una dimensión económica que puede medirse. La producción de cualquier bien artístico es capaz de generar valor agregado y contribuir tangiblemente al aumento del producto interno bruto del país.

En Guatemala es lugar común decir que tenemos una enorme riqueza cultural. Lo que no es común es tratar de medir cuánto valor económico genera dicha riqueza. De acuerdo con un estudio realizado por el economista mexicano Ernesto Piedras, y que él mismo presentó hace algunos días en el marco de las Fiestas de Octubre, las actividades culturales que producen los guatemaltecos contribuyen con entre el 7% y el 9% del total de la producción del país (para el año 2007). Esto se refiere tanto al valor generado por las industrias culturales propiamente dichas, como a las actividades conexas (por ejemplo, el teatro sería una industria cultural a cuyo derredor se producen otras actividades complementarias que también generan valor, como la confección de trajes y escenarios, el uso de energía eléctrica, los servicios para los asistentes a las obras, etcétera). Dichos porcentajes indican claramente que las industrias culturales generan mucho más valor agregado que, por ejemplo, la actividad petrolera en Guatemala.

Lamentablemente, esta dimensión económica y productiva de la cultura tiende a ser minusvalorada o hasta ignorada a todo nivel. Los propios artistas no parecen estar conscientes de su rol como productores de bienes y servicios culturales, llegando algunos de ellos incluso a avergonzarse de cobrar por la venta de sus servicios (pinturas, poemas, performances), sin darse cuenta de que los mismos tienen una dimensión económica que se manifiesta en su capacidad de satisfacer las necesidades (de contemplación y gozo del arte) de los consumidores de esos productos.

Es una pena que en Guatemala no nos demos cuenta que, en materia de generación de valor agregado por parte de la cultura, estamos parados encima de una verdadera mina de oro sin explotar. Para darnos una idea, ese 7% o 9% del PIB generado por las industrias culturales en Guatemala es superior al porcentaje que tales actividades generan en otros países (6.7% en México, 1.7% en Chile, 3.0% en Argentina, por ejemplo). Y tales cifras solamente representan el flujo anual de valor económico generado por la cultura; es decir, no se refieren al valor del patrimonio cultural del país, sino solamente al valor que cada año produce la cultura.

Si a todo lo anterior agregamos el hecho evidente de que las actividades culturales tienen consecuencias positivas que trascienden, por mucho, su dimensión económica, como claramente lo evidencian sus efectos positivos sobre el tejido social, la identidad nacional o los valores sociales, debería ser incuestionable que los modestos Q7 millones que el Ejecutivo había asignado para apoyar el festival cultural de las Fiestas de Octubre, y que después decidió ya no aportar, no constituían un gasto superfluo sino, al contrario, una eficiente inversión que, de haberse realizado, habría contribuido a reactivar la alicaída economía nacional.

Agenda de Seguridad

"A Dios rogando, y con el mazo dando" dice el adagio castellano que bien se aplica a la situación de las políticas públicas de seguridad en Guatemala. Todo el mundo sale con su propuesta de políticas, pero nadie está en el negocio de hacerlas realidad, de gestionarlas, de ejecutarlas, de impulsarlas, de evaluarlas, de mantenerlas en el tiempo... Parece mentira, pero la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad es ley de la República desde hace más de un año, pero sus disposiciones (que constituyen una genuina agenda de seguridad) no han sido respetadas por nadie (gobierno central, organismo legislativo o sociedad civil). Ya basta, por Dios, de perder el tiempo inventando el agua azucarada con nuevas propuestas de agenda de seguridad. Centraos en cumplir la ley, y todo lo demás se os dará por añadidura.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

AGENDA DE SEGURIDAD

La grave situación que vive nuestro país en materia de seguridad y justicia ha hecho que surjan diversas propuestas para mejorar las políticas y las instituciones que se relacionan con este tema. Por ejemplo, desde hace varias semanas están en elaboración unas llamadas hojas de ruta para impulsar y dar seguimiento al Acuerdo Nacional de Seguridad del Organismo Ejecutivo. Asimismo, la semana pasada se llevó a cabo la sexta edición del Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE 2009- con la participación líderes de la sociedad y representantes de los tres organismos del Estado, donde se presentó una propuesta de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA- con acciones para fortalecer las instituciones de seguridad y mejorar el sistema de justicia en el país.

Estos esfuerzos, loables y necesarios, no debiesen distraer la atención de las medidas básicas que deben constituir la agenda de seguridad y que deben comenzar por el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria pendiente de ejecutarse en materia del Sistema Nacional de Seguridad. A guisa de ilustración puede mencionarse que, desde su aprobación en 2008, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad ordena la creación de una Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, como responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos del sistema y rendir informes al Consejo Nacional de Seguridad, misma que, según la ley, debería coordinar funcionalmente su trabajo con las instancias de control e inspectorías de los ministerios e instituciones que conforman el Sistema para garantizar la eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades y la transparencia en el empleo de los recursos asignados. El nombramiento del jefe de dicha inspectoría, que debió haberse efectuado hace tiempo, requiere que se emita un reglamento que regule su operatoria, tema en que la sociedad civil debería permanecer especialmente vigilante.

Otra acción pendiente es la integración de la Comisión de Asesoramiento y Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que deberá integrarse por profesionales nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Nacional de Seguridad. Asimismo, el Sistema requiere que se emita una Política Nacional de Seguridad a propuesta de la Secretaría Técnica de dicho Consejo. También debe formularse una Agenda Estratégica de Seguridad, a propuesta de la Comisión de Asesoramiento, así como una Agenda de Riesgos y Amenazas, que debe ser propuesta por la Secretaría de Inteligencia del Estado, y el Plan Estratégico de Seguridad, que debe ser formulado por la Comisión de Asesoramiento y aprobado por el Consejo. Al mismo tiempo, la ley manda establecer un sistema de carrera de seguridad e inteligencia que requiere la creación del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Finalmente, el Congreso también tiene una responsabilidad clave a través de la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad Nacional e Inteligencia, a la que corresponde evaluar el funcionamiento integral del Sistema Nacional de Seguridad –empezando por analizar los informes que debe rendirle el Consejo Nacional de Seguridad-, y estar enterada de todos los instrumentos aquí mencionados. Esta agenda mínima no hace falta inventársela; es un mandato legal.

¡INJUSTICIA!

Esta semana, mi columna de prensa apareció en blanco, al igual que la de muchos otros columnistas guatemaltecos que, de esa manera, protestamos contra la inapropiada manera en que el Congreso eligió a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados alegaban que no hubo nada ilegal en los nombramientos, y creo que tienen razón. El punto es que no se trata solamente de la legalidad, sino que (principalmente) de la legitimidad de la elección, así como de que la manera precipitada y oscura en que se realizó la misma en nada contribuye al fortalecimiento de las instituciones de justicia del país. La presión de la sociedad civil, de la CICIG (con todo y sus ambigüedades e improvisaciones), de la prensa independiente y de la comunidad internacional está haciendo posible que los diputados corrijan los errores cometidos. El Congreso y el País entero tienen mucho en juego en este proceso. Es esencial que estemos todos vigilantes, porque es nustro país y, como ciudadanos, debemos ser protagonistas y no sólo observadores de su futuro.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

INJUSTICIA

Microfinanzas Frente a la Crisis Mundial

Las microempresas han estado recibiendo un impulso clave (mediante el otorgamiento de préstamos y de otros servicios financieros) por parte de las instituciones de microfinanzas, lo que les ha permitido desarrollarse y prosperar. Por desgracia, las instituciones de microfinanzas no han estado exentas de sufrir los rigores de la crisis económica mundial, tanto por el lado de sus fuentes de financiamiento (las remesas y los préstamos externos) que se han reducido, como por el lado de los clientes (al caer la actividad económica y las remesas se deteriora la capacidad de pago de sus clientes). La semana pasada tuve el honor de participar en un foro sobre este tema, a lo cual me refiero en la opinión publicada en Siglo XXI esta semana. Aquí les va...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

MICROFINANZAS FRENTE A LA CRISIS MUNDIAL

El considerar a los pobres o a los tradicionalmente excluidos del mercado (como, por ejemplo, las mujeres del área rural) como clientes potencialmente rentables, en vez de verlos como sujetos necesitados de caridad, ha sido el enfoque que ha hecho de las microfinanzas una actividad extraordinariamente dinámica en Guatemala y en el mundo entero durante las últimas dos décadas. La crisis económica mundial, sin embargo, ha tenido un fuerte impacto sobre las remesas familiares, el turismo, las exportaciones y los flujos de crédito hacia los países en desarrollo, afectando negativamente los segmentos del mercado atendido por las instituciones de microfinanzas. En ese contexto, la semana pasada fui invitado a participar como panelista en una discusión sobre cómo deben afrontar estas instituciones la actual crisis, todo ello en el marco del Cuarto Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas y Bancarización.

En dicho foro se discutió que, aunque la instituciones de microfinanzas son muy diversas (las hay lucrativas y no lucrativas, las que reciben depósitos del público y las que no lo hacen, las que dependen de donaciones externas y las que son autosuficientes, las que son bancos y las que son ONGs), la creciente integración de esta actividad en las corrientes financieras internacionales ha generado una mayor vulnerabilidad de tales instituciones ante los ciclos económicos mundiales y los riesgos de que sus carteras se deterioren ha aumentado ante los efectos de la crisis. Una primera lección que surge de la actual coyuntura es que las entidades de microfinanzas que han logrado capear el temporal más fácilmente son aquellas que contaban con una solidez patrimonial holgada antes de la crisis, al igual que aquellas que han descansado en fuentes locales para la obtención de recursos prestables, ya que las fuentes externas se han restringido durante la crisis, generando mayores riesgos de volatilidad de la liquidez y de la tasa de interés, así como un mayor riesgo cambiario.

Lo anterior conduce al debate acerca de si las entidades de microfinanzas deberían o no estar facultadas para recibir depósitos del público o si mejor deberían actuar en alianza con los bancos comerciales, captadores de depósitos por antonomasia. En cualquier caso, el marco legal que regula las microfinanzas en Guatemala no es el más apropiado para enfrentar una crisis como la actual, y su modernización es una labor pendiente que está durmiendo innecesariamente el sueño de los justos en las comisiones legislativas.

Por otra parte, la reducción del flujo de remesas familiares puede estar afectando la capacidad de pago de muchos usuarios de microcrédito, lo cual podría redundar en un deterioro de la calidad de la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas, razón de más para fortalecer su capital, diversificar su clientela y modernizar su marco legal pero, sobre todo, para encontrar fórmulas que permitan renegociar los créditos en condiciones satisfactorias tanto para los usuarios como para las entidades prestamistas, a manera de evitar que los atrasos se conviertan en impagos absolutos. En este campo el rol de los burós de crédito (en los que las entidades de microfinanzas pueden intercambiar referencias de sus potenciales clientes) se vuelve fundamental y clama por su institucionalización y su efectiva regulación.

Política Monetaria contra la Recesión

Muchas personas creen que, para combatir la recesión económica, solamente hace falta que el banco central baje las tasas de interés y aumente la cantidad de dinero en la economía. Ojalá fuera tan fácil. La política económica, por desgracia, se parece más a una pieza de cuero seco: uno puede oprimir de un lado para que se aplane, pero lo único que se logra es que la arruga aparezca por otro lado. La columna de esta semana trata de las limitaciones de la política monetaria como herramienta anticíclica, y de la necesidad de estar conscientes de que la crisis viene del exterior y que más vale concentrarnos en paliar sus efectos que en pretender revertirlos. Ahí va...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

POLÍTICA MONETARIA CONTRA LA RECESIÓN

Hace unos días, luego de escuchar a las autoridades del Banco de Guatemala referirse a la situación económica actual, un periodista me preguntaba si era posible que el banco central, además de las necesarias reducciones en la tasa de interés de corto plazo que ha estado aplicando, aplicara otras medidas de estímulo económico, como por ejemplo dejar de captar depósitos de los bancos o reducir el encaje legal, con el propósito de activar el crédito bancario y, con él, la inversión y el empleo.

Si bien es cierto que tales medidas existen en la caja de herramientas del banco central, también lo es que el arte de la política monetaria consiste en manejarlas con sumo cuidado, para evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad. Un aspecto fundamental que debe considerarse en este sentido es que las reducciones en la tasa de interés toman un cierto tiempo para afectar las acciones de los consumidores y de los inversionistas. De hecho, lo normal es que se den rezagos significativos entre las variaciones de las tasas y el consecuente cambio en la actividad económica, lo que complica el trabajo de la autoridad monetaria en el manejo de las condiciones monetarias y crediticias. Un aumento desmedido de liquidez monetaria hoy requerirá de medidas restrictivas mañana cuando la actividad económica empiece a recuperarse. Además, la situación actual caracterizada por una reducción en la demanda de crédito por parte de los sectores productivos y un endurecimiento de los requisitos exigidos por los bancos para otorgar préstamos, refleja la metáfora keynesiana que resume las limitaciones de la política monetaria en una recesión: “puede llevarse los caballos al río, pero no puede obligárseles a beber”.

Claro que, como alternativa a la política monetaria, está la posibilidad de recurrir a la política fiscal para estimular la demanda agregada, pero ésta también tiene sus limitaciones. Vale la pena recordar que Alan García, en su primera encarnación como presidente de Perú, logró aumentar rápidamente el crecimiento económico mediante políticas fiscales súper expansivas; pero éstas eran absolutamente insostenibles y lo que logró de positivo en dos años lo retrocedió con creces en el siguiente lustro.

Quizá lo más importante a tener en mente es que la actual crisis económica es de origen externo, ante lo cual una economía pequeña y abierta como la guatemalteca muy poco puede hacer, por lo que las políticas públicas debiesen centrarse más en aliviar que en revertir los efectos adversos de la crisis. Al respecto, resulta interesante el símil que leí hace algunos días en el diario The Financial Times, donde se compara a las crisis económicas con los incendios forestales: casi siempre es mejor dejar que los incendios forestales se extingan por sí solos; dichos fuegos parecen ser parte de un proceso natural de regeneración forestal y su ocurrencia esporádica permite a los bosques deshacerse de la maleza que puede acumularse y hacer más incontrolables los incendios. Un buen manejo forestal conlleva desbrozar y limpiar periódicamente el bosque, y hasta talar los árboles que estén podridos. De manera similar, un buen manejo de las crisis conlleva tener en cuenta los efectos de largo plazo de las medidas que se adopten, para evitar que éstas propicien la aparición de nuevas (y peores) crisis en el futuro.

Independencia e Identidad

¿Encendidos en patrio ardimiento? No. Las fiestas patrias se celebran en Guatemala con cierta apatía o mediante ceremonias masoquistas (correr varios kilómetros detrás de un antorcha o marchar con paso marcial durante varias horas); poco es, al final del día, lo que se exalta a la patria. La identidad guatemalteca aún no está conformada. Ello se refeja en (y a la vez se alimenta por) la escasez de héroes nacionales. ¿Es que, acaso, en 188 años de vida independiente nuestro país no ha producido hombrs (y mujeres, pues, para ser políticamente correcto) ilustres y famosos por sus hazañas o sus virtudes? ¿Ni han surgido en esta tierra personajes que hayan realizado acciones heroicas? Por supuesto que sí; lo malo es que en la olla de cangrejos casi nadie tiene la inclinación a reconocerlos y aceptarlos tal como fueron. He aquí la columna pubicada esta semana, el día del aniversario de la independencia.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

INDEPENDENCIA E IDENTIDAD

La conmemoración de la independencia en Centroamérica desborda menos júbilo y patriotismo que en otros países del Hemisferio, quizá porque nuestra declaración de independencia no fue tan heroica, o porque la consecuencia inmediata de ésta fue la anexión al imperio de Iturbide, o porque el primer jefe de estado de nuestra naciente patria fue quien hasta la víspera era el máximo representante de la corona española en la Región.

No parece, por ello, casualidad que tengamos relativamente pocos héroes patrios. La historia oficial en los libros de la escuela primaria incluye entre ellos a Tecún Umán o a Rufino Barrios, pese a que ambos, coincidentemente, no sólo perdieron su batalla clave –y ella la vida-, sino también porque esa derrota significó perder la guerra. Además, hay corrientes revisionistas que sostienen que los grandes rivales de los dos personajes mencionados no deberían considerarse anti-héroes. Pedro de Alvarado podría tener, al menos, el mismo reconocimiento que Cortés y Pizarro tienen en México y Perú como protagonistas del nacimiento de las nuevas sociedades mestizas de América. Y Carrera podría recibir honores como fundador de la República de Guatemala y exitoso defensor de sus fronteras ante la invasión de Morazán.

Pero ese reconocimiento a los rivales resulta casi imposible en un entorno como el guatemalteco, muy dado a descalificar el éxito del prójimo (como lo parodia el doloroso chiste de los cangrejos chapines) y donde, para que alguien sea considerado héroe nacional, debe ser casi un santo pues el menor rasgo de debilidad humana en un político, escritor o científico se considera imperdonable. Si tal actitud privara en otras latitudes, los ingleses no tendrían a Francis Drake (quien fue un sanguinario pirata) por gran héroe naval; ni los estadounidenses considerarían a Washington (un militar dueño de decenas de esclavos negros) el fundador de su nación; ni los franceses verían a Napoleón (un dictador guerrerista) como el mayor genio militar de la historia.

Dicho lo anterior, conviene aclarar que la actitud maniquea hacia los héroes nacionales no es exclusiva de Guatemala y refleja, en gran medida, el aforismo que dice que la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, es menester profundizar los esfuerzos por enseñar a las futuras generaciones una versión de la historia más objetiva que permita construir una identidad nacional de la que aún carecemos; una historia que trate de hechos objetivos más que de leyendas de héroes y tiranos; una historia más elaborada que no alimente los conflictos latentes en nuestra sociedad.

La historia que le enseñan a los niños en la escuela no solo refleja la forma en que la sociedad y sus élites se ven sí mismos, sino que influye sobre cómo los niños se verán cuando sean ciudadanos: sea como conquistados, colonizados y víctimas, o bien como supervivientes, resistentes e ingeniosos. La historia patria no debe usarse como una estrategia para indoctrinar inculcando mitos (como hoy en día ocurre en Venezuela o en Rusia), sino que su estudio debe servir de ejercicio para que los niños piensen por sí mismos mientras buscan la verdad, con un sentido de reconciliación e inclusión (como exitosamente lo han logrado en Sudáfrica), porque la construcción de nuestra identidad nacional es todavía un proceso en marcha.

Emergencia Nacional

No es que uno sea mal pensado, pero declara estado de Calamidad Pública con base en una ley obsoleta, diseñada para un país en guerra civil, y sin ningún espíritu de velar por la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios público, suena más a una decisión tomada con propósitos espurios que a un error de cálculo. Como verán en la columna de esta semana, la Ley del sistema de Seguridad Alimentaria ya establece los mecanismos para hacer expedita la ayuda a comunidades afectadas, sin necesidad de declarar estados de excepción. Lo peor de todo es que son los embajadores acreditados en Guatemala quienes se han subido al camión de quienes quieren es estado de Calamidad, quizá para asegurar el cumplimiento de sus cuotas de ofrecimiento de ayuda ante sus cancillerías.

POLÍTICAS PÚBLICAS

EMERGENCIA NACIONAL

La crisis alimentaria actual, como ha sido el caso en las frecuentes crisis que suelen aquejar a Guatemala, ha despertado el ingenio de ciertos dirigentes. Empiezan ya a surgir toda clase de sugeren-cias ante la problemática de la desnutrición aguda.
Se repite el patrón al que se hizo referencia en esta columna la semana pasada, caracterizado por la búsqueda de la piedra filosofal que proporcione soluciones instantáneas, lo que se traduce en propuestas improvisadas de toda índole como, por ejemplo, subsidiar a los productores de maíz (sin pensar que ello en nada contribuiría a protegerse contra las sequías), diseñar programas de for-talecimiento de la economía campesina (cuando hace años existe un acuerdo multipartidario sobre políticas de desarrollo rural), o crear un nuevo Ministerio de Desarrollo Social (sin intentar primero eficientar el trabajo de las múltiples entidades que ya existen).
El síndrome del alquimista contagió también a algunos embajadores acreditados en el país, quienes la semana pasada propusieron que se declarara Estado de Emergencia nacional para combatir la crisis alimentaria.
Otra vez se pretende encontrar remedios de última hora para atacar los problemas más graves. Y, de nuevo, no parece haber conciencia de que, en vez de ello, lo que hay que hacer es aplicarse y gestionar los instrumentos e instituciones que ya existen para tales efectos. La medida idónea contra los efectos alimentarios de una sequía ha sido siempre contar con un efectivo sistema de alertas tempranas, el cual fue creado en 2005 con la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
Lamentablemente dicho sistema no se aplicó adecuadamente, se desatendió y sucedió lo que está ocurriendo en el Corredor Seco de oriente y en otras áreas del país. No se trata, pues, de un asunto que requiere encontrar nuevas soluciones, sino de ejercer una adecuada administración pública para aplicar las herramientas que ya existen. El propio Relator Especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, en su reciente visita a Guatemala reconoció que dicho Sistema era el mecanismo adecuada, para prevenir este tipo de crisis y que había que fortalecerlo dentro de la institucionalidad del Estado.
En cuanto a la posibilidad de declarar Estado de Emergencia Nacional, la propia ley del Sinasan es-tablece explícitamente (artículo 17) que “el Conasan podrá aprobar planes estratégicos y operativos coyunturales para enfrentar problemas graves de desnutrición y hambre en poblaciones identificadas como de inseguridad alimentaria y nutricional, debiendo solicitar al Congreso de la República por conducto de la Sesan emitir las resoluciones correspondientes que permitan orientar los recursos de las instituciones que lo integran sin que para ello se declare Estado de Emergencia en las comunidades que sean identificadas”.
La declaración de estados de emergencia o prevención en el territorio nacional, aunque puede ser excepcion-almente necesaria, tiene una serie de inconvenientes, como el hecho de que en tales estados se dejan de aplicar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las compras y contrataciones del Gobierno, además de que favorecen la cultura de la improvisación sin contribuir a la consolidación de soluciones de largo plazo ni al fortalecimiento institucional del país.

La Piedra Filosofal

Por alguna nefasta razón, los dirigentes (políticos, empresariales, sindicales, estudiantiles, gremiales) tienen en Guatemala la propensión a descalificar todo cuanto hayan realizado sus predecesores y a pretender encontrar soluciones instantáneas, mágicas y geniales a los sempiternos problemas nacionales. Cual émulos de Paracelso, se empeñan en descubrir la piedra filosofal que cure todos los males que aquejan al país en las áreas de salud, nutrición, seguridad, educación, etcétera, y, al mismo tiempo, volverse millonarios en el intento. Mientras tanto, los ensayos alquimistas solamente se traducen en proyectos cortoplacistas, institucionalmente débiles, financieramente ineficientes y políticamente insostenibles. Con esa visión miope, las políticas de estado de largo plazo nunca serán una realidad...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

LA PIEDRA FILOSOFAL

Hace más de quinientos años los alquimistas se afanaban por obtener la piedra filosofal, sustancia única capaz de lograr no sólo la transmutación de los metales en oro, sino también de curar toda enfermedad, conseguir la panacea universal y asegurar la inmortalidad. Esa búsqueda de una solución instantánea a los problemas de la vida parece haber sido heredada por muchos dirigentes nacionales. Innumerables políticas públicas que se han ensayado en Guatemala son, más que políticas de estado sostenibles en el largo plazo, ensayos de alquimia que, en distintos campos del quehacer público, pretenden conseguir soluciones inmediatas, casi mágicas, a los profundos problemas nacionales. Peor aún, estas políticas que prometen soluciones instantáneas son impulsadas muchas veces a costa de sacrificar otras políticas de largo plazo que requieren de esfuerzo, paciencia y gestión continua, que han sido exitosas en otras latitudes pero que, para su desgracia, no son políticamente sexys.

Baste mencionar algunos ejemplos significativos. Los fantasiosos megaproyectos, como el anillo metropolitano o el aeropuerto en Masagua, solamente distraen tiempo y esfuerzos que bien podrían dedicarse a un sistema moderno de transporte masivo urbano o a concluir la modesta remodelación del aeropuerto La Aurora. O la ingenua idea de la mega-refinería, que tan magnánimamente nos iban a ayudar a construir nuestros vecinos mexicanos, solamente distrajo tiempo y esfuerzos que pudieron destinarse mejor a modernizar el sistema de almacenaje y distribución de hidrocarburos. O programas asistenciales tan bien intencionados como Creciendo Bien o Mi Familia Progresa que, lamentablemente, distraen recursos que estarían mejor empleados en el fortalecimiento de programas que sí son institucionales, como el de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyas debilidades se han hecho evidentes en la actual crisis alimentaria.

Podemos mencionar también los esfuerzos que se han puesto en la Agenda Nacional de Seguridad, que podrían haber sido mejor empleados en la necesaria (y aún pendiente) implementación plena de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. O la búsqueda de nuevas políticas de desarrollo rural integral, cuando ya hace años que existe un detallado acuerdo multipartidario sobre la materia, alcanzado en el marco del Plan Visión de País. O los repetidos intentos de hacer reformas puntuales al sistema tributario, cuando hace diez años se firmó un histórico Pacto Fiscal que establece las directrices que deberían guiar dichos esfuerzos.

Y no sólo el sector público está contagiado del virus del alquimista. Hace poco en un programa televisivo, un grupo de empresarios de la construcción señalaban la necesidad de diseñar un plan de largo plazo, con prioridades claras, para la obra pública, esfuerzo que sería loable realizar si no fuera porque ya está hecho, según consta en el Plan Multimodal vigente que debería regir dichas actividades. U otros empresarios que han subrayado públicamente la necesidad de perfilar un plan de políticas que fomente la competitividad, cuando hace años está vigente (y en gran parte pendiente) una completa Agenda Nacional de Competitividad.

Quizá lo que el país necesita es menos ingenio, y más empeño. Menos alquimistas, y más gestores. Menos aventureros, y más probos administradores de la cosa pública.

Opinión del lector

JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA - Guatemala Es que el transporte colectivo masivo no es una infraestructura que interese a la burguesia y oligarquia guatemalteca. Ellos estan interesados en la infraestructura para la exportacion. Los de adentro, que somos pobres, no somos mercado para ellos. Por eso se dice y lo dijo Marx, El Estado esta al servicio de la oligarquia y de la burguesia y por eso hay que destruir al Estado. Y cuando el Estado esta al servicio de la sociedad se levantan los liberales y dice que hay minimizar al Estado porque distrae recursos que deben destinarse a seguridad (ejercito) y justicia (jueces vendidos al mejor postor). El columnista tiene toda la razon del mundo, pero temo que es VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO y como dijo alguien: Darle consejos al que tiene el poder es como ladrarle a luna. NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION

OTRA VEZ EL HAMBRE

Da vergüenza. Llora sangre. Indigna. Hiere. Los cuadros de desnutrición aguda que se están viendo en varios municipios de Guatemala deberían ser una afrenta para todos los guatemaltecos bien nacidos. No existe justificación para que ello ocurra y, hay que decirlo, el principal culpable es el gobierno: la institucionalidad que funciona en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN- debería haber actuado oportunamente. Para eso existen una serie de mecanismos de alerta temprana para detectar el inicio de una agudización de la desnutrición y, con base en los indicadores correspondientes, actuar en consecuencia. Pero lo mismo que sucedió con "Creciendo Bien" (el programa estrella de la esposa del anterior presidente), sucede ahora con "Mi Familia Progresa" (el programa favorito de la esposa del actual presidente): los programas personales, no institucionales, distraen recursos y esfuerzos que deberían estar a disposición del CONASAN, y éste no puede actuar conforme su mandato legal. Sólo queda esperar que ésta sea la última vez que ocurre algo así en nuestra tierra...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

OTRA VEZ EL HAMBRE

El premio Nobel de Economía (1998), Amartya Sen, planteó una de las paradojas más lacerantes de nuestro tiempo: la mayoría de las peores hambrunas del último siglo han ocurrido sin que exista una reducción significativa de la oferta de alimentos. Y ese es, lamentablemente, el caso de la crisis alimentaria que se está viviendo en el llamado Corredor Seco de Oriente en Guatemala. Esta nueva crisis, además de paradójica, debe ser motivo de vergüenza ya que, como el propio Sen lo afirma, “ninguna hambruna en la historia de la humanidad ha ocurrido en una democracia funcional”, es decir, donde exista libertad de expresión (y, con ella, capacidad de sonar oportunamente las alarmas) y un gobierno electo que debe rendir cuenta de sus actuaciones y omisiones.

La lacerante realidad de viven nuestros compatriotas del Corredor Seco es muy difícil de aceptar, especialmente si se toma en cuenta no sólo que en el país, en su conjunto, no hay escasez de oferta alimentaria, sino también que existe, desde años atrás, una institucionalidad púbica específicamente diseñada para prevenir estas situaciones. Pareciera ser que, al igual que en área de seguridad ciudadana (donde por mandato legal existe un Consejo Nacional de Seguridad que apenas si se ha reunido), en el área de seguridad alimentaria tampoco se ha hecho uso adecuado del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- que, por ley, debiese operar bajo reglas específicas vigentes desde hace tiempo.

Conviene recordar que el CONASAN está integrado por el Vicepresidente de la República, quien lo preside; el Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, quien actúa como Secretario; el Ministro de Agricultura; el Ministro de Economía; el Ministro de Salud; el Ministro de Educación; el Ministro de Comunicaciones; el Ministro de Ambiente; el Ministro de Trabajo; el Ministro de Finanzas; el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la SOSEP. Cada uno de ellos es responsable de impulsar al interior de sus entidades el cumplimiento de la política de seguridad alimentaria, cuyas acciones deben derivarse de una evaluación integral por parte de tales entidades.

Ojalá que no haya ocurrido lo que muchas veces sucede con las políticas públicas en Guatemala, donde las políticas de Estado (de largo plazo, como la de Seguridad Alimentaria) se descuidan por atender políticas de Gobierno (coyunturales, como la de habilitar comedores solidarios en la ciudad capital, donde la hambruna se ve como una realidad lejana). Y ojalá también que esta nueva crisis alimentaria sea la última que viva nuestro país y que sirva de lección sobre la importancia de mantener efectivas las políticas de Estado en la materia y la institucionalidad que las respalda (como la SESAN).

No olvidemos también que, aunque las hambrunas reciben más titulares de prensa, la desnutrición crónica es un problema mucho más serio porque sus efectos de largo plazo son más graves y porque está más extendida en nuestro país. La desnutrición es no sólo una consecuencia de la pobreza, sino una causa de la misma pues torna a los niños en seres débiles física y mentalmente, limitando de por vida su capacidad productiva. No se trata, pues, de un asunto político-electoral, sino de un tema que debe ser tratado con Políticas de Estado, pues en él se habrá de definir, en gran medida, el futuro de Guatemala.

Opinión del lector

Pepe Recinos - Guate-Malawi (también Guate-Malí) La unica politica estatal coherente y congruente con este tema debe ser el Control Natal de las clases bajas. Si quieren hijos para que les ayuden a trabajar, justificando así las Ongs y las iglesias que los muy pobres sigan teniendo a tantos nuevos niños, puede crearse otra política: Transferencias Condicionadas para Comprar Asnos y Mulas a las familias pobres. A cambio de que se esterilicen, desde luego. ¿Porqué desagrada tanto a tanta gente de la Clase Alta y de la Clase Media, esta clase de ideas, si ellos son ejemplos clarísimos de esterilización voluntaria?. De cada 10 mujeres católicas de clase media y alta que conozco, 9 se esterilizaron al segundo chirís. Hipocritones e hipocritonas que son