Corriéndome el riesgo de agregar más confusión al tema, especialmente ahora que el Ejecutivo ha enviado una iniciativa de ley en la que se pide, primero, reducir el presupuesto para 2013, luego se pide aumentar (sí!!!) el presupuesto para 2013, y luego se solicita aprobar unos préstamos cuya aprobación ya había sido previamente solicitada, para finalmente pedir (sin mayores explicaciones) que se aprueben los infames bonos de la deuda flotante. Pero el punto es que el dilema del Congreso es el siguiente: elegir entre los
bonos para pagar una deuda espuria, y los préstamos que ya estaban
presupuestados
La sospechosa insistencia e injustificable prisa con
la que el gobierno busca que el Congreso le apruebe endeudarse en Q3.5
millardos mediante la emisión de bonos del tesoro, coloca al Legislativo ante
un difícil dilema. Resulta que el dictamen (no vinculante) que emitió la Junta
Monetaria, recomienda al Congreso aprobar tales bonos sólo si se cumple una
restricción clave: que el déficit fiscal resultante del nuevo endeudamiento no
exceda de un monto equivalente a 2.3% del PIB, que es el nivel originalmente contemplado
en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para 2013, que el propio Congreso
aprobó y que no incluía tales bonos.
En otras palabras, la Junta Monetaria, emulando a
Pilatos, le indica al Legislativo que la única manera en que la aprobación de
los tales bonos no cause daños macroeconómicos sería que estos se emitan en
sustitución del endeudamiento previsto en el Presupuesto vigente, consistente
en dos préstamos (uno del BID y otro del BIRF) que ya están negociados y cuyos
recursos tienen como destino la inversión social y productiva. Menudo consejo.
Lo correcto sería hacer lo contrario: aprobar los
préstamos y no los bonos. Desde un punto de vista macroeconómico los préstamos
están ya previstos como parte del financiamiento del déficit fiscal para 2013,
por lo que no alteran las condiciones de estabilidad previstas en el mismo y en
la política monetaria. Desde el punto de vista financiero, los préstamos del
BID y del BIRF son más convenientes pues han sido negociados a una tasa de
interés relativamente baja. Desde el punto de vista de la eficiencia del gasto,
los préstamos también son más convenientes que los bonos pues ya tienen
especificado su destino hacia fines de desarrollo económico y social.
Y lo más importante, desde el punto de vista de la
transparencia y la credibilidad del gobierno, los préstamos no levantan los múltiples
cuestionamientos que surgen alrededor de los bonos. Desde el origen espurio de
la “deuda flotante” que se pretende pagar con los bonos (la cual tiene su
origen en obras que fueron contratadas “de palabra” y sin respaldo
presupuestario), hasta el dudoso listado de destinatarios de dichos pagos
(auto-elaborado por el Ministerio de Comunicaciones, sin el aval de la
Contraloría), todo el proceso alrededor de los tales bonos ha sido sumamente
opaco.
Esta opacidad hace que, de ser aprobados, los bonos
levantarán serias dudas a nivel internacional sobre la transparencia y eficacia
del gasto público, sobre la certeza jurídica de las normas presupuestarias y,
lo que es peor, sobre la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, todo lo
cual puede afectar gravemente la calificación de riesgo-país de Guatemala cuya
perspectiva, a manera de advertencia, ya fue recientemente revisada hacia la
baja por Fitch Ratings, una de las calificadoras más importantes.
De manera que un escenario aconsejable es uno en que
el Congreso aprueba los préstamos, pero no los bonos. Un escenario negativo es
uno en que se aprueban los bonos, pero no los préstamos. Y un escenario
intermedio es uno en que no se aprueban ni los unos ni los otros. En este último,
aunque se evitarían las consecuencias de los cuestionados bonos, el presupuesto
de 2013 quedaría desfinanciado y ello podría paralizar el funcionamiento del
gobierno en el último tramo del año, lo cual acarrearía consecuencias
indeseables en materia de gobernabilidad puesto que serían desatendidas a las ingentes
demandas ciudadanas de seguridad, educación, salud e infraestructura.
Hay un cuarto escenario, el más negativo de todos: que el Congreso apruebe
tanto los préstamos como la emisión de los tales bonos. En este escenario se incumpliría,
evidentemente, la condición de estabilidad sugerida por la Junta Monetaria,
pues el déficit fiscal superaría el equivalente al 3% del PIB, lo cual
significaría un enorme retroceso en materia de disciplina macroeconómica y
pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Ello, aunado a las dudas
que la aprobación de los bonos generaría en cuanto a la calidad, transparencia
e institucionalidad del gasto público, plantearía una grave amenaza para la
calificación e imagen del país a nivel internacional, con consecuencias muy
negativas para las posibilidades de financiamiento externo hacia los sectores
público y privado.