viernes, 27 de febrero de 2015

Una Oportunidad Para la Integración Económica

Una próxima unión aduanera Guatemala-Honduras imprime un tono de optimismo sobre el mar de frustraciones históricas integracionistas

Cuando en 1960 los cinco países del norte del istmo se unieron en el Mercado Común Centroamericano –MCCA-, la integración económica prometía ser el camino para la unión y el desarrollo de la región. Más de medio siglo después, esa promesa no sólo se ha incumplido, sino que cada vez luce menos creíble.
Cierto es que durante sus primeros lustros el MCCA fue muy exitoso: el comercio regional se expandió velozmente, lo mismo que las inversiones. Pero la inverosímil guerra del fútbol (Honduras-El Salvador), primero, y después las guerras civiles (en Nicaragua, El Salvador y Guatemala), detuvieron cualquier progreso, con la ayuda de la inveterada falta de interés político (especialmente en Costa Rica) respecto de la integración centroamericana.
Al finalizar los conflictos armados, el comercio intrarregional se reactivó, las exportaciones aumentaron y el crecimiento económico se estabilizó; las instituciones regionales empezaron a proliferar, lo mismo que las grandes propuestas de integración: la creación del Sistema de Integración Centroamericana –SICA- en 1991, la firma del Protocolo de Guatemala en 1993, el Plan Puebla-Panamá (impulsado por México) en 2000, en “Relanzamiento” de la integración centroamericana (en San Salvador en 2010). A pesar de estos intentos, los avances de la integración económica han sido tan abundantes como los retrocesos, y el sueño de unir a América Central parece tan distante como siempre.
Por eso reconfortan las noticias que apuntan a avances concretos y específicos en materia de integración centroamericana, aunque sean menos ambiciosos y rimbombantes que los grandes planes de décadas pasadas. El anuncio que recientemente hizo en Roma el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, en cuanto a que la unión aduanera entre Guatemala y Honduras será una realidad en diciembre de este año, introduce un tono de optimismo en el mar de frustraciones integracionistas.
Este tipo de esfuerzo, basado más en la "voluntad política" de los gobernantes que en los añejos planes y tratados de integración, busca evadir las dificultades características de las negociaciones multilaterales (que exige un acuerdo entre cinco o más partes que tienen diferentes sistemas cambiarios y disímiles niveles de desarrollo relativo), apostando por acuerdos bilaterales como un atajo hacia una integración económica más completa. Este enfoque de una integración por etapas, y a velocidades distintas según la voluntad de los países socios, parece adecuado para el caso de Honduras y Guatemala.
En conjunto, estas dos economías representan más del 45% de la producción del MCCA, así como casi el 40% del comercio intrarregional. Además, se trata de los dos países más populosos de Centroamérica, que suman más de 22 millones de habitantes (57% del total del MCCA). Las posibilidades de incrementar el intercambio comercial y de inversiones entre ambos países es enorme; y podría ser un precursor para que el anunciado “Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”, impulsado por el gobierno estadounidense, pueda tener alguna repercusión económica tangible y sostenible.
Pero, como la historia lo demuestra, practicar la integración económica es mucho más difícil que hacer promesas sobre ella. El desafío que se han planteado los presidentes Pérez Molina y  Hernández implica pasar del actual estatus de comercio libre sin arancel externo común, a uno de libre circulación de bienes y personas con arancel común. Ello implica acordar políticas comunes sobre asuntos que van desde los códigos aduaneros hasta la política de competencia y los subsidios a la inversión, lo cual requerirá algo más que pura voluntad política.
Cualquier profundización de la integración económica implica una cierta pérdida de soberanía, y toma tiempo; por eso es que ha sido tan compleja en todo el mundo. Pero la fusión de Guatemala y Honduras –y, eventualmente, de El Salvador- en un solo espacio económico conjunto con libre circulación de personas, bienes y capitales (sin aduanas ni restricciones para el cruce de fronteras) generaría múltiples oportunidades de crecimiento económico (mediante mayor productividad y economías de escala, y más competencia e inversiones). El cumplimiento de la promesa está, de nuevo, en manos de los gobiernos.

sábado, 21 de febrero de 2015

El Estado: No Mínimo, sino Compacto

Ese tipo de gobierno puede lograr sus objetivos fundamentales si actúa bajo el principio de subsidiaridad

En el añejo debate respecto del tamaño que debe tener el gobierno, la discusión ideologizada tiende a presentar dos extremos: por un lado, los que plantean –á la
Reagan- que el gobierno no es la solución, sino el problema y por ello debe reducirse a su mínima expresión; por el otro, quienes confían en un Estado que no sólo regula, sino que también produce, posee y expropia, lo que demanda un gobierno todopoderoso. Quizá si se practicara con más frecuencia el difícil arte del pragmatismo político y del pensamiento objetivo, se caería en la cuenta de que lo que necesitan los habitantes de un país para prosperar y estar en posibilidades de perseguir la felicidad es un gobierno eficiente: ni enano, ni gigante, sino compacto.
Un buen gobierno debe ser, en primer término, eficiente en sus funciones originarias, relativas a proveer seguridad y justicia; pero no centrarse exclusivamente en ellas (como sí lo haría el “Estado Mínimo”). ¿En qué otras áreas debe “intervenir” el Gobierno?: en aquéllas donde se le requiera para que el mecanismo de mercado funcione adecuada, eficiente y sosteniblemente.
Recordemos que las necesidades humanas son diversas y muy numerosas, en tanto que los recursos disponibles para satisfacerlas son siempre insuficientes (escasos). Las sociedades resuelven el problema de la asignación de recursos adoptando mecanismos de coordinación, y el mercado es, precisamente, un mecanismo de coordinación para la eficiente asignación de recursos mediante la determinación de precios a través de la oferta y la demanda. Para que este mecanismo funcione, se requiere que las actividades de intercambio se realicen entre individuos que disponen libremente de la propiedad de sus bienes, y donde la competencia obliga a los participantes a emplear los factores de producción buscando la mayor eficiencia.
De lo anterior se deduce que un Estado eficiente debe intervenir, complementando sus funciones originarias de seguridad y justicia, para establecer el marco institucional que garantice la propiedad, la libre disposición individual, y la libertad contractual y comercial. Este tipo de intervención requiere de instituciones (derechos de propiedad y cumplimiento de contratos) que fomenten el mercado basado en un orden que combine la competencia y la libre iniciativa con el progreso social.
Sin embargo, una economía de mercado no siempre, y no en todos los casos, está exenta de perturbaciones. Es inevitable que en los mercados exista información limitada y asimétrica, entre otras fallas que perjudican la sana competencia y redundan en ineficiencias y en reducción del bienestar. También se producen costos que a un tercero le ocasiona la producción e intercambio libre de dos partes en el mercado (externalidades). En estas fallas del mercado, el Estado debe intervenir para corregirlas mediante instituciones (reguladoras y estabilizadoras) que regulen el derecho de competencia, el orden monetario y financiero, el orden laboral y social, o las normas medio-ambientales.
Además, el gobierno está llamado a preservar la libertad de todos sus ciudadanos, lo cual implica la búsqueda de la paz social que se vería amenazada si la distribución del bienestar económico es percibida como desequilibrada o injusta (generando violencia individual o insurrección colectiva). Para eso están las instituciones que, como la previsión y la seguridad social, legitiman el sistema de mercado.
Ese tipo de gobierno, eficiente y compacto, puede lograr lo anterior si actúa bajo el principio de subsidiaridad, que parte de que todo lo que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad, ya sea por sí solo o en su círculo privado, no forma parte de las funciones de las instituciones estatales; las intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o robustecen a las de cada individuo, en su auxilio.
Este concepto de subsidiaridad resume la razón del Estado Compacto: pequeño pero fuerte. Metafóricamente, se trataría de un gobierno similar a un carro compacto pero “full equipo”: pequeño pero eficiente, seguro y confiable para conducirnos a nuestro destino sin gastos innecesarios. Eso sí, no se trata de un “pichirilo” de poco valor. El Estado Compacto, lo mismo que un eficiente automóvil compacto, no suele ser barato y hay que esforzarse (y pagar) por obtenerlo.

domingo, 15 de febrero de 2015

Para Aumentar el Bienestar

Nuestra esperanza de crecer más y reducir la pobreza radica en mejorar la productividad

El propósito de las políticas públicas, y de casi cualquier actividad gubernamental, debe ser propiciar la prosperidad y aumentar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Para lograrlo no existe una solución única o una receta mágica, sino un arsenal de acciones e instituciones que deben aplicarse de manera sistemática. Por desgracias, no es cierto aquello de que “si tan sólo tuviésemos impuestos tan bajos como en Hong Kong” o “si tan sólo nuestro nivel educativo fuera como el japonés”, “entonces saldríamos del subdesarrollo”.
La experiencia de muchos países demuestra que para aumentar el bienestar de las poblaciones es indispensable que se produzca un aumento de la productividad; es decir, logar producir más bienes y servicios (que satisfagan las múltiples necesidades humanas) con la misma cantidad de factores productivos (tierra, mano de obra y bienes de capital). La mejora en la productividad, además, afecta y se ve afectada por la mejora en la calidad de vida, la salud, y el ambiente de convivencia social, de manera que aumentar la productividad es, claramente, una condición necesaria (aunque no suficiente) para mejorar el bienestar humano.
En el caso de Guatemala lo anterior es evidente. Por ejemplo, la producción nacional (medida por el PIB) aumenta cada año básicamente porque aumenta el consumo doméstico que, a su vez, aumenta porque la población consumidora es cada año más numerosa. Por eso es que, desde hace tiempo, el PIB crece a un ritmo promedio anual de sólo 4%, insuficiente para reducir los elevados índices de pobreza del país. Para acelerar ese ritmo de crecimiento no podemos simplemente confiar (como sucede a veces) en que una súbita mejora de la economía mundial aumente la demanda externa y, con ella, nuestras exportaciones; tal cosa está fuera de nuestro control y no sería una estrategia viable de desarrollo económico.
Tampoco podemos esperar que el gobierno aumente su gasto y cree los empleos que aceleren el crecimiento de la producción nacional: nuestro Estado es demasiado pequeño e ineficiente como para esperar tal cosa. Tampoco sería aconsejable encomendarnos a que un aumento en la inversión física mejore en el corto plazo la capacidad productiva del país: requeriría tantos recursos financieros y tiempo que también sería una estrategia inviable. Nuestra esperanza de crecer más y reducir la pobreza radica en mejorar la productividad. Y, aunque no es sencillo, hay cómo lograrlo.
Existen amplias posibilidades para que las empresas aumenten su productividad en muchos sectores de actividad económica, incluyendo los que generan más empleo o bienestar. Por ejemplo, en la agricultura hay oportunidades de mecanización y de aplicar nuevas técnicas; en la industria de alimentos pueden usarse técnicas de manufactura ajustada o buscarse economías de escala; en comercio y servicios se pueden aplicar las mejores prácticas productivas utilizadas en otros países; y, en turismo pueden aprovecharse las enormes ventajas competitivas del país en materia de clima, cultura y ambiente.
Pero estas mejoras las podrán realizar las empresas sólo en la medida en que el gobierno implemente políticas que las habiliten a hacerlo. Tales políticas incluyen las de apertura al comercio y a la tecnología mundiales; de minimización de barreras regulatorias; de difusión del conocimiento; de libre competencia para una mejor asignación de los recursos; de generación de instituciones que promuevan el mercado, la innovación y la movilidad social; de creación de un clima propicio a la inversión y al intercambio; y de incentivar a los ciudadanos a ahorrar, aprender, comportarse saludablemente y educar bien a sus hijos.
Reducir la pobreza en Guatemala pasa por mejorar la productividad de la economía a fin de generar el círculo virtuoso que se ha generado en muchas economías emergentes: una mayor productividad va de la mano con un incremento del ingreso disponible, del consumo y del PIB. De manera que los esfuerzos públicos y privados de desarrollo deberían enfocarse –con perseverancia y algo de suerte- en el objetivo de aumentar la productividad como condición indispensable para utilizar con eficiencia los recursos disponibles, darle sostenibilidad a la estabilidad macroeconómica, promover la movilidad social y elevar los niveles de vida.

domingo, 8 de febrero de 2015

Desarrollo Urbano Integral

Ninguna economía en el mundo se ha desarrollado sin haberse convertido, a la vez, en predominantemente urbana

La humanidad es hoy, por fin, mayoritariamente urbana. Hace 11 mil años, al final de la última glaciación, el ser humano empezó a congregarse en pueblos; le tomó otros seis mil años construir las primeras ciudades de la civilización antigua. Hasta hace doscientos años, sólo el 3% de la población mundial era urbana. Pero en el último siglo ese porcentaje pasó rápidamente del 13% al 50%, gracias a la industrialización y los avances tecnológicos y médicos que permitieron que los grandes centros urbanos crecieran sin caer en los antiguos peligros de las pestes (como los del medioevo europeo) y del agotamiento de los recursos (como en las ciudades mayas).
Ese proceso de urbanización, que también refleja un número sin precedentes de migrantes rurales hacia las ciudades, no es ajeno a Guatemala. Para un país cuya cultura y sociedad han sido moldeadas durante siglos junto a los granos de maíz, resulta notable que hayamos alcanzado un hito: los guatemaltecos de ciudad son hoy (casi seguramente) más numerosos que los rurales. Como en el resto del mundo, el proceso ha sido veloz. Según el censo de 1921, la población urbana representaba entonces el 26.6% del total. En el censo de 1981 tal proporción subió a 32.7%, y en el más reciente (2002), a 46.1%. Las proyecciones del INE indican que para 2015 la población urbana sería ya mayoría.
La urbanización aumenta porque las ciudades funcionan. Ninguna economía en el mundo se ha desarrollado sin haberse convertido, a la vez, en predominantemente urbana. La ciudad ha sido a lo largo de la historia un centro de intercambio de bienes e ideas y, con ello, en un centro de aprendizaje, aculturación e innovación, virtudes que se aceleran en un entorno urbano donde las personas están en un contacto mutuo que facilita los flujos financieros y de mercancías necesarios para el crecimiento económico.
De manera que, en la historia económica del mundo –y nuestro país no puede ser la excepción-, la urbanización ha acompañado siempre a la aceleración del crecimiento y del desarrollo. El entorno urbano genera tal proximidad de los factores de producción que ocurre una reducción en los costos de transacción y el surgimiento de mercados más grandes y cercanos, así como de una tendencia natural hacia la especialización en áreas de alto valor.
Pero la historia también demuestra que el proceso de urbanización puede ser difícil y causar sufrimiento y pocas mejoras económicas. Los arrabales de la Roma antigua o del Manchester industrial fueron tan tétricos como los que vemos hoy en Calcuta o en nuestra ciudad de Guatemala. Pero la gente sigue migrando a la ciudad porque, aún con sus deficiencias, las oportunidades que ofrece la vida urbana superaron a las del campo. La pregunta relevante es, entonces, cómo manejar mejor la urbanización.
La rápida expansión y mala planificación de las grandes ciudades, el aumento de los barrios marginales donde viven millones de pobres, la contaminación y la congestión insoportable que sufren las ciudades en rápido crecimiento, el creciente poder de las pandillas urbanas y del crimen organizado, son elementos que sugieren la necesidad de una política de desarrollo urbano integral que promueva un proceso próspero de urbanización.
Tal política debe incluir una institucionalidad que provea a las ciudades de reglas y regulaciones estables y adecuadas: las ciudades económicamente más exitosas son aquellas donde el marco legal es fuerte y donde impera la ley. El atractivo económico de la ciudad pasa también por un diseño urbano bien pensado y ordenado que minimice la congestión y la contaminación. Y pasa por contar con un presupuesto transparente, eficiente y suficiente que asegure la sanidad financiera de la ciudad.
Por desgracia, en Guatemala estos aspectos son muy precarios en las políticas públicas nacionales y municipales. En cuanto al desarrollo rural, tenemos una política vigente y varios proyectos de ley (algunos muy mal logrados) en el Congreso. Pero de desarrollo urbano (donde descansa gran parte del futuro económico del país), nada de nada. No hay que negar que la pobreza en el área rural es terrible, pero no hay que olvidar que ser analfabeto, no tener vivienda, o carecer de agua potable o de inodoro puede ser mucho más intolerable en una ciudad llena de gente que en el campo.

domingo, 1 de febrero de 2015

Los Retos del "Nuevo" Contralor

A diferencia de la Contraloría de hace unos años, hoy debe perseguir un nuevo y ambicioso objetivo fundamental

El viejo refrán asegura que “nunca segundas partes fueron buenas”, lo cual auguraría poco éxito al “nuevo” (y repitente) Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos. Por fortuna, se trata de un adagio y no de una condena ineludible. Algunas veces, las segundas partes resultan buenas. Si no, que lo digan Miguel de Cervantes con El Quijote, o Francis Ford Coppola con El Padrino.
En política, cuando las primeras partes fueron muy malas, es más factible que las segundas resulten mejores. Tal fue el caso del presidente peruano Alan García que, después de una desastrosa primera gestión, se reivindicó con decencia y efectividad en su segunda oportunidad. O del polémico Marion Berry que, siendo alcalde de Washington DC, fue a prisión por fumar crac y contratar prostitutas, pero al salir libre fue reelecto y ejerció con honestidad y recato. Ojalá que esta segunda gestión del licenciado Mencos se asemeje a estos casos excepcionales.
El agresivo cáncer de la corrupción está tan diseminado en Guatemala que no queda más que ser optimistas y otorgarle el beneficio de la duda al nuevo contralor. Pero es crucial que el licenciado Mencos esté consciente de que la Contraloría que ahora le toca dirigir es, en varios aspectos esenciales, distinta de la que dejó hace algunos años. Para empezar, resulta que (para bien de la Contraloría y del país) a finales de 2013 el Congreso introdujo mejoras importantes a su Ley Orgánica, entre ellas conferirle un mandato explícito que antes no tenía.
En efecto, a diferencia de la Contraloría de hace unos años, hoy debe perseguir un objetivo fundamental: “La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública”. Como se ve, el objetivo es claro y ambicioso, a la altura de lo que los entes fiscalizadores de los países más transparentes ejecutan regularmente.
También hoy la Contraloría tiene un ámbito de competencia más amplio del que le tocó cubrir al licenciado Mencos en su primera etapa. Ahora deberá (como lo indica el artículo 2, reformado, de su ley orgánica) fiscalizar no solo a los Organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, sino también deberá hacerlo con las “demás instituciones que conforman fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado”, así como con “los contratistas de obras públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos  y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos”.
Ahora también la Contraloría está obligada a someterse a una auditoría externa anual y a presentarla ante el Congreso de la República para que éste la fiscalice. Y, finalmente, uno de los retos más complejos del nuevo contralor será enfrentar a las redes de corrupción que se extienden y enraízan en varias instituciones del Estado, incluyendo a la propia Contraloría.
Ojalá que el nuevo contralor esté a la altura de estos retos que antes no tuvo que enfrentar. No hay que olvidar que la función de la Contraloría de Cuentas es crucial en cualquier sociedad, pero en la coyuntura actual de Guatemala, la mejora urgente en su efectividad resulta clave no solo para que funcionen las políticas públicas que propicien el desarrollo económico, sino que incluso para la sobrevivencia misma de nuestro débil sistema republicano y democrático.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...