viernes, 27 de junio de 2014

A Reponerse del Golpe

Debemos tomar nota de las razones que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala

No sorprendió, pero dolió. La calificación de riesgo-país que otorga a Guatemala la agencia Fitch Ratings fue degradada de BB+ a BB, lo cual envía un mensaje negativo a los mercados sobre  las contingencias a considerar por parte de cualquier inversionista. Lo anterior podría acarrear consecuencias sobre el costo deuda pública (bonos), los flujos de inversión hacia el país, el costo del crédito (por ejemplo, para vivienda), la viabilidad de las iniciativas de participación público-privadas, la reputación e imagen internacional del país y, por ende, sobre el desempeño económico futuro.
Cuando por primera vez calificó al país, Fitch le asignó en julio de 2006 la nota de BB+ (apenas un escalón por debajo del “grado de inversión” que anhelan los países en vías de desarrollo), y lo sostuvo allí en los siguientes siete años, incluso en medio del fragor de la crisis internacional de 2008-2010, por lo que esta degradación es la primera que sufre el país por parte de esa agencia.
Si bien la nueva calificación nos aleja otro escalón del grado de inversión, y es una escala menor que la que aún nos asigna otra de las tres calificadoras (Moody’s) y que la obtenida por países vecinos como Costa Rica, cabe indicar que aún es igual a la que nos ha mantenido la otra calificadora (Standard & Poor’s) y un escalón superior a la que ostentan países como El Salvador.
Pero de lo que debemos tomar nota es de las razones que impulsaron a Fitch a reducir la calificación de Guatemala, en seguimiento de lo que ya había advertido el año pasado en su anterior ejercicio de evaluación del país, cuando redujo la perspectiva del país de “estable “ a “negativa”. El razonamiento expresado por Fitch respecto de su decisión señala dos debilidades clave: por un lado, el país ha sido incapaz de mejorar sustancialmente sus perspectivas de crecimiento económico y, por el otro, no ha podido ampliar su base de ingresos tributarios ni mejorar su flexibilidad fiscal. Estos dos aspectos han erosionado en los últimos años la posición relativa de Guatemala en la categoría de países con calificación BB.
La calificación, según Fitch, también se ve afectada por una débil gobernabilidad y por los bajos indicadores de desarrollo humano, así como por la fragmentación del sistema político y una legislatura dividida y lenta que ha frenado la agenda de políticas y de reformas.
Afortunadamente, la situación del país aún conserva importantes aspectos positivos que Fitch no duda en reconocer y sobre los cuales –para reponerse del duro golpe de la degradación- debemos trabajar en fortalecerlos y construir sobre ellos. En particular, el hecho de que Guatemala aún mantenga (pese a la reducción) una calificación relativamente aceptable –mejor que las de El Salvador u Honduras- se debe a la tradición (de un cuarto de siglo) de mantener déficit fiscales relativamente moderados y una notable estabilidad macroeconómica y financiera. La base de estas fortalezas yace en las políticas fiscal y monetaria que tanto el Ministerio de Finanzas como el Banco de Guatemala, respectivamente, han impulsado responsablemente desde hace dos décadas.
De cara al futuro, el primer paso es consolidar esas fortalezas y transmitir un mensaje de confianza a la comunidad financiera sobre la estabilidad y viabilidad económica del país. En ese sentido resulta atinada la decisión presidencial de confirmar a Dorval Carías como sucesor de María Castro en la cartera de Finanzas Públicas, pues se trata de un tecnócrata de carrera consciente de la crucial importancia de conservar la disciplina fiscal.
Pero el principal reto es el de impulsar, sobre la base de la referida estabilidad macroeconómica, las políticas coherentes que mejoren la eficacia del Estado y favorezcan el crecimiento económico sostenible. Esas políticas no son otras que las de aumentar la inversión en capital humano (salud y educación) y en capital físico, fundamentado en un gobierno subsidiario y compacto: pequeño pero fuerte y eficiente.
Este es el desafío nacional más trascendente: que todos los liderazgos involucrados (en los estamentos económicos, políticos y sociales) sean capaces de hacer las concesiones que cualquier diálogo civilizado demanda, a fin de arribar a los consensos que se requieren parar impulsar consistentemente tales políticas.

viernes, 20 de junio de 2014

Probidad e Impuestos: el Círculo Vicioso

La forma más viable y eficaz de romper con ese círculo vicioso es mediante el combate a la corrupción

Las calificadores de riesgo internacionales centran sus preocupaciones sobre Guatemala en dos temas interrelacionados: el poco dinamismo en el crecimiento económico y el estructuralmente bajo nivel de recaudación tributaria. Ambos factores contribuyen crucialmente a incrementar los riesgos que desde el exterior se perciben respecto de que el país no pueda eventualmente honrar sus obligaciones financieras.
El argumento de las calificadoras es que el lento ritmo de crecimiento de la economía nacional impide reducir significativamente los niveles de pobreza existentes, lo cual no sólo implica que se produzcan tensiones sociales que amenazan la gobernabilidad, sino que también significa que el potencial de consumo de la clase media no se aprovecha cabalmente. A su vez, la escasez de recursos tributarios entraña dos amenazas: por un lado limita la capacidad del gobierno para invertir en el capital físico (infraestructura) y humano (salud y educación) requerido para acelerar el crecimiento económico; y, por el otro, restringe la capacidad del Estado de repagar sus deudas. Por lo tanto, las agencias calificadoras parecen implicar que un elemento clave para mejorar la nota de riesgo-país de Guatemala es el aumento en la cantidad y calidad de los recursos que el gobierno destina a la inversión física y social.
Hace unos días compartí esta visión con los empresarios que conforman el Grupo Económico de Análisis que mensualmente reciben el reporte de Consultores para el Desarrollo –COPADES-; uno de los participantes señaló con mucho tino que dicha interpretación evidenciaba un círculo vicioso, pues la incapacidad del Estado de recaudar impuestos está asociada con la baja moral tributaria de los contribuyentes y ésta, a su vez, está influida por la percepción generalizada de poca transparencia, probidad y eficacia en el uso de los recursos. De manera que mientras no se perciba una mejora sustancial en la transparencia y calidad del gasto, será muy difícil mejorar la recaudación.
De ahí resulta evidente que la forma más viable y eficaz de romper con ese círculo vicioso es mediante el impulso a la transparencia y el combate a la corrupción. Un reciente estudio del Center for Strategic and Internacional Studies –CSIS- sobre los costos de la corrupción en el mundo equipara dichos costos con una carga impositiva para las empresas, de manera que una reducción en la corrupción disminuye los costos de producción y libera recursos que pueden ser utilizados en inversiones constructivas. La reducción de la corrupción, además, atrae inversiones extranjeras y aumenta el apoyo electoral a los funcionarios que buscan hacer cambios constructivos pero políticamente difíciles.
Aunque la mayoría de encuestas sobre corrupción se basa en percepciones, existen diversas estimaciones para cuantificar su impacto en la sociedad y los negocios: en promedio en el mundo, la corrupción eleva en 10% el costo de hacer negocios y en 25% el costo de los contratos gubernamentales. El Reporte Kroll Anti-Soborno de 2013 reportó que el 43% de las empresas encuestadas a nivel mundial sufrió un aumento de costos por corrupción. Sesenta y siete de las 144 economías encuestadas por el Foro Económico Mundial el año pasado identificaron la corrupción como uno de los tres principales desafíos para hacer negocios en su país. El CSIS estima que el costo de la corrupción en los países en desarrollo alcanzó los US$515 mil millones en 2012.
El combate a la corrupción debería, pues, ser una prioridad en la agenda de políticas públicas, tanto para los estamentos políticos como para las organizaciones empresariales y de la sociedad civil, así como para la comunidad internacional involucrada en la cooperación para el desarrollo. Según el documento del CSIS, la falta de avances en la agenda anti-corrupción reduce los flujos de inversión extranjera y de financiamiento para el desarrollo, disminuye las posibilidades de éxito de las reformas institucionales en los países en desarrollo, y ralentiza los esfuerzos para reducir la pobreza. Ojalá que en Guatemala la agenda anti-corrupción se constituya en la plataforma de un esfuerzo nacional que logre concitar voluntades desde la derecha hasta la izquierda en el espectro político y desde las ONGs hasta el empresariado organizado en el ámbito social.

viernes, 13 de junio de 2014

Conviene Tomar Nota

Debemos prepararnos para las opiniones que las calificadoras de riesgo-país estarán emitiendo en los próximos meses

Existen numerosas formas de calificar el desempeño de una economía, incluyendo numerosos índices y rankings de competitividad, de desarrollo humano, de integridad pública, de libertad económica, etcétera. Pero de todas esas calificaciones, la más significativa y  utilizada es la de riesgo-país (riesgo soberano), que es una opinión sobre el riesgo crediticio (de no-pago) de la deuda pública, basada en una evaluación cuantitativa y cualitativa del país que emite títulos de deuda en los mercados internacionales, y evalúa su capacidad  e  intención de honrar sus obligaciones, así como su capacidad para afrontar eventuales problemas o cambios en el entorno.
Guatemala es parte del privilegiado grupo de países que goza de acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que las implicaciones de esta calificación, que es realizada por las principales compañías dedicadas a ello a nivel internacional (Moody’s, Standard & Poor’s, y Fitch Ratings) son de singular importancia para sus flujos de financiamiento, no sólo para el sector público sino también para el sector privado, ya que tal calificación es determinante para las decisiones de inversión y de financiamiento que se toman respecto de Guatemala en los mercados nacionales y extranjeros.
Fitch Ratings califica a Guatemala con un BB+, que reconoce positivamente el historial de estabilidad macroeconómica, así como la buena reputación en el pago de sus deudas y sus bajos indicadores de deuda pública; sin embargo, Fitch advierte que dicha calificación seguirá ubicándose en “grado de no inversión” por la limitada capacidad de Guatemala para enfrentar sus debilidades estructurales, asociada a una base impositiva estrecha y un marco presupuestario muy rígido, que no contribuyen a revertir los bajos indicadores de desarrollo humano, de gobernabilidad y de clima de negocios en el país, lo cual incide en las bajas tasas de ahorro e inversión.
En un entorno mundial frágil, Fitch decidió en su última calificación a Guatemala (en julio de 2013) reducir la perspectiva de “estable” (que el país había ostentado desde 2008) a “negativa”, lo cual implica que existen posibilidades de que en su siguiente revisión–prevista para el próximo mes de julio, luego de la reciente visita de sus analistas al país- pueda verse perjudicada si, a juicio de los calificadores, no se han revertido los aspectos negativos indicados.
Similar nivel de calificación le otorga a Guatemala la calificadora Moody’s, que también en julio de 2013 otorgó calificación de “Ba1”, que se ha mantenido con perspectiva “estable” desde junio de 2010, cuando la elevó del anterior nivel de Ba2 (“estable). Moody’s también ve como fortalezas del país la gestión fiscal y monetaria prudente, así como los niveles relativamente manejables de endeudamiento público y de déficit balanza de pagos.
Pero Moody’s advierte sobre los factores negativos que impiden que el país acceda al anhelado “grado de inversión”: el crecimiento económico es muy modesto en comparación con otros países con calificaciones similares; el nivel de ingresos tributarios es muy bajo; el marco institucional y el Estado de Derecho son débiles y ello redunda en poca eficacia gubernamental y en un ambiente de precaria gobernabilidad.
Por su parte, Standard & Poors  --que suele ser algo más severa con Guatemala- califica al país como “BB” (con perspectiva “estable”), calificación  que mejoró de perspectiva en septiembre de 2012 (antes tenía perspectiva “negativa”). Esta calificadora considera positivamente el estable desempeño externo, fiscal y monetario, así como el mantenimiento durante varios años de la orientación general de la política macroeconómica. Pero insiste en los factores de riesgo: las débiles instituciones públicas y su entorno político polarizado; las tasas de crecimiento económico muy bajas para abordar las fuertes necesidades sociales y de seguridad; la limitada flexibilidad fiscal; y, los problemas de seguridad pública relacionados con el narcotráfico que desafía a la débil fuerza policial y al sistema judicial.
Conviene tomar nota de lo que estos reportes de calificación de riesgo-país señalan, pues nos permiten reconocer nuestra realidad y, a partir de allí, identificar los enormes retos que como país debemos enfrentar con urgencia, coherencia y constancia.

viernes, 6 de junio de 2014

Pobreza y Crecimiento Económico

La clave para reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida (materiales, claro está) radica en la productividad

La pobreza es un fenómeno que se aprecia a simple vista: no hay lugar a equívocos cuando vemos a una persona o a una familia que carece de recursos o habilidades suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Lo difícil es definirla y cuantificarla porque, a fin de cuentas, la pobreza es en gran medida algo relativo: se es más o menos pobre en relación con otros o con algún parámetro.
No es lo mismo ser un pobre en Suecia que serlo en Mozambique. Y es posible que alguien que hoy es inequívocamente pobre, tenga condiciones de vida (acceso al conocimiento, a otras culturas, a alimento y vestido de calidad, a servicios médicos y expectativa de vida) mucho mejores que las de alguien que hace doscientos años pertenecía la clase media.
En los Estados Unidos, cualquiera con ingresos menores a US$30 diarios es catalogado como pobre, pues cualquier ingreso inferior a ese monto se considera inadecuado para  cubrir sus necesidades fundamentales. Otros países desarrollados establecen sus parámetros de pobreza en términos relativos: un incremento en el ingreso de los más ricos deriva en mayor pobreza si el ingreso de los demás permanece inalterable.
En Guatemala, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística, se considera pobre a toda persona que, aunque alcance a cubrir el costo mínimo de alimentos, no cubre el costo adicional para otros bienes básicos, lo que implica que su consumo anual no supera los Q9031. Una medida más estándar a nivel mundial indica que es pobre aquél cuyo consumo es menor a US$1.25 diarios (esta cifra refleja el promedio de líneas de pobreza de los 15 países más pobres del mundo).
Con base en este último parámetro, las estadísticas revelan que el porcentaje de pobreza en el mundo (la cantidad de personas bajo la línea de pobreza como proporción del total de la población) se ha reducido a la mitad: de 43% en 1990 bajó a 21% en 2010.
¿Por qué se redujo tanto la tasa de pobreza en el mundo? La respuesta –aunque pueda molestar a los escépticos de los conceptos económicos y del mercado- es que es reducción es primordialmente resultado del crecimiento económico acelerado que en el pasado cuarto de siglo han exhibido algunas de las mayores economías en vías de desarrollo. Entre 1981 y 2001, China sacó a 680 millones de personas de la pobreza a fuerza de crecimiento económico. Desde 2000, otras economías en desarrollo que aceleraron sus tasas de crecimiento lograron sacar de la pobreza a otros 280 millones.
Por desgracia, no todos los países subdesarrollados han tenido ese grado de éxito (en Guatemala, decepcionantemente, el porcentaje se redujo sólo de 62% en 1989 a 54% en 2011). Y la forma en que se distribuye el crecimiento también importa: en un país con grandes desigualdades en el nivel de ingresos, cada punto porcentual de aumento del PIB será menos efectivo que en un país con mayor igualdad.
En todo caso, la clave para reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida (materiales, claro está) radica en la productividad. En el largo plazo los habitantes de un país sólo pueden hacerse de un flujo creciente de bienes y servicios mediante el aumento de lo que cada trabajador puede producir (es decir, su productividad).
Dado que cada quetzal de producción genera un quetzal de ingresos, cuando en la economía aumenta el producto per cápita (productividad), se produce un aumento equivalente en el ingreso per cápita. En la medida en que la desigualdad no se profundice, el aumento en la productividad redundará en una mejora en los niveles de vida y en el bienestar (material) de la población, así como en la paz social y, consecuentemente, en el clima de negocios.
La experiencia de los países que han reducido rápidamente la pobreza demuestra que el crecimiento económico es una condición indispensable para lograrlo, y que el aumento en la productividad es el factor clave de tal esfuerzo. También demuestra que para que aumente la productividad se requiere tanto de mejoras en la educación y la salud de los habitantes, como de un aumento simultáneo en el capital físico (infraestructura y comunicaciones) e institucional requerido para producir con eficiencia. Todo ello sin descuidar los aspectos de equidad necesarios para darle viabilidad política y apoyo social a las políticas de crecimiento pro mercado.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...