martes, 23 de febrero de 2016

La SAT y Sus Dos Cabezas

El fracaso de la SAT radica, fundamentalmente, en que fue cooptada por mafias y fuerzas oscuras en contubernio con políticos corruptos. La solución del problema pasa por darle más autonomía, no por quitarle la poca que ya tiene.

Una de las principales causas del continuo deterioro de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- radica en que su estructura organizacional es disfuncional y con una autoridad bicéfala. Por un lado está el Directorio, integrado supuestamente por expertos dedicados a tiempo completo y presidido por el Ministro de Finanzas Públicas y, por el otro, el Superintendente como autoridad administrativa cuyo nombramiento y remoción está en manos del Presidente de la República.

En este arreglo el Superintendente no responde al Directorio y este, a su vez, se acomoda a una parálisis de decisiones ante el poder político de su supuesto subalterno. Casos de corrupción flagrante, como el de La Línea, evidencian lo perverso que puede resultar la coexistencia de un Directorio inoperante –y que no rinde cuentas a nadie- y un Superintendente capturado por intereses políticos o mafiosos.

Para superar este problema se han propuesto diversas soluciones. La más radical es la de suprimir la SAT y regresar al esquema de la antigua Dirección General de Rentas Internas dentro del Ministerio de Finanzas. Esta solución sería un grave retroceso pues se retornaría a una oficina opaca y centralizada para la recaudación de impuestos, con grave riesgo de ser capturada por grupos criminales, como efectivamente ocurrió en dicha Dirección en los años 70 y 80 del siglo pasado.

Una segunda solución que se escucha es la de preservar una SAT descentralizada, pero eliminando el Directorio, de manera que la cabeza única sea el Superintendente. Esta solución, en la práctica, es aún peor que la anterior pues un Superintendente (nombrado por el Presidente de la República) que no esté sujeto a la supervisión de un cuerpo colegiado, se convertiría en una figura más poderosa que el propio Ministro de Finanzas, con un desmedido poder de acceso y coerción sobre los contribuyentes. Y ese poder sería muy vulnerable a ser capturado por intereses políticos o sectoriales que pondrían en grave peligro la neutralidad técnica que deben tener las actuaciones de la SAT.

La solución más correcta es que el Directorio, como verdadera autoridad máxima, sea quien nombre al Superintendente y a los Intendentes. Así se recobraría la idea original tras la creación de la SAT como una entidad descentralizada y especializada, organizada bajo un adecuado sistema de pesos y contrapesos internos basado en las mejores prácticas de gobierno corporativo, donde el Directorio sería el responsable de la dirección estratégica y de exigirle un desempeño adecuado al Superintendente quien, a su vez, sería el responsable de la administración del día a día de la entidad. Así, el Ministro de Finanzas, como presidente del Directorio, recobraría el rol, que nunca debió perder, de dirigir de manera integral las finanzas del Estado.

martes, 16 de febrero de 2016

Para Lograr el Desarrollo Rural

Por muchas leyes (bien o mal intencionadas) que se impulsen, si no se aplican las políticas adecuadas, jamás se logrará el desarrollo del área rural.

La pobreza en el área rural guatemalteca es lacerante y vergonzosa. Es evidente que la búsqueda del desarrollo rural debe ser una prioridad de las políticas públicas del país. Pero hace falta ser terco (o malintencionado) para no darse cuenta de que los esfuerzos para reducir la pobreza rural pasan, inevitablemente, por resolver un problema eminentemente económico: la falta de productividad.

En efecto, de todos los sectores de actividad económica, la agricultura registra el nivel más bajo de ingresos promedio de sus trabajadores, y es la actividad con mayor fuerza laboral del país, con casi el 40% de la población ocupada, pero apenas contribuye con menos del 14% de la producción nacional.

Abundantes estudios técnicos demuestran que la solución a esta situación requiere de una política agrícola que eleve sosteniblemente los ingresos (es decir, la productividad) en el campo. Dicha política debe tener, al menos, cuatro componentes esenciales para los pequeños productores: programas de riego; programas de extensionismo (asesoría y acompañamiento); fortalecimiento y coordinación de la institucionalidad estatal; y, priorización de la política de seguridad alimentaria.

La política agrícola, claro está, no debe diseñarse ni aplicarse de forma aislada, sino que debe estar concatenada con una política de desarrollo integral del país, incluyendo políticas de desarrollo urbano, pues no hay que olvidar que las ciudades han sido, a lo largo de la historia, un motor esencial del desarrollo social y económico.

Para lograr todo ello podría ser conveniente (aunque no indispensable) emitir leyes que obliguen a que se apliquen tales políticas. Pero, en todo caso, debería tratarse de leyes focalizadas y técnicamente bien estructuradas. Por desgracia, la polémica iniciativa 4084 (Ley de Desarrollo Rural Integral) no es nada ello: se trata de un manifiesto de promesas incumplibles, con evidente carga ideológica, que en nada contribuye al urgente esfuerzo de aplicar políticas de desarrollo agropecuario.

La iniciativa 4084 no solo confiere poca importancia a los cuatro elementos fundamentales de la política agrícola antes indicados, sino que los contradice y menoscaba, pues pretende inventar onerosas estructuras estatales paralelas al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, al Ministerio de Agricultura y a los propios Consejos de Desarrollo, en vez de hacer un mejor uso de los escasos recursos existentes mediante el rescate y coordinación de la institucionalidad ya existente. Así, en el torbellino de hiperactividad legislativa que ahora agobia al Congreso, el impulso de tal iniciativa parece tratarse de un distractor que solo obstaculiza y pospone las verdades soluciones que deben aplicarse para lograr el desarrollo rural.

martes, 9 de febrero de 2016

LIMPIAR EL CONGRESO

Ya hay esfuerzos concretos por poner orden en el parlamento. Pero se están impulsando enmedio del desorden.  Para rescatar al Congreso aún queda mucho por hacer, y hay que hacerlo bien.

En los corrillos se oyen pasos de animal grande. Las constantes visitas de la CICIG solicitando información sobre acciones sospechosas, los ecos ahogados de un clamor por la depuración, y el lapidario pronunciamiento de la Conferencia Episcopal en el que señala al Congreso de ser el organismo más inmoral e ineficiente del Estado, han metido el miedo en el cuerpo a los representantes de la política tradicional.

La reacción desde el hemiciclo ha sido la de intentar lavar cara mediante el impulso de reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, acompañado de una hiperactividad legislativa en temas facilones que buscan causar impacto en la opinión pública.

Hay que reconocer que las reformas a la Ley Orgánica aprobadas la semana pasada, aunque incompletas y con algunas debilidades, representan una sustancial mejora al marco regulatorio del régimen interior del Legislativo. Aunque la prensa se ha centrado en mencionar los cambios que buscan impedir abusos en cuanto a las contrataciones de personal y al transfuguismo, hay otros logros más trascendentes de cara a rescatar al Congreso del marasmo y podredumbre de las últimas legislaturas.

De esas reformas, las más positivas tienen que ver con aspectos que mejoran el funcionamiento de los procesos parlamentarios que se habían perdido desde hace años. En ese sentido, el fortalecimiento de las comisiones de trabajo y la delimitación del proceso de interpelación son reformas muy positivas, como lo son también algunas disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Pese a estos logros, las reformas se aprobaron con excesiva precipitación. Y la premura no es buena consejera. Por ello la ley quedó con algunas falencias importantes. Por ejemplo, no se terminó de aclarar el rol y los procedimientos que debe seguir el Presidente del Congreso en la contratación del personal. Y se desperdició una ocasión óptima para introducir en la ley la obligación de respetar el principio de unidad de materia. Este principio (vigente en el ordenamiento jurídico de muchos países) prohíbe que en la discusión de una ley se introduzcan normas y reformas ajenas a la materia de la que se está legislando.

La vigencia de tal principio habría impedido que se repitan bochornos legislativos como los que en el pasado permitieron que en una ley de túmulos se reformara el presupuesto del Estado, o que en una ley de apoyo a la juventud se pretenda reformar el sistema tributario, tal como ocurrió apenas el pasado jueves.

Pese a las reformas aprobadas, es evidente que la limpieza del Congreso tiene aún muchos temas pendientes por atender. De no hacerlo, los arranques de hiperactividad legislativa, con premuras y opacidad al estilo de la vieja política, pueden resultar contraproducentes para el necesario rescate del Legislativo.

martes, 2 de febrero de 2016

De Vuelta a las Andadas: Lecciones y Desafíos

El Economista Lúgubre ha regresado. Les comparto mi primera columna en elPeriódico, donde estaré publicando los martes. Esta vez me refiero a uno de los principales desafíos para Guatemala: el de reformar el corrompido y disfuncional sistema político que nos rige.

Luego de un ajetreado y sorprendente 2015, se percibe que 2016 será auspicioso, para el país y los guatemaltecos. Para mí, comienza con el agradable compromiso, al que amablemente me ha invitado elPeriódico, de compartir semanalmente con los amables lectores mis opiniones respecto del entorno económico y social, así como del desempeño de las políticas públicas que lo afectan.

Es prudente enfrentar los desafíos del nuevo año con base en las experiencias adquiridas el año anterior. Y me parece que uno de los principales desafíos para Guatemala es el de reformar el corrompido y disfuncional sistema político que nos rige. Durante mi breve (pero profundamente interesante) incursión como candidato a elección popular en los últimos comicios pude percatarme de una serie de características del sistema políticos que bien vale la pena considerar en un proceso de reforma.

Conviene indicar que, en mi experiencia, el sistema político guatemalteco es mucho menos “malvado” de lo que normalmente se cree desde fuera del mismo. Existe mucha gente buena y genuinamente patriota en los distintos partidos políticos. Los verdaderos problemas del sistema son la extrema improvisación y los incentivos perversos que imperan en su accionar.

Los partidos, sin excepción, están pobremente organizados y carecen de cuadros técnicos, de comités especializados, de ideología, de normas internas y estrategias de mediano plazo. Todo ello en un mercado electoral donde la mayoría de votantes exige soluciones inmediatas a sus problemas personales y se satisface con promesas facilonas que, en la práctica (y a sabiendas de los políticos) son imposibles de cumplir.

Por ello, en parte, las campañas políticas en Guatemala son tan superficiales y repetitivas. A la mayoría de votantes les fascinan los mítines (que en muchos poblados hacen las veces de espectáculo público de esparcimiento que rompe el tedio cotidiano) y a la mayoría de políticos (que disfrutan de los baños de multitud), también. Poco les importa a ambos entender qué es la división de poderes, los derechos y responsabilidades ciudadanos, o el rol de los funcionarios electos. Tampoco importan los planes de gobierno o la situación del fisco. Lo que importa a los políticos en este sistema es ganar, a toda costa y ya mismo, sin darse cuenta de que en política, de cara al futuro, a veces perder puede ser una victoria y ganar, una derrota.


Este sistema perverso es el que ha producido los gobernantes mediocres (cuando no nefastos) que han sido incapaces de impulsar las políticas de largo plazo que el país requiere para salir de la pobreza y potenciar el desarrollo que propicie el bienestar integral de los guatemaltecos. De allí que la reforma política resulta ser una condición indispensable para lograr el desarrollo económico y social del país.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...