Exhortación Contra el Egoísmo

Aunque una parte (pequeña, por cierto) de la exhortación Evangelii Gaudium ha causado polémica pues incurre en generalizaciones sobre el mercado que en principio son incorrectas, el mensaje que por medio de ella nos intenta transmitir el Papa Francisco debemos acogerlo con espíritu humilde y mente abierta. Esta es una buena época para reflexionar al respecto. ¡Feliz Navidad!

Juan Pablo II –el Papa polaco-  convencía con su carisma, su ángel, su apabullante “no sé qué” que derribaba murallas. Benedicto XVI –tan alemán él- lo hacía mediante el intelecto, la contundencia lógica y una sabiduría que parecía ancestral. Y Francisco ha iniciado su andadura papal acudiendo al sentimiento, a la ternura y, un poco, a los golpes de efecto –claro, es argentino-.  Cada uno, haciendo uso de los carismas que Dios les dio, ha apelado al corazón y al intelecto de las personas (feligreses o no) para fortalecer a la Iglesia y construir un mundo mejor.

El más reciente intento en ese sentido es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que, como su nombre lo indica, es un llamado a todos los fieles y pastores a anteponer y anunciar la alegría del evangelio, por encima de la tristeza individualista que brota de un corazón avaro, de una búsqueda de placeres superficiales y de una conciencia aislada, pues cuando la vida interior se centra únicamente en los intereses egoístas, no existe espacio para los demás ni, por ende, para Dios y la alegría de su amor que nos incita a hacer el bien.

Y en ese afán de predicar contra el egoísmo que mata el alma, el Papa abordó el tema de la injusticia social de una manera que causó cierta dosis de escándalo entre aquellos católicos que, aunque aborrezcamos la inequidad y la exclusión social, estamos convencidos de las bondades (no sólo económicas sino, incluso, morales) del libre mercado. El Papa pareció estar convencido (y querer convencernos) de que los culpables de la pobreza y de la desigualdad que dañan a la sociedad de hoy son el capitalismo “salvaje” y el “excesivo” libre mercado, llegando a afirmar que “esa economía mata”.

Quizá esa pequeña parte de la exhortación apostólica no fue redactada de la manera más adecuada. O quizás sí… sólo Dios lo sabe. Lo cierto es que pocos días después de publicada, para alivio de los economistas de mercado católicos, Francisco expresó una contundente aclaración: en una entrevista al diario La Stampa, el Papa respondió a quienes lo tildaron de marxista, a raíz de lo que escribió en la Evangelii Gaudium, diciendo que él siempre ha creído que esa ideología está equivocada y explicó que en el texto le la exhortación apostólica no habló como técnico sino según la Doctrina Social de la Iglesia.

Pero lo importante no es si una parte de dicho texto nos causa inconformidad o si las posteriores aclaraciones papales nos reconfortan. Lo importante es que, con humildad, tratemos de escuchar sinceramente, sin prejuicios, lo que se nos quiere decir con esas reflexiones, aunque ideológicamente nos choquen. La fe debe ejercerse por libre elección y no debe temer sumergirse en el libre mercado de las ideas. Ello exige buscar la verdad de la manera más apropiada y respetuosa de la dignidad humana, lo cual entraña la necesidad de investigar científicamente, de educar (incluso a nuestros pastores espirituales), de aprender (incluso de nuestros rivales ideológicos) y de comunicarnos exponiendo francamente la verdad que creemos haber encontrado, a fin de ayudarnos mutuamente en esa búsqueda.

Y para ello, nada mejor que seguir las enseñanzas de quien vino al mundo a hacer el bien, a hacer que los ciegos (que no ven el sufrimiento de su vecino enfermo) vean, que los cojos (que no se mueven a auxiliar a una víctima) caminen, los leprosos (impuros por la corrupción) queden limpios y que los sordos (que no oyen a sus hijos pedirles tiempo) escuchen.

La iglesia no tiene por qué dar recetas de política pública, pero –debemos comprenderlo así- tiene la obligación de dar mensajes que abarquen todo el orden moral –incluyendo la justicia- que debe regular las relaciones humanas. De manera que la exhortación papal contra el egoísmo hay que acogerla con espíritu humilde y mente abierta; con la razón puesta en el libre mercado (el peor sistema económico que existe, excepto por todos los demás que se conocen), pero con el corazón puesto en la caridad. A fin de cuentas, para toda persona de bien, creyente o no, economista o presbítero, político o ciudadano raso, lo más importante en materia de políticas públicas debiese ser cómo mejorar la calidad de vida de los más desposeídos, pero hacerlo de forma sostenible y justa. Que la Navidad nos reconforte y sirva para meditar al respecto.

Rompecabezas Latinoamericano

En este continente de contrastes, aún quedan países con indicadores vergonzosos

En las últimas semanas se han publicado una serie de indicadores que, como piezas de un rompecabezas, revelan poco a poco el retrato de una Latinoamérica que lucha –con escasos resultados- por acercarse a los niveles de vida y bienestar de las naciones desarrolladas.

Uno de los indicadores que más revuelo e incomodidad ocasiona es el Índice de Percepción de la Corrupción que desde 1995 calcula y publica periódicamente la ONG Transparencia Internacional. Este índice se construye con 13 fuentes de datos, entre encuestas y evaluaciones, en cada uno de los 176 países evaluados. La mayoría de países latinoamericanos continuaron mostrando signos de corrupción rampante, pues casi toda la región figura entre los dos tercios de las naciones con un índice de transparencia inferior a 50, en una escala donde 100 representa el nivel más alto de limpieza.

Uruguay fue el país latinoamericano mejor calificado con un punteo de 73 (aún lejos de los líderes Dinamarca y Nueva Zelanda que alcanzaron 91 puntos). Le siguió Chile con 71, un peldaño menos que el año pasado. Costa Rica cayó un punto a 53. Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, se mantuvo en un índice de corrupción de 42, al mismo nivel que Bosnia, Serbia y Sudáfrica. México y Argentina tuvieron un índice de limpieza de 34, igual que Gabón. Guatemala, por su parte, apenas obtuvo 33 puntos (empatando en la posición 133 de 176 con países como Níger y Etiopía) Fue una de las peores calificaciones en América Latina, superada sólo por Venezuela con 20, el peor de la región comparable con la situación de Camboya o Eritrea.

Otro indicador publicado recientemente tiene que ver con la calidad de la nutrición en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de la FAO, que indica que, aunque la región redujo el porcentaje de personas con hambre de 14.7% a 7.9% en los últimos 20 años, simultáneamente han empeorado los niveles de obesidad: un 23% de los latinoamericanos adultos y un 7% de los niños en edad preescolar son obesos. Los países que presentan mayor proporción de adultos obesos son Venezuela, con un 31%, Argentina y Chile, con 29%. En Guatemala el 21% de los adultos son obesos y otro 39% tienen sobrepeso.

Pero en este continente de contrastes, y pese a la mejora regional en el combate a la desnutrición, aún quedan países con indicadores vergonzosos: los países con mayores índices de hambre en su población son Haití (49.8%), Guatemala (30.5%), Paraguay (22.3%), Nicaragua (21.7%) y Bolivia (21.3%).

Otro revelador indicador de la realidad latinoamericana de hoy lo da el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide los conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura de más de medio millón de alumnos de secundaria en 64 países (Guatemala no está incluida). El informe revela que los países de la región han experimentado un retroceso de los niveles educativos en los últimos tres años.

Los índices revelan que la educación en América Latina está por debajo del estándar promedio de la OCDE de 494 puntos. El mejor calificado de los países latinoamericanos es Chile (51º, con 423 puntos), seguido de México (53º, 413), Uruguay (54º, 409), Costa Rica (55º, 407), Brasil (56º, 391), Argentina (57º, 388 puntos), Colombia (58º, 376) y Perú (59º, 368).

De nuevo, paradójicamente, el mismo informe revela que los estudiantes latinoamericanos muestran un alto grado de felicidad con su escuela, y que esa felicidad parece ser inversamente proporcional a su desempeño académico. Perú aparece en tercer lugar en esa estadística, seguido de Colombia (5), México (7), Costa Rica (8), Uruguay (13), Chile (25) y Brasil (27), todos ellos por encima de la media de la OCDE.

Estas piezas de información configuran el retrato –parcial, claro está- de una Latinoamérica llena de paradojas y contrastes, donde la corrupción parece haberse enraizado en lo más profundo de la sociedad; donde la población está mal alimentada, pues conviven multitudes de obesos con masas de desnutridos; donde los estudiantes son más ignorantes (y, por ende, menos productivos) que sus pares en el mundo desarrollados, pero que –latinoamericanos al fin- son más felices a pesar (¿o será a causa?) de su ignorancia.

Incertidumbre Presupuestaria

¿Qué entes deberán sacrificar su presupuesto para que el gobierno pueda cumplir los compromisos adquiridos para 2014?

La falta de aprobación Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2014 pone en liza una serie de decisiones trascendentales que definirán la viabilidad financiera de las políticas y actuaciones del gobierno durante el próximo año. Tal decisión (pues no parece haber sido un accidente) plantea una serie de desafíos para el Estado y sus instituciones.

Un primer desafío tiene que ver con las múltiples transferencias presupuestarias que deberán realizarse. El proyecto de presupuesto que no se aprobó contemplaba aumentos importantes en el Ministerio de Educación para cubrir el ajuste salarial comprometido en un pacto colectivo. ¿Es inevitable que ocurran manifestaciones de descontento del gremio magisterial si no se apresuran las transferencias correspondientes? El proyecto improbado también contemplaba aumentos para las municipalidades, consejos de desarrollo y los jubilados; ¿qué pasará si se atrasan las transferencias hacia estos rubros? ¿Quiénes serán los entes que verán reducidos sus recursos para llenar tales agujeros?

En cuanto a políticas de gobierno, la no aprobación del presupuesto implica que varios ministerios se quedan sin partidas para iniciar nuevos programas en 2014: por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social debe asumir las funciones del desaparecido FONAPAZ, mientras que el de Economía pretendía ejecutar un programa de apoyo a la competitividad y coordinar (en el INE) el censo nacional de población. Asimismo, el servicio de la deuda –que incluía el reconocimiento del costo de la política monetaria- requiere de más de Q1.7 millardos adicionales a los de 2013 que, al no haberse aprobado el presupuesto 2014, quedan sin fondos presupuestados.

La incertidumbre resultante plantea otro desafío: la credibilidad del país ante los mercados y organismos financieros internacionales se ve afectada. El mensaje de falta de certeza que envía un país incapaz de acordar políticamente su estrategia financiera anual se traduce en dudas e inquietud por parte de las entidades calificadoras de riesgo y de las instituciones de crédito, lo cual eventualmente puede afectar el costo de los recursos financieros que el país requiere.

Por otra parte, también la transparencia en la ejecución del gasto público se verá comprometida. Las innumerables transferencias que deberán efectuarse implican necesariamente cierta opacidad que se exacerba ante la falta de claridad respecto de qué normas presupuestarias son las aplicables: el Congreso aprobó recientemente un conjunto de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que mejoran sustancialmente las normas presupuestarias más laxas que rigieron en 2013. ¿Cuáles se aplicarán en 2014? La lógica y la prudencia indicarían que deben aplicarse las normas más estrictas (de la Ley Orgánica), pero ya se rumora que existe interés en interpretar que las normas a aplicar son las del presupuesto de 2013, que son más laxas.

Otra interpretación jurídica compleja se refiere al financiamiento del déficit: la disposición constitucional de renovar la vigencia del presupuesto del año anterior –cuyo espíritu es el de evitar un cierre del gobierno cuando no se aprueba el presupuesto en la fecha límite- implicaría que automáticamente queda aprobado el endeudamiento correspondiente. Sin embargo, existen interpretaciones que, con base en otro artículo constitucional, indican que el financiamiento debe someterse de nueva cuenta al proceso de opinión técnica y aprobación legislativa correspondiente, lo cual obligaría a una nueva ronda de cabildeos y negociaciones en el Congreso.

Finalmente, el desafío más grande, desde el punto de vista macroeconómico, es el de mantener el déficit fiscal bajo control. Luego de que en la crisis en 2010-2011 el déficit se elevó por encima del equivalente al 3% del PIB, se había iniciado a partir de 2012 un proceso de corrección del mismo para llevarlo a un nivel (que diversos expertos consideran sostenible) menor al 2% del PIB. La credibilidad de la política económica y la calificación del riesgo-país podrían verse perjudicadas si dicho proceso de consolidación fiscal se interrumpe en 2014, no sólo porque el déficit sería igual de elevado que el de 2013, sino por la posibilidad de que a lo largo del año se tramiten nuevas ampliaciones presupuestarias que podrían ampliar dicho déficit.

En Manos de la Corte

La Corte de Constitucionalidad debe impedir aquellas reformas a la Ley Electoral que sean evidentemente inconstitucionales o inconvenientes

La Corte de Constitucionalidad –CC- tiene en sus manos una brasa candente: debe pronunciarse en un plazo perentorio sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP- aprobadas hace algunos días por el Congreso, ya que dicha ley tiene rango constitucional y su reforma requiere de la opinión favorable de la CC.

Este requerimiento resulta providencial como última esperanza para evitar un nefasto conjunto de reformas a la LEPP que, de entrar en vigencia, amenaza con convertir el próximo proceso electoral en un ejercicio caótico que pondrá en grave riesgo la efectividad del sufragio, la pureza del proceso electoral y la supervivencia de nuestra incipiente democracia.

En medio de este panorama amenazador, que nos incumbe y afecta a todos los guatemaltecos, resulta reconfortante que diversos grupos ciudadanos se estén pronunciando y que intenten incidir positivamente en el desenlace de este problema creado por los propios partidos políticos en el Congreso. Uno de estos grupos está conformado por jóvenes estudiantes de Derecho (Luis Arturo Palmieri, Josselyn Mariela Ruano, Stephanie Jazmín Arévalo, José Enrique Monzón, Florencio Ademir Gramajo, Mauricio Duarte, y Jorge Gabriel Jiménez) que, en su calidad de ciudadanos, han acudido ante la CC para plantear su opinión y velar porque prevalezca la certeza jurídica en este caso.

Para el efecto, han recurrido a una figura jurídica poco utilizada en Guatemala: el amicus curiae o amigo de la corte. El amicus es un recurso muy utilizado en otros países cuando una persona o un conglomerado desean colaborar –desde una perspectiva esencialmente jurídica- con la corte que ha de emitir algún fallo, proporcionándole argumentos, antecedentes y doctrina que puedan resultar útiles para sus deliberaciones y decisiones. En palabras del constitucionalista Manuel de Jesús Mejicanos el amicus curiae resulta muy útil ya que mientras mayor sea la participación de ideas en el debate constitucional, mayor será la legitimidad democrática del precedente que se establezca.

En el planteamiento que los futuros abogados hacen a la CC sobresalen varios temas que deberían ser tomados muy en cuenta por los magistrados cuando fallen sobre las reformas a la LEPP, la cuales presentan evidentes visos de inconstitucionalidad. Uno de ellos tiene que ver con que las reformas establecen, por una parte, que la publicación de cualquier encuesta electoral debe ser aprobada previamente por el Tribunal Supremo Electoral y, por otra, que ninguna encuesta o estudio de opinión podrá publicarse durante los ocho días previos a cada elección. Estas limitaciones son claramente violatorias del principio de libertad de expresión consagrado tanto en la Constitución, como en varios convenios internacionales suscritos por Guatemala.

Otra de las reformas establece un número fijo de diputados para cada distrito electoral, lo cual contraviene flagrantemente los principios de representatividad y de igualdad del voto (con base específica en un criterio poblacional) que están establecidos a nivel constitucional.

Las reformas también introducen el establecimiento de cuotas de candidatos, asignando porcentajes según género y origen étnico lo cual, por muy bien intencionado que sea, viola el derecho constitucional que tiene todo guatemalteco de optar a cargos públicos sin que para su otorgamiento deba atenderse a otro criterios que no sean los relacionados con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Finalmente, en el tema del financiamiento público a los partidos políticos (quizá la verdadera razón tras las reformas aprobadas por el Congreso), las reformas no sólo duplican el pago que el Estado debe hacer a los partidos por cada voto recibido, sino que ponen a cargo del erario público toda la propaganda electoral. Estas reformas no atienden a los criterios de razonabilidad y de concordancia con la economía nacional (ambos constitucionales), por lo que amenazan seriamente la integridad de las finanzas públicas y también deberían ser rechazadas por la CC.

Esperemos que este meritorio aporte ciudadano, por estar basado en un análisis serio y bien fundamentado, reciba la consideración que se merece en las deliberaciones de la CC, y que ésta deje sin efecto las inconstitucionales disposiciones que se pretenden introducir a la LEPP.