Debemos tomar nota de las razones que
impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala
No sorprendió, pero dolió. La calificación de
riesgo-país que otorga a Guatemala la agencia Fitch Ratings fue degradada de
BB+ a BB, lo cual envía un mensaje negativo a los mercados sobre las contingencias a considerar por parte de
cualquier inversionista. Lo anterior podría acarrear consecuencias sobre el
costo deuda pública (bonos), los flujos de inversión hacia el país, el costo
del crédito (por ejemplo, para vivienda), la viabilidad de las iniciativas de
participación público-privadas, la reputación e imagen internacional del país
y, por ende, sobre el desempeño económico futuro.
Cuando por primera vez calificó al país, Fitch le
asignó en julio de 2006 la nota de BB+ (apenas un escalón por debajo del “grado
de inversión” que anhelan los países en vías de desarrollo), y lo sostuvo allí
en los siguientes siete años, incluso en medio del fragor de la crisis
internacional de 2008-2010, por lo que esta degradación es la primera que sufre
el país por parte de esa agencia.
Si bien la nueva calificación nos aleja otro escalón
del grado de inversión, y es una escala menor que la que aún nos asigna otra de
las tres calificadoras (Moody’s) y que la obtenida por países vecinos como
Costa Rica, cabe indicar que aún es igual a la que nos ha mantenido la otra
calificadora (Standard & Poor’s) y un escalón superior a la que ostentan
países como El Salvador.
Pero de lo que debemos tomar nota es de las razones
que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala, en seguimiento
de lo que ya había advertido el año pasado en su anterior ejercicio de
evaluación del país, cuando redujo la perspectiva del país de “estable “ a
“negativa”. El razonamiento expresado por Fitch respecto de su decisión señala
dos debilidades clave: por un lado, el país ha sido incapaz de mejorar
sustancialmente sus perspectivas de crecimiento económico y, por el otro, no ha
podido ampliar su base de ingresos tributarios ni mejorar su flexibilidad
fiscal. Estos dos aspectos han erosionado en los últimos años la posición
relativa de Guatemala en la categoría de países con calificación BB.
La calificación, según Fitch, también se ve afectada
por una débil gobernabilidad y por los bajos indicadores de desarrollo humano,
así como por la fragmentación del sistema político y una legislatura dividida y
lenta que ha frenado la agenda de políticas y de reformas.
Afortunadamente, la situación del país aún conserva
importantes aspectos positivos que Fitch no duda en reconocer y sobre los
cuales –para reponerse del duro golpe de la degradación- debemos trabajar en
fortalecerlos y construir sobre ellos. En particular, el hecho de que Guatemala
aún mantenga (pese a la reducción) una calificación relativamente aceptable –mejor
que las de El Salvador u Honduras- se debe a la tradición (de un cuarto de
siglo) de mantener déficit fiscales relativamente moderados y una notable estabilidad
macroeconómica y financiera. La base de estas fortalezas yace en las políticas
fiscal y monetaria que tanto el Ministerio de Finanzas como el Banco de
Guatemala, respectivamente, han impulsado responsablemente desde hace dos
décadas.
De cara al futuro, el primer paso es consolidar esas
fortalezas y transmitir un mensaje de confianza a la comunidad financiera sobre
la estabilidad y viabilidad económica del país. En ese sentido resulta atinada
la decisión presidencial de confirmar a Dorval Carías como sucesor de María
Castro en la cartera de Finanzas Públicas, pues se trata de un tecnócrata de
carrera consciente de la crucial importancia de conservar la disciplina fiscal.
Pero el principal reto es el de impulsar, sobre la
base de la referida estabilidad macroeconómica, las políticas coherentes que mejoren
la eficacia del Estado y favorezcan el crecimiento económico sostenible. Esas
políticas no son otras que las de aumentar la inversión en capital humano
(salud y educación) y en capital físico, fundamentado en un gobierno
subsidiario y compacto: pequeño pero fuerte y eficiente.
Este es el desafío nacional más trascendente: que todos los liderazgos
involucrados (en los estamentos económicos, políticos y sociales) sean capaces
de hacer las concesiones que cualquier diálogo civilizado demanda, a fin de
arribar a los consensos que se requieren parar impulsar consistentemente tales
políticas.